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Pobre América morena

Permalink 07.05.19 @ 10:00:42. Archivado en 5. Política, Sociedad, 7. Venezuela

La mayoría de los líderes políticos de Sudamérica, conformada por los primeros responsables de conducir a sus respectivos pueblos hacia la paz y el bienestar, ha incorporado a su estrategia una inesperada e insólita alternativa para la resolución de conflictos, que calza no sólo con la penosa situación de transparencia que atraviesa el ejercicio del poder en sus naciones sino también con la dramática sentencia “peor el remedio que la enfermedad”.

En Perú, anfitrión de la unión de cancilleres llamada “Grupo de Lima”, se sobrelleva una pléyade de recientes ex Presidentes de la República en una condición legal que cualquier ciudadano teme: uno, fallecido trágicamente por suicidio antes de su detención; otro, obligado a renunciar y en arresto domiciliario; un tercero, prófugo en el extranjero y con solicitud de extradición y un cuarto, sometido a prisión durante nueve meses. Y a un ex Presidente y ex dictador, preso desde hace más de una década.

En Brasil, se mantiene a un ex Presidente encarcelado, otro fue detenido durante algunos días y carga nuevas denuncias, y una mujer Presidenta fue destituida, y se comparte territorio con grandes alimentadores internacionales también investigados.

En Argentina, se ve una ex Presidenta en prisión preventiva y defendiéndose en varias causas y en Ecuador -no miembro-, a un ex Presidente y al Presidente en ejercicio bajo sospecha de corrupción; este último poseedor, además, del récord de permitir el ingreso de policías extranjeros a una de sus embajadas para entregar a un periodista que se encontraba con asilo político.

Parecen evitar, hasta ahora, tanto descrédito presidencial Colombia, aunque no libre del flagelo, y Chile, cuya legislación ha permitido, con un par de excepciones, preservar incólume a su elite política.

Participa también Venezuela, pero representada por los detractores de un gobierno al que se considera dictatorial y corrupto y al que se intenta derribar por la fuerza.

Entrecruzados por acusaciones e investigaciones sobre delitos considerados como corrupción, esos países, mediante la palabra y la acción de sus autoridades elegidas y la amplia difusión en los medios informativos afines, soportan ahora la “novedad” que el golpe de estado ya no sería ilegítimo ni funesto sino un recurso necesario, ante determinados conflictos, para la recuperación de la democracia y el progreso (“restauración de la institucionalidad quebrantada” lo llamó Pinochet).

Golpe ¿pacífico?

Unidos y reunidos en el Grupo de Lima, y coincidentes en la necesidad de democratizar todo el continente -aunque con acuerdos contradictorios-, sus cancilleres se han sumado a una vía inexplicable, alarmante y violenta para la crisis en Venezuela: el derrocamiento de su gobierno. Esgrimiendo la identificación con los derechos y sufrimientos del pueblo venezolano, han dado “pleno respaldo” al caudillo de una insurrección popular incierta y legitiman, en la práctica, un eventual golpe de estado de parte de al menos una fracción de las fuerzas armadas locales, arriesgando a la población a una guerra civil, o, en su defecto, permiten la posibilidad de una invasión militar predispuesta por una megapotencia extranjera incontrarrestable, ávida y con larga y oscura experiencia en esta clase de intervenciones. Y si fuera poco, con democracias habitualmente respetadas del otro lado del Atlántico dando su particular apoyo.

¿No es todo eso promoción de la violencia de parte de quienes menos deberían hacerlo?

Un movimiento cupular e interamericano de veras revolucionario, en todo caso, si se considera que obedecería no tanto a desorientación respecto de los reales desafíos políticos y sociales como a una distorsión calculada y maquiavélica del concepto de democracia, llevada a la práctica bajo el liderazgo de los nuevos conductores de derecha y extrema derecha del subcontinente -elegidos por mayoría de votos- y destinada a satisfacer la voracidad de la apremiada globalización económica impuesta por las potencias mundiales antes que la defensa y el ejercicio ciudadanos que demanda el “menos malo” de los sistemas políticos.

Los derechos humanos concebidos en forma genuinamente universal, la autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional, la solución pacífica de las crisis, el diálogo y el entendimiento parecen rebajados drásticamente para dar paso, ante disputas autodeclaradas por conveniencia superiores e irreconciliables, como la señalada, a la vieja, eficaz e impune “ley del más fuerte”.

Si esa será la “democracia” preferida por los políticos del siglo XXI y sus pragmáticos votantes, no quedaría más remedio que, a ojos cerrados, contratar dicho “seguro” contra autoritarismos (de izquierda) enfermos de corrupción y terminar de hipotecar nuestro presente y futuro a los prestadores de ese servicio.

Los dictadores (de derecha), doquiera que se encontraren hoy, deben estar esbozando una sonrisa.

Julio Frank Salgado


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