“Nuestro objetivo hoy es avanzar hacia una Constitución que interprete y represente el sentir de todos los chilenos.
Aún existen amplios sectores que se consideran excluidos del pacto cívico nacional que debe ser una carta fundamental. Queremos que la Constitución recoja lo que son nuestros valores republicanos. La Constitución del Bicentenario a la que aspiramos debe sentar las bases de un Estado Social y Democrático de Derecho, donde los valores de la libertad, el progreso y la justicia social jueguen un importante rol como elementos de cohesión de nuestra sociedad.
Además, el país necesita que el pueblo recupere su plena soberanía para reformar en forma coherente su Constitución, desactivando de paso las actuales disposiciones que limitan el pleno ejercicio de la democracia, como, por ejemplo, el sistema binominal o el sistema de quórum especiales.
En este sentido, nos hemos planteado los siguientes objetivos para una profunda reforma constitucional durante el próximo gobierno:
-Proteger constitucionalmente los derechos económicos, sociales y culturales, en balance con los deberes cívicos de nuestros ciudadanos.
-Modificar el excesivo presidencialismo, equilibrando la relación con el parlamento.
-Otorgar más poder a las regiones.
-Reformar profundamente los marcos institucionales en que se conduce la política, con el objeto de mejorar la eficacia, la legitimidad cívica y el funcionamiento de nuestra democracia.
-Avanzar en formas de democracia directa, participación descentralizada y consulta ciudadana.
-Establecer claramente en la Constitución el carácter multicultural de la nación chilena y el reconocimiento de los pueblos indígenas.
-Proteger los derechos de las minorías contra toda forma de discriminación, la igualdad de género y la valoración de la pluralidad de las formas de vida.
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El Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente informó que, pese a algunas anomalías en el escrutinio oficial y carencias propias, se pudo detectar más de 50 mil sufragios marcados con ”asamblea constituyente” en la primera vuelta de las elecciones.
Coordinadores del movimiento social reiteraron llamado a los partidarios de una Constitución verdaderamente democrática a participar en el recuento de votos en su respectiva mesa y defender los marcados como válidos-objetados.
 El Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente emitió la siguiente declaración pública, titulada ”Este 17 de enero, con tu voto exige ‘asamblea constituyente’” y firmada por el ex juez Juan Guzmán Tapia, el abogado Roberto Garretón y el sociólogo Gustavo Ruz:
“Para valorar la importancia del llamado a marcar el voto con las palabras ‘ASAMBLEA CONSTITUYENTE’ en las elecciones parlamentarias y presidenciales es esencial que se tenga en cuenta el objetivo supremo de nuestro movimiento, cual es recuperar el derecho de los chilenos a su autodeterminación, lo que implica instalar una Asamblea Constituyente que, como depositaria de la soberanía popular, redacte una Constitución Política verdaderamente democrática en reemplazo del Decreto 3.464, impuesto en 1980 por la dictadura.
Antes de lanzar esta propuesta, nuestro movimiento comprobó que tanto la Ley 18.700, artículo 71 N°5, como la Cartilla de Instrucciones elaborada por el Servicio Electoral autorizan explícitamente tal procedimiento, cuestión que nos confirmó personalmente el Director de dicha entidad Sr. Juan Ignacio García. Adicionalmente, constatamos que los vocales o apoderados de mesa que intenten anular el voto así marcado se exponen a penas de cárcel (artículo 132 de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios).
Informes preliminares y parciales dan cuenta que más de 50 mil chilenas y chilenos escribieron ASAMBLEA CONSTITUYENTE en las pasadas elecciones del 13 de diciembre. En muchos casos, sin embargo, las mesas reconocieron la validez de la preferencia, pero NO OBJETARON el voto, lo que inviabiliza su escrutinio.
En virtud de esta experiencia -y admitiendo que carecemos de una estructura orgánica y administrativa que nos permita contabilizar todos los votos marcados en las 35 mil mesas receptoras de sufragios que hay en el país-, llamamos a quienes apoyen esta opción a que PARTICIPEN EN EL RECUENTO DE VOTOS DE SU MESA, defiendan el voto marcado como VALIDO-OBJETADO e informen de inmediato a los correos electrónicos, teléfonos o centros de cómputos que hemos instalado para cuantificar la mayor cantidad de adhesiones que sea posible. En este propósito, pueden apelar incluso a la responsabilidad de vocales y apoderados de mesa, quienes tienen la obligación de hacer cumplir la normativa legal.
Para nuestro movimiento, escribir en el voto la expresión ASAMBLEA CONSTITUYENTE es un LEGITIMO instrumento de difusión y no un fín en sí mismo. Lo hacemos con el mismo tesón, fervor y entusiasmo que los seminarios, charlas en poblaciones y universidades, reuniones sindicales, foros, paneles, actos culturales, acciones callejeras, edición y distribución de libros, volantes, afiches y otras iniciativas que, con gran esfuerzo, impulsan miles de nuestr@s compañer@s de agrupaciones de base desplegados en todo el país.
De esta manera, hemos contribuido a que la demanda por cambiar la actual Constitución -que hace algunos años era un tema tabú, sistemáticamente silenciado en los medios de comunicación -, forme parte de las reivindicaciones unánimes de los más importantes sindicatos y federaciones nacionales, CUT, CAT, ANEF, Colegio de Profesores, federaciones campesinas, estudiantiles, de adultos mayores, de pueblos originarios, etc. De hecho, tres candidatos presidenciales, que suman con largueza más de la mitad del electorado, incluyeron esta demanda en su plataforma programática.
En este nuevo escenario, tan distinto al de tres años atrás, nuestro movimiento necesita poner especial atención y energía en los métodos que nos permitan unir y movilizar a las organizaciones sociales y sectores democráticos para que logremos efectivamente doblegar la resistencia de los poderes fácticos, conservadores y continuistas que buscan perpetuar el marco institucional vigente. Estos sectores tienen poder cupular, pero carecen de aceptación en la base social. Luego, en lugar de RECONOCER ABIERTAMENTE su complacencia con el Decreto 3.464 (mal llamado CONSTITUCION de 1980), esgrimen reparos ‘de forma’ al método que hemos propuesto. Quienes afirmen que esa marca anula el voto lo hacen por extrema ignorancia o mala fe, por cuanto el único voto nulo en la normativa chilena es aquel que contiene dos preferencias a la vez.
Independientemente de quien gane las elecciones del 17 de enero de 2010, nuestro movimiento proclamará firmemente, como un imperativo para la democratización de Chile y el pleno ejercicio de la soberanía popular:
a) La necesidad de una Constitución verdaderamente democrática, y
b) Que ésta sea generada por una Asamblea Constituyente.
Nuestra lucha es transparente, pacífica, legítima y patriótica, tanto en sus fundamentos y principios como en los múltiples mecanismos e iniciativas que pondremos en práctica antes y después de estas elecciones.
Que nadie ‘espere instrucciones’. Que cada cual genere más y nuevas instancias de cooperación y articulación colectiva e impulse sus propias iniciativas para que millones de chilenos se informen y configuren, paso a paso, una fuerza mayoritaria incuestionable que obligue a los poderes públicos a consultar, mediante plebiscito, la opinión del pueblo.
Se trata de una sentida aspiración ciudadana que sólo admite la victoria, fruto de la conciencia, la organización y la unidad en la diversidad de todas las fuerzas democráticas que hace más de treinta años se comprometieron con este supremo objetivo nacional: el derecho a la autodeterminación del pueblo chileno.
Juan Guzmán Tapia - Gustavo Ruz Zañartu - Roberto Garretón Merino
COMITE DE INICIATIVA POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE”.
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 “El verdadero cambio para el Bicentenario será abrir las grandes Alamedas y dejar que el Pueblo reconstituya nuestro régimen político, social y económico. Este cambio constitucional debe provenir necesariamente desde abajo hacia arriba, del Pueblo a La Moneda”.
“La Constitución del Bicentenario debe nacer de un proceso democrático en el cual la ciudadanía reflexione, analice, discuta y resuelva el texto constitucional; nos parece la formula más pluralista y democrática”.
“Como progresistas, nuestro compromiso es reconstituir la política, hacerla más ciudadana y participativa, reformar los partidos y cambiar el modelo de desarrollo que rige sobre nuestro país”.
“Queremos Asamblea Constituyente, aquí y ahora”.
Carolina Tohá, “Asamblea Constituyente para el Bicentenario”, declaración pública conjunta con los diputados Ramón Farías, Tucapel Jiménez, Alejandro Sule y Guido Girardi Briere, octubre de 2008.
“El Bicentenario parece una oportunidad de plantearse una nueva Constitución”.
