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¿A qué ciudadanía le hablan?

Permalink 04.06.18 @ 10:00:27. Archivado en 5. Política, Sociedad, 3. Chile, Desarrollo

Marchas y marchas contra abusos y discriminaciones e instituciones fundamentales azotadas por crisis no parecen remecer a la sociedad chilena. La propia población, orientada al consumo, una engañosa prosperidad y ciertos derechos individuales, lo ha hecho posible, postergando sus aspiraciones comunes superiores y dejando su autoridad sobre lo bueno y lo malo al manejo de una “clase” política pragmática, compacta y tributaria de grandes potencias transnacionales.

A mí nadie me hace callar… ¡Estamos en democracia!

La rotunda sentencia podría revelar un acendrado sentido cívico recuperado en Chile tras la dictadura y predominante hoy en este aparentemente estable país. Lo raro fue que su anónimo autor estaba en un salón de lectura de la Biblioteca Nacional y sólo se le había sugerido bajar el alto volumen de su diálogo privado.

En otra oportunidad, un transeúnte que leía los titulares de un periódico en un quiosco destacaba el alza del precio del petróleo, pero cuando otro le indicó uno que se refería a un escándalo político, dio rápidamente media vuelta y se alejó sin responder.

Que en la población chilena impere hoy una sensación extraña y recelosa de democracia no era el deseo, pretensión o aspiración que la mayoría antidictadura –incluyendo políticos- manifestara 30 años atrás para restaurar lo que aún se considera el sistema ideal de gobierno.

Ocurre que después de casi tres décadas de política cupular, organizaciones de la base social desmovilizadas por aquélla, administración estatal atada de manos especialmente en economía y cultura, insólitas granjerías a los negocios multinacionales y compromisos prioritarios con el exterior, a la ciudadanía del siglo XXI le ha quedado meridianamente claro a qué tiene que adherir, qué derechos puede ejercer y qué debe tolerar para poder sobrevivir y relativamente prosperar en un país así reconstruido. Tiene, según esto, que coincidir en que la política es exclusivamente para los políticos; que éstos deben actuar necesariamente bajo la hegemonía globalizadora de las grandes potencias y que la economía, por lo tanto, ha de tratar con privilegios a los grandes capitales foráneos; y que dentro de la variedad de derechos que una democracia auténtica asegura sólo los individuales, aquellos que no disienten o impugnan la institucionalidad y el poder ya en vigor –y que son llamados por éstos, sin embargo, “ciudadanos”- pueden ser aceptables y susceptibles al menos de estudio.

Las tan alabadas movilizaciones sociales de los últimos años así lo confirman.

Movilizaciones a medias

Ha habido demandas estudiantiles por una administración educacional que evite la devoción por el lucro; de jubilados y activos exigiendo su dinero en pensiones dignas a un sistema previsional que lo utiliza para enriquecer a sus administradores; de profesores por una carrera docente acorde con el sentido de la educación; de mujeres que sólo ahora reaccionan contra la discriminación y la violencia de género; de trabajadores que luchan por tener un empleo estable, sueldos decentes y no ser humillantemente despedidos; de pobladores amenazados por la contaminación ambiental proveniente de grandes negocios; de promotores de la diversidad sexual esgrimiendo derechos ya consagrados en otros países. Todas ellas, no obstante, han respirado por su propia herida y demandado soluciones puntuales, sectoriales. Y tales han sido también las respuestas y tramitaciones burocráticas recibidas.

Una salida directa, nacional y de mayor permanencia no ha estado en sus planes. Algunos lo intentaron a través de una larga y esforzada campaña que proponía convocar a una asamblea constituyente que permitiera eliminar el origen común de las inequidades denunciadas –la Constitución pinochetista-, pero el movimiento terminó distorsionado y desechado por los conductores del país, descalificado por el gremio empresarial y apocado por sus dominantes medios de comunicación, todos, con una presunta e interesada ignorancia, adjudicando lo propuesto sólo a naciones en el caos. La soberanía popular, el primero de los derechos democráticos, no está entre lo practicado y enseñado en el país.

Bastó, una vez más, la simple administración de las instituciones modeladas por la dictadura –Tribunal Constitucional y Congreso largamente binominal incluidos- para sofocar y desalentar las grandes manifestaciones de descontento popular, por gigantescas y persistentes que ellas fuesen, y devolver a la opinión pública a su rutinario y poco trascendente debate sobre política de elite y eslóganes, ficción farandulesca y fútbol-espectáculo, lleno de posverdades y lugares comunes, reproducido estratégicamente por los consorcios mediáticos y conducido en buena parte por periodistas anunciadores de ofertas comerciales. Las reivindicaciones y críticas de fondo han quedado para el mundo virtual de las así denominadas “redes sociales”.

Más consumo, más temor

La población, en general, ha observado con cierta distancia los sucesivos y escandalosos casos de corrupción detectados en los últimos años en el país, que han desprestigiado principalmente la política, empresas y grupos económicos de primera línea, la policía uniformada, el Ejército y la Iglesia Católica. En los políticos en ejercicio, a su vez, ha predominado la única respuesta para la cual parecen realmente capacitados: más leyes, más normas que subsanen las ya vulneradas y así sucesivamente (con especial atención a las que les protegen de la competencia de los independientes).

