 Irrupción y ocupación del Congreso Nacional, en Santiago, por un grupo de dirigentes sociales exigiendo auténtica democracia, 20 de octubre de 2011 (imagen del calendario 2012 distribuido por “Democracia para Chile”).
Fuente: Democracia para Chile
|
 “Nuestro principal problema no es de recursos, es de democracia”, afirmó la líder estudiantil durante el cambio de directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Dijo que “el movimiento debe significar un cambio en la vida de nuestro pueblo”, que el desafío es hacer avanzar al país hacia una sociedad más justa e igualitaria, y que el cómo lograrlo debe ser una de las mayores tareas pendientes.
“Subvertir la correlación de fuerzas al interior de esta espuria institucionalidad burguesa debe constituirse en uno de los pasos fundamentales de este movimiento”, explicó. “Hay que desplazar a los sectores que hoy toman decisiones por nosotros y no nos permiten participar directamente en la construcción de nuestro propio futuro”.
“La gente sale con alegría a las calles a decir con fuerza: ¡Basta de desigualdad y de lucrar con nuestros derechos fundamentales! (...) Debemos trasladar la mayoría de las calles al interior del Parlamento y el aparato del Estado”.
La dirigenta estudiantil Camila Vallejo pronunció un elocuente discurso político-ideológico durante la ceremonia de cambio de directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), realizada el lunes 19 en la Facultad de Medicina de ese plantel con la presencia del rector, Víctor Pérez.
Militante de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) y ahora vicepresidenta de la FECH, Vallejo agradeció el apoyo a su reciente gestión como presidenta, reiteró sus principios doctrinarios y delineó lo que, a su juicio, debieran ser las próximas tareas del movimiento estudiantil.
Sendas encuestas mediáticas, tanto en Chile como en el Reino Unido, le eligieron como la Personaje del Año superando, entre otros candidatos, al Presidente chileno y el inspirador de la llamada “Primavera árabe”.
“Hoy tenemos la más profunda convicción de que la fuerza erigida a partir del movimiento debe constituirse como una verdadera posibilidad de transformación social en Chile y debe significar un cambio en la vida de nuestro pueblo”, aseveró. “Sin duda, este movimiento ha logrado evidenciar con mayor fuerza las falencias del sistema, lo cual ha significado un cambio cultural en nuestro país, y aunque embrionario aún, nos permite abrirnos a la posibilidad de avanzar hacia un estado de mayor concientización y de lucha social”.
>> Sigue...
|
Con una pareja de conductores vestidos con uniforme estudiantil, un espectáculo artístico que incluyó humorismo, reproducción de videos y los semblantes de Allende, Recabarren, Enríquez y el Che Guevara como telón de fondo, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) dio a conocer, el pasado lunes 12, su propuesta sobre la educación chilena.
El objetivo no sólo fue anunciar un planteamiento teórico –cuidadosamente presentado en un cuadernillo impreso- sino también un movimiento social articulado a partir del alumnado de los principales establecimientos secundarios públicos de la capital, los que llevaron una de las cargas más pesadas de la mayor movilización ciudadana realizada en Chile desde el retorno al régimen civil (1990).
Junto a los tres ejes centrales de esta “Propuesta para la Educación que queremos”, en los que destaca un sistema nacional de educación estatal gratuita, la organización estudiantil se adentra en problemas puntuales, demandando, por ejemplo, la eliminación de la actual Prueba de Selección Universitaria (PSU) y la creación de un sistema diferente, así como “frenar la alta medicación con Ritalín (metilfenidato) y el sobrediagnóstico que indicaría abundancia del Síndrome de Déficit Atencional”.
Pese al contenido del discurso y la organización mostrada, la jornada no mereció la atención de los medios informativos tradicionales, controlados por sectores de otro signo. Lo contrario ocurrió con la reciente elección en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), cuyo presidente, Gabriel Boric, fue recibido con no pocas pullas en el escenario de la ACES.
|
Tres altos ex ejecutivos de la multienda La Polar quedaron en prisión preventiva en el caso de un gigantesco fraude por repactaciones unilaterales de deudas a un millón de clientes.
El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra el holding Cencosud por presunto contrabando y fraude aduanero.
Oficinas de cuatro grandes cadenas de supermercados fueron allanadas en la investigación por presunta colusión de precios de alimentos.
Fiscal especial investigará la presunta colusión de tres grandes empresas avícolas en los precios de los pollos.
Empresa pagó millonaria multa en el caso por colusión en precios de medicamentos que involucró a tres cadenas de farmacias.
Y hay más sectores pesquisados.
|
Gabriel Salazar aboga por una real participación ciudadana a través de asambleas populares, la reindustrialización del país, un nuevo Código del Trabajo y educación pública gratuita.
El Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar, propuso las denominadas “Bases fundamentales para una nueva Constitución Política en Chile (Siglo XXI)”, que incluyen la conformación de distintas asambleas populares de gobierno local, nacionalización de recursos naturales, regionalización de inversiones públicas y privadas, estatización de algunos servicios públicos, elaboración de un nuevo Código del Trabajo y creación de un sistema educacional público gratuito.
El planteamiento, de 18 puntos, aparece en el documento “La vía popular y de los pueblos a la Constituyente”, difundido por el movimiento ciudadano “Democracia para Chile” y convocante al congreso preparatorio de la llamada Primera Constituyente Social, del 19 y 20 de noviembre en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso (en toma).
Precisando que se trata de “notas para la deliberación, para empezar a pensar el nuevo Chile”, dicha convocatoria hace un diagnóstico de la actual situación política y social del país, y entre sus propuestas incluye la del historiador social:
“Bases fundamentales para una nueva Constitución Política en Chile (Siglo XXI)
Documento propuesto por Gabriel Salazar, historiador.
1. La nueva Constitución deberá garantizar, en lo esencial, mecanismos efectivos de participación ciudadana, y autonomía relativa a las regiones del país en lo tocante a la administración de los recursos que generan.
>> Sigue...
|
Diez parlamentarios de oposición pidieron formalmente al gobierno de Sebastián Piñera que expropie y renacionalice los yacimientos de cobre a cargo de la empresa transnacional Anglo American.
Encabezados por el diputado democratacristiano Roberto León, el grupo sostiene que la firma extranjera ha transgredido la legislación minera vigente al no cumplir un contrato que permite a la estatal Codelco adquirir hasta el 49 por ciento de esa propiedad.
El diputado independiente Sergio Aguiló dijo que la propuesta se basa en el artículo 19 número 24 de la actual Constitución Política, que establece que el Estado tiene el dominio “absoluto, inalienable e imprescriptible” de todas las minas.
El ministro de Economía, Pablo Longueira, desestimó la petición calificándola como “irresponsable y bananera”.
En julio pasado, diputados de oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional de renacionalización, pero no ha sido tramitado debido al rechazo ideológico de sus pares de derecha.
El cobre, la principal fuente de ingresos de Chile, fue nacionalizado por acuerdo político unánime en 1971, pero tanto la dictadura como los posteriores gobiernos civiles aplicaron un régimen de concesiones que ha privilegiado la explotación privada y extranjera en desmedro del país.
|
El 7 de julio pasado, diputados de la Concertación e independientes presentaron un proyecto de ley de reforma constitucional destinado a establecer el plebiscito sobre temas de interés nacional.
Una semana después, el 14 de julio, cuatro jefes de bancada opositores encabezaron la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional que permitiera convocar a una
Asamblea Constituyente.
Dos meses más tarde, el 28 de septiembre, senadores de la Concertación e independientes en pleno presentaron un proyecto de acuerdo, solicitando la creación de una comisión bicameral que estudie una nueva Constitución y que “escuche la opinión de los diversos actores sociales en los temas que sean de su interés, contando además con la asesoría de especialistas expertos en las materias”.
Después de todos esos trámites políticos, nada ha cambiado. Ha bastado el simple desdén de los autores y partidarios de la Constitución vigente -promulgada en dictadura- para hacer abortar cualquier iniciativa al respecto, al menos por la vía parlamentaria. Y aun cuando se allanaran a discutirlo, la “política de los acuerdos” o negociación a espaldas de la ciudadanía aplicada durante 20 años no da las garantías de transparencia y credibilidad necesarias.
Por eso –y más-, la agrupación “Democracia para Chile” les gritó y presionó durante la reciente ocupación de las oficinas del Senado en Santiago y convocó para el pasado jueves 3, en la Plaza de Armas de la capital, a una concentración pública denominada “Plebiscito Ahora. Para que la mayoría decida”.
Casi cien organizaciones sociales y ciudadanas adherentes exigen el cumplimiento del compromiso suscrito por parlamentarios proclives a este mecanismo democrático, la primera meta de un proceso hacia una nueva Constitución redactada por una Asamblea Constituyente.
Porque, más allá de autoritarismos, gestiones políticas poco claras y algunas airadas reacciones ciudadanas, la propia Carta Fundamental de 1980, en su artículo quinto, consagra el plebiscito como una de las formas de ejercicio de la soberanía popular.
Lo demás corre por cuenta de la ciudadanía.
|
 Un total de 64,6 millones de pesos ha provisionado este año la sociedad anónima Azul Azul por concepto del royalty que debe cancelar a la Universidad de Chile por el uso del nombre y del símbolo deportivo (chuncho) de este plantel estatal de estudios superiores, el mayor y más antiguo del país.