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Eduardo Frei y su comando deberán abrirse a la inclusión de lo solicitado por los comandos de MEO y Arrate, vale decir: asamblea constituyente, nacionalización del cobre, reforma tributaria, fin al sistema binominal, no a la ley de amnistía, término a la educación municipalizada, garantía al derecho público a la salud, voto de los chilenos residentes en el exterior, distribución de la riqueza nacional y humanización del sistema económico imperante en el Chile de hoy, además de crear condiciones legales y morales para terminar con la corrupción. Si Frei no acepta estas condiciones, los votos de MEO y Arrate serán en blanco (masivo voto en blanco) y el nuevo Presidente será Sebastián Piñera.
Gustavo Martin Montenegro, chileno residente en Australia, sobre el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 13 de diciembre en Chile.
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 “Sepan ustedes que esta candidata emitirá su sufragio marcando el voto. Así, además de la opción por mi nombre, escribiré a un costado la frase asamblea constituyente. Podrán constatarlo en el conteo de la mesa 15, número 144, del colegio Santa María”.
Así lo anunció la candidata a diputada del pacto oficialista Concertación-Juntos Podemos por La Florida y consejera nacional de la Democracia Cristiana (DC), Myriam Verdugo. (Marcar el voto es un acto legal, pero muchos candidatos -de cualquier sector político- temen que dicho sufragio sea anulado durante el escrutinio).
Verdugo hizo el anuncio -similar al del año pasado con motivo de las elecciones municipales- el 23 de noviembre pasado al pronunciar un discurso ante adherentes a su candidatura y partidarios de una nueva Constitución Política para el país.
Dijo que este tema genera consenso, pues al menos tres aspirantes a la Presidencia se refieren a él en sus propuestas. Sin embargo, puso énfasis en la forma de lograrlo, pues disiente de su candidato (Eduardo Frei), quien ha anunciado una “alta comisión” en caso de ser elegido:
“Cada día el movimiento por una asamblea constituyente crece y cada día más gente entiende que se trata de promover la forma más democrática de generar la arquitectura política madre del país”, replicó la candidata. “Hemos ido relegando y desvirtuando acusaciones de populismo, de caudillismo, para empoderar paulatinamente a las personas de la necesidad de lograr que la sociedad toda se comprometa en el desafío de construir un Chile más justo y realmente democrático”.
Fundamentó que “la actual Constitución consagra por sobre el derecho a la vida, al trabajo decente, a la salud, a la educación, a la vivienda, a un entorno libre de contaminación, el derecho de propiedad, pero no de cualquier propiedad. No de nuestros enseres, casas, trabajo, sino el derecho de la gran propiedad. Cada día desaparecen en Chile cientos de emprendedores, absorbidos por la concentración económica en las pocas manos de unos privilegiados; cada día una farmacia, un negocio, una pequeña empresa muere a favor de las grandes cadenas o conglomerados. La actual Constitución consagra el lucro en la educación y en la salud; la actual Constitución apuesta por el crecimiento, por cierto de unos pocos, en desmedro del cuidado del medio ambiente; la actual Constitución es una camisa de fuerza, imposible de modificar en sus raíces debido a los altos quórums que exige; la actual Constitución favorece el statu quo, en el cual dos coaliciones políticas se reparten la administración del poder, relegando al cuerpo social a un papel mínimo, casi insignificante”.
Admitió que lograr una asamblea constituyente será una tarea “larga y fatigosa”, pues hay que luchar contra los medios de comunicación de la derecha, los partidos políticos y la mayoría de sus representantes, que la rechazan porque representa para ellos “el peligro claro de abrir el poder”.
Por eso, concluyó, votará y marcará su voto escribiendo en un costado de éste la frase asamblea constituyente.
J.F.S.
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Si es elegido Presidente, Marco Enríquez-Ominami convocará a una consulta popular durante sus primeros cuatro meses de ejercicio con el fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre una nueva Constitución y el mecanismo para elaborarla, informó el asesor del candidato en materias constitucionales, Ciro Colombara.
El abogado expuso el lunes en el seminario “Cambio Constitucional. Experiencia comparada y propuestas para Chile”, organizado por la Fundación Chile 21 y el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales.
Colombara dijo que “en el caso de Marco Enríquez-Ominami, el compromiso es llamar a una consulta (popular) en un plazo de cuatro meses, una vez asumido, planteando los puntos principales para lo que hemos llamado la Operación Constituyente”.
Explicó que la respuesta no sería vinculante jurídicamente, pero sí políticamente.
Aunque admitió que las recientes experiencias sudamericanas en materia constituyente no resultan atractivas para Chile, consideró ingenuo e inútil esperar que el Parlamento pueda avanzar en una reforma de esta envergadura, “que le signifique perder el poder que le da el sistema binominal”, apuntó, y que lo “obvio”, por lo tanto, debiera ser una asamblea constituyente.
“Planteamos una consulta popular ex-ante (previa), de manera de permitir que la ciudadanía, todos los chilenos, pueda pronunciarse respecto de la necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución y el camino que proponga el Presidente, en este caso Marco Enríquez-Ominami, de convocar a una asamblea constituyente, para que todos puedan plantear sus puntos de vista”, agregó.
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 Marcar el voto en Chile significa escribir en él una consigna o leyenda JUNTO CON indicar la correspondiente preferencia por un candidato (como se muestra en la imagen).
Un voto así marcado es plenamente VALIDO y debe ser otorgado al candidato indicado, ya que así lo establece la ley de votaciones populares y escrutinios vigente (Ley 18.700, artículo 71° número 5).
Marcar el voto es, por lo tanto, una acción legítima y LEGAL, y está destinada, en este caso, a exigir a las autoridades nacionales y dirigentes políticos un derecho humano y ciudadano básico que hasta ahora ha sido negado: UNA CONSTITUCION DEMOCRATICA.
Una Asamblea Constituyente es un organismo con representación proporcional de todos los sectores del país, autónomo y elegido por sufragio universal, cuya única finalidad es, precisamente, redactar una Constitución Política auténticamente democrática, que consagre todos los derechos.
Un voto marcado, una vez escrutado, debe ser introducido por los integrantes de la mesa receptora en un sobre especial para votos “objetados” y debe quedar un registro acerca de su marca.
Los votos “objetados” NO son votos anulados; se les denomina así porque serán revisados por el Tribunal Calificador de Elecciones en caso que un candidato, ante un resultado estrecho, presente una reclamación.
Los votos no válidos, es decir, no otorgados a candidato alguno, son aquellos que contienen preferencias por más de un candidato (voto nulo) o no han indicado ninguno (voto en blanco) contengan o no consignas o leyendas.
Esta campaña es impulsada por el Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente, movimiento cívico integrado por abogados de derechos humanos, otros profesionales, trabajadores y estudiantes, e inspirado por una campaña similar que derivó en una de las Constituciones más democráticas del mundo: la colombiana.
Marcando el voto con la frase ASAMBLEA CONSTITUYENTE o, simplemente, con las iniciales AC, se está exigiendo una Constitución que represente y dé derechos a todos.
Más información en:
www.asambleaconstituyentechile.cl
www.chilenosconstituyente.blogspot.com
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Mientras los Presidentes y militantes socialistas Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010) eran reconocidos por la oposición pinochetista como fieles continuadores del modelo neoliberal impuesto por la dictadura, diversos sectores de la ciudadanía chilena iniciaron una serie de debates, acuerdos, declaraciones y actos públicos destinados a exigir una Constitución auténticamente democrática.
Esta es una incompleta síntesis (relación gráfica en “Chilenos Todos”):
-“Chile a la Carta”, campaña ciudadana por una asamblea constituyente creada en 2002.
-Movimiento por el Plebiscito y los Derechos Ciudadanos de Concepción, que desde 2002 ha consultado en numerosas oportunidades a chilenos de la zona centro-sur del país sobre temas políticos y económicos.
-La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales demandó una nueva Constitución en su documento “Chile, un país de mayorías”, de agosto de 2005.
-Seminario “Pacto Ciudadano para la Constitución que queremos”, realizado por la Fundación Instituto de la Mujer y el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena en el Archivo Nacional, Santiago, diciembre de 2005.
-Libro “Sociedad Civil y nueva Constitución: Hacia un pacto ciudadano para la Constitución que queremos”, publicado por los organizadores de dicho seminario en 2006.
-Movimiento “Ciudadanos por una Asamblea Constituyente”, presentación pública en el Palacio Ariztía de Santiago, julio de 2007. Ha llamado a marcar el voto en las próximas elecciones.
-La Federación de Asociaciones Chilenas Residentes en Argentina adhirió a la iniciativa.
-Encuentro por la Unión de los Pueblos de Chile, por la asamblea constituyente, Valparaíso, septiembre de 2007.
-Cumbre de los Pueblos Iberoamericanos, Santiago, noviembre de 2007. Su Manifiesto insta a gestar procesos constituyentes.
-Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central, que en octubre de 2008 publicó el libro “¿Necesita Chile una nueva Constitución” en conjunto con el Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente, con las exposiciones del seminario del mismo título realizado en agosto.
-Manifestación pública de la Red de Estudiantes y Ciudadanos por la Asamblea Constituyente, Plaza de Armas, Paseo Ahumada y Alameda, octubre de 2008.