Aun así, comparado con la magnitud de las corruptelas y calamidades desatadas en otros países, Chile podría creerse un edén si no fuera por un “terrorismo” casero, asentado y extendido que le ofrece un cable a tierra: la delincuencia común. Hace algunos días, un joven irrumpió en un hogar para robar, se encontró con una pareja mayor y su hijo enfermo, en cama, y ultimó fríamente a la mujer que se le opuso. Otro delito muy temido es el llamado “portonazo”, asalto perpetrado cuando el conductor de un vehículo se detiene y baja frente al portón de su casa.

Presionada la ciudadanía hacia la búsqueda del sustento diario y el éxito económico cada vez más dependientes del comercio sin control y el consumismo, desconfiada respecto del ejercicio del “arte de gobernar” y con un temor cotidiano a un enemigo desconocido como la delicuencia, la “clase” dirigente chilena siente afianzado un papel casi mesiánico generado en la práctica por el voto popular.

Y tal concesión no proviene solamente de la base.

Fiscalización “respetuosa”

El Ministerio Público chileno pudo llegar hasta los principales líderes nacionales de los últimos diez años -Michelle Bachelet y el actual Presidente, Sebastián Piñera- en su investigación sobre casos de financiamiento ilegal de las campañas, pero un predicamento fiscalizador particularmente “respetuoso” hacia imputados de alto rango político les ha favorecido a priori. En su cuenta pública, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sostuvo abiertamente que los fiscales debían estar conscientes de que sus decisiones podían “impactar” el funcionamiento de instituciones como el Congreso Nacional y alterar así los quórum de votaciones legislativas y la representación popular misma de sus miembros.

“Mientras los parlamentarios están desaforados, las personas no están representadas y eso altera la democracia”, agregó más tarde en una entrevista radial.

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron a la institución en enero pasado luego que fueran marginados de la investigación de los casos Penta y SQM, que atraviesan de lado a lado la política local. Gajardo explicó que había “antecedentes claros” para seguir ascendiendo en las pesquisas hasta llegar a la ex Presidenta Bachelet y el actual Presidente Piñera, explicando que el jefe administrativo de la pasada campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, ya fue condenado por tales hechos y en el caso de Piñera “su administrador electoral está formalizado por estos hechos por montos bastante semejantes, más de 300 millones de pesos (unos 407 mil euros)”, dijo.

Sólo en diputados del nuevo Frente Amplio -de una izquierda fuera del sistema hasta algunos meses atrás- se percibió alguna reacción, aunque su anuncio sobre una posible solicitud de destitución del Fiscal Nacional sonó tímido…

Tras el monopolio

A salvo hasta ahora de acciones judiciales que podrían ponerla en aprietos como a algunos de sus pares sudamericanos, la “clase” política chilena, aquella unida por una coincidencia ideológica no disimulada entre los herederos de la derecha pinochetista y de la izquierda demo-izquierdista “renovada”, parece especialmente expectante ante la crisis desatada en la Iglesia Católica por los casos de pedofilia. Debilitados la autoridad y los dogmas de la mayor institución occidental en materia de espiritualidad y moralidad, tiene una promisoria oportunidad de alcanzar otra apetecida y decisiva meta: el monopolio terrenal sobre el bien y el mal.

Dado tanto éxito y poder, no resulta imprudente para un chileno de a pie mantenerse a una distancia respetable de su dirigencia política, escucharle de soslayo y dejarle gobernar con cierta libertad, recibir de buena gana los beneficios que le concede como sujeto económico y salir a exigir sus derechos sólo cuando el apremio personal resulte insoportable.

Es otro tipo de ciudadano, aunque sea sólo de nombre…

Julio Frank S.

Una Constitución de Bachelet para Piñera

Permalink 12.03.18 @ 10:00:59. Archivado en 5. Política, 3. Chile, Bachelet, Constitución

Bachelet no sólo entregó por segunda vez consecutiva el gobierno a su opositor de derecha, sino que esta vez le adjuntó un proyecto de nueva Constitución con reformas negociables y manteniendo intacto el dogma fundamental: la ciudadanía debe seguir al margen de las decisiones políticas y volcada hacia sus asuntos personales (empleo, familia, sexualidad).

Los poderes del nuevo Presidente de esta república, Sebastián Piñera, recibidos por segunda vez consecutiva de la que, se suponía, era una contendora insuperable, Michelle Bachelet, llegaron con una “marraqueta” bajo el brazo: un proyecto de ley de reforma que establece una nueva Constitución Politica para el país. Y aunque a él nunca le ha simpatizado este tema y ha llegado dos veces a la Presidencia tratándolo en forma despectiva, ahora tiene una posibilidad de deshacerse del mismo no ignorándolo precisamente, sino más bien buscándole un acomodo en su favor mediante el ya manido “consenso (político) nacional”.

Después de todo, el llamado “proceso constituyente” de Bachelet, que dio inicio a la propuesta, no le resulta descabellado: una consulta popular perfectamente organizada y controlada por el gobierno, con opiniones no vinculantes y revisadas por éste, y una ínfima participación ciudadana, poco más de 200 mil personas, según la cifra oficial. La redacción del texto final, además, fue ajena a los partidos oficialistas y su destinatario directo siempre estuvo meridianamente claro: el Congreso Nacional y su valiosa experiencia en acuerdos político-legislativos estrictamente apegados a la institucionalidad neoliberal en vigor. Nada que se parezca a una Asamblea Constituyente. Nada que concuerde con las campañas en ese sentido realizadas por organizaciones sociales ni con los acuerdos partidarios adoptados en la propia coalición entonces en el gobierno.

