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Senador chileno preso por imputación de cohecho

Permalink 20.06.16 @ 10:00:32. Archivado en NOTICIAS, 6. Chile, Política

En prisión preventiva, por constituir “un peligro para la seguridad de la sociedad”, se encuentra el senador de la República Jaime Orpis, imputado de cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios reiterados en el caso conocido como Corpesca, que implica a la empresa del mismo nombre y perteneciente al grupo Angelini, uno de los mayores conglomerados económicos del país.

Según las imputaciones, reafirmadas por la Corte de Apelaciones de Santiago al acceder ante la petición de la Fiscalía, el parlamentario habría recibido dinero periódicamente de la empresa indicada con el fin de favorecer los intereses de ésta en la tramitación de la actual Ley de Pesca, aprobada en 2012 y conocida como “Ley Longueira”, por el entonces ministro de Economía de Sebastián Piñera, Pablo Longueira. Dicha norma consolida de manera indefinida las grandes concesiones marinas asignadas a un puñado de empresarios privados en desmedro del patrimonio público.

Orpis militaba en la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta enero pasado y renunció luego que fuera desaforado por los tribunales. Otros prominentes militantes de esa colectividad son investigados por delitos tributarios en el caso Penta y el ex senador y ex presidente del partido, Jovino Novoa, fue condenado a una pena menor luego de acogerse al procedimiento abreviado.

Y Pablo Longueira -quien renunció como senador en 2011 para ser ministro de Piñera- es también querellado por presunto cohecho y será formalizado en el caso SQM en relación con el trámite de otra ley determinante para el patrimonio económico chileno: la del royalty minero.

En la otra vereda, algunos políticos del oficialismo están igualmente bajo sospecha por presunto financiamiento ilícito, aunque los organismos estatales querellantes, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado, no han apuntado a ellos hasta el momento. Se objeta particularmente la pasada campaña electoral de la Presidenta Bachelet y la participación en ella de su posterior ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

La política chilena sufre una crisis de ética y credibilidad reconocida verbalmente por sus propios cultores, los que, mayoritariamente, sin embargo, aferrándose al sistema representativo que los convierte en una elite gobernante, sólo han atinado a insistir en la necesidad de un nuevo “acuerdo nacional” –entre cúpulas partidistas-, en la aprobación de más leyes –de cuestionada transparencia- para tratar de remendar lo que debieron haber previsto oportunamente, y en promover la “participación ciudadana” a través de más elecciones. Este domingo 19 se desarrollaron primarias de alcaldes, con un escaso interés esperado entre los votantes y una carga financiera adicional para el Estado.

Y el “proceso constituyente” de Bachelet ya da lástima. En la primera etapa participó un número no precisado de personas para dar simplemente su opinión sobre temas generales y, para colmo, por problemas informáticos sólo se pudo registrar un diez por ciento de los cabildos realizados. La oposición, por su parte, anunció una consulta propia sobre propuestas definidas en forma previa por sus partidos.

Con razón la historia tiene que cargarla una eficiente e iluminada selección de fútbol…

J.F.S.

Saludo presidencial a la ética periodística

Permalink 03.06.16 @ 10:00:30. Archivado en 1. Periodismo, 5. Política, 2. Medios, 6. Chile

No fue la expulsión del propietario del principal diario nacional por parte del Colegio de Periodistas; tampoco la proliferación de periodistas que, paralelamente, informan y actúan como voceros comerciales; y menos, el permanente desfile de desconocidos en los noticiarios de televisión por el solo hecho de ser detenidos por la policía. Lo que ha reflotado el tema de la ética periodística en este personalista y metalizado país son las quejas de políticos por la divulgación de imputaciones contra ellos en investigaciones judiciales. Ahora, la Presidenta de la República se ha querellado contra un medio difusor y no contra los autores de lo difundido.

La revista Qué Pasa publicó en su sitio web una transcripción de escuchas telefónicas grabadas por la policía al operador político del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Díaz, investigado por presunto soborno en el escandaloso caso financiero-inmobiliario de la empresa Caval. Según ese material, Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta de la República, habría dicho que al menos 1.000 millones de pesos (1,4 millón de dólares, 1,2 millón de euros) deberían ser destinados a esta última.

Los editores eliminaron el fragmento cuestionado –al igual que el diario La Tercera online, perteneciente también al consorcio periodístico Copesa-, explicando que lo sucedido no se ajustaba a sus estándares periodísticos y pidieron disculpas a sus lectores.

La Presidenta habló de “infamia”, “canallada” y “montaje”. Horas después, la oficialista “Nueva Mayoría” (ex Concertación más el Partido Comunista) le declaraba su respaldo corporativo, mientras la oposición se mantenía cautelosa y diversos entrevistados recordaban en los medios de comunicación la dignidad de las personas, la presunción de inocencia y la ética periodística.

El martes 31 de mayo, la Presidenta se querelló contra la revista, pero con un “detalle”, según explicó su abogado: el libelo era contra la edición impresa, no la digital, por haber suprimido las alusiones a otras personas (de la oposición) y haber dejado solamente la de Bachelet.

El Colegio de Periodistas, presidido por Javiera Olivares (PC), optó por recordar la regla profesional de verificación de las informaciones, pero un académico y comentarista político, Carlos Peña, apuntó a que los medios no están obligados a comprobar la veracidad de las declaraciones que publican.

La interrogante de fondo sería: ¿Está o no obligado el periodista a retener siempre una información que desea publicar mientras no compruebe personalmente su veracidad?

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