Se espera que dicha cifra, que corresponde sólo al primer semestre, aumente considerablemente debido al despegue deportivo, comercial y bursátil alcanzado por la empresa concesionaria en el presente 2011. Su equipo de fútbol profesional ha logrado un rendimiento insuperable en el torneo local y avanza resueltamente en la Copa Sudamericana.
Según convenio de 2008, la Universidad de Chile autorizó el uso de su nombre, símbolos, emblemas y marcas deportivas a Azul Azul S.A., que asumió la concesión por al menos 30 años de la entonces quebrada Corporación de Fútbol universitaria, Corfuch.
A cambio, la Universidad tiene derecho a elegir dos directores en la sociedad, así como a cobrar un royalty anual equivalente al 1,05% de los ingresos de la misma, calculado sobre la base del monto mayor entre ese porcentaje y el 3,5% de las utilidades netas.
Durante el primer semestre, los ingresos de la empresa llegaron a 5.992 millones de pesos –casi un 30 por ciento más que el mismo período de 2010-, en tanto las ganancias se empinaron sólo a 360 millones de pesos.
Sus accionistas controladores provienen de la Universidad del Desarrollo -ligada al partido Unión Demócrata Independiente (UDI), actualmente en el gobierno- y del poderoso grupo económico Falabella. Entre ellos figuran Federico Valdés –presidente-, prorrector de la citada universidad privada, y el director del grupo Falabella Carlos Heller, además del inversionista José Yuraszeck.
Una condición similar tiene Colo Colo, la enseña deportiva más popular del país, administrado hoy por Blanco y Negro S.A.
Fuentes:
-“Club Universidad de Chile, Estados financieros consolidades intermedios por el período de 6 meses terminado al 30 de junio de 2011 y el año terminado al 31 de diciembre de 2010”, udechile.cl
-Azul Azul S.A., larrainvial.com
|
Las utilidades de las empresas privadas del cobre superan ya los 19 mil millones de dólares anuales y el financiamiento de las universidades tradicionales requiere sólo el 9,3 por ciento de dichas ganancias.
Así lo plantea la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en su documento “Bases para un sistema gratuito de educación”, revisado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso.
Un planteamiento similar realiza la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en su “Propuesta ACES para un nuevo modelo educacional”.
“¿Cómo financiar la educación pública?”, pregunta la Confech. En primer lugar, con los recursos del cobre chileno, responde.
Financiar las universidades tradicionales, prosigue, costaría 900 mil millones de pesos al año, considerando un costo promedio de 3 millones de pesos por cada uno de los 300 mil alumnos de este estamento.
Más adelante, reitera que Chile es uno de los mayores productores mundiales de cobre, con 5.300 toneladas métricas anuales, superando incluso a potencias como Estados Unidos.
Recuerda también que -fruto del proceso privatizador consolidado por los gobiernos de la Concertación- la empresa minera estatal produce actualmente sólo el 27% del total; el 73 por ciento restante corresponde a mineras privadas y extranjeras.
“El año 2008 CODELCO aportó al Estado de Chile la suma de US$6.829 millones de dólares en utilidades. Ese mismo año las cupríferas privadas produjeron el 73,76% del cobre y CODELCO sólo el 26,24%. Por medio de la regla de tres simple se tiene lo siguiente:
US$6.829 = 26,24%
X = 73,76%
X= US$ 19.196 millones de dólares en utilidad por parte de las cupríferas privadas”, indica el documento.
“Para poder financiar las universidades tradicionales -concluye- se necesitaría que las cupríferas privadas aporten sólo un 9,3% de sus utilidades”.
Los estudiantes secundarios, por su parte, coinciden en su propuesta que el Estado tiene la obligación de asegurar los recursos para la educación pública de manera preferente.
Al respecto, subrayan que “Chile posee recursos naturales suficientes para garantizar la gratuidad: este año (2011) se prevé que las ganancias de las grandes mineras que operan en el mercado del cobre ganen en el país un monto que supera el gasto fiscal en los ministerios de salud, vivienda y educación juntos”.
|
  1. Frontis de la Casa Central de la universidad más antigua y prestigiada de la República, la Universidad de Chile, con el monumento a su fundador y una de las figuras más influyentes en la historia nacional, Andrés Bello.
2. Frontis del establecimiento de enseñanza secundaria más antiguo y prestigiado de la República, el Instituto Nacional.
Ambos planteles, como otros, cumplieron cuatro meses ocupados por estudiantes que exigen reformas al desigual, oneroso y deficitario sistema de educación pública chileno, protagonizando la movilización social más prolongada desde el término de la dictadura (1990).
|
“Nueva Constitución Política para Chile, Borrador de discusión” es una extensa y acuciosa propuesta independiente que busca organizar el debate social y aportar ideas y experiencias que faciliten un proceso constituyente en Chile.
Propone un nuevo sistema político y lo dedica especialmente, señalan sus autores, a los más perjudicados por el régimen aún vigente, impuesto por una dictadura.
 Un grupo de profesionales y expertos en diversas áreas ajenas a la política partidista publicó en octubre de 2009 un libro titulado “Nueva Constitución Política para Chile, Borrador de discusión; Propuesta ciudadana, democrática y patriótica”, editado por el médico y profesor universitario Mario Reyes Ortiz y publicado por su colega y escritor Francisco Rivas Larraín.
El extenso texto, de 326 páginas, aborda, se pronuncia y propone acerca de las diferentes y numerosas materias que conforman una Carta Fundamental. Figuran, entre otras, principios esenciales de la nación, derechos y garantías constitucionales, elementos constitutivos y administrativos del Estado, organización y participación social, estrategia de desarrollo nacional, relaciones internacionales y, como especial contribución, la Asamblea Constituyente como uno de los mecanismos de reforma.
La normativa constitucional que se plantea está destinada “a ser reformulada, trabajada y legitimada en la base social”, lo que se califica como un “hecho inédito y máxima expresión de democracia y confianza en el pueblo chileno”.
Se trata del primer esfuerzo de esta índole y envergadura emprendido hoy desde la sociedad civil. Su principal objetivo es abrir un debate nacional sobre la necesidad que Chile y sus habitantes vivan y progresen en un marco constitucional acordado y validado entre todos.
Durante casi seis meses, trabajaron junto a Reyes y Rivas, entre otros colaboradores, el físico Rubén Riveros, los activistas de derechos humanos Víctor Sarmiento y Zbigniew Rubinek, la matemática -residente en Estados Unidos- Marcela Perlwitz, la dirigenta poblacional Paola Marcelli, la antropóloga Ana María Oyarce y el ecologista Bernardo Reyes Ortiz.
Hasta ahora la difusión se ha limitado principalmente a políticos extraparlamentarios y círculos académicos, pero espera ampliarse al resto de la ciudadanía.
El trabajo está dedicado, según se indica, “a los demócratas chilenos, los espíritus libres y sensibles, los jóvenes, las mujeres, los mayores, los trabajadores, los más pobres, las capas medias, los profesores, los técnicos y profesionales, los artistas y creadores, los desocupados y todos los sacrificados por el modelo económico inhumano y perverso impuesto a los chilenos”.
Agrega que, junto con valores, lineamientos y reformulaciones de la institucionalidad, contiene una propuesta “humanista, moderna, coherente y patriótica, que posibilita sistematizar la discusión, nutrirla con ideas y conceptos actuales”, con la intención de permitir “el reencuentro de los chilenos con su soberanía”.
Contenido
Esta es una síntesis personal de la Tabla de Contenidos:
>> Sigue...
|
El diputado del partido gobiernista Renovación Nacional Alberto Cardemil afirmó recientemente que “la mayoría del país no quiere derrumbar lo que organizó el gobierno militar”, replicando a las crecientes demandas sociales y políticas por un cambio del sistema impuesto en dictadura, referidas principalmente a la redacción de una nueva Constitución Política del Estado.
El parlamentario fue subsecretario del Interior de Pinochet en el período del plebiscito de 1988, cuyo resultado significó la salida de este último como gobernante.
Su opinión es coherente con la del ministro piñerista Laurence Golborne, quien, aludiendo al petitorio de la protesta nacional del 24 y 25 de agosto pasado, desafió a quienes exigían “cambiarlo todo” a presentarse en las próximas elecciones presidenciales (2013).
Cardemil preside actualmente la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y, como tal, debe pronunciarse sobre la tramitación –detenida hasta ahora- de un proyecto de ley de reforma constitucional presentado por parlamentarios de la oposición que permite convocar, por primera vez en la historia del país, a una Asamblea Constituyente.
|
Después de un año y medio en la oposición, la Concertación de Partidos por la Democracia acordó darse un plazo hasta el 5 de octubre próximo -23ª aniversario de su triunfo sobre Pinochet en las urnas- para reformularse y avanzar hacia un nuevo referente político que abarque el centro y la izquierda.
Los máximos dirigentes del conglomerado que gobernó Chile durante 20 años repitieron, una vez más, que la coalición no responde actualmente a las demandas populares y requiere presentar cuanto antes una propuesta nueva a la ciudadanía.
La tarea no debiera resultarles difícil si tienen buena memoria. Aquí, un recordatorio de hechos recientes:
Agosto de 2011: El Partido Por la Democracia publica el documento “Nueva Constitución y compromiso con las reformas políticas”, en el cual informa que "el PPD propone iniciar desde ya un proceso de elaboración de una NUEVA CONSTITUCION PARA CHILE, que sea debatida mediante un proceso participativo e inclusivo”.