Correspondiente con eso, la mayoría ciudadana, largamente desafectada de la política -excepto cuando siente dañados intereses particulares-, recibió con esperable indiferencia una materia como la presentada, densa, multiforme y asociada interesadamente a salones políticos y jurídicos. La propia autora del nuevo proyecto admitió (en privado) el gran desconocimiento reinante en la población chilena acerca de lo que significa la Constitución de su país; no podía hacerlo públicamente, porque fue la extinta Concertación la principal promotora de tal ignorancia.

Con tales antecedentes, la ahora ex gobernante procedió en consecuencia.

Pobre soberanía

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Renuncian fiscales anticorrupción

Permalink 22.01.18 @ 10:00:32. Archivado en 5. Política, NOTICIAS, 3. Chile, Sociedad

Los fiscales de alta complejidad Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron su renuncia al Ministerio Público de Chile, por discrepar de la decisión de sus superiores de ofrecer salidas alternativas en casos de presunto fraude al Fisco y financiamiento ilegal de campañas políticas, particularmente al senador Iván Moreira (UDI), desaforado en el caso Penta.

Los persecutores especializados, que trabajaban en la investigación de esa causa y las de SQM y Corpesca, relacionadas con la emisión de boletas “ideológicamente falsas” (por servicios no prestados) para que empresas remitieran dinero a políticos y parlamentarios, temen que una rebaja de la responsabilidad perseguida favorecería a los acusados de corrupción e insisten en que la gravedad de los hechos ameritaría una sanción penal.

Otro senador de la UDI, Jaime Orpis, desaforado y privado de libertad en 2016, es imputado por fraude al Fisco y presentación de boleta falsa en el caso Corpesca, y se solicitó la ampliación al delito de cohecho.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, restó trascendencia a las renuncias, señalando simplemente que “el Ministerio Público es más que dos fiscales”. El nombramiento de dicha autoridad –la que ejerce durante ocho años- es propuesta por el Presidente de la República según una quina presentada por la Corte Suprema y debe ser aprobado por al menos dos tercios del Senado.

La actual oposición, que será gobierno en marzo próximo, ha denunciado que otra institución clave en este tipo de casos, el Servicio de Impuestos Internos, no ha mantenido la misma actitud fiscalizadora respecto de los políticos oficialistas, entre los cuales se encuentra el primer ministro del Interior de Bachelet, Rodrigo Peñailillo.

El Ministerio Público, además, ha sido criticado por sus resultados en otros dos causas de alta connotación pública, el asesinato de un matrimonio en la Araucanía y la detonación de bombas en la capital, así como por el alto porcentaje de denuncias archivadas sin la investigación solicitada.

El periodismo se nos está yendo (III)

Permalink 02.01.18 @ 10:00:00. Archivado en 1. Periodismo, 5. Política, 3. Chile

“Los periodistas (de hoy) no intrusean y no encuentran nada”, afirmó recientemente el nonagenario y legendario Alberto “Gato” Gamboa, Premio Nacional de Periodismo 2017. Pero sí hacen paralelamente vocerías publicitarias y protagonizan hechos noticiosos institucionales como “invitados”. Ese papel, de apariencia pública pero a beneficio particular, comercial y político, contribuye a la desinformación “emotiva” de la audiencia y favorece el control ideológico de la comunicación.

(Anterior)

El periodista Ramón Ulloa, conductor de noticias televisivas y radiales, anteriormente en CNN Chile, ofició como maestro de ceremonias durante la reciente inauguración de la Línea 6 del Ferrocarril Metropolitano de Santiago. “Me pareció importante estar presente ahí”, explicó vagamente, aludiendo al aspecto informativo del acto, organizado por dicha empresa estatal.

A las presiones editoriales, comerciales e ideológicas sobre el periodista y el periodismo se ha incorporado la de compartir el protagonismo en hechos informativos generados por empresas o instituciones a las que éstos deben observar, comentar y fiscalizar periodísticamente desde una posición independiente, lo que contraría además la regla que “el periodista en sí no es noticia”. El principal favorecido fue, en ese caso, un servicio estatal, el Metro de Santiago, cuya presentación encabezó la Presidenta de la República en persona. Ulloa ejerce actualmente en Canal 13 y Teletrece Radio, pertenecientes a uno los principales grupos económicos chilenos (Luksic).

Ningún político u opinólogo comentó públicamente lo ocurrido. Ni siquiera intervino el Colegio de Periodistas. Los únicos “sensibles” fueron algunos comentaristas virtuales del artículo que lo informaba.

Prensa según mercado

Ese trastoque de la mentalidad periodística histórica fue incubándose desde que un decreto de la Junta Militar convirtió los colegios profesionales en asociaciones gremiales en 1981, reduciendo drásticamente su respectivo tutelaje ético y concentrándoles en asuntos internos e individuales. Desde entonces, ningún profesional, como cualquier trabajador, está obligado a someterse a normas de entidades gremiales para poder desempeñar su labor.

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Oportunidad para Beatriz Sánchez y la AC

Permalink 23.11.17 @ 10:00:58. Archivado en 5. Política, 3. Chile, Asamblea Constituyente

Si hay algo concreto y definitivo con que Beatriz Sánchez puede socorrer a la candidatura oficialista es, además de votos, su principal propuesta y el camino trazado para realizarla: Asamblea Constituyente.

