“La inmensa mayoría ciudadana no tiene la más mínima idea de lo que representa la Carta Política, ni los derechos fundamentales, ni la estructura de los poderes del Estado”, concluyen autores de la encuesta anual de opinión pública de la Universidad del Desarrollo (UDD), que reveló que el 65 por ciento de los chilenos no sabe qué es una ley y el 73 por ciento, de qué trata una Constitución.
“En esta encuesta queda de manifiesto que el ‘Estado de Derecho’, en una sociedad con tal grado de ignorancia cívica, no pasa de ser un slogan o fetiche”, advierten los analistas. Y envían un mensaje a los políticos: “La conducción ciudadana se practica ‘a ciegas’”.
El 60 por ciento de los chilenos estima indispensable una reforma constitucional (integral) y el 88 por ciento sabe que la función de una Asamblea Constituyente es, precisamente, cambiar la Constitución.
Lo “sorprendente” es que, paralelamente, el 65 por ciento de los encuestados admitió que no sabe qué es una ley; el 73 por ciento, de qué trata una Constitución, y el 82 por ciento, qué es una Asamblea Constituyente.
Esos fueron parte de los resultados de la última encuesta anual de opinión pública realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD) en agosto pasado y publicada en septiembre, que midió el conocimiento de las normas e instituciones fundamentales del país y los principales valores ciudadanos, es decir, la cultura cívica de los chilenos.
Además, entre el 35 por ciento que afirma saber qué es una ley, el 66 por ciento mencionó como su principal característica el acatamiento de la misma y el 13 por ciento nada aportó al respecto.
Entre el 25 por ciento que dijo conocer el contenido de una Constitución, sólo el 11 por ciento mencionó materias concretas, como “derecho a la vida”, “igualdad ante la ley” y “transitar en libertad”.
Se consultó también, entre otros temas, sobre la separación de los poderes del Estado, el trámite de una ley e instituciones como el Tribunal Constitucional y la Contraloría, con no mejores consecuencias.
Por contraste, en materias próximas, como las domésticas y valóricas, hubo mucho menos contradicciones. Al preguntarse, por ejemplo, cuál era la institución con mayor confiabilidad, el 40 por ciento respondió que Carabineros (policía uniformada); el 24 por ciento, las Fuerzas Armadas, y el 18 por ciento, la Policía de Investigaciones (PDI). Esto es… las de seguridad pública.
El 91 por ciento, asimismo, respondió que la propiedad privada es un derecho fundamental que debe ser protegido; el 60 por ciento, que el país ha progresado en los últimos 30 años; el 60 por ciento se declaró partidario de permitir el aborto ante un caso de violación; el 55 por ciento, de restablecer la pena de muerte; y el 54 por ciento aprobó el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.
Conclusiones
No sólo de cifras se nutre el trabajo; también de conclusiones y opiniones lapidarias, tanto más considerando de donde vienen: de una de las universidades líderes del sistema político neoliberal aplicado en Chile desde la dictadura.
“La encuesta proyecta una pobreza abismante del patrimonio cívico cultural de la ciudadanía”, afirman los autores. “Se trata de cuestiones elementales, sin cuyo entendimiento es casi ridículo demandar un comportamiento ajustado a la legalidad vigente”.
Mencionan la eliminación -hace casi 20 años- del ramo de Educación Cívica de la enseñanza media como uno de los factores más perjudiciales, que ha causado que los alumnos que se incorporan a la enseñanza superior o al trabajo ignoren la organización jurídica en la que participan. De ahí, sostienen, la apatía con que ellos y la población en general enfrentan los procesos electorales o las reformas legislativas fundamentales para el desarrollo nacional.
Debido a eso, prosiguen, la contienda política se empobreció, desmejorando la calidad de los representantes de la ciudadanía, los políticos. “Dicho de manera más simple –precisan-, la conducción ciudadana se practica ‘a ciegas’, sólo impulsada por mecanismos publicitarios que exaltan la demagogia y los revanchismos, especialmente en materia económica y social”.
Constitución y Estado de Derecho
“La inmensa mayoría ciudadana no tiene la más mínima idea de lo que representa la Carta Política, ni los derechos fundamentales, ni la estructura de los poderes del Estado”, sentencian los investigadores de la UDD. “Para cualquier gobernante este antecedente debería llamar a intensa reflexión, porque un pueblo ignorante de sus instituciones fundamentales está expuesto a toda suerte de tropelías y quebrantos”.
El trabajo deja manifiesto, advierten, que, ante tal grado de ignorancia cívica, el supuesto Estado de Derecho “no pasa de ser un slogan o fetiche, cuyo raquitismo deja expuesto al país a las más descabelladas aventuras”.
J.F.S.