24 de julio de 2011: el Partido Demócrata Cristiano publica el documento “Más y mejor democracia para todos (propuesta sobre reforma politico-institucional)”, en el que declara que “la actual Constitución, a pesar de todas las reformas democráticas que hemos introducido desde 1989, no tiene una legitimidad suficiente. Manifestamos, pues, nuestra voluntad de concordar una agenda de reformas políticas e institucionales con los demás partidos de la Concertación y la oposición, para proponerla al país y ser discutida en forma amplia y participativa”.
14 de julio de 2011: Los jefes de bancada de diputados de la Concertación, junto a parlamentarios comunistas e independientes, presentan un proyecto de ley de reforma constitucional para convocar en Chile a una Asamblea Constituyente.
8 de mayo de 2011: La mesa directiva del XXIX Congreso del Partido Socialista anuncia, en declaración pública, que “asumimos la necesidad de un nuevo proyecto de país que rompa con la desigualdad y el centralismo, y que genere al menos un pacto tributario, la defensa real de los trabajadores, un nuevo modelo de desarrollo sustentable y una nueva Constitución, que deberá surgir de una Asamblea Constituyente”.
|
 Constitución Política de Chile vigente a la fecha, aprobada el 11 de septiembre de 1980 en un plebiscito sin registros electorales, partidos políticos, información ni debate públicos, y reformada tras el retorno al régimen civil sin consulta a la ciudadanía.
|
Competencia electoral sugerida por Golborne no resuelve las demandas ciudadanas sin cambiar la Constitución de Pinochet.
“Quienes crean que hay cambiarlo todo, que se presenten a las elecciones respectivas y consigan los votos para cambiar todo como estimen conveniente”. Así respondió el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne –el político gobiernista mejor evaluado por las encuestas-, acerca de la paralización nacional de dos días impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Aunque su reto proyecta la probable competencia de la próxima elección presidencial (2013) entre el sistema autoritario-neoliberal proveniente de la dictadura y el nuevo y auténticamente democrático que demandan las actuales manifestaciones populares, genera falsas expectativas si “cambiar todo” es prácticamente imposible bajo la granítica Constitución de Pinochet.
El petitorio sindical incluye cambios radicales en la previsión social, la salud y la educación, un nuevo código del trabajo, una reforma tributaria y, como culminación, una nueva Constitución Política del Estado, generada democráticamente y que consagre todos los derechos sociales.
El desafío lanzado por el delfín del Presidente se sustenta en el poderío incontrarrestable del sector que colaboró con la dictadura y que controla hoy la política, la economía y la institucionalidad en general, y en un pueblo restringido e incapaz hasta ahora de autodeterminarse. Su autor ha sido una de las pocas autoridades que se ha dignado a comentar el contenido y las aspiraciones de los convocantes a la reciente protesta.
Mejor que gobernar
La candidatura presidencial de Sebastián Piñera prometió en 2009 un cambio y una “nueva forma de gobernar”, conquistando a una mayoría electoral que quiso ver en el candidato a un eficiente servidor de sus aspiraciones concretas y no el fortalecimiento de un modelo político impuesto.
Piñera no creía ni cree que los amarres autoritarios importen a la gente –en especial los altos quórum que, sumados al “empate” parlamentario determinado por el sistema electoral, hacen inmodificables los pilares de la Constitución- y lo ha demostrado hablando de “revolución” para referirse, en la práctica, al “perfeccionamiento” del modelo neoliberal, a una administración eficiente incluso en tareas impensadas, como el rescate de 33 mineros atrapados bajo tierra durante varias semanas.
Pero, en poco más de un año de ejercicio, dos terremotos le averiaron el panorama: uno físico, heredado, y otro social, de su absoluta incumbencia. Porque, a pesar de las ladinas excusas oficialistas en el sentido que la responsabilidad mayor recae en los gobiernos anteriores, no es sino el marco institucional vigente el que ha permitido a su sector construir una sociedad a su amaño y conveniencia, controlar a los opositores hasta desorientarlos y mantener a la ciudadanía enfrascada –hasta hace poco- en necesidades individuales y de consumo.
Por eso han surgido en él proyectos unilaterales, llamados sordos al diálogo, mediciones comparativas con lo malo de la actual oposición y aparente indolencia ante las masivas protestas populares. Lo más apremiante parece ser la mantención de la marcha diaria (y económica) del orden construido, en el cual el factor clave no es el ejercicio gubernativo sino un poder otorgado, desgraciadamente, sin democracia.
|
El presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Marcelo Castillo, suscribió el manifiesto del Paro Nacional Ciudadano convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para el miércoles 24 y jueves 25. El documento se denomina “Acuerdo Nacional para la Democracia Social Ahora” y su principal demanda es una nueva Constitución Política, que emane de una Asamblea Constituyente, y en lo inmediato, un plebiscito popular que resuelva la crisis de la educación.
El ejercicio del periodismo ha sido una de las actividades más castigadas por el sistema político heredado de la dictadura, con el consiguiente detrimento de la libertad de expresión y el pluralismo informativo.
Los medios de comunicación tradicionales han disminuido considerablemente producto de la discriminación publicitaria de los grandes avisadores, lo que ha permitido la conformación de un duopolio periodístico de derecha, la manipulación de pautas informativas en la televisión abierta y la reducción a un puñado de las radioemisoras independientes.
Ha proliferado y se ha hecho público, además, el compromiso de periodistas en función informativa con las empresas auspiciadoras de sus espacios, pese a que dicha práctica es prohibida por el código de ética del colegio de la orden.
|
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró poco antes de iniciar su visita a Chile que le gustaría copiar el “exitoso” modelo político y económico local.
Si no fue una frase protocolar, de buena educación, suena lastimeramente. El modelo neoliberal chileno fue impuesto hace 30 años por una de las dictaduras más crueles de América Latina y consagrado en una Constitución Política redactada por grupos afines a Pinochet, sin información a la ciudadanía, aprobada en un plebiscito sin partidos políticos ni debate público y reformada posteriormente sólo en aquellos aspectos consentidos por sus autores.
Después de tres décadas de negociaciones políticas cupulares, mercantilización de los bienes y servicios más sensibles de una nación –educación, salud y energía, entre otros-, enriquecimiento desproporcionado de grupos transnacionales y creciente desigualdad social, el sistema ha terminado por hacer crisis. Tras las masivas y reiteradas protestas estudiantiles y ciudadanas, el gobierno con el que coincide el Presidente Santos no ha atinado en su respuesta y se ha atrincherado detrás de la normativa autoritaria, mientras el Parlamento sigue arrastrando su débil representatividad.
Aunque Chile no sufre la histórica violencia de Colombia, sí tiene algo muy importante que copiar a ese país: el proceso constituyente de 1990, que dio a luz a una de las Constituciones más democráticas del mundo.
La autodeterminación de los pueblos, el derecho primordial de la democracia, es algo que los chilenos todavía no pueden ejercer. Y no es digno de imitación.
|
Las empresas concesionarias del cobre no han actuado para satisfacer el interés público sino que han incrementado en forma desproporcionada y privilegiada sus ganancias, las que alcanzarían el equivalente al 79 por ciento del presupuesto nacional en 2011, recursos que, en manos del Estado, permitirían satisfacer con holgura las necesidades urgentes del país.
Así lo afirma el proyecto de ley de reforma constitucional que deroga, en el derecho de propiedad, los incisos correspondientes al régimen de concesiones a privados en esta industria -impuesto en dictadura- y renacionaliza así la principal riqueza natural de Chile.
La presentación, impulsada principalmente por diputados socialistas y comunistas, fue realizada el 13 de julio pasado y añade que las demandas sociales sobre la renacionalización del cobre son cada vez mayores, pues diversos sectores, entre ellos sindicales y educacionales, la han levantado como una de sus banderas en las recientes manifestaciones masivas. Sostiene, por tanto, que para impulsar la estrategia de desarrollo nacional, administrar racionalmente y proteger las riquezas básicas, y avanzar hacia una nueva estructura productiva “es indispensable la re-nacionalización de la gran minería del cobre”.
Su texto es el siguiente:
“CONSIDERANDO:
Que el 11 de julio de 1971, durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, el Congreso Pleno aprobó por unanimidad la Nacionalización del Cobre, mediante la Ley N° 17.450 de Reforma a la Constitución Política del Estado, lo que constituyó un hecho histórico para el país y que se ha denominado el Día de la Dignidad Nacional.
El Presidente Salvador Allende en su Mensaje señaló: ‘El proyecto de Reforma de la Constitución Política del Estado, que tenemos la honra de someter a la consideración del Congreso Nacional, significa la definitiva consagración jurídica de un pensamiento político que estamos seguros es compartido por una abrumadora mayoría nacional: (el) que impone la subordinación del derecho y el interés privado, chileno y extranjero, a los derechos y a los intereses generales de la colectividad nacional’.
Que durante la dictadura militar, con la aprobación de la nueva Constitución Política de la República en 1980 y posteriormente con el nuevo Código de Minería, mediante la figura de la ‘Concesión Plena’ y la Ley Orgánica de Concesiones, han permitido que en la práctica se vulnere el espíritu del artículo 19 N°24 de la Constitución que nacionalizó eI cobre, en el cual se consagra que ‘El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas’ y la obligación del dueño de la concesión minera de satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento o de aceptar las causales de caducidad en caso de incumplimiento.