Después de haber superado imprevistamente el 20 por ciento de los votos en la carrera presidencial y perder por menos de tres puntos el derecho a pasar a la segunda vuelta, Beatriz Sánchez y el Frente Amplio tienen hoy una posición favorable si accedieran a negociar un eventual apoyo al candidato bacheletista, Alejandro Guillier. El tema central en este caso no serían reformas, por drásticas que fueren, como aumentar los impuestos a los más ricos, cambiar el sistema previsional, eliminar una injusta deuda estudiantil, recuperar los recursos naturales básicos, mejorar la atención de salud y otras propuestas programáticas, sobre lo cual se ha discutido durante más de 25 años con pobres resultados y chocando lo más trascendente contra el muro constitucional pinochetista.

Como establece el primer capítulo del programa de gobierno frenteamplista 2018-2022, se trata de la convocatoria a una Asamblea Constituyente propiamente tal, para lo que el nuevo Presidente de la República recurriría a facultades previstas en la propia Constitución vigente, esto es, enviar un proyecto de ley para la realización de un plebiscito nacional validante de la iniciativa y, ante un posible rechazo, insistir con dicho mecanismo para dirimir la discrepancia con el Congreso Nacional.

Alejandro Guillier también es partidario de una nueva Constitución, pero se ciñe a la restringida y no vinculante consulta popular efectuada por Bachelet para ser dejada a la decisión final del Parlamento.

Los fundamentos para una AC ya han sido latamente descritos en los últimos diez años, pese a una escasa y prejuiciosa difusión en los medios informativos, la errática adhesión de algunos políticos y la limitada promoción de algunas organizaciones sociales. Se ha recordado el origen autoritario, la ideología impuesta y la estructura inamovible de la Carta en vigor, su parcializada consagración de los derechos ciudadanos y del fomento de la calidad de vida moderna, así como la insuficiencia de las reformas introducidas, más bien protectoras de sus pilares.

A eso se ha opuesto el carácter eminentemente democrático de una Asamblea Constituyente, cuya generación se basa en el sufragio universal, como cualquier elección; su apertura a la participación de todos los sectores sociales, además de los políticos; su necesidad de un debate amplio, plural y sin censura en los medios de comunicación; su facultad única y exclusiva de discutir y redactar una nueva Constitución Política del Estado para someterla a un nuevo veredicto ciudadano en las urnas. Pocos son los países que no necesitan una institución así; muchos gobernantes, sin embargo, la han eludido discrecionalmente.

Desafío

Aunque la carga popular pedida y recibida por Beatriz Sánchez y el Frente Amplio es pesada, inhóspita y cuesta arriba, no hay alternativa si en lugar de ser un destello más desean hacer historia. Tendrán que enfrentar y al menos resistir los embates de una formidable economía neoliberal, inter y transnacional, cuyos intereses se han apropiado de la política, la educación, la salud, el trabajo, la previsión, la cultura y los hábitos domésticos, entre otros sectores de la actividad nacional, en los cuales las mejoras son posibles solamente dentro de su marco.

Tendrán, especialmente, que convencer a sus compatriotas no sólo de que pueden vivir y progresar en una sociedad menos materialista e individualista y más humanizada, sino también de su derecho a decidir por sí mismos sobre los grandes temas de los que dependen los demás, como el tipo de economía que regirá, el sentido de la educación, las condiciones generales del trabajo y la previsión, el acceso a la salud, el usufructo de los recursos naturales y otras materias fundamentales.

En concreto, tendrán que convencerles, con ideas y acciones, en salones y oficinas y en la calle, de que el verdadero cambio parte sólo de una Asamblea Constituyente, un proceso que ofrece herramientas útiles para sustituir la vieja, cupular y ya corrompida política de acuerdos de la transición por una auténtica, informada y masiva participación ciudadana en el destino de algo que nos identifica a todos: el país.

¿Por qué votar cuando se es feliz y bien gobernado?

Permalink 02.11.17 @ 15:29:10. Archivado en 5. Política, Sociedad, 3. Chile

La mayoría de los chilenos se declara feliz en su vida personal, según un estudio de mercado, y aunque cree que el país, en cambio, no avanza, no está dispuesta a arriesgarse. Sus representantes políticos, tampoco.

El próximo 19 de noviembre, Chile vivirá un nuevo proceso eleccionario presidencial y parlamentario. Eso de “vivir” es un eufemismo, dado el escaso interés por la política ya arraigado en la población chilena y expresado últimamente en un aumento de la abstención, aunque ello no signifique necesariamente un rechazo al sistema imperante. Este parece haber dotado al país de una efectiva inmunidad no sólo ante propuestas de reformas drásticas o “revolucionarias”, sino también ante la creciente corrupción política y las periódicas protestas callejeras.

Más aún, el reciente estudio Chilescopio 2017, realizado por la consultora en investigación de mercados Visión Humana y difundido por Emol (El Mercurio On Line), reveló que si bien el 61 por ciento de los chilenos considera que el país, como tal, no avanza, un porcentaje todavía mayor (64%) se declara “feliz” o “muy feliz” con su vida personal. Su principal temor (53%) se centra en la eventualidad de enfermarse y sólo el 31 por ciento lo atribuye a los problemas económicos. El presente es lo más importante para el 66 por ciento de ellos.