-Los senadores Carlos Ominami y Nelson Avila, y los diputados Pablo Lorenzini, Marco Enríquez-Ominami (actual candidato presidencial independiente), Sergio Aguiló, Tucapel Jiménez, Ramón Farías, René Alinco, Guido Girardi Briere, Alejandro Sule, Fernando Meza y Alvaro Escobar suscribieron en noviembre de 2008 el “Decálogo progresista para el futuro”, documento que concluye que “es necesario un plebiscito donde se vote una nueva Constitución.
-La Central Unitaria de Trabajadores, en su “Pliego de Chile”, presentado el 1 de mayo de 2009, exige una nueva Constitución.
-Primera Semana por la Asamblea Constituyente, organizada por la Red de Estudiantes y Ciudadanos por la Asamblea Constituyente y las universidades Central, Academia de Humanismo Cristiano y Alberto Hurtado, mayo de 2009.
-El Centro de Alumnos del Instituto Nacional, durante la “ocupación cultural” de junio de 2009, difundió un boletín que declara que “para cambiar la educación en Chile se necesita una nueva Constitución”.
-La Gran Logia Masónica de Chile, a través de su Gran Maestro, Juan José Oyarzún, se declaró partidaria de discutir una nueva Constitución, junio de 2009.
-La ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá, expuso en el seminario “¿Una nueva Constitución para la República?”, organizado por la Universidad Diego Portales, reiterando que “Chile necesita otra institucionalidad”.
-En el Congreso Nacional de Educación, centenares de dirigentes de diversos sectores coincidieron en la necesidad de una Asamblea Constituyente. Universidad de Santiago, septiembre de 2009.
-La Federación de Asociaciones Chilenas en Francia celebró las Fiestas Patrias con un programa denominado “Una nueva Constitución para Chile, por una república solidaria, inclusiva y representativa”.
-Carnaval Mil Tambores, por una Asamblea Popular Constituyente, Valparaíso, octubre de 2009.
Continuará...
© Julio Frank Salgado
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“Consultemos a la ciudadanía si quiere o no una nueva Constitución”, insistió el candidato presidencial Jorge Arrate durante el foro radial desarrollado ayer en la Universidad Mayor, transmitido en directo a través de una red nacional de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).
El abanderado de la izquierda reiteró su petición al gobierno –no respondida hasta ahora- en el sentido de instalar una cuarta urna en las elecciones de diciembre próximo. “Espero que mis contendores ocasionales se pronuncien sobre este planteamiento”, agregó.
Marco Enríquez-Ominami, en tanto, respondiendo una pregunta de la periodista Beatriz Sánchez (radio ADN), reiteró que no existen actualmente en Chile mecanismos constitucionales para convocar a una Asamblea Constituyente y que, por lo tanto, prefiere un camino dual: “Explorar mecanismos hacia la Asamblea Constituyente y avanzar hacia una reforma más esencial: modernizar el Estado”, dijo.
Informó al respecto que la Comisión Especial de Estudio del Régimen Político de la Cámara de Diputados -que preside- aprobó una propuesta que permitiría seguir adelante con la discusión sobre las reformas que él plantea.
Eduardo Frei, a su vez, al igual que durante el foro televisivo de septiembre y pese a que el formato del programa de ayer otorgaba varios minutos de libre disposición, no habló de su “Constitución del Bicentenario”. Sólo mencionó reformas constitucionales puntuales.
Sebastián Piñera, indiferente a este tema, prefirió hacer hincapié en mayor represión a la delincuencia.
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El candidato presidencial de la Concertación, ex Presidente y actual senador, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pronunció un encendido discurso el mes pasado con motivo de la presentación de su programa de gobierno. Fundamentó rotundamente la necesidad de una nueva Constitución Política para Chile, conforme con su conocida sentencia que la vigente “es una camisa de fuerza que no resiste más parches (reformas)”. Más aún, anunció que una de sus primeras medidas sería convocar a una “Alta Comisión de Reforma Constitucional con representantes de todos los sectores políticos y parlamentarios, de las fuerzas sociales y de nuestros mejores expertos constitucionalistas”, la que debería entregarle una propuesta el 18 de septiembre de 2010 -cuando se celebre el bicentenario del país-, para iniciar así “una nueva fase de la historia nacional”.
El anuncio coincide con la fugaz, pero inequívoca declaración de la Presidenta Michelle Bachelet en el 20° aniversario del No a Pinochet, el 5 de octubre del año pasado: “Chile necesita una nueva Constitución”. Y también con los subsiguientes anticipos de algunos líderes oficialistas respecto del contenido de la actual campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre.
Un tema de esta envergadura y trascendencia debería predominar en las agendas y discursos de los políticos y en las pautas de los medios informativos, y lo que ocurre, en contrario, es que dicha campaña ha sido hasta ahora una insoportable rutina de acusaciones personales y lugares comunes. Aunque no es casualidad: tanto la “clase política” –así llamada con ironía, por unos, y resignación, por otros- como las grandes cadenas periodísticas figuran entre los favorecidos por la inicua herencia institucional de Pinochet y una nueva institucionalidad, auténticamente democrática, se supone, disminuiría su poder y permitiría emerger a los sectores medios y bajos de la sociedad, discriminados a partir de la Carta Fundamental en vigor.
De ahí la permanente aprensión y reserva de los sectores dominantes, remecidos un poco ahora por el aparente empecinamiento personal de uno de sus miembros más conspicuos (Frei). La derecha, que no tiene fundamentación intelectual para justificar la institucionalidad semiautoritaria, ha disimulado su alarma con discretas publicaciones de prensa; la Concertación, a su vez, no ha mostrado entusiasmo y el gobierno de Bachelet ha dicho simplemente que esta es una materia que debiera ser abordada por la próxima administración. Sólo los excluidos –escindidos del oficialismo, comunistas y otros- se han sentido con la libertad y la autonomía necesarias para proclamar públicamente el tema de fondo: una nueva Constitución, como señalan los preceptos cívicos elementales, debe ser redactada por el pueblo, es decir, por una asamblea constituyente.
En otras palabras, el supuesto “ejemplo de democracia” que se suele atribuir internacionalmente a Chile no ha podido, en realidad, sacudirse de añejos temores y prejuicios oligárquicos respecto de la soberanía popular, lo que ha impedido que la ciudadanía sea más que simple consumidora y ejerza su derecho a participar directamente en la construcción de su país.
Lo dijo una ministra de Bachelet
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El editor de la sección Opinión del diario La Tercera, Marcel Oppliger, comunicó al abogado Roberto Garretón, promotor internacional de los derechos humanos y quien encabeza un movimiento por una asamblea constituyente, que le resultaba “imposible” publicar un artículo que éste le había remitido como réplica a una columna del economista Sebastián Edwards, en la cual se objetaba la propuesta de una nueva Constitución formulada por el candidato presidencial Eduardo Frei.
Oppliger, según informó el propio Garretón, respondió textualmente:
Gusto en saludarlo, y perdón por demorar tanto en responderle. Agradezco su propuesta de columna, pero me temo que nuestra agenda está enfocada a otras temáticas por estos días, y que el debate sobre la Constitución ha perdido algo de contingencia periodística. En este momento, por lo tanto, me es imposible asignarle espacio al texto que nos propone.
Este es el artículo de Garretón:
“Chile exige una Constitución democrática
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 Un gran consenso sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política para Chile hubo en el Congreso Nacional de Educación, que reunió a más de 40 organizaciones sociales en el Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) el viernes 4 y sábado 5 pasados.
Cientos de profesores, estudiantes secundarios, universitarios, académicos, funcionarios y asistentes de la educación reflexionaron y deliberaron en la Región Metropolitana y a lo largo del país.
En Santiago, unas 1.500 personas, reunidas en representación de todos los sectores de la educación, repletaron las dependencias del sector poniente de la Usach para participar de un acto histórico, que coincidió en sus conclusiones sobre la marcha de la educación chilena y del país en general.
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El candidato presidencial de la Concertación anunció que una de sus primeras medidas sería convocar a una “alta comisión” para que proponga una nueva Carta Fundamental, negando al pueblo su derecho a elaborarla.
 El candidato presidencial de la Concertación, ex Presidente y actual senador, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pronunció un encendido discurso el pasado lunes 7 con motivo de la presentación de su programa de gobierno, en el cual fundamentó rotundamente la necesidad de una nueva Constitución Política para Chile. Más aún, anunció que una de sus primeras medidas sería convocar a una “Alta Comisión de Reforma Constitucional con representantes de todos los sectores políticos y parlamentarios, de las fuerzas sociales y de nuestros mejores expertos constitucionalistas”, grupo que debería entregarle una propuesta el 18 de septiembre de 2010 -cuando se celebre el bicentenario del país-, para iniciar así “una nueva fase de la historia nacional”.