Que habiendo transcurrido cuarenta años de este hecho histórico, el país necesita una segunda nacionalización o re-nacionalización del cobre para revertir el proceso de desnacionalización que se ha ido produciendo, puesto que actualmente menos del 30% de la producción total pertenece al Estado y el resto a las grandes transnacionales, y en un escenario de un aumento sostenido del precio internacional de los metales, principalmente del cobre, que han generado millonarias pérdidas de ingresos tributarios para el Estado.
Que esto es resultado de que durante estos años se produjo un aumento indiscriminado de nuevas inversiones mineras transnacionales que se establecieron en Chile al amparo del DL 600 impuesto por la fuerza de la dictadura y sin el consentimiento ciudadano.
Que las empresas mineras extranjeras han obtenido grandes beneficios económicos, comerciando con nuestros yacimientos como si fueran de propiedad privada y aprovechando resquicios legales y privilegiadas normas tributarias, obteniendo ganancias extraordinarias, al punto que en pocos años han recuperado con creces las inversiones efectuadas.
Que esto ha perjudicado los intereses nacionales existiendo la necesidad del desarrollo industrial e integral de la minería del cobre y de las regiones mineras, en tanto las compañías han privilegiado la exportación de nuestros minerales en bruto, perdiendo el país la posibilidad de obtener valor agregado por su elaboración y desestimando el desarrollo nacional de los insumos y los servicios que requiere la industria y los consiguientes empleos y rentas que generarían.
Que desde hace varios años se da un explosivo aumento del precio del cobre, llegando a cotizarse a más de 4 dólares la libra, permitiendo la acumulación de alrededor de 30 mil millones de dólares aportados casi exclusivamente por Codelco a pesar de que su producción es menos del 30% del total nacional, siendo su aporte actual del 25% del presupuesto estatal. Esto significa que el cobre entrega beneficios al país principalmente cuando es explotado por el Estado y que las ventajas para toda la nación serían inmensas sí se renacionalizara toda la gran minería.
Que, por lo tanto, para impulsar la estrategia de desarrollo nacional, administrar racionalmente y proteger nuestras riquezas básicas y avanzar hacia una nueva estructura productiva es indispensable la Re-Nacionalización de la gran minería del cobre. Se explica así que cada vez adquieran más resonancia las demandas que la reclaman y que diversos sectores sociales y de regiones han levantado como una de sus banderas en las grandes movilizaciones desarrolladas durante este año exigiendo más recursos para una educación pública de calidad.
Que el gobierno de Sebastián Piñera con ocasión del terremoto del 27 de Febrero propuso una nueva modificación a la ley de impuesto específico a la minería, pero de carácter transitorio, como principal mecanismo para financiar la reconstrucción del sur del país. Al igual que la modificación aprobada anteriormente, implicó la extensión del período de invariabilidad tributaria que en la práctica intenta poner un candado a la imposición de un verdadero royalty a la actividad minera.
Que no obstante lo anterior, a pesar de los avances objetivos en la toma de conciencia colectiva que la implementación de la Re-Nacionalización de la minería del cobre significaría, en términos jurídicos no se han logrado avances y en estricto rigor ha habido retrocesos porque la mayor tributación asociada a la minería se ha logrado a expensas de nuevos beneficios tributarios.
Que los concesionarios no han actuado para satisfacer el interés público, sino por el contrario sólo han incrementado sus ganancias. En efecto, las estimaciones de excedentes operacionales o ganancias antes de impuestos para 2011 de las empresas mineras privadas alcanzarían a 34.632 millones de dólares, lo cual equivaldría aproximadamente al 79% del Presupuesto Fiscal, a 3,3 veces el Presupuesto Total del Ministerio de Educación, a 7,3 veces el Presupuesto del Ministerio de Salud, y a 11,5 veces el Presupuesto del Ministerio de Vivienda. Asimismo, dichos excedentes duplicarían el presupuesto total de estos tres ministerios claves de Chile: Educación, Salud y Vivienda. Por consiguiente, al llevarse a la práctica esta moción, con los recursos señalados, Chile podría satisfacer con holgura las urgentes necesidades del país en estos ámbitos y restablecer nuestra soberanía económica.
POR TANTO: Los Diputados y Diputadas abajo firmantes venimos en presentar a la Honorable Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de Ley.
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO UNICO. Modifícase la Constitución Política de la República, artículo 19 N° 24, de la siguiente forma:
Deróganse los incisos 7, 8, 9 y 10 del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República”.
|
La propuesta educacional del gobierno de Sebastián Piñera reafirma los preceptos básicos de la Constitución de 1980 en esta materia, esto es, el deber de los padres de educar a sus hijos y la libertad de abrir y mantener establecimientos de enseñanza, precisamente el mayor cuestionamiento del movimiento estudiantil y docente que ha paralizado la enseñanza pública chilena durante más de dos meses, el que considera disminuida la responsabilidad del Estado y favorecido el lucro indiscriminado.
En el primer punto de su documento “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”, dado a conocer el pasado 1 de agosto, el gobierno de la llamada Coalición por el Cambio admite que “la educación es un derecho fundamental de clara jerarquía constitucional”, pero enseguida declara que ésta se encuentra “especialmente garantizada en los numerales 10 y 11 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental”.
De este modo, la propuesta gubernamental se limita a añadir diversas medidas complementarias a la norma constitucional vigente tras agregar que, “sin perjuicio de lo anterior”, considera necesario incorporar principios como el acceso gratuito y el financiamiento fiscal desde el nivel parvulario hasta la enseñanza media, el deber del Estado de garantizar un sistema de educación superior mixto, la promoción de un acceso justo y el financiamiento necesario, junto con el derecho a una educación de calidad y el deber del Estado de velar por éste.
En cambio, el documento “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena”, entregado por el Colegio de Profesores, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) el 27 de julio -apoyado por parlamentarios de oposición- exige una reforma propiamente tal, que parta por la inclusión del precepto constitucional de la educación como “bien público” y la responsabilidad del Estado como proveedor del mismo:
“La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, y el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación preescolar, básica y media. Asimismo, a nivel de educación superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar un título de educación superior”.
La Constitución chilena vigente fue redactada y promulgada en dictadura, sin partidos políticos ni debate ciudadano, y su capítulo sobre los derechos y deberes constitucionales ha resultado inalterable hasta hoy –como otros pilares de la Carta Fundamental vigente- debido al alto quórum (dos tercios) que el mismo texto establece para reformas de este tipo.
|
 Cinco jefes de bancada, de partidos de la Concertación al PRI y el PC, patrocinan el proyecto de reforma constitucional que establece la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política del Estado.
Ellos son Alfonso De Urresti (Partido Socialista), Aldo Cornejo (Partido Demócrata Cristiano), Pepe Auth (Partido por la Democracia), Guillermo Teillier (Partido Comunista) y Alejandra Sepúlveda (Partido Regionalista Independiente, subjefa).
Otros diputados patrocinantes son Marcelo Díaz, Osvaldo Andrade y Marcelo Schilling (PS), Marcos Espinosa (Partido Radical Social Demócrata) y Sergio Aguiló (independiente).
El proyecto tendrá que superar la esperada oposición de las bancadas de derecha (RN y UDI), que, pese a ser minoría, son favorecidas por el alto quórum parlamentario exigido por la propia Constitución vigente (dos tercios) para reformas de esta envergadura. Tendrá que superar, además, la creciente desconfianza ciudadana en los partidos políticos.
Estos son algunos argumentos de sus impulsores:
Marcelo Díaz (PS, autor del proyecto):
Llegó la hora de que nuestro país cuente con una Constitución auténticamente democrática y no hay otro mecanismo que una Asamblea Constituyente.
Pepe Auth (PPD):
Buena parte de los problemas que tiene Chile en educación, salud, desarrollo regional y acción productiva del Estado, entre otros, tiene que ver con la Constitución y el problema de nuestra Constitución es su pecado original, ya que fue generada a espaldas de la ciudadanía.
Alejandra Sepúlveda (PRI):
Ya que no hemos podido hacerlo en estas cuatro paredes del Congreso, queremos que la ciudadanía defina una nueva Constitución.
Guillermo Teillier (PC):
Si fuéramos capaces como Parlamento de dar estos pasos, indudablemente nos estaríamos acercando mucho más al sentir ciudadano.
|
“Los últimos acontecimientos de la vida nacional dan cuenta de una serie de movilizaciones ciudadanas motivadas por diversos temas de interés nacional en materias tales como educación pública, matriz energética y medio ambiente, reinvindicaciones de minorías sexuales, reclamos de consumidores, entre otros, los que se han expresado por vías no institucionales, en marchas, protestas callejeras, paralización de actividades o tomas de establecimientos educacionales. La ocurrencia de estos hechos no puede ser analizada ex ante con descalificaciones ni confundidos con actos delictivos que se perpetran por quienes aprovechan las circunstancias; por el contrario, son síntoma de un déficit de canales de participación ciudadana”.
Así comienza la fundamentación del proyecto de reforma constitucional destinado a establecer la Asamblea Constituyente en Chile, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados.
