El editor de la sección Opinión del diario La Tercera, Marcel Oppliger, comunicó al abogado Roberto Garretón, promotor internacional de los derechos humanos y quien encabeza un movimiento por una asamblea constituyente, que le resultaba “imposible” publicar un artículo que éste le había remitido como réplica a una columna del economista Sebastián Edwards, en la cual se objetaba la propuesta de una nueva Constitución formulada por el candidato presidencial Eduardo Frei.
Oppliger, según informó el propio Garretón, respondió textualmente:
Gusto en saludarlo, y perdón por demorar tanto en responderle. Agradezco su propuesta de columna, pero me temo que nuestra agenda está enfocada a otras temáticas por estos días, y que el debate sobre la Constitución ha perdido algo de contingencia periodística. En este momento, por lo tanto, me es imposible asignarle espacio al texto que nos propone.
Este es el artículo de Garretón:
“Chile exige una Constitución democrática
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La periodista Soledad Onetto, conductora de noticias de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile
(Canal 13), fue presentada ayer como animadora, por segundo año consecutivo, del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, certamen de música popular organizado por el gobierno municipal de esa ciudad.
La profesional declaró en la oportunidad que “al mismo cargo va bien el mismo sueldo”, al comparar su contrato con el del coanimador -Felipe Camiroaga, de Televisión Nacional de Chile-, que se estima en 60 millones de pesos (más de 70 mil euros).
Ese doble desempeño, no obstante, es censurado por el Código de Etica Profesional del Colegio de Periodistas de Chile -actualizado hace sólo ocho meses- al establecer particularmente su artículo 20 que debe haber siempre “una distinción clara entre los mensajes informativos y los publicitarios, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ellos”.
El Colegio, sin embargo, ya no tiene tuición sobre quienes no son miembros de la orden.
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El multimillonario empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera resultaría especialmente favorecido por las concesiones establecidas por la próxima ley de televisión –proyecto actualmente en el Parlamento-, lo que agregaría un nuevo conflicto de intereses en caso de ser elegido y asumir la Presidencia de Chile en marzo próximo.
Así lo revela un artículo de Felipe Saleh sobre un reciente estudio del abogado Lucas Sierra, del think tank neoliberal Centro de Estudios Públicos (CEP), publicado por el periódico electrónico El Mostrador.
Piñera acaba de anunciar un fideicomiso ciego voluntario para sus empresas, exceptuando, además de Blanco y Negro (concesionaria de Colo Colo), la red televisiva de cobertura nacional Chilevisión.
“De aprobarse la ley propuesta por el gobierno, el empresario tendría un nuevo estatus como concesionario, gracias al cual incluso podría prescindir del acuerdo con la universidad (de Chile), al no necesitar legalmente de ese espacio que arrienda para transmitir en Santiago”, indica Saleh. “De convertirse en Jefe de Estado, Piñera tendría el control político del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), organismos que regulan el sector”.
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Durante el 12° Festival Internacional de Documentales de Santiago (Fidocs), que se desarrollará desde el 3 hasta el 9 de noviembre próximo, se estrenará “El diario de Agustín”, documental de Ignacio Agüero que investiga y relata la cuestionada participación de El Mercurio, el periódico más influyente de Chile, durante la dictadura de Pinochet.
“Este documental habla de hechos que se han acallado y que son importantes de tratar en la construcción de una convivencia democrática, aparte de preguntarse por qué los sectores progresistas no son capaces de tener prensa”, explicó Fernando Villagrán, productor de la obra y ex ejecutivo de la desaparecida revista Apsi, en un reportaje de Beatriz Michell en el diario chileno La Nación.
“El diario de Agustín” (por Agustín Edwards Eastman, propietario y director del periódico) fue estrenado en Buenos Aires el fin de semana recién pasado.
El Mercurio ha influido poderosamente en la historia de este país, particularmente en los últimos 40 años. Hoy, pese a los cuestionamientos tanto políticos como económicos en su contra, continúa orientando la agenda política y periodística, y dominando sin contrapeso el mercado informativo chileno.
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El Colegio de Periodistas de Chile pidió perdón a los familiares de las víctimas de la pasada dictadura, por faltas a la ética profesional cometidas por miembros de la orden en el caso de montajes informativos publicados por medios de comunicación impresos y televisivos en 1975.
El siguiente es el texto publicado en el sitio web oficial del Colegio, escrito por Jorge Escalante:
“Periodistas pedimos perdón por quienes callaron en dictadura
Santiago, 21 de junio de 2008.- El Colegio de Periodistas pidió perdón a familiares de las víctimas de la dictadura por aquellos medios y colegiados que mintieron para servir al régimen opresor, disfrazando asesinatos con falsos enfrentamientos con fuerzas de seguridad y, especialmente y por mandato de sus tribunales de ética, porque el propio Colegio como institución no estuvo a la altura de las circunstancias.
