Julio Frank Salgado
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Chile: una convicción anda rondando
24.03.08 @ 13:55:12. Archivado en 4. Política, Sociedad, 3. Chile, Constitución, Asamblea Constituyente
Poco a poco crece en el país la idea que una Constitución democrática es el único camino para rectificar el rumbo. Pero hay aún grandes barreras: falta de recursos, dedicación insuficiente y... censura.
El 14 de diciembre de 2005, en el Archivo Nacional, en Santiago, se realizó un seminario denominado “Pacto Ciudadano para la Constitución que queremos”, organizado por el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (Memch) y el Instituto de la Mujer. Asistieron unas 80 personas, la mayoría mujeres, quienes escucharon diversas exposiciones, entre éstas, las de los abogados y profesores de Derecho de la Universidad de Chile y la Universidad Central Eric Palma y Francisco Zúñiga; de la abogada de la Corporación de Derechos Ciudadanos (SEAL) Alejandra Arriaza y del médico Edgardo Condeza, entre otros expertos y promotores de la sociedad civil.
Todos apuntaron a la precariedad democrática, no obstante sus reformas, de la Constitución de 1980 –promulgada durante la dictadura- y su efecto sobre la vida diaria y la institucionalidad del país. Subrayaron la necesidad de incorporar derechos humanos y sociales propios del siglo XXI e identificar genuinamente las aspiraciones de los chilenos. Palma difundió en particular los postulados y actividades de un movimiento por una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución, en tanto Condeza planteó un plebiscito nacional que permita a la ciudadanía decidir por sí misma los temas más trascendentes.
La iniciativa no terminó ahí.
Con recursos aportados por la fundación alemana Heinrich Böll, las organizadoras publicaron un sitio web y un libro titulado “Sociedad civil y nueva Constitución: hacia un pacto ciudadano para la Constitución que queremos” (2006), en el que colaboraron expertos de diversas universidades estatales y privadas, organizaciones no gubernamentales e incluso un organismo dependiente del ministerio secretaría general de Gobierno.
Hicieron, además, propaganda radial y distribuyeron afiches y otros distintivos, junto con realizar un simulacro de plebiscito en sectores céntricos de la capital invitando a los transeúntes a definirse por una de las siguientes alternativas:
1. Apoyo la Constitución de 1980 y sus reformas y no creo necesario dictar una nueva Constitución.
2. Apoyo la idea de la promulgación de una nueva Constitución, vía Asamblea Constituyente.
Según las organizadoras, el 97,7 por ciento de los 1.351 consultados se pronunció por la segunda alternativa.
Pero los recursos se agotaron y el resto de la campaña quedó “pendiente”.
Un relevo
Un año después aunque sin relación con el anterior surgió un nuevo movimiento, llamado Ciudadanos por una Asamblea Constituyente, que declara ir más allá de la difusión y promoción de la idea y llama a marcar el voto en las próximas elecciones municipales (26 de octubre), con el propósito de comprometer a las autoridades políticas de turno con esta demanda ciudadana.
Su Comité de Iniciativa está integrado por el abogado de derechos humanos Roberto Garretón; el sociólogo Gustavo Ruz; la dirigenta del Colegio de Enfermeras Celsa Parrau; el ex presidente de la Fech Giorgio Boccardo y el ex ministro de Allende Jacques Chonchol.
El nuevo movimiento fue presentado públicamente el 21 de julio de 2007 en el Palacio Ariztía -facilitado por la Cámara de Diputados- y han adherido incluso algunos parlamentarios y ex ministros de la Concertación. Hasta ahora, sin embargo, no ha mostrado la proactividad de sus antecesoras.
Tres vallas
No se les puede culpar. Ambas campañas han chocado contra algunas barreras que hasta ahora resultan insalvables: un sistema político desalentador, remitido exclusivamente a negociaciones del duopolio Concertación-derecha pinochetista; el fantasma del ex dictador, que todavía inhibe a quienes desean cambiarlo; y la apatía generalizada de los chilenos, valorados sólo como consumidores.
La idea de una asamblea constituyente destinada a normalizar la institucionalidad del país brotó justamente en el período más represivo de la dictadura –fines de los años 70- en un grupo de políticos y juristas opositores a ésta, entre los cuales estaba quien sería el Presidente de la transición, Patricio Aylwin. La propuesta, no obstante, se fue diluyendo hasta desaparecer oficialmente el 17 de septiembre de 2005, cuando el Presidente Lagos, el más duro opositor político a Pinochet, firmó la Constitución de éste asegurando que las reformas posteriores la habían hecho “democrática”.
Durante el proceso citado, la dictadura y sus asesores consolidaron el modelo de “democracia protegida” y todas las modificaciones al mismo tuvieron que contar con su venia; de no haber sido así, los intentos no solamente habrían sido un fracaso, sino también tratados como atentado a la seguridad nacional y castigados como tal. De este modo, el tema de una nueva Constitución es todavía tabú para los políticos dirigentes y el gran empresariado y, por lo tanto, censurado o miniaturizado por los grandes medios de comunicación masivos, especialmente la televisión.
En este contexto, no es raro que los sectores ciudadanos más sensibles a la situación del país se quejen de que “les falta tiempo” para dedicarse como debieran a la reivindicación de la auténtica democracia. A la búsqueda, por ejemplo, de instituciones que crean también en que la democracia es mucho más que elecciones y estén dispuestas a aportar financiamiento para su profundización. No han podido aquéllos librarse del apremio cotidiano que les significa preservar su fuente de ingresos ante un modelo mercantilista que se los impone como único objetivo válido.
Les falta aún el ánimo y la confianza manifestados por Edgardo Condeza –un veterano político- en la campaña del Memch:
Siempre las iniciativas novedosas aparecen como una utopía y, sin embargo, luego se concretan.
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