La presentación establece que el pueblo de Chile, “en ejercicio del poder constituyente originario, puede convocar a una Asamblea Constituyente, la que en forma autónoma, tendrá el mandato para la discusión y elaboración del nuevo orden constitucional”.
Explica que su objeto es consagrar, en el capítulo respectivo de la Constitución Política vigente, la posibilidad de una reforma total de la misma a través de una Asamblea Constituyente. Ésta, agrega, podrá ser convocada por una ley iniciada por moción parlamentaria o bien por iniciativa de quinientos mil ciudadanos, deberá ser aprobada con quórum calificado y ratificada por la ciudadanía mediante plebiscito. La misma ley determinará su procedimiento.
La Constitución así redactada se entenderá aprobada mediante plebiscito, por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.
Fundamentación
El proyecto admite que “existen conflictos de naturaleza política que la democracia representativa (la actual) no puede resolver” y precisa, citando a diversos juristas, que su diagnóstico va más allá:
“Aunque en lo formal la Constitución (vigente) es cuidadosa en no querer desligarse de la tradición constitucional, su sentido más profundo la aparta definitivamente de una historia que, desde el siglo XIX, siempre creyó en la progresiva institucionalización ciudadana del poder. Permea en la Constitución de 1980, desde su inspiración, gestación e imposición, en cambio, una fuerte sospecha del derecho como cauce de deliberación responsable. Se trata de un texto jurídico que más bien tutela que faculta, que tiende a restringir en vez de abrir perspectivas de participación política, en fin, un ordenamiento que parte del supuesto que los que gobiernan deben estar sujetos a un previamente demarcado margen de maniobra”.
Por ello, sostiene, resulta necesaria la revisión de la noción del poder constituyente con el fin de establecer nuevos mecanismos de participación social. “De ahí que lo decisivo es la posibilidad de establecer la reforma total de la Constitución por medio de un mecanismo institucional, en ejercicio del poder constituyente originario, a diferencia de la técnica actual de reforma parcial en el ejercicio del poder constituyente derivado”.
Enseguida, la fundamentación recuerda ejemplos en otros países: Islandia, Italia, Portugal, Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela y Bolivia.
“El caso más reciente es el de Islandia, que se encuentra en un proceso de redacción de una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente, que está conformada por un grupo de veinticinco delegados elegidos libremente por la ciudadanía, los que, a su turno, ejercen su actividad con sesiones públicas y recaban las opiniones de ciudadanos que se identifiquen, por medio de redes sociales. Otro caso se desprende del preámbulo y las disposiciones transitorias de la Constitución Italiana de 1947; el preámbulo de la Constitución Portuguesa de 1976 y del preámbulo de la Constitución Brasilera de 1988. Entre las Constituciones latinoamericanas reformadas más recientemente, Colombia, Paraguay, Venezuela y Bolivia consagran en sus disposiciones normativas permanentes la Asamblea Constituyente como un órgano competente para la redacción de un nuevo orden constitucional”.
El proyecto
Art. Único.- Para agregar el siguiente artículo 129 bis nuevo en el Capítulo XV de la Constitución Política de la República.
Art. 129 bis.— El ejercicio de la soberanía reside en la Nación y lo realiza el pueblo a través de los mecanismos que señala esta Constitución. En ejercicio del poder constituyente originario, puede convocar a una Asamblea Constituyente, la que en forma autónoma, tendrá el mandato para la discusión y elaboración del nuevo orden constitucional.
La referida Asamblea podrá ser convocada mediante una ley aprobada por la mayoría de los Diputados y Senadores en ejercicio, la que determinará la forma de elección de los representantes. Esta ley podrá iniciarse por moción parlamentaria o por la iniciativa de al menos quinientas mil firmas acreditadas de ciudadanos.
La nueva Constitución para su vigencia deberá ser aprobada mediante plebiscito, por la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos.
|
Parlamentarios de oposición presentaron un proyecto de ley de reforma constitucional para convocar a una Asamblea Constituyente, con el propósito de generar las condiciones para que Chile cuente con una Constitución “plenamente democrática” y que “refleje fielmente las aspiraciones y demandas de los ciudadanos”, informó el jueves 14 la Cámara de Diputados.
El proyecto, cuyo autor es el diputado Marcelo Díaz (PS), fue presentado ayer jueves en la Cámara Baja. Cuenta con el respaldo de los diputados socialistas Alfonso De Urresti, Osvaldo Andrade y Marcelo Schilling, y fue suscrito además por los jefes de bancada Aldo Cornejo (DC), Pepe Auth (PPD) y Guillermo Teillier (PC); la subjefa de la bancada del PRI, Alejandra Sepúlveda; el diputado Marcos Espinosa (PRSD) y el independiente Sergio Aguiló.
Según explicó Marcelo Díaz, la propuesta busca aprobar una reforma constitucional en el Parlamento por la vía de una ley de quórum calificado o bien por la presentación de 500 mil firmas de ciudadanos.
Una vez aprobada la Asamblea Constituyente, se debería aprobar una nueva Constitución, la cual, según el parlamentario, “será plenamente democrática” y de “origen legítimo”, así como también “deberá reflejar de manera fiel las aspiraciones constitucionales de los chilenos, respondiendo de paso a las principales demandas de los ciudadanos”.
El diputado Díaz recalcó que “no sólo queremos más participación, sino también un sistema político que se haga cargo de poner término a las profundas desigualdades que hay en Chile”. Agregó que “estamos convencidos de que Chile vive una parálisis constitucional y llegó la hora de que nuestro país cuente con una Constitución auténticamente democrática, y no hay otro mecanismo que una Asamblea Constituyente”.
En la oportunidad, la subjefa de la bancada del PRI, Alejandra Sepúlveda, planteó que “hoy la ciudadanía nos están demandando una participación mayor, tanto en reformas constitucionales como en la reforma a la educación y el lucro. Ya que no hemos podido hacerlo en estas cuatro paredes del Congreso, queremos que la ciudadanía defina una nueva Constitución y esperamos aprobarla en el Parlamento”, indicó.
En tanto, el timonel del PC, diputado Guillermo Teillier, señaló que este proyecto responde a un espíritu democratizador como el que ha estado presente en la presentación de otros proyectos, como la nacionalización del cobre, las reformas al sistema electoral y el plebiscito.
“Hoy se propone una Asamblea Constituyente, que es la antesala para tener una nueva Constitución y si fuéramos capaces como Parlamento de dar estos pasos, indudablemente nos estaríamos acercando mucho más al sentir ciudadano y podríamos revertir la lejanía con esta institución, porque no responde a las expectativas ciudadanas y creo que estos pasos van a servir para eso y elevar el papel que realmente debe jugar en nuestro país”, aseveró Teillier.
Por su parte, el diputado del PPD Pepe Auth sostuvo que “buena parte de los problemas que tiene Chile en materia de educación, salud, desarrollo regional y acción productiva del Estado, entre otros, tienen que ver con la Constitución, y el problema de nuestra Constitución es su pecado original, ya que fue generada entre cuatro paredes, a espaldas de la ciudadanía”.
“El concepto de fondo que está planteando esta reforma -agregó- es que las Constituciones son el marco de referencia que guía a los países y, por lo tanto, tienen que ser decididas democráticamente por toda la ciudadanía, permitiendo que se pueda abrir paso a una generación democrática de una nueva Constitución”.
Fuente: Cámara de Diputados
|
Sólo después de las protestas callejeras más masivas desde la dictadura, la Concertación de Partidos por la Democracia ha propuesto una reforma constitucional que apunta a uno de los pilares de la institucionalidad promulgada por Pinochet en 1981: la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación.
El conglomerado, ahora en la oposición tras haber perdido las elecciones luego de dos décadas, dio a conocer su propuesta destinada a resolver la crisis que sufre el sector educacional, regido por una Constitución que privilegia la propiedad y el emprendimiento privados.
Su proposición central consiste en “reformar la Constitución para establecer el carácter de bien público de la educación”.
La actual Constitución chilena fue redactada en una dictadura anticomunista y limita fuertemente, entre otros aspectos, la participación del Estado.
Aunque dirigentes concertacionista se disculparon –puerilmente- de que “no se les haya ocurrido antes”, no está claro el destino de su propuesta. El acuerdo de “gobernabilidad” negociada con los herederos de la dictadura, que mantienen desde poco antes del término de ésta (1990), les ha impedido modificar los puntales autoritarios aún vigentes y mantiene cerrada la posibilidad de un plebiscito nacional.
|
Educación pública gratuita y supresión del financiamiento estatal a privados con fines de lucro proponen los profesores universitarios Mario Reyes Ortiz y Miguel Suazo Neira, quienes, entre otros colaboradores, se han abocado a estudiar y plantear una nueva Constitución Política para Chile. Así lo han expuesto en un extenso borrador de discusión publicado en la red.
Para agilizar el debate, han editado también un impreso con una síntesis de ese trabajo, titulado “Fundamentos de una Constitución Política democrática y de un proyecto político nacional, expresión del poder soberano de los pueblos de Chile”. En su punto 7, dedicado a la educación, los autores señalan:
“La educación pública será universal, laica y gratuita hasta el nivel de educación técnico-profesional y superior inclusive. Se concibe la educación como una actividad continua, permanente, diversa y ampliamente disponible en todas sus modalidades, desde los jardines infantiles hasta la ancianidad.