Consumó de este modo su oposición a una asamblea constituyente, haciendo suyos añejos temores y prejuicios oligárquicos respecto de la soberanía popular y negando el derecho del pueblo a participar directamente, por primera vez en su historia, en la construcción de la normativa más trascendente de un país democrático.
“Lo más importante no es la economía sino la Constitución”
Su diagnóstico previo, en cambio, fue razonable y certero. Este es el extracto de su referencia al tema constitucional:
“Algunos se preguntan: ‘¿Por qué esta obsesión de Frei con cambiar la Constitución? ¿Por qué sigue tan pegado en el pasado? ¿Acaso no estamos bien con la que tenemos? ¿Acaso no hay cosas más importantes de qué preocuparse?’.
Quiero ser bien claro. Durante años nos han querido convencer que lo más importante de un país es el ‘modelo económico’. No señores: lo más importante es su Constitución, porque de aquí se deriva su orden económico, así como su orden social y político.
Una Constitución debe estar abierta los desafíos que vienen. Hoy Chile y la humanidad encaran nuevos retos. Pienso en los derechos sociales, la seguridad energética, la representación de las minorías, el cambio climático, el cuidado de las aguas, la protección del medio ambiente, entre muchos otros.
Seamos francos: la Constitución que tenemos, aunque la hemos reformado, simplemente ‘no da el ancho’ para encarar los retos que tenemos por delante. Por esto he dicho que necesitamos una nueva Constitución. Esto lo afirmo no pensando en las ‘deudas’ que arrastramos, sino en los desafíos que tenemos por delante como Nación.
Pongo un ejemplo. Hoy es evidente, sobre todo después de la crisis que ha golpeado a la economía internacional y de las fórmulas empleadas para salir de ella, que es indispensable una mayor participación del Estado en campos como la economía, la energía, la seguridad ciudadana, la protección de los trabajadores y consumidores, el cuidado de las aguas, la planificación estratégica para adaptarnos al cambio climático y mitigar las emisiones de C02, y así por delante.
Pues bien, eso no es posible con la actual Constitución. Por lo mismo, si queremos que el Estado deje de ser el ‘pariente pobre’ de la estrategia de desarrollo de nuestro país no podemos seguir pidiendo permiso ni empleando triquiñuelas: ¡tenemos que cambiar la Constitución para que el Estado, como representación de la Nación, de lo que nosotros, la ciudadanía, ha sido y quiere llegar a ser, se imponga en las grandes definiciones estratégicas del país.
La Constitución del Bicentenario debe descentralizar al país. Sus nuevos retos no se pueden encarar con el grado de concentración y centralización del poder que tenemos.
Debemos reconocer la dimensión territorial de las políticas públicas, dar más autonomía presupuestaria a las regiones y municipios, uniendo todo esto a una profunda modernización institucional.
La Constitución del Bicentenario debe establecer garantías sobre los derechos sociales y económicos que van más allá de los derechos de propiedad. Hablamos de los derechos laborales, a la protección y paz social, a la educación de calidad, a la seguridad ciudadana, al empleo, la salud, la vivienda, la cultura, entre otros.
La Constitución del Bicentenario debe incluir un cambio del sistema electoral. Terminar con un sistema binominal que está debilitando nuestra democracia y destruyendo a nuestro sistema de partidos. No basta con que hagamos pactos de exclusión, como lo ha hecho la Concertación con el Partido Comunista, demostrando una vez más su vocación democrática. Necesitamos un sistema que entregue representación a todos los sectores y termine con las injustas exclusiones políticas que hasta hoy perduran. Necesitamos un sistema electoral donde lo importante sea competir por los votos y no por los cupos.
La Constitución del Bicentenario debe ser un instrumento para terminar con las discriminaciones odiosas. En la lucha por la igualdad de las mujeres hemos dicho ‘ni un paso atrás’, es cierto, pero sabemos que tenemos que dar pasos decididos hacia delante en materias de corresponsabilidad en relación a los hijos, igualdad en el mercado laboral, inclusión de los jóvenes, y especialmente, reconocimiento a los pueblos indígenas como naciones originarias, constituyentes de nuestro ser nacional.
Hoy anuncio que he tomado la decisión de convocar, en los primeros 30 días de mi gobierno, a una Alta Comisión de Reforma Constitucional con representantes de todos los sectores políticos y parlamentarios, de las fuerzas sociales y de nuestros mejores expertos constitucionalistas, para hacer una propuesta de Nueva Constitución. Esta propuesta deberá ser entregada al Presidente para el 18 de septiembre del 2010, con el objetivo que su debate se transforme en un acto de unidad nacional, iniciando así, con ambición, sin miedos, con fe en el futuro, una nueva fase de la historia nacional”.
Temor, errores, porfía
Lo malo es que el candidato oficialista pretende generar una nueva Constitución marginando al pueblo de su elaboración, contrariando así los preceptos democráticos y cívicos más elementales.
Según su presentación ante la Comisión Especial de Estudio del Régimen Político de la Cámara de Diputados, en diciembre del año pasado, para hacer todos los cambios que propone su “Constitución del Bicentenario” no se necesita “ni conviene” instalar una Asamblea Constituyente, pues “se puede seguir progresando en esta dirección mediante la reforma constitucional gradual tal como se ha venido haciendo hasta la fecha con resultados limitados”. Seis meses después, en el diario La Nación (27-6-2009), reiteró que “lo lógico sería hacerlo vía el Parlamento”.
¿Está dispuesto a “negociar” una nueva Carta Fundamental? ¿Y con los mismos políticos que diseñaron o defienden la vigente, los mayores responsables, además, de la situación que él mismo denuncia?
Enseguida, descalificó los procesos constituyentes llevados a cabo en otros países: “La experiencia de las (Asambleas) Constituyentes en general en América Latina, a mi juicio, ha sido negativa, porque al final se transforma en un déficit institucional, que al final nadie sabe quién manda”.
Una visión distinta
Pero Frei tiene al menos dos formidables contradictores: en el propio gabinete de la Presidenta Bachelet, la ministra Carolina Tohá, y en el propio Congreso Nacional, el Guía de Educación Cívica de la Biblioteca de la institución.
Este último señala:
Los procedimientos democráticos para establecer una Constitución parten del principio de que el poder constituyente se encuentra radicado en el pueblo, siendo éste el único que legítimamente puede darse una Carta Fundamental.
Y la ministra, al exponer su visión personal en un seminario de la Universidad Diego Portales, precisó:
La necesidad de una nueva Constitución en Chile debe evaluarse por su propio mérito, que es bien distinto al de otros procesos. No hay ningún fundamento para imaginarse que una nueva Constitución entre nosotros podría ser fruto de un grupo político arrasando a otros ni de una conflictividad política inmanejable. Al contrario, la necesidad de una nueva Constitución viene motivada por la búsqueda de un orden más compartido, acordado por todos, más integrador que el vigente.
El paso constitucional dado por Frei y la Concertación, resuelto y todo, debiera tomarlo en cuenta si pretende “dar el ancho” como propuesta democrática.
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La Federación de Asociaciones Chilenas Residentes en Argentina (Fedach) envió un saludo de Fiestas Patrias a todos sus compatriotas, en el cual se queja del abandono en que les ha sumido el Estado chileno en cuanto a sus derechos cívicos, pero advierte que “por más que ese Estado nos ignore, no vamos a dejar de ser ciudadanos”.
Este es su mensaje:
“Estimadas y estimados compatriotas:
Conmemoramos el 199° aniversario de la creación del Estado chileno. Desde la distancia no podemos dejar de emocionarnos al recordar la tierra que nos concibió, los padres y familiares que nos criaron y los maestros, amigos y vecinos que nos formaron con enseñanzas y afectos, entre la cordillera de los hielos eternos y el frío océano azul.
Los años pasan y sin querer nos hemos convertido en emigrantes. Ya son muchos los años que han pasado y las razones que nos condujeron a vivir fuera del país. Lo que creíamos que iba a ser sólo una temporada, ha pasado a ser una época. Acá hemos fundado una familia, criado a nuestros hijos y somos parte de los buenos vecinos de nuestro barrio.
Construir esto no ha sido fácil. Durante años hemos debido estar solos -casi aislados-, porque ha sido la única forma de poder constituir una familia, mantener un trabajo y crear lazos con nuestros nuevos paisanos.
Por mucho tiempo, nuestro único nexo con la Patria Chilena ha sido el Centro de Compatriotas de la ciudad, al que concurrimos una o más veces al año. Nos juntamos allí para rememorar a Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra, Arturo Prat, Bernardo O’Higgins, Lautaro, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, Caupolicán, Pedro Aguirre Cerda, que son los nombres con que los Centros han bautizado a sus instituciones. O nuestros copihues rojos, nuestras araucarias, cavando profundo en las raíces de Chile. Y también, los de hermandad: Abrazo de Maipo, Los Libertadores, Unión, Integración, Chilena–Argentina.
