(PD).- Rosa Díez denuncia que estos regidores, los 437 concejales del País Vasco y Navarra y los diputados del PCTV reciben seis millones de euros de las arcas públicas «para mantener su infraestructura de terror». La portavoz de UPyD, Rosa Díez, presentará «inmediatamente» en el Congreso de los Diputados una iniciativa para instar al Gobierno a que proceda a la disolución de los 33 ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV).
Según Rosa Díez, existe la posibilidad legal de hacerlo mediante la aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que permite disolver «las corporaciones locales que den cobertura o apoyo» al terrorismo, como reza el punto dos del citado artículo, según un artículo que la parlamentaria publica este lunes en El Mundo.
Rosa Díez exigirá así al Gobierno de Zapatero que vaya «a por todas» y le pedirá que termine «esta ceremonia en la que el Gobierno pretende lavar su cara a plazos, como si no quisiera romper todos los puentes con ese mundo del terror».
«Ya es hora de que vayamos a por todas. No hay motivo para que el Ejecutivo esté devolviéndonos, píldora a píldora, nuestra libertad».
La diputada de UPyD asegura que el Ejecutivo «tiene en su mano la competencia para evitarnos esta situación de indignidad y de riesgo continuado».
La portavoz de Unión Progreso y Democracia argumenta, en la explicación de la iniciativa que presentará próximamente, que «no hay disculpa alguna para que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no utilice todos los instrumentos que tiene en su mano para expulsar de las instituciones democráticas a los terroristas».
«Dejémonos de mociones éticas o de declaraciones grandilocuentes y utilicemos la ley que nosotros mismos nos hemos dado».
El citado artículo 61 de la Ley de Régimen Local faculta al Consejo de Ministros a disolver «los órganos de las corporaciones locales» cuando éstas incurran en una «gestión gravemente dañosa para los intereses generales».
Y el punto dos del artículo 61 especifica que se considerarán «decisiones gravemente dañosas» los «acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
Los proetarras de ANV gobiernan actualmente en 33 municipios del País Vasco y Navarra, dos comunidades en las que tiene 437 concejales. El pasado miércoles, la Fiscalía solicitó prisión sin fianza contra la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, y el juez Baltasar Garzón dictó la orden correspondiente para que la edil que se ha negado a condenar el asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco ingrese en la cárcel.
Díez denuncia que «no se puede consentir que en una estrategia de diseño propagandístico, el Gobierno apriete o afloje la presión sobre el entramado del terror» según «aconseje la jugada», dice, citando al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. De hecho, resalta también que los concejales de ANV están en los plenos de los ayuntamientos porque «la estrategia del Gobierno de Zapatero pasó, cuando se celebraron las elecciones locales y forales de mayo de 2007, por dejarles entrar».
ARTICULO 61 DE LA LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.
