Frei porfía con nueva Constitución sin asamblea constituyente

19.09.09 @ 12:00:49. Archivado en 5. Política, 3. Chile, Constitución, Asamblea Constituyente

El candidato presidencial de la Concertación anunció que una de sus primeras medidas sería convocar a una “alta comisión” para que proponga una nueva Carta Fundamental, negando al pueblo su derecho a elaborarla.

El candidato presidencial de la Concertación, ex Presidente y actual senador, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pronunció un encendido discurso el pasado lunes 7 con motivo de la presentación de su programa de gobierno, en el cual fundamentó rotundamente la necesidad de una nueva Constitución Política para Chile. Más aún, anunció que una de sus primeras medidas sería convocar a una “Alta Comisión de Reforma Constitucional con representantes de todos los sectores políticos y parlamentarios, de las fuerzas sociales y de nuestros mejores expertos constitucionalistas”, grupo que debería entregarle una propuesta el 18 de septiembre de 2010 -cuando se celebre el bicentenario del país-, para iniciar así “una nueva fase de la historia nacional”.

Consumó de este modo su oposición a una asamblea constituyente, haciendo suyos añejos temores y prejuicios oligárquicos respecto de la soberanía popular y negando el derecho del pueblo a participar directamente, por primera vez en su historia, en la construcción de la normativa más trascendente de un país democrático.

“Lo más importante no es la economía sino la Constitución”

Su diagnóstico previo, en cambio, fue razonable y certero. Este es el extracto de su referencia al tema constitucional:

“Algunos se preguntan: ‘¿Por qué esta obsesión de Frei con cambiar la Constitución? ¿Por qué sigue tan pegado en el pasado? ¿Acaso no estamos bien con la que tenemos? ¿Acaso no hay cosas más importantes de qué preocuparse?’.

Quiero ser bien claro. Durante años nos han querido convencer que lo más importante de un país es el ‘modelo económico’. No señores: lo más importante es su Constitución, porque de aquí se deriva su orden económico, así como su orden social y político.

Una Constitución debe estar abierta los desafíos que vienen. Hoy Chile y la humanidad encaran nuevos retos. Pienso en los derechos sociales, la seguridad energética, la representación de las minorías, el cambio climático, el cuidado de las aguas, la protección del medio ambiente, entre muchos otros.

Seamos francos: la Constitución que tenemos, aunque la hemos reformado, simplemente ‘no da el ancho’ para encarar los retos que tenemos por delante. Por esto he dicho que necesitamos una nueva Constitución. Esto lo afirmo no pensando en las ‘deudas’ que arrastramos, sino en los desafíos que tenemos por delante como Nación.

Pongo un ejemplo. Hoy es evidente, sobre todo después de la crisis que ha golpeado a la economía internacional y de las fórmulas empleadas para salir de ella, que es indispensable una mayor participación del Estado en campos como la economía, la energía, la seguridad ciudadana, la protección de los trabajadores y consumidores, el cuidado de las aguas, la planificación estratégica para adaptarnos al cambio climático y mitigar las emisiones de C02, y así por delante.

Pues bien, eso no es posible con la actual Constitución. Por lo mismo, si queremos que el Estado deje de ser el ‘pariente pobre’ de la estrategia de desarrollo de nuestro país no podemos seguir pidiendo permiso ni empleando triquiñuelas: ¡tenemos que cambiar la Constitución para que el Estado, como representación de la Nación, de lo que nosotros, la ciudadanía, ha sido y quiere llegar a ser, se imponga en las grandes definiciones estratégicas del país.

La Constitución del Bicentenario debe descentralizar al país. Sus nuevos retos no se pueden encarar con el grado de concentración y centralización del poder que tenemos.

Debemos reconocer la dimensión territorial de las políticas públicas, dar más autonomía presupuestaria a las regiones y municipios, uniendo todo esto a una profunda modernización institucional.

La Constitución del Bicentenario debe establecer garantías sobre los derechos sociales y económicos que van más allá de los derechos de propiedad. Hablamos de los derechos laborales, a la protección y paz social, a la educación de calidad, a la seguridad ciudadana, al empleo, la salud, la vivienda, la cultura, entre otros.