Más allá de la capacidad de consumo y endeudamiento, otro hábito en el estilo de vida, ya extendido e incluso institucionalizado, contribuye a ilustrar ese placentero estatus. Desde el 27 de octubre, a menos de un mes de las elecciones, la fuerza laboral puede disponer de un no muy corto y relativamente relajado período mezcla de asueto y trabajo: de los diez días que concluyen este 5 de noviembre, seis serán no hábiles. Como los fines de semana “largos” establecidos por un nuevo y más generoso calendario oficial de feriados –incluidos días “sandwich”-, ha habido un considerable éxodo (así llamado) familiar y turístico desde la capital hacia otros puntos del territorio y la alta circulación vehicular que eso genera ocupa la primera plana noticiosa en los medios de comunicación tradicionales, aunque sea generalmente para referir accidentes, atochamientos y estadísticas (Chile es una angosta tierra concentrada por una sola carretera longitudinal). Si los menos aventajados quedan al margen de esas vacaciones poco formales, pero posibles, es problema de cada uno.

Candidatos a la Presidencia

¿Por qué los chilenos tendrían que molestarse en ir a votar cuando ya serían felices, al menos en lo personal, para elegir entre candidatos y opciones politicas que no querrían, no se atreverían o no podrían alterar tal felicidad? ¿Qué cambios sociales podrían prosperar en un país con una condición ambiental tan individualista?

Las elecciones se han transformado así en un acto más bien reflejo o ingenuo, para algunos, y en una rutina inconducente y fastidiosa, para otros, incluidas las presidenciales.

El ex Presidente Sebastián Piñera aparece como favorito. Es el prototipo del empresario ambicioso, exitoso, admirado, denostado, envidiado… y multimillonario. Su comportamiento ético en permanente cuestionamiento no le ha causado daño y acaba de esquivar una querella por presunta negociación incompatible con una empresa peruana mientras era Jefe de Estado. Es el verdadero candidato del continuismo, aquel del sistema institucional originalmente impuesto por Pinochet. En 2011, cruzada ya la banda presidencial, fue a Estados Unidos para asegurar al empresariado transnacional que “Chile está totalmente comprometido con la economía de libre mercado”. Todos prevén, por lo tanto, lo que haría en un posible segundo gobierno suyo y, especialmente, lo que no haría. No quiere cambiar nada (no lo necesita), sólo “mejorar” algo.

Piñera encabeza las encuestas de opinión y se predispone a representar, una vez más, a los chilenos desde el más alto de los pedestales.

Alejandro Guillier es periodista y actual senador, y se autodefine como continuador de la segunda -y desplomada- administración de Bachelet, caracterizada por propuestas de centroizquierda desarticuladas por procedimientos de centroderecha. Nadie, pese a eso, tiene claro qué haría una vez en La Moneda e incluso tratará de negociar su programa con algunos de sus competidores de la primera vuelta. Ha sido mucho más periodista que político, pero sus sucesivos tropiezos profesionales tampoco le ayudan. Quiere profundizar los cambios ya iniciados, pero no ha dicho cómo.

En los sondeos, mira hacia arriba a Piñera.

Beatriz Sánchez también es periodista, en ejercicio hasta hace menos de un año. Lidera el Frente Amplio, conformado por nuevos grupos de izquierda que quieren cambiar mucho y en forma radical, proponiendo, por ejemplo, una Asamblea Constituyente y el término de las polémicas administradoras privadas de fondos previsionales (AFP), uno de los pilares de la institucionalidad pinochetista. Los encuestados la han bajado tan rápidamente como la habían subido.

Carolina Goic ganó la presidencia de la Democracia Cristiana con aclamación en 2016 y al año siguiente, dividiendo a la gobernante “Nueva Mayoría”, fue proclamada candidata presidencial de ese partido. No quiere cambios, sino “correcciones”. Las mediciones previas no creen en ella y tampoco un sector de sus propios camaradas.

José Antonio Kast postula en forma independiente. Es ultraderechista y pinochetista (sin comentarios).

Marco Enríquez-Ominami, otrora revelación política y hoy venido en menos, ha tenido que pedir a viva voz acuerdos inmediatos con aquellos a cuya derrota contribuyó en 2009. Sigue queriendo cambiar mucho, pero perdió credibilidad.

Alejandro Navarro, senador, quiere también cambiar mucho, pero tampoco puede, y a Eduardo Artés, del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, le gustaría cambiar todo. Miran a los demás desde el fondo de esta lista.

La prensa, a todo esto, no se altera. Tampoco simpatiza con cambios y ante la escasez de ideas o programas políticos que confrontar públicamente, los dimes y diretes han sido muy útiles.

Ni siquiera la franja diaria y gratuita de propaganda electoral por televisión ha salvado la campaña.

Y ante la apatía electoral, algunos candidatos proponen obligar nuevamente a la ciudadanía a votar, bajo pena de sanciones, sin importarles los motivos de ésta. El gen autoritario no desaparece.

Bachelet tiene prisa… por irse

Permalink 05.09.17 @ 10:00:00. Archivado en 5. Política, 3. Chile, Bachelet

The New York Times se hace eco de un laudatorio artículo sobre la Presidenta de Chile -quien ha anunciado su alejamiento de la política interna- escrito por una corresponsal brasileña en Argentina.

El influyente diario norteamericano The New York Times publicó un artículo titulado “La prisa de Michelle Bachelet”, firmado por Sylvia Colombo, corresponsal para Latinoamérica del periódico brasileño Folha de Sao Paulo, que alaba sin inhibiciones a la gobernante chilena, su proceso “reformista” –que se atreve a asociar con el de Salvador Allende- y su control de la macroeconomía. Destaca sus avances puntuales, especialmente en materia de aborto y gratuidad universitaria, analiza con indulgencia sus dificultades y termina inmortalizándole ante la historia.

