En agosto pasado, en pleno período electoral, Carolina Tohá, ministra secretaria general de Gobierno, se paró frente al auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y respondió directamente la pregunta del encuentro: “¿Una nueva Constitución para la República?”.
“El Bicentenario parece una oportunidad de plantearse una nueva Constitución”, dijo. Habló durante casi 20 minutos: “El sentido común de los chilenos y la forma como ha evolucionado nuestra sociedad han superado hace rato la mirada estrecha de nuestra Constitución”. Recordó que ésta “no sólo fue dictada por un gobierno de facto, con exclusión explícita de todos los sectores que no le eran afines, sino que intentó legitimarse a través de un plebiscito que no cumplía las garantías más elementales”. Calificó el orden político generado como “sofocante”.
Aseguró, asimismo, que no había fundamento alguno para un conflicto político “inmanejable”. En contrario, advirtió: “Que ideas mayoritarias dentro de la sociedad no tengan un cauce que haga viable su acogida en los canales constitucionales es una bomba de tiempo para la democracia y su credibilidad”.
La ministra vocera de Bachelet no había sino fundamentado lo que la Presidenta había dicho el año anterior, durante el vigésimo aniversario del plebiscito de 1988 -“Chile necesita más democracia, una nueva Constitución”-, y lo que el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, incluía en su programa de gobierno. Otros dos candidatos (Enríquez-Ominami y Arrate) estaban de acuerdo, lo mismo que sectores independientes y organizaciones sociales que habían realizado silenciadas campañas de promoción desde 2002.
¿Era necesario más para un debate nacional?
Sin embargo, ningún medio de comunicación cubrió el inequívoco discurso público de una alta funcionaria de gobierno como Tohá. Sorprendentemente, publicaciones alternativas también callaron, lo mismo que los círculos concertacionistas. La propia Presidenta no volvió a hablar del tema ni respondió –al menos públicamente- a Arrate cuando éste le pidió consultar a la ciudadanía. Tampoco lo hicieron Frei, pese a las oportunidades que le brindaron los debates televisivos; la propia Tohá, no obstante ser su jefa de campaña para la segunda vuelta, ni Enríquez-Ominami. En la práctica, volvieron a postergar la ley más importante del país y a respaldar el unilateral contrato político con los autores y principales favorecidos por un texto así de impugnado: los partidos de derecha.
Después sobrevinieron la derrota electoral y el terremoto, aunque ninguno es excusa para no incorporar todos los derechos fundamentales en una Constitución democrática. ¿Cuáles? La Declaración de las Naciones Unidas los consagra hace 62 años y las actuales Constituciones de Bolivia, Ecuador y Colombia, entre otros países, también. A propósito del desastre, el derecho a vivienda digna.
Julio Frank Salgado
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30.04.10 @ 10:00:41. Archivado en 1. Periodismo, 3. Chile, Constitución, Asamblea Constituyente