Las universidades públicas serán, en lo fundamental, gratuitas para los alumnos y financiadas adecuadamente por el Estado. Este no podrá transferir recursos públicos con fines educativos a particulares, entes administradores privados ni ninguna forma de intermediación que lucre de un derecho humano y social fundamental.
No se impartirá carreras sin correspondencia con una demanda social o de mercado demostrada y en la proporción debida.
El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Los padres, o sus representantes, tendrán la libertad de escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas”.
Fuente: Mario Reyes Ortiz y Miguel Suazo Neira, “Fundamentos de una Constitución Política democrática y de un proyecto político nacional, expresión del poder soberano de los pueblos de Chile”.
|
Fuera de minimizar la realidad social exaltando hechos de violencia, los informativos de la televisión chilena “dramatizan” las notas y cubren ofertas comerciales como si fuesen noticia.
Aunque es habitual ya que no reflejen adecuadamente la realidad noticiosa local, pues sus grandes compromisos comerciales e ideológicos se lo impiden, los programas informativos de la televisión abierta chilena -a través de los cuales se informan tres de cada cuatro personas- están yendo incluso más lejos. Hasta el diario El Mercurio, conspicuo representante de la institucionalidad autoritario-neoliberal a la que los canales rinden tributo, así lo ha constatado.
En su reportaje “El liviano ritmo de las noticias en TV” (12-6-2011, Jimena Villegas), el periódico analizó la edición central de los cuatro telediarios de mayor audiencia correspondiente al martes 7 de junio y su balance fue elocuente. Partió recordando que tales espacios reciben casi el 20 por ciento de las quejas al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), especialmente debido a su sensacionalismo y falta de pluralismo, y concluyó que “el 80 por ciento de sus noticias fueron las mismas”.
A Teletrece le asemejó con un programa misceláneo de horario matinal; de Chilevisión Noticias subrayó su opción por los hechos violentos; a 24 Horas (TVN) lo calificó apenas como “el mejorcito” y a Meganoticias simplemente lo consideró el peor.
El trabajo periodístico no hizo sino comprobar, como todos los telespectadores, las recargadas -y habitualmente sin contexto- informaciones sobre delitos comunes, accidentes y otros sucesos de violencia, junto con la amplia y eufórica exposición de los deportes más masivos, la escasez de noticias políticas e internacionales, la autopromoción de programas y la aparición de dos “novedades”: la “dramatización” de notas añadiéndoles música y efectos comunes en la ficción y la cobertura diaria de productos comerciales. Faltó mencionar los sobreexplotados dramas individuales.
Ya en 2002, el periodista y ex asesor comunicacional de la Concertación Pablo Halpern advertía en su libro “Los nuevos chilenos y la batalla por sus preferencias”:
Llama la atención el desproporcionado espacio que ocupan (en los noticiarios de televisión) las tragedias carreteras, los incendios en verano, los tacos en los peajes durante los fines de semana largos y los niños con afecciones respiratorias durante los meses de invierno. El rango de noticia que tienen las conferencias de prensa en este país es otro factor empobrecedor. Con la excepción de anuncios muy relevantes, lo que dicen o dejan de decir las autoridades gubernamentales desde sus despachos y las reacciones de personeros de la oposición o del oficialismo no son siempre eventos dignos de destacar.
Caos dirigido
Lo que no aborda el reportaje es el contexto de esta aparente anarquía periodística mostrada por los programas informativos de la televisión local, fenómeno realista e ideológico a la vez. Realista, porque, efectivamente, la sociedad chilena ha transitado desde la violencia política hasta la fiebre económica, en la cual el dinero plástico proporciona, como mínimo, la sensación de prosperidad. E ideológico, porque dicho tránsito no obedeció a un transformación espontánea, a una evolución propiamente tal, sino a un proceso deforme, marcado por un liberalismo económico que contrasta con la mantención del autoritarismo político fundacional creado por la dictadura.
De este modo, si en los departamentos de prensa de los canales -como de otros medios- los conceptos y objetivos periodísticos y culturales apenas consiguen respirar ante la invasión comercial y financiera, en materia política y social les están prohibidas la profundización y la pluralidad. Si cualquier producto o servicio comercial puede aparecer en pantalla mientras pague lo que se le cobra –con raras excepciones- o se le considere unilateralmente novedoso, un partido político de izquierda o un grupo o sector social disidente no tienen cabida, salvo para ser criminalizados.
En cuanto a las “dramatizaciones” -música incidental, efectos de edición especiales-, éstas agregan un elemento confuso, distractivo y ajeno al hecho informado. La noticia es o puede ser dramática en sí misma; cualquier aditivo de post producción no relacionado con su contenido es propio de la ficción y para el periodismo ésta es, aunque los estrategas comerciales se empecinen en mostrar lo contrario, un contaminante.
El último obstáculo
Pero todo este aparente caos informativo no es tal, pues tiene su norte. Tanto los dramas y comedias del género de ficción como los anuncios del comercio y la publicidad dominan sin contrapeso el resto de la programación televisiva abierta, la que cuenta incluso con el apoyo diario de la duopólica prensa escrita. El último obstáculo de esta arremetida mercantil son los noticiarios, precisamente por su deber de difundir noticias, es decir, hechos reales.
El poder político-económico, de facto o legislado, busca legitimarse. Y los medios más fuertes son su brazo visible.
“Lo que se mueve cautiva nuestros ojos”, explicaban hace casi 30 años (1982) Benesch y Schmandt en su “Manual de Autodefensa Comunicativa: La manipulación y cómo burlarla”. Y agregaban:
El hombre es así por naturaleza: amontonando impresiones ópticas –anuncios, cine, televisión- se puede desconcertar a la persona, con lo que deja ya de asimilar la información y de pensar. ¡Otra posibilidad manipulativa!
No puede decirse que se hayan equivocado.
|
 La Red de Estudiantes de Chile por una Asamblea Constituyente (RedesChile) dio a conocer el siguiente informativo, destinado especialmente a los estudiantes secundarios que se encuentran movilizados por la educación pública, lo que, además de paralizaciones, tomas de establecimientos y marchas callejeras, contempla jornadas de reflexión y educación cívica.
“Para entender cómo lograr la estatización de la educación y cómo realizar cualquier cambio profundo en relación con este derecho es necesario estar informado de dónde proviene el sistema actual y la forma real de cambiarlo.
Entre 1979 y 1990 (dictadura militar) se creó el sistema educativo actual y se impuso mediante decretos ley, sin aprobación ciudadana. Todas las falencias e injusticias presentes provienen de estas políticas:
1º Decretos Ley 3.063, 13.063, 3.473, 3.476 y 3.477 de 1979 y 1980; se implementa todo un sistema de traspaso a las municipalidades de los establecimientos de enseñanza básica y media que administraba el ministerio de educación (Estado). Esto genera la precarización y abandono de los colegios hasta llegar al punto de cerrar muchos de ellos hoy en día.
2º Decreto Supremo, 5 de junio de 1980; se fija nuevos objetivos, planes y programas a la educación general básica (fin a la educación cívica).
3º Decreto Ley 3.476 de 1980, nueva ley de subvenciones a la enseñanza privada, que mejora los montos (más dinero). La idea es estimular el proceso de privatización de la enseñanza, abandonar los liceos públicos para traspasar más dinero a colegios privados.
4º CONSTITUCION POLITICA (Decreto Ley 3.464), 21 de octubre de 1980; establece la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos, desligándose el Estado de su responsabilidad educativa (artículo 19 N° 10) y establece la libertad de enseñanza (artículo 19 N° 11), que permite y fomenta el lucro con la educación y los recursos públicos. Publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de octubre de 1980.
5º Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), 10 de marzo de 1990; última ley decretada por la dictadura militar. Reafirma la libertad de enseñanza (lucro) y dice cómo funcionará la educación pública en Chile. Esta ley está sometida a la Constitución.
6º Ley General de Educación, 2008. Sigue manteniendo la libertad de enseñanza (lucro) y la desligación del Estado en la educación. Sólo es protector de este derecho y no garante y asegurador. También obedece a la Constitución y no puede ser cambiada sino mediante una reforma constitucional vía Asamblea Constituyente.
La ASAMBLEA CONSTITUYENTE permite que todos los ciudadanos participen de la redacción de una nueva Constitución.
Permite asegurar en ella los derechos que crean convenientes:
-Educación estatal gratis hasta la universidad.
-Estatización educación básica y media.
-Inviolabilidad de los establecimientos educacionales por las fuerzas policiales.
-Participación estudiantil en las políticas educativas del país.
-Garantizar calidad educativa e integral, infraestructura de calidad y bien mantenida.
-Cualquier otro derecho: salud, transporte público, protección de la naturaleza.
Los estudiantes tenemos derecho de exigir y participar de una Asamblea Nacional Constituyente. Para lograrla hay que exigir un plebiscito en el cual el pueblo chileno decida si quiere seguir con la Constitución actual o bien cambiarla mediante una Asamblea Constituyente.
La Constitución obliga a que toda demanda ciudadana pase por este proceso. La demanda de estatización de la educación pasará por lo mismo si no se exige Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Si sólo se exige cambio de la Constitución sin Asamblea Constituyente, ese cambio pasará por los mismos filtros antes mencionados hasta convertirse en una Constitución igual o peor a la anterior.