En más de 35 años, en esta cultura que re-creamos, el Estado chileno se ha encontrado ausente. Y nada indica que en un próximo período dicha conducta se modifique. Vanos han sido nuestros esfuerzos durante dos décadas por lograr un vínculo permanente con nuestra Nación. El ejercicio de nuestros derechos ciudadanos: poder votar por nuestras autoridades y también elegir nuestros representantes en el Parlamento.
En las próximas elecciones presidencial y parlamentaria y la más probable Segunda Vuelta Presidencial no vamos a votar por nuestras autoridades nacionales. El Estado chileno -que en el 2010 cumplirá 200 años– desprecia, se desprende de casi un millón de ciudadanos residentes en el mundo, de los cuales más de 500 mil vivimos en Argentina.
Por más que ese Estado nos ignore, no vamos a dejar de ser ciudadanos. Aunque estemos fuera del país, seguimos siendo chilenos. Y desde este pedazo de Chile, que es este Centro Chileno, declaramos que sea quien sea el próximo Presidente de Chile, continuaremos demandando por nuestros derechos ciudadanos. No importa por quien votemos, lo importante es que nos garanticen votar en el extranjero.
¡Viva el 18 de Septiembre! ¡Viva Argentina! ¡Viva Chile! ¡Felicidades compatriotas!
Consejo Directivo de Fedach. Buenos Aires, Septiembre de 2009”.
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 “Por una república solidaria, inclusiva y representativa, una nueva Constitución para Chile” se denomina el programa de celebración de Fiestas Patrias que ha preparado para el próximo 19 de septiembre la Federación de Asociaciones Chilenas en Francia (Fedach-Francia), que reúne a más de cuatro mil compatriotas, en la localidad de Savigny le Temple, al sureste de París.
Durante la visita de la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, a ese país en mayo pasado, la presidenta de la Fedach, María Parra, le pidió “solemnemente” organizar un plebiscito junto con las próximas elecciones presidenciales para que el pueblo de Chile pueda decidir acerca de una asamblea constituyente.
En la invitación se enumera una serie de derechos que la futura institucionalidad debiera, a su juicio, garantizar:
-Educación libre, gratuita y de calidad
-Acceso a salud de calidad para todos
-Trabajo estable y dignamente remunerado
-Derecho a la participación y representación ciudadanas sin exclusión
-Derecho a elegir representantes en elecciones uninominales y proporcionales para evitar la exclusión política
-Derecho a voto para los chilenos en el exterior
-Respeto y reconocimiento de los derechos territoriales, culturales e identitarios de los pueblos originarios
-Respeto a los derechos humanos: no al olvido, no a la impunidad
-Derogación de la ley de amnistía
-No a la aplicación de la ley antiterrorista a la comunidad mapuche
-Defensa de las riquezas básicas y naturales
-Recuperación del cobre para reconstruir la justicia social y económica
-Nacionalización del agua
-Protección del medio ambiente
-Una historia, una memoria y un futuro para la juventud chilena
-Apoyar los esfuerzos de la juventud chilena por preservar la memoria del exilio
-Fomentar los encuentros de jóvenes en Francia
-Intercambio entre jóvenes de Chile y jóvenes chilenos en Francia.
El programa
La programación de Fiestas Patrias es la siguiente:
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J.F.S.
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El asesor del candidato presidencial concertacionista Eduardo Frei, Pablo Ruiz-Tagle, se quejó de que dicha candidatura ha tenido dificultades para difundir sus propuestas a través de los medios de comunicación nacionales, ya que en éstos “hay un tremendo incentivo para la basura política”.
El abogado participó el lunes 24 en el seminario “¿Una nueva Constitución para la República?”, del Instituto de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, oportunidad en la cual aludió a la llamada “Constitución del Bicentenario”, que el candidato ha incluido como una de las propuestas más importantes de su programa de gobierno.
“Los planteamientos en los que estamos trabajando serán dados a conocer en los próximos días, no sin dificultad, porque en los medios -todos sabemos quién los controla- hay un tremendo incentivo para la basura política y ningún, ningún apoyo a las propuestas serias, a los programas, a las medidas que realmente puedan interesar a la ciudadanía, o un espacio muy limitado para eso. Lo digo con pena, porque me duele que en nuestro país no exista ese espacio”, dijo Ruiz-Tagle.
Gran parte de la prensa chilena es propiedad de grandes consorcios periodísticos, nacionales y extranjeros, proclives en efecto al sistema neoliberal y su pauta político-electoral diaria suele preferir los conflictos personales entre candidatos al debate de fondo, como el de una nueva Constitución que reemplace la de Pinochet. La Concertación, sin embargo, se adecuó al sistema aunque hoy lo considere una “camisa de fuerza”, como lo expresara el propio Frei.
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La ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá, dijo que la administración de la Presidenta Bachelet no tiene una propuesta concreta sobre nueva Carta Fundamental, pues ese tema debe ser asumido por un gobierno en el inicio de su mandato. (Bachelet, durante el pasado 20° aniversario del No, afirmó que “Chile necesita una nueva Constitución”).
Tohá abrió el lunes 24 el seminario “¿Una nueva Constitución para la República?”, organizado por el Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) y la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, con el auspicio de la Fundación Heinrich Boell y el Instituto Igualdad.
Precisó, sin embargo, que el Ejecutivo “valora el espíritu de discutir acerca de nuestra Carta Fundamental en forma reflexiva y respetuosa”.
“Nos parece un debate necesario –añadió la ministra-, puesto que hay múltiples síntomas que revelan un desfase, una incongruencia, entre lo que Chile es hoy y, más aún, lo que parece querer ser, y, por otra parte, el Chile al que aspira nuestra actual Constitución”.
Más adelante aclaró que su presencia en el encuentro no significaba que “el gobierno vaya a iniciar ahora una reforma integral a nuestra Constitución ni tenga una propuesta oficial al respecto. Nos parece que esta discusión necesita desarrollarse y decantarse, y debe ser asumida por un gobierno al inicio de su mandato, para conducir en forma coherente un proceso que será complejo y tomará tiempo”.
Recordó también que, como diputada hasta hace seis meses, participó en la elaboración de un ensayo sobre este tema junto al abogado Javier Couso, académico de dicha universidad, a lo que aludió durante el resto de su intervención.
Julio Frank S.
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El candidato presidencial Jorge Arrate envió una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, en la cual le insiste en que acceda a permitir que la ciudadanía pueda elegir entre la actual Constitución y una asamblea constituyente que permita elaborar una nueva Carta Fundamental.
Hace algunas semanas, Arrate presentó al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma -entonces Vicepresidente de la República-, la propuesta que el gobierno instale una cuarta urna en las elecciones del 13 de diciembre próximo, para que los chilenos y chilenas puedan expresar libremente su opción. Dicha proposición aún no es respondida.
Esta es la misiva:
“Santiago, 17 de agosto de 2009.
Doctora
Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República
Presente
Estimada Presidenta:
Hace algo más de dos semanas fui recibido gentilmente por su Ministro del Interior, señor Edmundo Pérez Yoma, a quien planteé en nombre de las fuerzas que conforman el Juntos Podemos Más/Frente Amplio la solicitud de someter a Ud. una iniciativa política que permitiría consultar la opinión de las chilenas y los chilenos sobre la necesidad de una nueva Constitución. Esta propuesta postula la idea de establecer una cuarta urna el próximo 13 de Diciembre, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Al acercarse la conmemoración del Bicentenario de la República, crece la convicción sobre la necesidad de que Chile se dote de una Constitución enteramente democrática y que establezca en su inspiración y arquitectura un modelo de desarrollo más justo e integrador. Las fuerzas de izquierda, progresistas y democráticas que impulsamos la necesidad de una nueva Constitución consideran indispensable que sean los ciudadanos quienes la generen, a través de una Asamblea Constituyente.
Es por eso, estimada Presidenta, que me dirijo a usted, para solicitarle que tenga a bien considerar nuestra propuesta y adoptar las medidas necesarias para que los chilenos podamos pronunciarnos democráticamente, el 13 de Diciembre del 2009, sobre la necesidad de una nueva Constitución generada y ratificada por la soberanía popular.
Atentamente,
Jorge Arrate Mac Niven
Candidato Presidencial”.
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“Manifestamos nuestra más profunda solidaridad con el pueblo mapuche y advertimos a las autoridades de gobierno que la violencia desatada por la policía en la región sólo legitima el derecho a la autodefensa de aquellos históricamente agredidos”, señalaron en una declaración pública 32 historiadores de diversas universidades chilenas.
En la zona sur del país, donde se concentra gran parte de las comunidades indígenas, se han producido violentos enfrentamientos entre comuneros que reivindican sus territorios ancestrales y las fuerzas policiales dispuestas por el gobierno. Un joven mapuche fue muerto por un policía la semana pasada.
Esta es la declaración:
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Con protección policial se encuentra el juez Alejandro Madrid, quien lleva, entre otros procesos, la causa por el presunto homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva durante la pasada dictadura, luego que el magistrado denunciara un seguimiento por parte de desconocidos.
