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La Presidenta debió haber llorado

Permalink 02.02.16 @ 10:00:06. Archivado en 5. Política, Sociedad, 3. Chile

Michelle Bachelet se lamentó ante el país por el escándalo judicial que afecta a su familia. Tendría que haberse quejado también de la actual proliferación de denuncias sobre delitos económicos en la política, el Parlamento, en grandes consorcios que rigen la economía nacional, las Fuerzas Armadas, el fútbol campeón de América y hasta en la recolección de basura, mientras su gremio obstruye sus reformas y prepara las próximas elecciones como si nada trascendente ocurriera.

La Presidenta Michelle Bachelet se presentó el viernes 29 ante las cámaras de televisión para manifestar su “dolor” por los hechos judiciales que involucran a miembros muy cercanos de su familia, cuyos efectos, además, le alcanzan políticamente. Su nuera soporta acusaciones de presuntos delitos tributarios y su hijo mayor, esposo de ésta, es incluso ridiculizado por un supuesto tráfico de influencias en el caso.

Pareció cerca de llorar, pero ese eventual llanto hubiera sido menos creíble aún. Su trayectoria política, especialmente la más reciente, está dotada también de dobles estándares que han confundido hasta a sus propios partidarios.

Bachelet, sorprendiendo a la oposición pinochetista, anunció hace dos años que su segundo gobierno sería de reformas profundas al sistema político imperante en el país durante la transición post Pinochet. Una nueva Constitución, elaborada democráticamente, así como reformas a la tributación, la educación y el trabajo para hacerlos más justos fueron la base de su plataforma de campaña y arrasó en las tres elecciones en que compitió en 2013. No precisó entonces cómo impulsaría sus propuestas progresistas, dado que la institucionalidad vigente, heredada de la dictadura, no favorece precisamente las embestidas contra su hermética estructura e ideología.

El curso seguido por los tres cambios puntuales mencionados ha sido, sin embargo, un anticipo: el texto original de la reforma tributaria fue modificado sustancialmente en el Parlamento y sometido aun a otro cambio (“la reforma de la reforma”); la gratuidad universitaria para los sectores de menores ingresos salió a la luz de manera precaria y no sin antes ser alterada por un cuarto poder, el Tribunal Constitucional –designado paritariamente-; y la laboral, una vez más, no ha podido avanzar, en esta ocasión porque ni siquiera logró acuerdo dentro del oficialismo.

“Proceso constituyente”

El mayor legado que espera dejar Bachelet de su segunda administración, el llamado “proceso constituyente” para una nueva Constitución, podría haber sido el remanso entre tanta traba, descrédito, rechazo y sinsabores políticos y familiares. Pero aquí tampoco asoman buenos augurios. Ahora se sabe que, si todo resultara como ha anunciado, no habrá algo más que consultas vecinales no vinculantes y un proyecto de ley redactado por constitucionalistas designados por ella, proyecto que, como cualquier otro, deberá chocar contra un Parlamento todavía binominal, en el que la oposición de derecha posee una representación por sobre los votos conseguidos en las elecciones y que dispone, además, de altos quórum en su favor. Añadido eso a las divergencias internas en la coalición gobernante, la “nueva Constitución” bacheletista podría terminar rápidamente en los mullidos archivos del Congreso Nacional.

Si la Presidenta de Chile no halla espacios halagüeños o esperanzadores incluso mirando a futuro es porque ella ha asumido, como su generación política, que se encuentra atada de manos. Desde el comienzo de su carrera ha acatado estrictamente lo que en apariencia desea cambiar: la institucionalidad heredada de la dictadura. De ahí que no sólo su reacción ante el libertinaje público haya sido pobre, sino también su propuesta hacia una nueva Carta Magna.

Al riesgo de un liderazgo político, ha preferido el resguardo de un ejercicio burocrático.

Algunos motivos para “quebrarse”

Su nuera, Natalia Compagnon, fue formalizada por presuntos delitos tributarios, caso descubierto y complicado a partir del multimillonario préstamo que el Banco de Chile, propiedad de uno de los grupos económicos más grandes e influyentes del país, le concediera para un no menos inusual negocio inmobiliario.