Su presidente nacional, Luis Conejeros, lo hizo en la persona de Roberto D’Orival e Isabel Gallardo, el primero representando a los familiares de los 119 desaparecidos en la Operación Colombo, y la segunda a nombre de las familias de seis asesinados por la DINA, ambos sucesos ocurridos en 1975 y disfrazados como falsos enfrentamientos en Argentina y Chile.
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El ministro secretario general de Gobierno de Michelle Bachelet y ex presidente de Televisión Nacional de Chile, Francisco Vidal, afirmó el jueves que “me gusta decirles eso (que mienten) a El Mercurio y La Tercera”, al ser entrevistado en el programa deportivo “Tercer Tiempo” de radio ADN, en Santiago.
Cuando se le preguntó acerca del malestar del entrenador de la selección nacional de fútbol, Marcelo Bielsa, con parte de la prensa local, a la que acusa de haber obtenido sin autorización y tergiversado sus opiniones sobre el balompié chileno, Vidal respondió:
No me gusta, no obstante que simpatizo con él en parte: cuando dijo que La Tercera y El Mercurio mienten me pareció interesante. Pero si eso ocurre en materia deportiva como en otra, lo que me gusta es decirles eso a El Mercurio y a La Tercera.
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La televisión chilena, incluyendo el canal del Estado, mantiene fuera de sus pantallas decenas de largometrajes pertenecientes al cine nacional del exilio, que muestran las huellas dejadas por la dictadura en la historia y el pueblo del país.
Así lo informa el coordinador del Programa de Libertad de Expresión de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Felipe Portales. El autor menciona en su artículo 23 obras de prestigiados cineastas y documentalistas nacionales como Raúl Ruiz, Patricio Guzmán -“La batalla de Chile” y “El caso Pinochet”, entre ellas-, Miguel Littin, Helvio Soto, Sergio Castilla, Valeria Sarmiento, José Echeverría, Angelina Vásquez, Orlando Lubbert, Pedro Chaskel, Carmen Castillo, Ignacio Agüero, Gloria Camiruaga, Carmen Luz Parot y Marcela Said.
“Puede aceptarse la vuelta de los exiliados, pero sin que ellos puedan comunicarnos su vida, su sufrimiento y su obra”, se queja Portales, quien vincula el hecho no sólo con una autocensura generalizada en los canales y el “maquiavelismo” de los gobiernos de la Concertación, sino también con la indiferencia del televidente chileno hacia su propia historia reciente.
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El Colegio de Periodistas de Chile planteó la necesidad que la Constitución Política del Estado garantice explícitamente el derecho de la ciudadanía a ser adecuadamente informada no sólo con el criterio de los medios que entregan las noticias, “sino con aquel que respete la verdad, independientemente de los intereses empresariales, gubernamentales o municipales de los propietarios de ellos”.
Así lo declara su Tribunal de Etica y Disciplina metropolitano en uno de los acápites del extenso fallo acerca del caso “Montaje Video Rinconada de Maipú”, que sanciona a cinco miembros de la orden por la difusión, en 1975, de un presunto enfrentamiento entre terroristas y fuerzas de seguridad que resultó, en definitiva, un montaje informativo realizado por éstas para encubrir la tortura y asesinato de siete civiles. Fueron suspendidos por un año de colegiatura Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol, en tanto Roberto Araya Silva fue expulsado.
El tribunal gremial sostiene que no sólo los periodistas deben asumir su responsabilidad ética en una época tan cuestionada como la del régimen militar, sino también los medios de comunicación. “Nunca lo han hecho”, agrega.
Y propone:
Se hace necesario reiterar que así como la Constitución de Chile establece la libertad de informar, con lo que se garantiza a los medios un desempeño sin trabas de ninguna especie, las experiencias pasadas analizadas en estos sumarios ponen en evidencia la necesidad de que se establezca, también con rango constitucional, el derecho de la sociedad de estar adecuada, oportuna y verazmente informada, no sólo con el criterio del medio que entrega la noticia sino con aquel que respete la verdad, independientemente de los intereses empresariales, gubernamentales o municipales de los propietarios de ellos. Así como la Constitución defiende a los medios de comunicación, así también debe defender a la sociedad contra el manejo interesado y manipulador de la verdad que pueden hacer esos medios, un elemento esencial para la toma libre de decisiones de la colectividad.
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