En julio pasado, el director del semanario El Siglo, Francisco Herreros, interpuso un recurso de protección denunciando amenazas en su contra después que iniciara la publicación de diversos documentos desclasificados atribuidos a la CIA, los que mencionan a ex militares, políticos y empresarios en el citado caso, así como en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y el químico al servicio de la dictadura Eugenio Berríos, este último, durante el régimen civil.
Eduardo Frei murió en una clínica privada en 1982 luego de sucesivas complicaciones tras una intervención quirúrgica aparentemente de rutina y se sospecha que fue envenenado. El abogado de su familia –en la que se incluye al también ex Presidente y actual candidato a un segundo período, del mismo nombre-, Alvaro Varela, anunció que pedirá los primeros procesamientos.
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 Jorge Arrate espera que la Presidenta recurra a la propia Constitución vigente para convocar a un plebiscito.
El candidato presidencial allendista Jorge Arrate (PC-IC) se reunión ayer con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, a quien pidió que el gobierno instale una cuarta urna en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13 de diciembre próximo, con el fin de que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre si desea o no una nueva Constitución vía asamblea constituyente.
Arrate fue acompañado al Palacio de La Moneda por el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier; el presidente de la Izquierda Cristiana (IC), Manuel Jacques, y el dirigente de los socialistas allendistas y director ejecutivo de su campaña, Esteban Silva.
“Es un esfuerzo que vale la pena”, expresó, a la salida del encuentro. “Sería un gesto muy positivo que la Presidenta Bachelet, antes del término de su mandato, enviara, si es preciso, un proyecto de reforma constitucional rápidamente y habilitara la realización de este plebiscito o lo convocara de acuerdo a la interpretación que establece el artículo quinto de la Constitución, que le otorga esa potestad”.
Recordó que la Jefa de Estado es partidaria de una nueva Constitución –como lo afirmó en el 20° aniversario del triunfo del “No” a Pinochet- y de plebiscitar materias importantes para el país, como también lo son Alejandro Navarro, del Movimiento Amplio Social, y, con distintos enfoques, Eduardo Frei y el independiente Marco Enríquez-Ominami.
Aunque admitió que “no hubo ningún compromiso” de parte del gobierno, “este es un tema que hay que resolver rápido, porque las elecciones son en poco más de cuatro meses”, agregó.
“Esta nueva Constitución debe ser producto de la manifestación soberana del pueblo, lo que sólo se hace a través de una asamblea constituyente”, reiteró.
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La periodista Soledad Onetto, conductora de noticias de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile
(Canal 13), fue presentada ayer como animadora, por segundo año consecutivo, del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, certamen de música popular organizado por el gobierno municipal de esa ciudad.
La profesional declaró en la oportunidad que “al mismo cargo va bien el mismo sueldo”, al comparar su contrato con el del coanimador -Felipe Camiroaga, de Televisión Nacional de Chile-, que se estima en 60 millones de pesos (más de 70 mil euros).
Ese doble desempeño, no obstante, es censurado por el Código de Etica Profesional del Colegio de Periodistas de Chile -actualizado hace sólo ocho meses- al establecer particularmente su artículo 20 que debe haber siempre “una distinción clara entre los mensajes informativos y los publicitarios, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ellos”.
El Colegio, sin embargo, ya no tiene tuición sobre quienes no son miembros de la orden.
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Chile necesita más democracia, una nueva Constitución, más descentralización y más participación.
Presidenta Michelle Bachelet, durante la conmemoración del 20º aniversario del triunfo del
No a Pinochet, Court Central del Estadio Nacional, 5 de octubre de 2008.
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Un visitante –Carlos- comentó hace algunos días uno de mis posts sobre política chilena manifestando su extrañeza por que éste no hubiera recibido comentarios, ni siquiera los infaltables “exaltados”, y especuló que quizá no fue leído por otros pese a que, según escribió, la “objetividad” y “credibilidad” de su autor le parecían destacables.
Para no extenderme en la no recomendable autorreferencia, enunciaré sucintamente algunas consideraciones que podrían ayudar a dilucidar este supuesto “misterio”:
1. Los artículos de este blog tienen un estilo formal, estructural, lejano y/o ajeno a la identificación empática que busca y seduce al cibernauta promedio.
2. Su contenido –crítica política y autocrítica periodística- no suele llamar la atención si no proviene de un personaje famoso, conocido públicamente o extravagante.
3. Los hechos que selecciona, describe y enjuicia no son de la conveniencia o gusto del cibernauta-consumidor, ni chileno ni universal, pues no están enfocados hacia esa conveniencia o gusto.
4. Periodista Latino no tiene, pese a su esfuerzo, el arrastre de Periodista Digital.
5. Los chilenos en general –incluyendo los residentes en el exterior- rechazan la política contingente de su país y/o temen a su “clase” dirigente (política y mediática), más aún ante la propuesta de un cambio de la institucionalidad vigente, por muy restrictiva que ésta sea, y una asamblea constituyente, por muy democrática que ésta sea.
Como fuere, la principal motivación de este blog permanece inmune: si los temas y acontecimientos que difunde son vetados por casi todos los medios –en especial la campaña ciudadana por una asamblea constituyente-, alguna importancia han de tener. Eso, contrariamente a la impresión de Carlos, no debiera extrañar...
J.F.S.
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No obstante aparecer con más del 70 por ciento de aprobación en encuestas de opinión, la Presidenta Michelle Bachelet espera la aprobación parlamentaria de un proyecto de ley que señala a los convocantes a manifestaciones callejeras como co-responsables por los eventuales daños a la propiedad cometidos durante el curso de éstas.
La iniciativa legal, que sanciona también a quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”, es rechazada por diversas organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, que la consideran un atentado contra la libertad de expresión y un recurso de la pasada dictadura.
El ejercicio de Bachelet (2006-2010) ha sido el más conflictivo de los cuatro gobiernos de la Concertación, pues ha enfrentado protestas populares de gran envergadura, como la llamada “Revolución de los pingüinos” (estudiantes secundarios), de los trabajadores subcontratistas del cobre, reiteradas movilizaciones de los profesores y los funcionarios de la salud, y una paralización nacional de los empleados fiscales, entre otras.
Otras reuniones masivas, sin embargo, parecen menos inquietantes para el gobierno, que ha destinado una millonaria inversión a la remodelación de estadios de fútbol profesional en el país y acaba de recibir una petición formal de la Cámara de Diputados en orden de “hacer todo lo posible” para que el grupo rock AC/DC pueda presentarse en Chile en un recinto acorde con sus exigencias.
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 Gran Maestro Juan José Oyarzún se mostró preocupado por la crisis de valores en la sociedad y planteó que es necesario abrir nuevos rumbos de cara al Bicentenario.
“Un mundo nuevo necesita caminos nuevos, mentalidades nuevas”, dijo al presentar el
foro-panel “Una nueva Constitución: Responsabilidad Ciudadana”, en el cual la mayoría de los expositores se declaró partidaria de una asamblea constituyente.
Es preocupante la brecha que existe entre los líderes institucionales y las preocupaciones cotidianas de la mayor parte de la población. Más de la mitad de los ciudadanos habilitados para ejercer el derecho al sufragio se abstienen de hacerlo o votan blanco o nulo. La influencia de poderes fácticos en nuestra vida institucional continúa siendo preocupante. Enfrentamos el Bicentenario y la mayoría de los chilenos no tiene los niveles de información ni los espacios institucionales para hacer valer sus intereses, críticas e iniciativas.
Así lo advirtió el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Juan José Oyarzún, en su discurso de apertura del foro-panel “Una nueva Constitución para Chile: Responsabilidad Ciudadana”, organizado por el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (Ilec) y desarrollado el viernes 26 de junio en la sede de la orden, en Santiago. Los abogados Enrique Silva Cimma, ex canciller; Hernán Bosselin y Luis Valentín Ferrada, ex diputados, y Gonzalo Taborga expusieron ante un centenar de asistentes.
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 El Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente difundió la siguiente declaración pública:
“El miedo a la soberanía popular en Honduras: historia conocida.
Un golpe de estado depuso el domingo al Presidente Constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya. El Ejército asaltó a balazos su residencia, lo sacó del país e impidió la realización de una consulta democrática, pacífica y no vinculante, que permitía a todos los hondureños opinar acerca de la conveniencia de plebiscitar, en el marco de las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales del 29 de noviembre próximo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Acto seguido, los golpistas presentaron al Parlamento una fraudulenta carta renuncia del Presidente, que sirvió de pretexto para la nominación de un sucesor.
Políticos y empresarios que en el pasado fueron el principal sostén de las dictaduras que oprimieron al pueblo hondureño constituyen el núcleo duro de esta asonada antidemocrática. Han declarado el estado de sitio e iniciado una feroz represión contra la mayoría ciudadana que respalda al Presidente Zelaya.
