Conflictos de intereses presidenciales y periodísticos

28.11.16 @ 10:00:24. Archivado en 1. Periodismo, 5. Política, Publicidad, 2. Medios, 3. Chile

¿Es lícito que un Presidente-empresario compre para sí una firma pesquera de un país con que mantiene un diferendo limítrofe marítimo e interesada potencialmente en la zona en litigio? Y a los encargados de perseguirlo informativamente, ¿es permisible hacer de voceros de quienes auspician sus programas periodísticos? La respuesta de los involucrados (y de sus adherentes y auditores) parece ser: Sí, se puede.

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente del Ministerio Público se hizo cargo de una querella sobre negociación incompatible y uso de información privilegiada en contra del ex Presidente y millonario empresario Sebastián Piñera. El libelo fue presentado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez luego que investigaciones periodísticas revelaran que durante la pasada administración de Piñera (2010-2014), y en plena tramitación de un litigio sobre límites marítimos con Perú en la Corte Internacional de La Haya, la empresa matriz de éste adquiriera acciones de una firma pesquera peruana con potenciales, pero directos intereses en la zona en conflicto. La ley sobre fideicomiso ciego a la que el mandatario se sometió previamente no incluía sus inversiones en el extranjero.

El proceso jurídico significó finalmente una pérdida de territorio marítimo para Chile.

Invoca el querellante los artículos 240 del Código Penal, que sanciona al empleado público que se involucrare en operaciones personales relacionadas con el desempeño de su cargo, así como el artículo 247 bis de dicha norma y la Ley de Mercado de Valores, que castigan el uso de información secreta y privilegiada, respectivamente, en beneficio propio o de un tercero. Aunque el ex gobernante y posible postulante a un segundo período aseguró que desconocía dicho negocio, se quejó de “campaña sucia” y actitudes “miserables”, y reafirmó su dedicación y compromiso en defensa de “los superiores intereses de Chile y los chilenos”, lo concreto es que la compra y la oportunidad de la misma fueron confirmadas por diversas fuentes, los administradores del adquirente son su propia familia y una reciente encuesta señaló que el 59 por ciento de los consultados no le creía que desconociera el asunto y sólo el 48 por ciento coincidió con él en cuanto a la calidad de su defensa.

Si un Presidente está plenamente imbuido de las responsabilidades de su alto cargo y defiende cabalmente los intereses de su patria, como ha reiterado, y que, paralelamente, es ya multimillonario, ¿qué necesidad tenía de obtener acciones de una empresa peruana en medio de una controversia limítrofe con un país con el que, además, existe una rivalidad histórica y una guerra en el siglo XIX?

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Ciudadanía a la deriva

02.11.16 @ 10:00:03. Archivado en 5. Política, Sociedad, 3. Chile

La sociedad chilena, particularmente individualista, exclusiva y farandulizada, está alcanzando un nuevo liderazgo: el de la depresión, advierten expertos. Sus constructores, políticos que hacen carrera con una institucionalidad todavía autoritaria pese a carecer de grandes crisis, se limitan a responder: “Voten nulo”.

El domingo 23 de octubre, sólo uno de cada tres chilenos acudió a las urnas y decidió que la oposición de derecha triunfara en los comicios de alcaldes, los de mayor proyección para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017. La oficialista “Nueva Mayoría”, alarmada, no sólo reconoció su derrota y la alta abstención electoral, sino que exigió al gobierno una definición clara sobre el itinerario de la Presidenta para el último tramo de su mandato. Es más, su socio “díscolo”, la Democracia Cristiana, condicionó a esto último su participación en el comité político gubernamental.

Por enésima vez, además, se volvió a escuchar pontificales voces llamando a un cambio de ministros, a una priorización legislativa, a acuerdos “nacionales” (cupulares); nada que significara asomarse siquiera un poco más allá del círculo limítrofe de la llamada “clase” política, para acceder a los reclamos manifestados por diversos sectores ciudadanos a través de marchas y protestas callejeras y, ahora, con la negación masiva de su voto.

Las reformas propuestas por Bachelet son una gran muestra. Los proyectos presentados, especialmente el tributario, el educacional y el laboral, contenían algunos preceptos que parecían apuntar a verdaderas “reformas”, pero el trámite legislativo en el Congreso binominal terminó por desnudarlos. Los propios parlamentarios oficialistas se dividieron, mientras la oposición derechista se desligaba de responsabilidad al calificarlos simplemente como malos “técnicamente”.

Si bien la reforma tributaria aprobada no ha sido suficiente, la gratuidad en la educación superior enfrenta muchos tropiezos y la laboral sucumbió en su esencia, el fondo es que la derecha no está dispuesta a un aumento de impuestos a las empresas hasta el nivel de los países desarrollados o en desarrollo; a que ningún alumno universitario tenga el compromiso de pagar sus estudios y a que la sindicalización sea obligatoria y los trabajadores puedan negociar por rama productiva. Y la centroizquierda, en el gobierno, tampoco está convencida de todo eso.

Ante tal cerrazón, las posibilidades de una nueva Constitución son mínimas: mientras proyectos sobre asamblea constituyente y plebiscito nacional duermen en el Parlamento, Bachelet tercia con su proceso de consulta popular no vinculante.

El gran “secreto”

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