Todo esto hace imposible que se pueda redactar una nueva Constitución si no es mediante una Asamblea Constituyente elegida por la ciudadanía. Y la única manera de que se realice una Asamblea Constituyente es asumirla como demanda estudiantil y ciudadana.
Es necesario incluir la ASAMBLEA CONSTITUYENTE en las demandas, ya que no hacerlo significaría no lograr la estatización de la educación ni el cambio del artículo 19 N.os 10 y 11”.
Fuente: Red de Estudiantes de Chile por la Asamblea Constituyente
|
“La Constitución y las leyes no pueden obstaculizar el bien común ni los derechos de los más pobres, y menos aún pueden favorecer sólo los intereses de algunos ya abundantemente privilegiados sectores económicos”, precisó el obispo de Aysén, monseñor Luis Infanti, en su carta abierta denominada “Escuchemos el clamor de la Patagonia”.
El prelado aborda en ella la polémica suscitada por la aprobación gubernamental de cinco mega-represas en esa región austral de Chile, ante la cual se manifiesta contrario.
“Me preocupa que al no dar respuestas sabias y adecuadas a estos planteamientos se termine quebrando la paz social”, advirtió.
La carta abierta da cuenta de las opiniones y gestiones personales del jefe de la Iglesia Católica de Aysén:
“Escuchemos el clamor de la Patagonia
Queridos hermanos y hermanas:
>> Sigue...
|
El lunes 9, un grupo de autoridades políticas autorizó a una empresa privada la instalación de cinco gigantes de cemento en medio de una naturaleza majestuosa y exuberante, llena de bosques vírgenes, torrentes fluviales, canales marinos, vastos glaciales y fauna autóctona, entre sus principales riquezas, además de la tercera región más extensa de Chile (109 mil kilómetros cuadrados), la menos poblada (poco más de 100 mil habitantes) y la más subexplotada.
Masivas manifestaciones populares contrarias a la iniciativa se han reiterado desde entonces en varias ciudades del país.
Pareciera que un megaproyecto como el aprobado fuera un reconocimiento y el comienzo del fin de la postergación de Aysén y su gente. No obstante, el objetivo es producir energía eléctrica para transportarla a través de un espeso tendido de cables hacia el norte del país, donde las grandes empresas mineras, mayoritariamente privadas y extranjeras, la esperan con impaciencia.
La población y los recursos ayseninos han sido sistemáticamente minimizados tanto por los gobiernos de turno como por los medios de comunicación. Sólo los desastres que esa misma naturaleza le deja caer periódicamente –enjambre sísmico en 2008, erupción volcánica en 1991, gran nevazón en los años 60, entre otros- parecen recordar a este centralista país que ese gran territorio existe (Chile cedió la inmensa Patagonia oriental a fines del siglo XIX).
Ahora, amparado en una institucionalidad mercantil proveniente de la dictadura, el gobierno de turno da su beneplácito a privados transnacionales para que hagan negocios a partir de la destrucción de uno de los más ricos patrimonios naturales de los chilenos.
|
El XXIX Congreso Nacional de Partido Socialista de Chile, realizado el reciente fin de semana, acordó demandar y promover una Asamblea Constituyente que lleve a una Constitución democrática que sustituya la actual, promulgada en dictadura.
En una declaración pública emitida el domingo 8, la directiva del PS afirma que “asumimos la necesidad de un nuevo proyecto de país que rompa con la desigualdad y el centralismo, y que genere al menos un pacto tributario, la defensa real de los trabajadores, un nuevo modelo de desarrollo sustentable y una nueva Constitución, que deberá surgir de una Asamblea Constituyente”.
A su vez, el vicepresidente de la colectividad, Alvaro Elizalde, explicó que la actual Constitución no emanó de un consenso democrático ni de la participación del pueblo, de modo que el acuerdo busca “establecer una nueva Carta Magna que sea expresión de la soberanía popular, de la voluntad del pueblo de Chile”.
Declaración del PS
|
Parlamentarios democratacristianos presentarán un proyecto de ley destinado a revocar la nacionalidad chilena por gracia concedida en 2006 al empresario alemán Horst Paulmann, por estimar que la motivación de éste “se aleja de su sincero interés por el beneficio de la sociedad chilena y se acerca peligrosamente al lucro a toda costa”. Así lo anunció el diputado Gabriel Ascencio.
Paulmann, un poderoso empresario del comercio retail, fue considerado por el gobierno de Ricardo Lagos “entre los forjadores de Chile” por su contribución al desarrollo económico del país, pero su holding, Cencosud, ha sido fuertemente cuestionado particularmente por abusos laborales y actualmente es investigado por un supuesto fraude aduanero en la internación de artículos destinados como ayuda solidaria ante el pasado terremoto.
La compañía opera cadenas de supermercados, multitiendas y centros comerciales con una planta total superior a los 50 mil empleados y hoy construye el complejo comercial más moderno de la capital chilena.
|
La XIV Asamblea Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) aprobó el 13 de abril un voto, presentado por el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Atilio Barrios Miranda, destinado a exigir una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política del Estado.
La entidad gremial determinó “apoyar decididamente al conjunto de las organizaciones sociales intermedias del más amplio espectro” para demandar una Constitución auténticamente democrática, “que contemple una multiplicidad de derechos hoy no consagrados”.
“Considerando:
1º Que el Estado representa a la Sociedad organizada;
2º Que el Estado, a través de su institucionalidad, persigue los altos propósitos de la Nación y de satisfacer las legítimas aspiraciones y necesidades básicas de las personas;
3º Que esta institucionalidad debe velar por el bien común y propender a que la acción de Gobierno atienda preferentemente a los sectores más postergados de la Sociedad;
4º Que el sistema imperante neo-liberal de mercado, heredado, tiene el germen de la desigualdad y que amplía las brechas sociales y económicas entre aquellos que detentan el poder económico respecto a la clase trabajadora que con su esfuerzo da sustento al crecimiento;
5º Que al Estado se le ha ido reduciendo en su rol de promotor del desarrollo, limitándolo a tener un papel subsidiario sin una visión estratégica de futuro;
6º Que los funcionarios del Estado y de sus entidades vinculadas tienen el doble rol de ser agentes del Estado como garantes de que se cumplen los fines anteriores, como, a su vez, son fuerza de trabajo que entrega sus conocimientos y experiencia al quehacer de la institucionalidad;
7º Que el Estado hoy participa en menos del 20% del Producto Interno Bruto (PIB), con menos de la mitad de los recursos que en épocas pasadas contó. El capital social de todos los chilenos ha sido atesorado por los grupos económicos chilenos y extranjeros que hoy usufructúan del esfuerzo productivo de todos los connacionales;
8º Que nuestra economía depende fundamentalmente de la exportación y explotación de recursos primarios (cobre, forestal, pesca, etc.) afectando gravemente los recursos no renovables y el medio ambiente, no avanzando en tener una mayor valor agregado y manufactura que es propio de los países más desarrollados;
9º Que el país crece pero el fruto de ese crecimiento tiene una de las peores distribuciones del ingreso, manteniéndose niveles éticamente censurables de pobreza y marginalidad y con enormes deudas sociales en Educación, Salud, Previsión, Vivienda, entre otras;
10º Que la ANEF -que representa a la mayoría de los funcionarios organizados del Estado- está llamada a representar ante el país estos enormes problemas y plantear como suyos algunos desafíos que apunten a tener una Sociedad más justa e integrada.
VOTO:
Habida consideración de lo anterior, se propone el siguiente Voto a la Asamblea para que levante temas relevantes que orienten y den una perspectiva de que la ANEF está en los grades temas-país:
Primero: Apoyar decididamente al conjunto de las organizaciones sociales intermedias, del más amplio espectro, en requerir una Asamblea Constituyente para llegar a tener una Constitución más democrática que contemple una multiplicidad de derechos, hoy no consagrados, ya que la actual es ilegítima y sólo tiene el carácter de garantista del derecho a la propiedad;
Segundo: Recuperar el dominio soberano del Cobre a través de declararlo como sustancia “No Concesible”, ya que el mal llamado “royalty” es irrisorio y no paga la materia prima que es un recurso no renovable. Con ello se puede allegar ingentes recursos para atender las enormes carencias que se tiene;
Tercero: Nacionalizar el agua, un recurso vital para la vida humana y en la producción de alimentos, recurso cada vez más escaso, producto del cambio climático, hoy con alta concentración en su propiedad, entregado a la especulación del mercado y a quienes tienen la capacidad económica de lucrar con los recursos hídricos, y
Cuarto: Requerir una Reforma Tributaria profunda, ya que el actual sistema no grava a las fuentes de riqueza, sino que a las personas por su consumo, teniendo un carácter altamente regresivo y que no aporta recursos para tener un Estado más activo gestor de grandes iniciativas”.
|
Más de dos tercios del principal recurso natural de Chile entregados a privados y extranjeros empobrecen a la mayoría de los chilenos.
 El 11 de julio próximo se cumplirán 40 años desde que, por la unanimidad del Congreso Nacional, el Estado chileno nacionalizara la principal riqueza natural del país, el cobre. Fruto de la dictadura de Pinochet y los gobiernos “democráticos” posteriores, sin embargo, la situación se ha revertido: empresas privadas y multinacionales explotan hoy, privilegiadamente, más de dos tercios del llamado “sueldo de Chile”.