Una vez más, lo que en realidad aterra a los poderes fácticos de Honduras y de toda América Latina, es que se consulte, escuche y respete la voluntad del pueblo.
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 “Los chilenos nos manifestamos en contra del golpe de estado en el hermano país de Honduras.
Hacemos público nuestro más enérgico repudio al acto de atropello al pueblo hondureño y a su democracia emprendido este domingo 28 de junio por quienes realizaron y continúan sosteniendo un golpe de estado evidente e inconstitucional, violando todos los principios democráticos y de respeto a la voluntad soberana.
Las fuerzas militares del país hermano han violado la soberanía popular y depuesto por la fuerza el gobierno democráticamente elegido. El Presidente José Manuel Zelaya fue secuestrado (así como varias autoridades más).
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 Los estudiantes del Instituto Nacional, que realizan una “ocupación cultural” durante ya tres semanas, aseguran que “ningún diálogo para crear un proyecto de ley servirá para estatizar la educación pues la LOCE, que no ha sido borrada, sino que se le han hecho sólo maquillajes, no lo permite. Para cambiar la educación en Chile se necesita una nueva Constitución, pero ésta debe ser democrática, no como la anterior”.
La declaración aparece en un boletín difundido por los alumnos, denominado “Pingüino Informa”.
Explican que la educación debe ser estatizada por cuanto la municipalizada es ineficiente y está en quiebra, y si se desea verdaderamente igualdad de oportunidades hay que comenzar por derogar las leyes impuestas durante la dictadura, como la municipalización.
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El diputado y precandidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami dijo el jueves que cree en una asamblea constituyente como vía para cumplir los sustanciales cambios que plantea para la política y la sociedad chilenas.
Precisó, sin embargo, que no existen actualmente en el país los mecanismos institucionales necesarios para llevarla a cabo, por lo que ha solicitado una propuesta al respecto a dos especialistas en la materia.
Yo creo en la asamblea constituyente. Pero, seamos francos, hoy día no existen los mecanismos. (...) Busquemos juntos el mecanismo para avanzar hacia allá. El tema de la asamblea constituyente no es tan sólo cómo se entra en ella; el tema también es cómo se sale de ella. He pedido a Gustavo (Ruz) y a Roberto (Garretón) que hagamos el recorrido riguroso de cómo vamos a entrar en una asamblea constituyente y cómo vamos a salir de ella.
Enríquez-Ominami, de 36 años, considerado “díscolo” por sus pares de la Concertación hasta su reciente renuncia al Partido Socialista, así como un “fenómeno” electoral por la prensa, presidió en Santiago una reunión con sus asesores programáticos y un centenar de profesionales adherentes a su candidatura, la que emergió hace sólo dos meses.
Una encuesta le acaba de dar el 13 por ciento de las preferencias, contra el 37 y el 30 por ciento, respectivamente, de los veteranos contendores que le aventajan: el millonario derechista Sebastián Piñera y el concertacionista democratacristiano y ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
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El juez que encausó a Pinochet, ya retirado de la magistratura, se ha comprometido activamente con el proceso hacia una asamblea constituyente en Chile.
“Estamos creando la democracia”, dijo a los participantes de un seminario del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central.
 Cuando Juan Guzmán Tapia dejó el Poder Judicial en 2005 luego de ejercer como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, llevaba consigo el reconocimiento público como el juez que sometió a proceso a Augusto Pinochet en causas por violaciones de derechos humanos. Después de su retiro, se dedicó al ejercicio privado –especialmente la defensa de los pueblos indígenas-, fue Decano de Derecho de la Universidad Central y actualmente dirige el Centro de Estudios de Derechos Humanos (CEDH) del mismo plantel.
Ahora, sin embargo, el ex magistrado se ha autoimpuesto un desafío aun mayor: contribuir a la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución Política de Chile, auténticamente democrática, que reemplace la autoritaria promulgada en dictadura y reformada parcialmente por los gobiernos civiles posteriores. Una idea que parece haber prendido ya en la ciudadanía, salvo entre los políticos herederos de esa dictadura, sus medios de comunicación afines y los concertacionistas neoliberales.
El CEDH ha organizado ya dos seminarios de elocuentes títulos: “¿Necesita Chile una nueva Constitución?”, en agosto de 2008, y “Asamblea Constituyente: Un proceso posible en Chile”, realizado hace algunos días. El año pasado, además, la revista oficial del Centro, “Directo a lo Humano”, llevó como reportaje de portada el tema de una nueva Constitución.
Y la intervención de su director no se ha limitado a la formalidad académica: el viernes pasado se le vio en el Aula Magna de la Universidad Central en grupos de discusión integrados por estudiantes de diversos planteles universitarios y algunos secundarios, y por adherentes en general, estimulándoles a persistir en sus ideales.
Más aún: en octubre pasado anunció públicamente que marcaría su voto en las elecciones municipales de ese mes añadiéndole las iniciales “AC” (asamblea constituyente) para exigir una Carta Fundamental democrática, explicando que la vigente no lo era.
Un proceso posible
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Estuvo en Chile, su país, a comienzos de mayo, presentando su nueva obra, “Americanos”. Concedió entrevistas a numerosos medios, principalmente radios y diarios. Aquéllas no tenían cómo evitarlo, pero estos últimos, con tiempo suficiente para pensarlo dos veces, terminaron por censurar algunas de sus opiniones.
¿Cuáles, por ejemplo? Que Chile sufre todavía una Constitución Política opresiva y parchada, y que necesita, por lo tanto, una nueva y plenamente democrática. Nada menos.
Para mitigar el daño, el escritor chileno Ariel Dorfman, respondiendo al autor de este blog, “Voz del Sur”, reiteró desde Estados Unidos:
La Constitución legada por la dictadura es una chaqueta de fuerza que impide una serie de reformas que ahora, con la crisis, se vuelven aún más imperativas. Chile necesita una Constitución plenamente democrática votada por su pueblo en elecciones libres y secretas.
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Autoridad universitaria presidió la presentación del libro que investiga al diario El Mercurio durante la dictadura.
 El prorrector de la Universidad de Chile, Jorge Las Heras, sostuvo que el libro “El Diario de Agustín: Cinco estudios de casos sobre El Mercurio y los derechos humanos, 1973-1990” se encuentra en el ideario de esa corporación de estudios superiores, pues representa la capacidad de ésta de decir la verdad aunque resulte doloroso o riesgoso.
La segunda autoridad de ese plantel presidió el lunes la presentación de la obra que contiene una extensa y profunda investigación periodística sobre la participación del diario El Mercurio en cinco casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El trabajo fue realizado por los periodistas Claudia Lagos -profesora y editora-, Paulette Dougnac, Elizabeth Harries, Claudio Salinas, Hans Stange y María José Vilches, del Instituto de Comunicación e Imagen de esa universidad (ICEI).
Dijo Las Heras:
Este es un libro que representa lo que es el pensamiento de la Universidad de Chile, esa tremenda capacidad, a través de su historia, de dar a conocer situaciones importantes en la historia de nuestro país, con objetividad y esa capacidad de decir la verdad, muchas veces a costa de muchos dolores... o de quedarse sin pega (empleo) en el futuro.
Agregó que es un orgullo para la Universidad de Chile que sus alumnos y graduados hayan sido capaces de sacar adelante este libro.
Pero también hizo una autocrítica: “Cuando uno ve las noticias, todo el mundo, hasta la izquierda más de izquierda, siente que si no salió en El Mercurio no existe. Y en las páginas sociales, muchos connotados diputados y senadores de izquierda se empujan para salir en la foto. Entonces, la pregunta es, realmente: ¿El Mercurio es malo? Es malo para algunas cosas, no es malo para todas las cosas. Y si no tenemos una alternativa distinta es porque nosotros, como sociedad, hemos sido incapaces de generar un medio distinto, obviamente, a algunos como La Nación”.
Principios intransables
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 Las paredes del atrio de la Casa Central de la Universidad de Chile, en la Alameda del Libertador Bernardo O’Higgins, en la capital del país, lucen enormes planchas grabadas que perpetúan los nombres de ilustres ciudadanos que han contribuido a dar prestigio y celebridad a la institución de estudios superiores más antigua de la nación. Una de ellas muestra una nómina de ex alumnos que alcanzaron el máximo honor nacional: ser Presidente de la República. Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Patricio Aylwin –todos de la Concertación-, Salvador Allende y Jorge Alessandri aparecen allí, entre otros.
El lunes 18, en el recinto contiguo, el Salón de Honor, el prorrector, Jorge Las Heras, presidió la ceremonia de presentación de un libro al que identificó en su discurso como parte del espíritu de la universidad, un arduo trabajo de investigación realizado por periodistas del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI). Asistieron estudiantes y profesores, incluyendo Premios Nacionales de Periodismo y Literatura.
El acto fue cerrado por el himno oficial de la universidad (“Egresado, maestro, estudiante... Vibre entera la Universidad...”) y los presentes, de pie, lo siguieron con solemnidad.
