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País pinochetizado (II)

Permalink 25.03.19 @ 10:00:27. Archivado en 5. Política, Sociedad, 6. Chile, Pinochet, Historia

El “profundo cambio de mentalidad” de los chilenos, dirigido hacia el esfuerzo individual como “única herramienta válida” de libertad
y progreso, fue la gran realización de su gobierno, dijo Pinochet. “Dedíquense a trabajar y no se metan en política”, en otras palabras. Cómo negarlo, si la lucha por la subsistencia diaria y la prosperidad personal ha relegado ideales e intentos colectivos, y dado a la democracia un fin utilitario, plutocrático y rutinario. Y ha conquistado, además, la admiración internacional.

¿Cuál fue la gran “realización” de la dictadura chilena, superior incluso a su visión económica e institucionalidad inexpugnable?

Hace 30 años, perdido el plebiscito y resignado a tener que irse del gobierno, Augusto Pinochet fue entrevistado por el periodista Luciano Vásquez, quien le incluyó, como hizo con otros líderes políticos de entonces, en su libro “Transición a la chilena” (1989). Tras enfatizar allí el dictador que sólo se había esfumado su posibilidad de regir por ocho años más y que su obra no había estado en juego, su evaluación general fue más allá de los resultados que eran evidentes para alcanzar una proyección cultural: se había logrado un “profundo cambio de mentalidad” en los chilenos, quienes tomaron conciencia, agregó, de que el trabajo y el esfuerzo individuales eran las “únicas herramientas válidas” para progresar “en libertad”.

Rodeado y dejándose influir por reconocidos expertos en el modelo económico neoliberal y el blindado sistema institucional neoconservador, en el área de su exclusivo dominio Pinochet impuso lo propio: liderazgo sin competencia y mando armado. Tenía, por lo tanto, algo elemental que exigir a todos: obediencia directa, primero, y acatamiento de su obra cuando ya no mandara.

Y esto, en definitiva, en mayor o menor grado, de buena o mala gana, es lo que se ha podido observar entre sus compatriotas desde que terminó de dictar.

Cambio de mentalidad política

Pinochet encargó el manejo del poder político y la responsabilidad sobre la estabilidad de lo obrado a una elite (“clase política”) cuyo ideario original se daba ya por obsoleto y estaba dispuesta a asumir las nuevas reglas con tareas que, por ello, implicaban más bien una administración. Debía, en el fondo, cogobernar con los nuevos “hombres fuertes” del sistema: antiguos capitalistas sumados a magnates recién enriquecidos, fortalecidos adicionalmente como conglomerados económicos nacionales y transnacionales (los “ricos”).

Ante las nuevas circunstancias, los partidos de la centroizquierda y la izquierda “renovada” chilenas, históricamente opositores a la dictadura, sorprendieron a los diseñadores del modelo y a la ciudadanía que votó por ellos demostrando que podían subsistir y aun prosperar partidariamente bajo una institucionalidad dudosa y hermética, antagónica con las ideas propias, contraria a la democracia participativa y heredada de un dictador derechista.

Rechazaron al creador, pero acataron lo creado.

Así, Aylwin (acérrimo opositor a Allende) reconoció que habría democracia sólo “en la medida de lo posible”; Frei Ruiz-Tagle (cuyo padre y ex Presidente fue muerto durante la dictadura, según la investigación judicial) continuó la privatización de recursos naturales iniciada por Pinochet; Lagos (ya famoso por su “dedo acusador” contra el dictador por televisión) declaró “democrática” la Constitución pinochetista reformada parcialmente y terminó su mandato aplaudido por el gran empresariado; Bachelet (cuyo padre murió luego de ser torturado y ella misma fue torturada) pareció atreverse con un proyecto de nueva Constitución, pero prefirió su carrera internacional a aventurarse con algo que podía hacer tambalear la obra dictatorial: una asamblea constituyente.

No hubo aprensiones, por lo tanto, en la concesión y entrega sistemática, total, exclusiva, preferente o mayoritaria del cobre, el mar territorial, el agua, la energía eléctrica, el empleo, la educación superior, la salud, la previsión, la prensa, la televisión y otros bienes nacionales y sectores de esa importancia y magnitud al imperio, laxamente reglamentado, e intereses específicos de los privados, particularmente los grandes consorcios multinacionales, depositarios del poder económico.