En 2006-2008, recuerda el médico y político Edgardo Condeza, quien dirige el Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, las remesas al exterior de dichas empresas llegaron a 70.732 millones de dólares. Pese a ello, pagan muy poco en impuestos y el royalty -aprobado en 2005- no tiene un efecto proporcional sobre la producción.
Condeza cita datos fundamentales acerca del problema. Reproduzco aquí algunos puntos específicos.
Importancia para el país
• El territorio chileno, que abarca apenas el 0,25 por ciento de la superficie terrestre, posee las mayores reservas de cobre conocidas en el mundo: 37 por ciento.
• Chile aporta más de la tercera parte (36 por ciento) del mineral que se produce en el planeta y con el costo de producción más bajo.
• El cobre constituye aproximadamente el 43% de las exportaciones nacionales.
Privatización
• En 1990, al retornar el gobierno civil, la producción estatal de cobre –Codelco más Enami- representaba el 90 por ciento del total y la privada sólo el 10 por ciento. En 2008, debido a la privatización de los nuevos yacimientos, la situación se invirtió: sólo el 29 por ciento de la producción era estatal y el 71 por ciento, privada. Y extranjera.
• En el decenio 1996-2006, las ganancias enviadas al exterior por las empresas extranjeras del cobre llegaron a 80.418 millones de dólares. En 2006, 2007 y 2008 fueron 70.732 millones de dólares en total.
• Las grandes mineras son el único sector de la economía que tiene el privilegio de la invariabilidad tributaria.
• Las pérdidas estimadas por el terremoto y el maremoto del 27 de febrero de 2010 alcanzan los 30.000 millones de dólares. Con un tercio de ese dinero se solucionaría todo el déficit en vivienda del país y se podría eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos esenciales, medicamentos, útiles escolares y computadores.
Plebiscito
• El Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos realizó una consulta popular sobre el tema en Santiago, Quilpué y Viña del Mar. Votaron 19.961 personas con su carné de identidad y firmando el registro respectivo, y los escrutinios fueron realizados por la Universidad de Santiago y la Universidad Católica de Valparaíso. El 82,54 por ciento se pronunció en contra de la privatización del cobre.
• Las autoridades deberían convocar a un plebiscito nacional. Deberían también fortalecer la unión de los principales países productores de cobre, para producir en armonía con la demanda y los precios y, además, analizar y prevenir en conjunto las consecuencias del futuro agotamiento del recurso.
Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos
edgardocondeza@vtr.net
Concepción, Chile
Algunas fuentes de información citadas:
Julián Alcayaga, Orlando Caputo, Graciela Galarce, Héctor Vega,
2007-2008.
Comité de Defensa y Recuperación del Cobre
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
|
“La intromisión y sobreexposición de un estado de extrema vulnerabilidad emocional de familiares; la reiteración de imágenes de los gritos y el dolor de éstos; el seguimiento intrusivo con cámaras; la insistencia de los periodistas para que respondieran; la truculencia y sensacionalismo al presentar cadáveres y los gritos desgarradores de los reclusos”, entre otros, son los fundamentos invocados por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para multar a las principales cadenas televisivas chilenas por su pasada cobertura del incendio de la cárcel de San Miguel, en el cual perecieron 81 reclusos.
El ente rector aplicó 200 Unidades Tributarias Mensuales -unos siete millones de pesos, 10.000 euros- a Televisión Nacional de Chile, Mega, Canal 13 y Chilevisión.
Cita entre las disposiciones infringidas el artículo primero de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, de 1993, que prohíbe a estos servicios “las transmisiones de cualquier naturaleza que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía, etc.”.
Menciona también el artículo tercero, que prohíbe, en los programas de carácter noticioso o informativo, “el sensacionalismo en la presentación de hechos o situaciones reales que envuelvan, entre otros, violencia excesiva y truculencia”, así como el artículo primero de la Ley 18.838, que define el correcto funcionamiento de los servicios televisivos como “el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación, a la dignidad de las personas, a la protección de la familia; al pluralismo; a la democracia; a la paz; a la protección del medio ambiente; y a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico”.
|
Reafirmando acuerdos partidarios y programáticos de la Concertación, el nuevo presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), afirmó que el debate sobre una nueva Constitución Política del Estado, que represente democráticamente al país, es “obligatorio”.
“Todos los presentes juramos respetar la Constitución y así lo haremos. Pero ello no puede inhibir un debate obligatorio: Chile necesita una nueva Constitución”, dijo Girardi al asumir el martes el segundo cargo de mayor importancia nacional.
Hasta hoy rige en Chile la Carta aprobada y promulgada por Pinochet en 1981, que ha sido sucesivamente reformada pero sin afectar sus pilares autoritarios debido a la oposición de los sectores pinochetistas.
“Chile ha cambiado. Es un hoy un país más complejo, un país que ha crecido y se ha diversificado. La sociedad chilena también ha experimentado muchos cambios. Es importante abrir este debate no sólo por la necesidad de profundizar y perfeccionar nuestra democracia y reconocer a nuestros pueblos originarios, sino también para lograr, con mejores herramientas, el desarrollo social, cultural, científico y económico que nuestro país requiere”, agregó el presidente de la Cámara Alta.
Este es su discurso.
|
En la mesa 140 del Liceo Lastarria vieron (los equipos de observadores) la mágica conversión de votos No en Sí por el simple expediente de contarlos en un fardo distinto; en la mesa 48 de la Escuela John Kennedy los votos nulos pasaron a ser blancos y, por lo tanto, Sí; en la mesa 157 de la escuela 396, en Pudahuel, la presidenta sacó del escritorio un fajo de votos, se los puso en la falda y los cambió por votos escrutados. (...) Más tarde, los expertos opositores establecieron que en al menos nueve provincias votó más del cien por ciento de la población. En comunas como Panguipulli y Futrono, los electores aumentaron en 96,4 y 83,8 por ciento respecto de la consulta del año 78.
Ascanio Cavallo, Oscar Sepúlveda y Manuel Salazar,
“La historia oculta del régimen militar”, Ediciones La Epoca, 1988. Pormenores del plebiscito de 1980, mediante el cual fue aprobada la actual Constitución Política de Chile.
|
17.02.11 @ 14:40:38. Archivado en Sociedad, 3. Chile
Dos amigos se encontraron en Santiago de Chile y entraron a tomar un café. Al calor de la conversación, uno –conservador, pragmático, sin sobresaltos económicos, buen empleo- admitió que la situación del país se había puesto aburrida. Llegaron imprevistamente así a un tema que habitualmente no formaba parte de la agenda común: la política. El otro –idealista, crítico, inestable, sin empleo- acotó rápidamente que eso era responsabilidad de la Concertación por haber condescendido tanto con los herederos de la dictadura. El conservador le replicó con aplomo que no había habido tal, sino, en contrario, un buen “razonamiento”, que evitaba nuevas confrontaciones y reyertas.
El idealista, incómodo, le contrarreplicó que el país y el mundo habían cambiado mucho en ese sentido. Su amigo lo negó rotundamente y lanzó una frase merecedora de hacer historia:
Deberíamos ser como los chinos. Así, ordenaditos.
La discusión se desvaneció automáticamente y no pasó a mayores, por lo que el encuentro, como de costumbre, terminó cordialmente.
Pero el idealista siguió dando vueltas al asunto. ¿No habrá querido proponer su satisfecho amigo un drástico cambio al apelativo “los ingleses de Sudamérica” que se da tradicionalmente a los chilenos?
Algún parecido tiene, particularmente en el campo laboral, la situación actual de los habitantes de lugares tan disímiles y distantes del planeta.
J.F.S.
Anécdota real y reciente
|
La Concertación de Partidos por la Democracia, que perdió el gobierno hace un año tras fuertes divisiones internas, anunció que creará un nuevo “espacio común de la oposición”, destinado a convocar y permitir la participación de amplios sectores políticos y sociales del país.
Aunque ya tiene una propuesta nacional: generar democráticamente una nueva Constitución Política del Estado, que derogue la autoritaria promulgada durante la dictadura y reformada sólo parcialmente desde entonces. Así lo acordaron los respectivos congresos ideológicos partidarios de 2007 y 2008. Lo ratificó la propia Presidenta Bachelet durante el vigésimo aniversario del triunfo del “No” a Pinochet (2008), como también el candidato presidencial oficialista, Eduardo Frei, al incluirla en su programa para las elecciones de 2009. Así lo detalló, además, la entonces ministra secretaria general de gobierno de Bachelet y hoy presidenta del PPD, Carolina Tohá.
Sólo falta que “la coalición política más exitosa de la historia de Chile”
-como le gusta autodenominarse- se ponga a la altura y se decida a difundirla y promoverla, cumpliendo así lo que prometió a los chilenos cuando derrotó a Pinochet.
|
El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) determinó presentar cargos contra las cuatro mayores cadenas de televisión abierta chilena por la cobertura que realizaran del incendio en el que perecieron 81 reclusos de la cárcel de San Miguel, en Santiago, el 8 de diciembre pasado.
El ente regulador, tras analizar la serie de denuncias presentadas, considera que los canales cuestionados apelaron al sensacionalismo y la truculencia, atropellando la dignidad de las personas exhibidas en las imágenes.
Acta oficial (puntos 19 a 22)
|
:: siguientes >>
|
Julio Frank Salgado
autor