No había, sin embargo, un solo político -exceptuando al ex diputado Andrés Aylwin, retirado de la contingencia-. Muchos de ellos, aunque no hayan llegado tan alto como los ya mencionados, son también ex alumnos del plantel.
Se presentaba “El Diario de Agustín: Cinco estudios de casos sobre El Mercurio y los derechos humanos, 1973-1990”, el libro que, como el documental basado en la obra, se atreve a investigar al periódico más influyente y controversial del país.
El periodista y productor del documental, Fernando Villagrán, lo explicaba hace algunos días en La Nación (10-5-2009):
Yo no conozco ningún político, de ningún sector, que esté dispuesto a enemistarse con Agustín Edwards (propietario del periódico) para desaparecer de la geografía política.
Y en plena campaña electoral, como ahora, menos aún.
Aunque signifique negar no sólo el alma máter, sino también parte de su propia historia, la llamada “clase política” chilena quizá no luche por una placa en las oficinas del decano de la prensa, pero sí por un pequeño espacio en sus grandes pliegos entintados.
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01.05.09 @ 09:40:55. Archivado en NOTICIAS, 3. Chile
El multimillonario empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera resultaría especialmente favorecido por las concesiones establecidas por la próxima ley de televisión –proyecto actualmente en el Parlamento-, lo que agregaría un nuevo conflicto de intereses en caso de ser elegido y asumir la Presidencia de Chile en marzo próximo.
Así lo revela un artículo de Felipe Saleh sobre un reciente estudio del abogado Lucas Sierra, del think tank neoliberal Centro de Estudios Públicos (CEP), publicado por el periódico electrónico El Mostrador.
Piñera acaba de anunciar un fideicomiso ciego voluntario para sus empresas, exceptuando, además de Blanco y Negro (concesionaria de Colo Colo), la red televisiva de cobertura nacional Chilevisión.
“De aprobarse la ley propuesta por el gobierno, el empresario tendría un nuevo estatus como concesionario, gracias al cual incluso podría prescindir del acuerdo con la universidad (de Chile), al no necesitar legalmente de ese espacio que arrienda para transmitir en Santiago”, indica Saleh. “De convertirse en Jefe de Estado, Piñera tendría el control político del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), organismos que regulan el sector”.
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A Marco Enríquez-Ominami no le bastará su imagen juvenil y farandulera: tendrá que responder cómo y con quiénes llevaría a cabo su “Decálogo progresista para el futuro”, el documento que firmó en 2008 y que concluye en la necesidad de un plebiscito para votar una nueva Constitución.
 El 8 de noviembre pasado, el diputado de Partido Socialista Marco Enríquez-Ominami presentó, junto a otros once parlamentarios de la Concertación, el llamado “Decálogo progresista para el futuro”, documento que plantea “cambios profundos” al actual sistema político y social chileno, entre ellos, una nueva Constitución Política del Estado.
El pasado 12 de abril, en un programa de Chilevisión, reafirmó su decisión de ser candidato a la Presidencia de la República no obstante la oposición de su partido.
¿Qué declara, en síntesis, su extenso “Decálogo”?:
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Las críticas a la política no son sino una de las múltiples expresiones de la crisis global del país, la que abarca a todas sus instituciones, y el desencadenante no es otro que el gobierno de Pinochet. El uso abusivo de la fuerza. La supresión sistemática de las organizaciones sociales y políticas a lo largo de más de una década. La instauración del miedo como el eje de la convivencia. La extrema personalización del poder. Las concepciones equivocadas del desarrollo del país y del lugar de Chile en el mundo. El desconocimiento de su historia. La ausencia de voluntad democrática. Todos esos son factores que han ido sumiendo al país en una de las peores crisis de su historia.
Alejandro Foxley, 1988.
El (Pinochet) realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo (XX). Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar –que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etcétera. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida.
Alejandro Foxley, 2000.
Fuentes: Alejandro Foxley, Chile puede más, 1988; Revista Cosas,
5-5-2000.
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El ex subsecretario del Interior Felipe Harboe asumirá como nuevo diputado designado luego que la Presidenta Michelle Bachelet nombrara a la titular, Carolina Tohá, como ministra secretaria general de Gobierno.
El extraño enroque entre poderes del Estado permite a la gobernante retirar del Parlamento a un legislador elegido por votación popular
-que será sustituido por un militante designado por su partido, el PPD- y ponerlo bajo su directa y personal dependencia.
La actual Constitución no habilita a un senador o diputado a renunciar sino ante una enfermedad grave que le impida ejercer y así lo califique el Tribunal Constitucional. Establece, sin embargo, la incompatibilidad entre los cargos de parlamentario y otro remunerado con fondos públicos (artículos 57 al 60), y que, por tanto, “cesará” aquél en caso de ser designado ministro de Estado.
Si bien no pertenece al grupo de militantes de la Concertación llamados “díscolos”, Tohá se ha pronunciado por una propuesta que incomoda tanto al oficialismo como a la oposición de derecha: una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución, que reemplace la de Pinochet. Harboe -quien se presentará como candidato en diciembre próximo- ha sido en cambio el principal impulsor de una tenaz política de seguridad interior y orden público, más acorde con las exigencias de la oposición.
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No se mejora un noticiario potenciando la imagen comercial y el compromiso institucional de su periodista conductor, pues eso depende simplemente de la calidad de la información que entrega.
 ¿Es normal, aceptable o correcto que un periodista conductor de un noticiario se haya desempeñado paralelamente como modelo publicitario de una empresa comercial, animado un conocido festival musical y continuado al frente de la presentación de noticias como si nada?
Canal 13 (TV-UC) permitió que Soledad Onetto, conductora titular de su programa de noticias de mediodía, fuera “rostro” publicitario de una multitienda, gran avisadora en los medios –el Código de Etica Profesional del Colegio de Periodistas prohíbe el ejercicio paralelo de ambas funciones-. Después la designó como su representante en la conducción del reciente Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desechando a sus mejores animadores y la ha confirmado en el noticiario con este nuevo “valor agregado” más propio de la ficción.
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El acceso al agua, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, telecomunicaciones y otros servicios básicos es también un derecho humano en la nueva Constitución recién aprobada por el pueblo boliviano.
 Acceso al agua, el alcantarillado, la energía eléctrica, el gas domiciliario, las telecomunicaciones y otros servicios básicos como derecho humano, lo mismo que a la salud, una alimentación sana y suficiente, el trabajo, la educación, la vivienda, la información y el deporte, entre otros, consagra la nueva Constitución Política de Bolivia, redactada por una asamblea constituyente, revisada por el Congreso y aprobada por el pueblo de ese país en el referéndum del 25 de enero pasado.
La nueva Carta Magna boliviana establece, además, el voto de los residentes en el extranjero y un conjunto de derechos para los pueblos originarios.
A continuación, diversos extractos del texto constitucional promulgado por el Presidente Evo Morales el 7 de febrero, particularmente aquellos no considerados por la Constitución vigente en Chile (subtítulos, del editor).
Estado social de derecho
Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Soberanía popular
Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.
Derechos fundamentales y sociales
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 Ante el avance en el Parlamento de la reforma constitucional que instaura la inscripción electoral automática y el voto voluntario, el senador y presidente la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, manifestó sus dudas sobre la transparencia que tendría el nuevo padrón electoral -al que deberían sumarse casi cuatro millones de personas- y pidió un empadronamiento independiente del Registro Civil.
Comprensible preocupación, pues ese servicio estatal está siendo investigado por presunto fraude al Fisco y no se trata del primer cuestionamiento a la institución en los últimos años.
Un problema mayor que ése, sin embargo, radica en que nada menos que la actual Constitución Política del Estado de Chile, cuyo principal ideólogo fue precisamente el fundador del partido que ahora preside Coloma -Jaime Guzmán Errázuriz-, fue aprobada sin registros electorales y las denuncias sobre fraude fueron desoídas por las autoridades del gobierno de facto de entonces.
¿No cabría ahora no sólo corregir urgentemente las irregularidades en el Registro Civil para que dé garantías al nuevo padrón electoral, sino también aprobar una Constitución como corresponde, es decir, con los requisitos democráticos de rigor?
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La película “Che: el argentino”, de Steven Soderbergh, que integraba el 33.er Festival de Cine de la Universidad Católica, fue suspendido por los organizadores debido a “problemas comerciales y contractuales que la distribuidora (BF) no pudo solucionar”, según indica el comunicado oficial.
Dos horas antes de su programado estreno, el jueves 15, sin embargo, la información atribuía dichos problemas a presiones de cadenas comerciales para que el filme, que narra la vida del guerrillero Ernesto “Che” Guevara en los años previos a la revolución cubana, no fuera exhibido.
Los organizadores lamentaron el hecho, explicando que éste obedeció a “motivos ajenos a la voluntad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del equipo organizador del 33.er Festival CineUC”.
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Julio Frank Salgado
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