Dicho favoritismo no sólo se tradujo en una marcha preferentemente mercantil del país -no solamente de su economía-, sino también en una actitud clientelista para alimentarlo de parte de los propios encargados de establecer las nuevas normas. Las boletas “ideológicamente falsas” (por servicios no prestados) para el financiamiento de campañas electorales ha sido un recurso ilícito extendido en la política contingente, aunque admitido e investigado solamente durante los últimos años. El senador de la UDI Jaime Orpis, la punta del iceberg, fue desaforado y será enjuiciado por recibir dinero de empresas particularmente interesadas en la Ley de Pesca, que permite grandes concesiones marinas a un puñado de privilegiados solicitantes.

“Hay que ayudar a los ricos para que den más plata (dinero)”, sentenció el dictador en 1988. Y la “clase” política, amparada por la Constitución aludida, le acató transversalmente.

La política, el “arte” de conducir una nación, fue transformada en una función pragmática y un espectáculo farandulesco, y la elección de gobernantes, en un trámite rutinario y lo menos trascendente posible.

Cambio de mentalidad popular

La dictadura y sus ideólogos, sucesores y principales beneficiarios, en consecuencia, pudieron redirigir las aspiraciones y metas populares hacia lo personal, lo privado, de modo de obstruir y desincentivar el desarrollo de ideales colectivos y su promoción en la política y fuera de ella. Alejaron a la ciudadanía (el “pueblo”) de las utopías y proselitismo que habían sido erradicados para centrarla en su trabajo doméstico y el provecho propio, otorgando al consumo de carácter consumista un papel prioritario, seguido por la reducción de los derechos sociales a lo más cercano y directo, especialmente los afectos familiares, y por la manipulación de la delincuencia común, la sexualidad y la violencia intrafamiliar como herramienta de control.

Las masivas y periódicas protestas callejeras de la última década, que pusieron fin a un prolongado letargo político-social y parecieron atacar el sistema en algunos de sus pilares sacrosantos –especialmente la educación y la previsión privadas-, terminaron por afianzar involuntariamente lo que pretendían debilitar. Cientos de miles de personas marcharon con insistencia en 2011 exigiendo “educación pública gratuita y de calidad” -lográndolo sólo en forma parcial-, y otros tantos demandaron en 2016 “No más AFP (administradores privadas de los fondos previsionales)”, a las que acusaban de estafa. Sin embargo, otros cientos de miles y algo más, participando en la manifestación popular realmente vinculante, las elecciones, elevaron por segunda vez a la Presidencia a un empresario millonario, partidario de la educación privada y lucrativa, de más AFP y de la economía de mercado y transnacional como realidades inmutables (e incluso del derrocamiento de gobiernos socialistas en desgracia), aunque, en descargo de los perdedores y en favor del sistema, las alternativas concretas a él no eran diametralmente distintas.

Rechazan lo creado por el dictador, pero acatan a los políticos administradores.

Siguen intocables para los dirigentes sociales de mayor convocatoria, para sus bases, naturalmente, y para muchas de las ardientes, pero inorgánicas redes sociales virtuales, flagelos como el incontrarrestable influjo de las ambiciones transnacionales en la vida de los habitantes de este territorio, cada vez más sobreendeudados y aculturados por grupos económicos que lavan su imagen con espectáculos masivos a cambio de beneficios estatales, y permanentemente bajo la amenaza que un avance social aumentaría el desempleo y disminuiría la inversión privada; como la distorsión informativa mediática, que asemeja y confunde el periodismo con la publicidad, bajo la presión de los mismos consorcios cuyos dominantes medios de comunicación deciden diariamente qué ha de saber y cómo debe actuar la audiencia; como el temor de los conductores del país a encarar y debatir públicamente sobre los problemas más agudos de la sociedad chilena y tratar de resolverlos mediante un proceso político, popular, institucional, participativo y genuinamente democrático.

“Dedíquense a trabajar y no se metan en política” fue el radio de acción demarcado por Pinochet a sus connacionales. Y, en los hechos definitorios, éstos también le han obedecido. En su lucha por la subsistencia cotidiana y la prosperidad personal se impone una falsa noción de democracia, utilitaria, plutocrática y rutinaria, sin oportunidades para aspiraciones e ideales colectivos, lo que ha conquistado… la admiración internacional.

Continúa…

Julio Frank Salgado

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