Sin embargo, pese a afirmar desde Buenos Aires que “Chile va bien”, la periodista brasileña se pregunta por qué los chilenos no apoyan a su Presidenta como deberían y, en cambio, se manifiestan pesimistas. No se responde.

Como señala, Chile no resiste comparación con vecinos latinoamericanos convulsionados políticamente o en permanente conflicto como Venezuela, Brasil, Colombia, México, Argentina e incluso Perú, a los que ella menciona. Sus niveles de corrupción, terrorismo, narcotráfico y autoritarismo son sustancialmente menores, aunque la violencia aumente en la Araucanía y sus fiscales y jueces asomen como único bastión eficaz ante el desenfadado comportamiento ético-legal de su “clase” política.

Bachelet, efectivamente, no es “populista”… aunque tampoco propiamente socialista, pese a militar en el partido con ese nombre. Ha gobernado con no más que incomodidad dentro del marco constitucional pinochetista que, si bien ha sido mitigado desde 1990, continúa protegiendo la economía neoliberal y la política elitista por sobre los derechos colectivos, particularmente con sus quórum insólitamente altos para las reformas fundamentales. De este modo, sus avances, salvo la gratuidad parcializada en la educación superior, se han referido más bien a derechos de efecto individual o de sectores específicos, como los de la mujer en determinados casos y de los pensionados con ingresos miserables, mientras los trabajadores en general siguen dependiendo de leyes abusivas y los grandes grupos económicos multiplican sin parar sus desorbitadas ganancias.

La actual gobernante puso como reforma prioritaria para su segundo mandato una nueva Constitución, generada en democracia, pero creó un “proceso constituyente” que no fue sino una consulta popular abierta, organizada, coordinada, supervisada y controlada por su gobierno, que revisó las propuestas con el fin de transformarlas discrecionalmente en un proyecto de ley remisible al Parlamento en funciones y en la que sólo participaron… 204 mil personas.

El resultado, después de todo, correspondió a la aprensión que ella misma sentía respecto de la pobre educación cívica que aqueja a sus compatriotas, aunque omitió que ésta se engarzaba con la política desarticuladora del movimiento político-social llevada a cabo por las propias administraciones concertacionistas para reducir la oposición.

Si los gobernantes latinoamericanos en desgracia en Washington hubiesen practicado ese tipo de “socialismo”, otra sería su suerte internacional.

Apuro

Colombo no ahonda en el porqué de la prisa de Bachelet. Quizás ésta se deba a que en marzo próximo podrá cumplir su anuncio de abandonar la política chilena y dejar atrás grandes reformas finalmente a medias o truncas, así como sucesivas crisis de gobierno, el descrédito ético que azota a sus pares, el reinado económico inalterable de las grandes compañías, una desigualdad social mínimamente encarada, violencia regional sin afrontar y una valoración pública que se desplomó de un año a otro.

Una vez de vuelta en el extranjero, y en Estados Unidos en particular, le recibirán nuevamente como –así le define la corresponsal- “la estadista progresista que nunca cayó en el populismo” y “el símbolo de un país que ya cambió”, y como líder de una nación bajo control político y económico, abierta a la inmigración, participante en operaciones humanitarias internacionales y con habitantes pacíficos y emprendedores… aunque con poca memoria ante la corrupción, como sugiere el artículo, y que hoy están dispuestos a cambiar nuevamente hacia un gobierno de derecha.

¿Felicidades?

Enmudecidos (aún) ante el chileno más poderoso

Permalink 26.04.17 @ 10:00:19. Archivado en 5. Política, Sociedad, 3. Chile, El Mercurio

Murió el magnate que, sin recibir votos ni empuñar personalmente armas, consiguió que la sociedad chilena fuera encauzada según sus particulares intereses y lo aceptara sin chistar: Agustín Edwards Eastman.

Una mudez intranquila reinaba en este alargado territorio austral, atravesando políticos de diverso estatus, empresarios concentrados o independientes, medios de comunicación convencionales y, por consecuencia, al transeúnte anónimo. Agustín Edwards Eastman, el magnate de las comunicaciones más influyente en el curso de la política y la sociedad chilenas del último medio siglo, ya no podía estar en pie a sus 89 años de edad y se encontraba en estado de coma inducido. Contrariamente a lo que ocurre con los grandes personajes, esta vez la noticia no se “viralizó” hacia a los medios tradicionales, donde no hubo siquiera alusiones, y cuando falleció –el pasado lunes 24-, sólo las insustituibles redes sociales subieron el tono. Emol.com, el hijo cibernético de El Mercurio, publicó la noticia sólo al día siguiente y deshabilitó los (habitualmente ácidos y agresivos) comentarios para los visitantes.

No se trata de un chileno cualquiera. Cuando Pinochet y sus fuerzas golpistas bombardeaban la sede de gobierno el 11 de septiembre de 1973 y anticipaban una dictadura de ferocidad desconocida en Chile, tres años antes Edwards Eastman había ido a Estados Unidos a alertar sobre el peligro de un régimen marxista en el cono sur americano. Mientras el periodismo “de trinchera”, agresivo y confrontacional, desaparecía arrasado por las balas, El Mercurio, su gran empresa periodística, era liberado de una amenaza y comenzaba a saborear el negocio aparentemente fácil de un monopolio impuesto y seguro. Y cuando, en los años finales de la dictadura, se creía que el decano de la prensa nacional, fruto de una inminente quiebra, caería en manos del Estado justamente cuando éste iba a ser administrado por los vencedores de Pinochet en el plebiscito, el propio dictador le tendió una mano no sólo para salvarlo, sino también para asegurar su prosperidad futura.