Su segunda campaña electoral, iniciada por sus partidarios cuando todavía era directora de la ONU Mujer, en 2012, así como la de algunos connotados políticos y parlamentarios de la ex Concertación –actual “Nueva Mayoría”- habrían recibido aportes ilegales de la empresa Soquimich, antigua firma del Estado comprada de ocasión por el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, durante la dictadura.

En la otra vereda, políticos y parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido heredero y defensor del legado pinochetista, habrían recibido similares fondos de parte del consorcio Penta. Uno de ellos, su líder Jovino Novoa, ya fue condenado… aunque podrá continuar su carrera política, pues su proceder sólo merece “reproches”, según sus correligionarios.

En el Parlamento mismo, el senador Jaime Orpis, también de la UDI, fue desaforado por la Corte de Apelaciones, inculpado, entre otros delitos, de cohecho por la recepción de dineros del corsorcio Corpesca, del grupo Angelini, respecto de la tramitación de la nueva Ley de Pesca.

La empresa CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), propiedad de otro de los conglomerados económicos dominantes, el grupo Matte, es investigada por presunta colusión en el precio de un producto doméstico insustituible: el papel higiénico. Casos similares involucraron a las principales cadenas de farmacias y a los grandes productores de pollo, y recientemente a una cadena de supermercados.

Los principales ejecutivos de la multitienda La Polar, a su vez, fueron encarcelados y condenados en primera instancia por la defraudación a más de un millón de clientes en una repactación unilateral de deudas comerciales.

En las Fuerzas Armadas, una investigación judicial espera aclarar un gigantesco desfalco de recursos públicos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, que otorga a aquéllas el 10 por ciento de las ventas de la mayor materia prima del país.

Si fuera poco, el presidente de los flamantes Campeones de América, Sergio Jadue, se encuentra en Estados Unidos a disposición del FBI por el escándalo financiero que avergüenza al fútbol rentado mundial, mientras el entrenador-estrella, Jorge Sampaoli, se marchó abucheado luego de rechazar el contrato que había firmado con la administración cuestionada.

Y si de basura –política, económica, ética- se trata, algunos alcaldes y concejales metropolitanos están siendo investigados por presunto cohecho y fraude al Fisco en el negocio de la recolección de residuos domiciliarios…

En otro plano, la previsión privada, que, por disposición dictatorial, maneja la casi totalidad de los fondos de pensiones de los chilenos de acuerdo con los vaivenes bursátiles, una administradora (AFP) realizó una polémica fusión con una similar -gestión favorecida con rebaja de impuestos-, pero inexistente en el momento de la operación.

En todo esto, la voz de alarma ha nacido de fiscalizadores judiciales, administrativos o periodísticos y sus testigos, no precisamente de políticos, la mayoría de los cuales se ha enfrascado ya en negociaciones electorales, bajo el permanente autoconvencimiento que son únicamente sus leyes las que resuelven el destino del país.

¿Y la ciudadanía?

Después de casi dos años de un gobierno que pretendía aplicar limpieza y mejoras sustanciales, los resabios autoritarios, las arbitrariedades impunes y las ambiciones desmedidas se niegan a amainar, aunque al menos han explotado y resulta imposible ignorarlas.

Ante esto, la ciudadanía observa, más atónita que indiferente, cómo sus conductores se enredan con la ética y la justicia. Pero no tiene muchas alternativas. Lo conveniente pareciera seguir impermeable, acatando las directrices individualistas que le han relegado a sus asuntos particulares durante 25 años y revalidarlo indefinidamente, por acción u omisión, en las urnas. Otra cosa sería reaccionar con cierta claridad y decisión; en los próximos cabildos vecinales tiene una oportunidad de demandar verdaderos cambios, exigiendo, para empezar, que el proceso constituyente sea auténticamente democrático y la opinión ciudadana, representada y tenida en cuenta a través de una Asamblea Constituyente.

Sería, al menos, una advertencia popular sobre el riesgo que el (mal) ejemplo de su “clase” política adquiera el grado de epidemia y la reprochable, aunque lucrativa, categoría de país corrupto quede al alcance de la mano.


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