La Constitución del Bicentenario debe incluir un cambio del sistema electoral. Terminar con un sistema binominal que está debilitando nuestra democracia y destruyendo a nuestro sistema de partidos. No basta con que hagamos pactos de exclusión, como lo ha hecho la Concertación con el Partido Comunista, demostrando una vez más su vocación democrática. Necesitamos un sistema que entregue representación a todos los sectores y termine con las injustas exclusiones políticas que hasta hoy perduran. Necesitamos un sistema electoral donde lo importante sea competir por los votos y no por los cupos.

La Constitución del Bicentenario debe ser un instrumento para terminar con las discriminaciones odiosas. En la lucha por la igualdad de las mujeres hemos dicho ‘ni un paso atrás’, es cierto, pero sabemos que tenemos que dar pasos decididos hacia delante en materias de corresponsabilidad en relación a los hijos, igualdad en el mercado laboral, inclusión de los jóvenes, y especialmente, reconocimiento a los pueblos indígenas como naciones originarias, constituyentes de nuestro ser nacional.

Hoy anuncio que he tomado la decisión de convocar, en los primeros 30 días de mi gobierno, a una Alta Comisión de Reforma Constitucional con representantes de todos los sectores políticos y parlamentarios, de las fuerzas sociales y de nuestros mejores expertos constitucionalistas, para hacer una propuesta de Nueva Constitución. Esta propuesta deberá ser entregada al Presidente para el 18 de septiembre del 2010, con el objetivo que su debate se transforme en un acto de unidad nacional, iniciando así, con ambición, sin miedos, con fe en el futuro, una nueva fase de la historia nacional”.

Temor, errores, porfía

Lo malo es que el candidato oficialista pretende generar una nueva Constitución marginando al pueblo de su elaboración, contrariando así los preceptos democráticos y cívicos más elementales.

Según su presentación ante la Comisión Especial de Estudio del Régimen Político de la Cámara de Diputados, en diciembre del año pasado, para hacer todos los cambios que propone su “Constitución del Bicentenario” no se necesita “ni conviene” instalar una Asamblea Constituyente, pues “se puede seguir progresando en esta dirección mediante la reforma constitucional gradual tal como se ha venido haciendo hasta la fecha con resultados limitados”. Seis meses después, en el diario La Nación (27-6-2009), reiteró que “lo lógico sería hacerlo vía el Parlamento”.

¿Está dispuesto a “negociar” una nueva Carta Fundamental? ¿Y con los mismos políticos que diseñaron o defienden la vigente, los mayores responsables, además, de la situación que él mismo denuncia?

Enseguida, descalificó los procesos constituyentes llevados a cabo en otros países: “La experiencia de las (Asambleas) Constituyentes en general en América Latina, a mi juicio, ha sido negativa, porque al final se transforma en un déficit institucional, que al final nadie sabe quién manda”.

Una visión distinta

Pero Frei tiene al menos dos formidables contradictores: en el propio gabinete de la Presidenta Bachelet, la ministra Carolina Tohá, y en el propio Congreso Nacional, el Guía de Educación Cívica de la Biblioteca de la institución.

Este último señala:

Los procedimientos democráticos para establecer una Constitución parten del principio de que el poder constituyente se encuentra radicado en el pueblo, siendo éste el único que legítimamente puede darse una Carta Fundamental.

Y la ministra, al exponer su visión personal en un seminario de la Universidad Diego Portales, precisó:

La necesidad de una nueva Constitución en Chile debe evaluarse por su propio mérito, que es bien distinto al de otros procesos. No hay ningún fundamento para imaginarse que una nueva Constitución entre nosotros podría ser fruto de un grupo político arrasando a otros ni de una conflictividad política inmanejable. Al contrario, la necesidad de una nueva Constitución viene motivada por la búsqueda de un orden más compartido, acordado por todos, más integrador que el vigente.

El paso constitucional dado por Frei y la Concertación, resuelto y todo, debiera tomarlo en cuenta si pretende “dar el ancho” como propuesta democrática.

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