Nueva Constitución: Arrate persiste; Enríquez-Ominami y Frei vacilan

“Consultemos a la ciudadanía si quiere o no una nueva Constitución”, insistió el candidato presidencial Jorge Arrate durante el foro radial desarrollado ayer en la Universidad Mayor, transmitido en directo a través de una red nacional de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

El abanderado de la izquierda reiteró su petición al gobierno –no respondida hasta ahora- en el sentido de instalar una cuarta urna en las elecciones de diciembre próximo. “Espero que mis contendores ocasionales se pronuncien sobre este planteamiento”, agregó.

Marco Enríquez-Ominami, en tanto, respondiendo una pregunta de la periodista Beatriz Sánchez (radio ADN), reiteró que no existen actualmente en Chile mecanismos constitucionales para convocar a una Asamblea Constituyente y que, por lo tanto, prefiere un camino dual: “Explorar mecanismos hacia la Asamblea Constituyente y avanzar hacia una reforma más esencial: modernizar el Estado”, dijo.

Informó al respecto que la Comisión Especial de Estudio del Régimen Político de la Cámara de Diputados -que preside- aprobó una propuesta que permitiría seguir adelante con la discusión sobre las reformas que él plantea.

Eduardo Frei, a su vez, al igual que durante el foro televisivo de septiembre y pese a que el formato del programa de ayer otorgaba varios minutos de libre disposición, no habló de su “Constitución del Bicentenario”. Sólo mencionó reformas constitucionales puntuales.

Sebastián Piñera, indiferente a este tema, prefirió hacer hincapié en mayor represión a la delincuencia.

¿Hacia una nueva Constitución en Chile?

02.10.09 @ 03:40:14. Archivado en 5. Política, 3. Chile, Constitución, Asamblea Constituyente

El candidato presidencial de la Concertación, ex Presidente y actual senador, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pronunció un encendido discurso el mes pasado con motivo de la presentación de su programa de gobierno. Fundamentó rotundamente la necesidad de una nueva Constitución Política para Chile, conforme con su conocida sentencia que la vigente “es una camisa de fuerza que no resiste más parches (reformas)”. Más aún, anunció que una de sus primeras medidas sería convocar a una “Alta Comisión de Reforma Constitucional con representantes de todos los sectores políticos y parlamentarios, de las fuerzas sociales y de nuestros mejores expertos constitucionalistas”, la que debería entregarle una propuesta el 18 de septiembre de 2010 -cuando se celebre el bicentenario del país-, para iniciar así “una nueva fase de la historia nacional”.

El anuncio coincide con la fugaz, pero inequívoca declaración de la Presidenta Michelle Bachelet en el 20° aniversario del No a Pinochet, el 5 de octubre del año pasado: “Chile necesita una nueva Constitución”. Y también con los subsiguientes anticipos de algunos líderes oficialistas respecto del contenido de la actual campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre.

Un tema de esta envergadura y trascendencia debería predominar en las agendas y discursos de los políticos y en las pautas de los medios informativos, y lo que ocurre, en contrario, es que dicha campaña ha sido hasta ahora una insoportable rutina de acusaciones personales y lugares comunes. Aunque no es casualidad: tanto la “clase política” –así llamada con ironía, por unos, y resignación, por otros- como las grandes cadenas periodísticas figuran entre los favorecidos por la inicua herencia institucional de Pinochet y una nueva institucionalidad, auténticamente democrática, se supone, disminuiría su poder y permitiría emerger a los sectores medios y bajos de la sociedad, discriminados a partir de la Carta Fundamental en vigor.

De ahí la permanente aprensión y reserva de los sectores dominantes, remecidos un poco ahora por el aparente empecinamiento personal de uno de sus miembros más conspicuos (Frei). La derecha, que no tiene fundamentación intelectual para justificar la institucionalidad semiautoritaria, ha disimulado su alarma con discretas publicaciones de prensa; la Concertación, a su vez, no ha mostrado entusiasmo y el gobierno de Bachelet ha dicho simplemente que esta es una materia que debiera ser abordada por la próxima administración. Sólo los excluidos –escindidos del oficialismo, comunistas y otros- se han sentido con la libertad y la autonomía necesarias para proclamar públicamente el tema de fondo: una nueva Constitución, como señalan los preceptos cívicos elementales, debe ser redactada por el pueblo, es decir, por una asamblea constituyente.

En otras palabras, el supuesto “ejemplo de democracia” que se suele atribuir internacionalmente a Chile no ha podido, en realidad, sacudirse de añejos temores y prejuicios oligárquicos respecto de la soberanía popular, lo que ha impedido que la ciudadanía sea más que simple consumidora y ejerza su derecho a participar directamente en la construcción de su país.

Lo dijo una ministra de Bachelet

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