Siempre un paso delante de los demás; siempre con una carta favorable lista para ser jugada oportunistamente.

Sus políticos

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Cansados de Chile

Permalink 04.04.17 @ 10:00:45. Archivado en 5. Política, Sociedad, 3. Chile

“Mi país cansa, especialmente
a personas como yo, acostumbradas a decir lo que piensan. Es un país frustrado y peleador”, escribió una periodista que regresa a Chile después de dos años. No sólo políticos inescrupulosos y empresarios rapaces son responsables; el chileno de a pie también aporta.

Para mostrar lo “autocrítico” que puede ser también su discurso, los políticos dirigentes, sobre todo cuando están en campaña, recurren majaderamente a lugares comunes tales como “abusos” del empresariado, “desencanto” popular de la política, “confianzas” perdidas y necesidad de “reencantamiento” de la ciudadanía. Evitan así reflejar lo que realmente perciben, pues eso les basta ante electores tan evasivos como ellos. En la otra cara, sin embargo, hay mensajes que, aparentemente apocalípticos, apuntan a los verdaderos obstáculos y tropiezos que se oponen a una mejor calidad de vida para los chilenos y dan un paso imprescindible hacia un correcto diagnóstico.

“Cansada” de los actuales vicios, malas prácticas y limitaciones arraigadas en este largo territorio, desde gobernantes y magnates hasta el anónimo transeúnte, una periodista chilena, Pepa Valenzuela, publicó un extenso artículo en el diario electrónico El Mostrador, titulado “Me cansé de Chile”. En él vierte ácidas críticas sobre el comportamiento social en el Chile del siglo XXI y reconoce que retorna al país con inevitable inquietud, después de dos años de estudios en una nación desarrollada.

Se queja particularmente del frecuente trato vejatorio contra la mujer
–del cual refiere algunas vivencias personales-, pero también de la displicencia y amoralidad reinante en los políticos, la banalidad liderada por la televisión, los prejuicios socioeconómicos y artimañas laborales extendidos sin distinción de estrato, la depredación empresarial legalizada, la violencia tanto callejera como cibernética, la permisividad de los padres en la educación de sus hijos y el clima confrontacional entre sus compatriotas.

En otras palabras, demasiada avidez y no precisamente intelectual.

“Lo que asusta de Chile es la pérdida de sentido común, la poca capacidad argumentativa. Mucha gente no sabe pensar o sostener un argumento. O pedir algo sin gritar”, advierte.

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Bachelet hará bien con irse

Permalink 23.01.17 @ 10:00:22. Archivado en 5. Política, Sociedad, 3. Chile, Bachelet

La dos veces Presidenta de Chile y fenómeno electoral chocó contra una oposición “perfecta”: aliados divididos por sus reformas, institucionalidad contraria a los cambios profundos y todavía pinochetista, “clase” política desprestigiada y perseguida judicialmente -aunque no por eso deprimida-, un escándalo que le compromete familiarmente, electores volubles al primer tropiezo al menos en las encuestas, un proceso llamado constituyente y renuencia propia a asumir el costo personal de su propuesta.

“Obviamente, está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena, desde el punto de vista de cargos de representación. Ya es suficiente”, anunció semanas atrás la Presidenta Michelle Bachelet, quien hace sólo tres años se cansó de ganar elecciones y quería cambiar Chile. Si la causa es la invencible resistencia a sus reformas, el escándalo judicial de su nuera y la pérdida de apoyo en la opinión pública, probablemente la posibilidad de volver a su exitosa carrera internacional -un atractivo común a los políticos nacionales de alto rango- le devuelve el entusiasmo.

El pasado lunes 16, Bachelet recibió las llamadas “Bases ciudadanas para una nueva Constitución”, acto previo al envío de dos proyectos de ley, uno que contendrá el texto de una Carta Magna y otro que habilitará al Congreso para fijar el mecanismo de tramitación. Está consciente, sin embargo, de que este nuevo intento, el más trascendente de su programa de gobierno, podría tener peor suerte aún que los anteriores.

Ella misma partió descalificando en privado la capacidad de la ciudadanía chilena para asumir con conocimiento y determinación la complicada tarea de definir un texto constitucional, tanto en su contenido como en su forma. Ante eso, creó un procedimiento simplista, restrictivo y controlado por el gobierno. Promovió la idea del derecho popular constituyente pero no se jugó por ella; comentó públicamente su conveniencia, pero no impulsó su difusión y debate masivos, especialmente a través de los medios de comunicación. Aunque reconoció en su programa que definir el contenido de una nueva Constitución “corresponde al pueblo en su conjunto”, dejará la decisión previa más importante, el cómo será redactada, a criterio del Congreso -el actual y el próximo-, a sabiendas de que la oposición de derecha no está interesada en el tema y se marginó del proceso, y que dentro de su propia coalición, la “Nueva Mayoría”, no existe consenso al respecto.

Como sus partidarios y asesores lo saben sin decirlo, su “proceso constituyente” nunca fue tal, sino un mero plan gubernamental diseñado para obtener opiniones populares más o menos procesadas, que permitieran declarar pomposamente que “se escuchó a la ciudadanía” antes de encargarse de la redacción unilateral del texto, para luego delegar la responsabilidad en los parlamentarios.

