Un libro de formación ciudadana infantil pretendió llegar a las bibliotecas escolares con un mensaje que el poder dirigente de hoy no quiere aceptar: toda dictadura es enteramente ilegítima, los políticos y juristas no deben ser los únicos redactores de una Constitución democrática y la Asamblea Constituyente es el mecanismo idóneo.
“La ciudadanía también es mía” es un texto de educación cívica para alumnos desde Cuarto Año Básico, que fue postulado al pasado programa de compras para bibliotecas escolares del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) del Ministerio de Educación, un servicio de apoyo a docentes y comunidades educativas destinado a mejorar la calidad de la enseñanza primaria.
Para aspirar a ser seleccionado, adquirido y poder llegar así a estudiantes de distintos lugares del país, el postulante debe cumplir determinados criterios explicitados por el CRA, tales como contener un lenguaje cercano a los usos y costumbres nacionales, información adecuada al nivel del lector y organizada con esquemas, tablas e índices que faciliten su comprensión; una relación clara e inequívoca entre texto e imagen, adecuado diseño y estética en la presentación y encuadernación, y durabilidad física del material, entre otros parámetros.
También debe estimular el aprendizaje activo, la búsqueda de información y aplicación de conocimientos, la habilidad lectora y capacidad de análisis, así como destacar por su estilo de narración, contenido y/o actividades propuestas, además del valor del respeto por la diversidad cultural y social en cuanto a género, nivel socioeconómico, origen étnico y pertenencia a culturas originarias u otras subculturas locales.
La obra postulada explica en qué consiste la vida en comunidad, qué son democracia y participación social, y cuáles son los principales derechos ciudadanos. Se presenta con la sencillez, amenidad y colorido de muchas publicaciones de su tipo y detrás de ella están una abogada constitucionalista de la Universidad Diego Portales y especialista en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante (Paloma Valenzuela); una diseñadora gráfica argentina, especializada en ilustraciones infantiles y profesora de la Universidad de Buenos Aires (Ana Sanfelippo), y una editorial orientada a la literatura infantil y juvenil, el patrimonio cultural y los pueblos originarios (Pehuén).
Lleva, además, el patrocinio de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu), destinada a promover el trabajo de la ONU para la niñez y la juventud, y la recomienda el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, Osvaldo Torres: “Este texto es indispensable como forma didáctica de introducir a los niños y niñas en un ámbito abandonado por décadas en la educación chilena: la formación cívica”.
Plan gubernamental
Otro punto favorable era el ánimo gubernamental de restituir el ramo de Educación Cívica, eliminado del currículum escolar en 1998, lo que fue ratificado por la Presidenta Michelle Bachelet al afirmar, en abril pasado, que “todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica”.
Su ministro de Educación –ahora en la Secretaría General de la Presidencia-, Nicolás Eyzaguirre, acotó entonces que “para la Presidenta y para nosotros es de gran importancia reponer la centralidad de la educación cívica, para que tomemos conciencia de la democracia que tenemos, de cómo tenemos que fortalecerla, de cómo tenemos que respetarnos los unos con los otros”.
Dictadura, Constitución y Asamblea Constituyente
El libro fue preseleccionado, pero llegó sólo hasta allí, informaron sus decepcionados editores.
Revisándolo en búsqueda de algún criterio faltante o ajeno a los exigidos, llaman la atención dos secciones. La primera se titula “Cuando se destruye la democracia” y define la dictadura señalando que “un pequeño grupo de personas se adueña del poder usando la fuerza de las armas” y que aquéllas “no tienen permiso para hacerlo, ya que no han sido elegidos por la mayoría”.
Agrega que los críticos y opositores a tal régimen “son castigados de maneras brutales: expulsados del país, torturados, asesinados o desaparecidos” y que “nuestro país sufrió una dictadura militar que duró 17 años”, la que fue “muy violenta y causó un gran dolor a muchas personas de nuestro país”.
La parte final, “Poder Constituyente”, considera que éste es el más importante de los cuatro que conforma con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ya que es el encargado de elaborar la Constitución Política del Estado, calificada aquí como la “ley de leyes”, la “columna vertebral” y la “brújula” del país.
Explica que esta “ley de leyes” contiene los principios que la comunidad se entrega a sí misma y, por lo tanto, “su creación no corresponde ni a los diputados ni senadores, ni a los jueces, ni al Presidente de la República, sino a todas las personas que la componen”. Y sentencia:
La forma de lograr que sea la misma comunidad la que redacte su Constitución es mediante una Asamblea Constituyente, que es un grupo de personas que representan a los distintos sectores de la comunidad y que son elegidos especialmente para ese objetivo.
Un gran dibujo con niños reunidos y sosteniendo carteles en favor de una Asamblea Constituyente copa la última página.
Política
Eso, al menos en este caso, no verán ni leerán nuestros escolares, salvo aquellos cuyos padres desembolsen el precio correspondiente para sugerirles, probablemente sin la perseverancia necesaria, que aprendan qué es democracia.
¿Será así la educación cívica que impartirá el gobierno?
Referencias elementales como las citadas suelen generar ácidas, evasivas o artificiosas reacciones en muchos políticos dirigentes chilenos, quienes, pese al cuarto de siglo transcurrido, siguen tratando con indulgencia e incluso reconocimiento la pasada dictadura de Pinochet, poniéndola, en los hechos, muy por encima de la demanda ciudadana por una democracia auténtica y su precepto fundacional: la soberanía popular.
La educación cívica debería comenzar por ellos.
Julio Frank Salgado
