Julio Frank Salgado
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El país también vale la pena
06.05.08 @ 21:18:44. Archivado en 4. Política, Sociedad, 3. Chile, Constitución, Asamblea Constituyente
Mientras aumenta el descontento social en Chile y cada sector protesta por su cuenta, tres movimientos ciudadanos que propusieron una solución nacional están detenidos.
Trabajadores de la Corporación del Cobre (Codelco) -la mayor empresa chilena- protestan por compromisos patronales incumplidos; mujeres promotoras de la anticoncepción encabezan una protesta por la prohibición de la píldora del día después; estudiantes protestan por la inequidad de la ley general de educación; empleados fiscales protestan por sus injustas condiciones laborales. Y así... cada cual en lo suyo.
Esos y otros conflictos sociales parten, en mayor o menor medida, de la rígida legislación inspirada en la actual Constitución Política del Estado, creada y promulgada sin democracia y reformada posteriormente excluyendo numerosos derechos sociales y ciudadanos. Por eso, desde hace seis años se vienen gestando en el país diversos movimientos ciudadanos que proponen una salida global, nacional: la elección de una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.
Los intentos partieron en 2002, en Talca, con la conformación del grupo llamado “Chile a la Carta”, impulsado por estudiantes universitarios liderados por el abogado, doctor y profesor de Derecho de la Universidad de Chile Eric Eduardo Palma, que realizó un simulacro de plebiscito en Santiago en el cual el 97,7 por ciento de los consultados apoyó su propuesta.
Tres años después, en 2005, se desarrolló un seminario denominado “Pacto ciudadano para la Constitución que queremos”, organizado por la Fundación Instituto de la Mujer y el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (Memch), fruto del cual fue publicado un libro del mismo nombre.
Y en 2007 surgió el movimiento “Ciudadanos Chilenos por una Asamblea Constituyente”, encabezado por el abogado de derechos humanos Roberto Garretón y el sociólogo Gustavo Ruz, al que adhirieron incluso algunos parlamentarios de la Concertación y que llamó a marcar el voto en las próximas elecciones municipales como medida de presión.
El objetivo, uno solo: exigir una asamblea constituyente y una Constitución democrática.
Dichos proyectos, sin embargo, están inconclusos. El primero, aparentemente por decisión propia, prefirió esperar una coyuntura política “más propicia”. El segundo adujo falta de recursos y “tiempo” para realizar las tareas demandadas. El tercero, simplemente dejó de funcionar de un mes al otro, supuestamente por presiones políticas.
¿Qué ocurrió? Hay un motivo especial tanto dentro como fuera de los convocantes.
Miedo
Muchos chilenos están hastiados de la inequidad y la exclusión, pero también muchos otros se muestran conformes o resignados al “mal menor”, esto es, a un diario vivir abiertamente desigual e injusto, pero bajo un alero político paternalista y con fácil acceso a la economía mediante el dinero plástico.
Las fuentes de financiamiento externas, a su vez, tan oportunas y decisivas durante las dictaduras, suelen quitar la prioridad a la promoción de la democracia una vez que éstas dejan el poder.
De este modo, no obstante la incipiente acogida a la propuesta de una asamblea constituyente y una nueva Constitución, los líderes sociales siguen prefiriendo reivindicar derechos en forma grupal, sectorial, evitando tocar la base del problema; cuando una norma genera polémica, como el fallo del Tribunal Constitucional adverso a la píldora del día después, apuntan exclusivamente a dicha norma. Así podrían transcurrir décadas antes de poder reparar, una a una, todas las grietas autoritaristas de la Carta Magna vigente...
Pero quizá el factor más influyente sea la censura, autocensura o minimización que afecta al tema constitucional tanto en la misma arena política como en los medios de comunicación, incluyendo algunos partidarios de la idea. Hasta un ex Presidente de la República (Eduardo Frei Ruiz-Tagle), protagonista de una encendida arenga por una nueva Constitución en el último congreso doctrinario de su partido, lo omitió en televisión cuando le preguntaron directamente –en el canal del precandidato presidencial opositor Sebastián Piñera- qué proponía él para resolver los problemas del país. Otros políticos adherentes también callan o morigeran su posición públicamente.
¿Motivo? Miedo. Tanto manifestantes como políticos temen que los poderes que aplican y se benefician de la actual política neoliberal -las grandes empresas y el Estado subsidiario- se sientan amenazados y los marginen del sistema. Ni siquiera los humoristas se salvan: Juan Carlos “Palta” Meléndez admitió que hacer humor político cierra las puertas a este gremio.
José Bengoa, miembro de la gubernamental Comisión Bicentenario, explicaba así en El Mercurio (20-4-2008) el considerable atraso y falta de interés que aqueja al programa oficial de celebración de los 200 años de la República:
Yo creo que esto tiene que ver con una dificultad para la reflexión en Chile, se le tiene demasiado miedo a la crítica.
Algo más que marchas
¿Es todo lo que la ciudadanía chilena y sus representantes pueden hacer por la democracia y ellos mismos? ¿Es razonable considerar la Constitución Política del Estado un tema secundario cuando existe coincidencia en que la vigente no identifica a la mayoría y le perjudica diariamente?
Cada cual se ciñe a sus propios intereses y el resto lo mira con curiosidad o indiferencia. No es extraño entonces que los responsables de la conducción del país sientan que no necesitan hacer más para recibir la legitimación popular en forma casi incondicional. El mejor ejemplo es la firma por el Presidente Lagos de la Constitución de 1980 reformada, declarada “democrática” sin consultar a la ciudadanía. (El periodista Richard Gott, refiriéndose al pasado gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, escribió que la política ya no está asociada a las ideas sino al poder administrativo y que la única opción que se ofrece a los electores es designar al personal considerado más apto para ejercerlo).
Aunque no corresponda a los grupos intermedios asumir funciones destinadas a los políticos, sí pueden y deben enmendarlos cuando atentan contra los derechos humanos y los valores sociales circunscribiendo el ejercicio de la democracia a unos pocos y no a todo el pueblo, el auténtico sujeto del sistema. Y deben también proponer alternativas a su alcance cuando no se atiende a su llamado, porque, como lo advierte Gustavo Marín en Le Monde Diplomatique:
Los intentos de una sociedad civil que solamente hace manifestaciones o marchas no son suficientes. (...) Es bueno manifestar, participan nuevos sectores y hay una nueva toma de conciencia, pero después de la manifestación todo se diluye.
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