Vergüenza

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Conflictos de intereses presidenciales y periodísticos

Permalink 28.11.16 @ 10:00:24. Archivado en 1. Periodismo, 5. Política, Publicidad, 2. Medios, 3. Chile

¿Es lícito que un Presidente-empresario compre para sí una firma pesquera de un país con que mantiene un diferendo limítrofe marítimo e interesada potencialmente en la zona en litigio? Y a los encargados de perseguirlo informativamente, ¿es permisible hacer de voceros de quienes auspician sus programas periodísticos? La respuesta de los involucrados (y de sus adherentes y auditores) parece ser: Sí, se puede.

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente del Ministerio Público se hizo cargo de una querella sobre negociación incompatible y uso de información privilegiada en contra del ex Presidente y millonario empresario Sebastián Piñera. El libelo fue presentado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez luego que investigaciones periodísticas revelaran que durante la pasada administración de Piñera (2010-2014), y en plena tramitación de un litigio sobre límites marítimos con Perú en la Corte Internacional de La Haya, la empresa matriz de éste adquiriera acciones de una firma pesquera peruana con potenciales, pero directos intereses en la zona en conflicto. La ley sobre fideicomiso ciego a la que el mandatario se sometió previamente no incluía sus inversiones en el extranjero.

El proceso jurídico significó finalmente una pérdida de territorio marítimo para Chile.

Invoca el querellante los artículos 240 del Código Penal, que sanciona al empleado público que se involucrare en operaciones personales relacionadas con el desempeño de su cargo, así como el artículo 247 bis de dicha norma y la Ley de Mercado de Valores, que castigan el uso de información secreta y privilegiada, respectivamente, en beneficio propio o de un tercero. Aunque el ex gobernante y posible postulante a un segundo período aseguró que desconocía dicho negocio, se quejó de “campaña sucia” y actitudes “miserables”, y reafirmó su dedicación y compromiso en defensa de “los superiores intereses de Chile y los chilenos”, lo concreto es que la compra y la oportunidad de la misma fueron confirmadas por diversas fuentes, los administradores del adquirente son su propia familia y una reciente encuesta señaló que el 59 por ciento de los consultados no le creía que desconociera el asunto y sólo el 48 por ciento coincidió con él en cuanto a la calidad de su defensa.

Si un Presidente está plenamente imbuido de las responsabilidades de su alto cargo y defiende cabalmente los intereses de su patria, como ha reiterado, y que, paralelamente, es ya multimillonario, ¿qué necesidad tenía de obtener acciones de una empresa peruana en medio de una controversia limítrofe con un país con el que, además, existe una rivalidad histórica y una guerra en el siglo XIX?

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Ciudadanía a la deriva

Permalink 02.11.16 @ 10:00:03. Archivado en 5. Política, Sociedad, 3. Chile

La sociedad chilena, particularmente individualista, exclusiva y farandulizada, está alcanzando un nuevo liderazgo: el de la depresión, advierten expertos. Sus constructores, políticos que hacen carrera con una institucionalidad todavía autoritaria pese a carecer de grandes crisis, se limitan a responder: “Voten nulo”.

El domingo 23 de octubre, sólo uno de cada tres chilenos acudió a las urnas y decidió que la oposición de derecha triunfara en los comicios de alcaldes, los de mayor proyección para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017. La oficialista “Nueva Mayoría”, alarmada, no sólo reconoció su derrota y la alta abstención electoral, sino que exigió al gobierno una definición clara sobre el itinerario de la Presidenta para el último tramo de su mandato. Es más, su socio “díscolo”, la Democracia Cristiana, condicionó a esto último su participación en el comité político gubernamental.

Por enésima vez, además, se volvió a escuchar pontificales voces llamando a un cambio de ministros, a una priorización legislativa, a acuerdos “nacionales” (cupulares); nada que significara asomarse siquiera un poco más allá del círculo limítrofe de la llamada “clase” política, para acceder a los reclamos manifestados por diversos sectores ciudadanos a través de marchas y protestas callejeras y, ahora, con la negación masiva de su voto.

Las reformas propuestas por Bachelet son una gran muestra. Los proyectos presentados, especialmente el tributario, el educacional y el laboral, contenían algunos preceptos que parecían apuntar a verdaderas “reformas”, pero el trámite legislativo en el Congreso binominal terminó por desnudarlos. Los propios parlamentarios oficialistas se dividieron, mientras la oposición derechista se desligaba de responsabilidad al calificarlos simplemente como malos “técnicamente”.

Si bien la reforma tributaria aprobada no ha sido suficiente, la gratuidad en la educación superior enfrenta muchos tropiezos y la laboral sucumbió en su esencia, el fondo es que la derecha no está dispuesta a un aumento de impuestos a las empresas hasta el nivel de los países desarrollados o en desarrollo; a que ningún alumno universitario tenga el compromiso de pagar sus estudios y a que la sindicalización sea obligatoria y los trabajadores puedan negociar por rama productiva. Y la centroizquierda, en el gobierno, tampoco está convencida de todo eso.

Ante tal cerrazón, las posibilidades de una nueva Constitución son mínimas: mientras proyectos sobre asamblea constituyente y plebiscito nacional duermen en el Parlamento, Bachelet tercia con su proceso de consulta popular no vinculante.

El gran “secreto”

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