Chile es hoy el único país sudamericano -y uno de los pocos del mundo- cuyos habitantes todavía son regidos por normas decretadas por una junta militar de gobierno.
El decreto
Identificación Norma: DL-3464
Fecha Publicación: 11.08.1980
Fecha Promulgación: 08.08.1980
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ultima Modificación: LEY-20050 26.08.2005
APRUEBA NUEVA CONSTITUCION POLITICA Y LA SOMETE A RATIFICACION POR PLEBISCITO
Núm. 3.464.- Santiago, 8 de Agosto de 1980.-
Visto:
Lo dispuesto en los decretos leyes Nos. 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974; y 991, de 1976, la Junta de Gobierno de la República de Chile, en ejercicio de la potestad constituyente, ha acordado aprobar como nueva Constitución Política de la República de Chile, sujeta a ratificación por plebiscito, el siguiente DECRETO LEY:
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE
(...)
Chilenos, brasileños, peruanos, bolivianos, uruguayos y paraguayos residentes en Argentina, agrupados en la Comunidad Latinoamericana Platense (CLAP), acordaron exigir a las autoridades de su respectiva nación de origen “el inmediato tratamiento e implementación del voto en el exterior, en la modalidad más conveniente para cada país, por entender, entre otras consideraciones, que el ejercicio del sufragio es un derecho humano universal e impostergable”.
Esa fue una de las conclusiones del II Foro sobre Migraciones y Derechos Ciudadanos, realizado en noviembre pasado en la ciudad de La Plata.
De las colectividades participantes, sólo los peruanos votan desde el exterior, a través de sus consulados. La nueva Constitución boliviana incluye ese derecho, en tanto los chilenos, paraguayos y uruguayos sólo tienen promesas hasta ahora. Los argentinos residentes en el exterior votan en sus consulados desde los años 90.
Abogado Roberto Garretón, líder del movimiento Ciudadanos por una Asamblea Constituyente, restó validez a los recientes planteamientos de precandidatos presidenciales advirtiendo que omiten el procedimiento para llegar a una nueva Carta Fundamental.
“¿Van a presentar nuevos proyectos de reforma constitucional, con conciencia absoluta de que no lograrán nada? ¿Van a alegar lo que dicen las encuestas que ellos elijan? ¿Van a exigir que se haga a lo Fujimori o a lo Pinochet?”, preguntó.
El abogado de derechos humanos Roberto Garretón, integrante del Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente para Chile, sostuvo que los recientes llamados de precandidatos presidenciales a crear una nueva Constitución Política “no son convincentes”, pues omiten un factor crucial: el procedimiento para llegar a ella.
En las últimas semanas, el senador democratacristiano Eduardo Frei y un acuerdo de la izquierda extraparlamentaria con una fracción del Partido Socialista, además de doce legisladores “díscolos” de la Concertación, han difundido sendos documentos en tal sentido.
Aunque el ex Presidente presentó 37 ideas para lo que llamó “la Constitución del Bicentenario”, prefiere trabajar en ella “tal como se ha venido haciendo hasta la fecha”.
Un año después de que exclamara que la Constitución vigente “está toda parchada” y que se necesita una nueva, el ex Presidente, actual senador y precandidato presidencial democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó el miércoles 3 ante la Comisión Especial de Estudio del Régimen Político Chileno de la Cámara de Diputados un total de 37 ideas o propuestas, destinadas a dar un nuevo impulso a lo que llamó “construir entre todos los chilenos la Constitución del Bicentenario”.
Aunque su presentación contiene innovaciones de fondo -algunas, inesperadas-, aseguró que “para hacer todos estos cambios no se necesita ni conviene instalar una Asamblea Constituyente”, pues “se puede seguir progresando en esta dirección mediante la reforma constitucional gradual tal como se ha venido haciendo hasta la fecha con resultados limitados”.
No mencionó, sin embargo, que dicha “Constitución parchada” lleva desde 2005 la firma del ex Presidente Ricardo Lagos, quien la declaró “democrática”, y que sus parches son fruto del polémico “consenso” entre cúpulas partidarias que ha imperado durante dos décadas.
El diputado de la Concertación Gabriel Ascencio, el ex parlamentario Andrés Palma y otros militantes democratacristianos pidieron apoyar una reforma al sistema electoral para que los futuros legisladores sean elegidos proporcionalmente y, si esto no prospera, impulsar un pacto contra el neoliberalismo que abarque desde el Partido Regionalista Independiente (PRI) hasta el Partido Comunista (PC).
En un documento titulado “Manifiesto por una auténtica renovación de la Democracia Cristiana”, el grupo menciona diversos errores recientes de su partido y advierte que “es el momento de tomar definiciones”, por lo que es “imprescindible” que la colectividad se pronuncie cuanto antes sobre temas “respecto de los cuales ha mantenido una permanente indefinición”.
A través de un “Decálogo para el futuro”, doce legisladores de partidos de la Concertación exigen a los candidatos presidenciales cambios profundos al sistema político y definen bases para una Carta Fundamental auténticamente democrática.
Un plebiscito para votar una nueva Constitución Política del Estado, así como iniciativa popular de ley, inscripción electoral automática y sistema de elección proporcional, derecho a voto para los chilenos residentes en el exterior, reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, nacionalización del agua y una política nacional para el cobre incluye, entre otras propuestas, el denominado “Decálogo progresista para el futuro”, presentado públicamente el pasado sábado 8 por doce parlamentarios de la Concertación y orientado a promover un “Estado social de derecho”.
En el grupo -llamado “díscolo” por la prensa debido a su posición disidente de la línea oficialista- figuran los senadores Carlos Ominami (PS) y Nelson Avila (PRSD), y los diputados Pablo Lorenzini (DC), Marco Enríquez-Ominami y Sergio Aguiló (PS), Tucapel Jiménez, Ramón Farías, René Alinco y Guido Girardi Briere (PPD), Alejandro Sule y Fernando Meza (PRSD) y el independiente Alvaro Escobar. Entre los 30 firmantes se cuentan también el ex canciller Enrique Silva Cimma y el ex rector de la Universidad de Chile Luis Riveros, además de concejales, dirigentes partidarios locales, dirigentes sindicales y otros adherentes.
Casi un millar de espectadores repletó el salón Fresno de la Universidad Católica para ver un documental sobre la participación en dictadura del periódico más grande e influyente del país: El Mercurio.
Se estrenaba un documental sobre cómo el diario más antiguo e influyente de Chile había ejercido el periodismo en dictadura, pero en el amplio salón Fresno de la Universidad Católica, que acogía a casi mil personas -cineastas, actores, académicos, embajadores, estudiantes, la ministra de Cultura y otros asistentes- no abundaban las grabadoras, las cámaras ni los focos. Se profundizaba en un pilar poco difundido de la historia política del país, pero escaseaban los políticos (se vio a uno solo).
El estreno de “El diario de Agustín”, de Ignacio Agüero y Fernando Villagrán, resultó, en cambio, una suerte de catarsis colectiva más bien anónima contra el tabú que ha condicionado a la prensa, la política y la sociedad chilenas particularmente durante los últimos 40 años: el poderío y la inmunidad del “árbitro que define qué y quién existen en Chile”, como cita el boletín oficial; el diario El Mercurio.
La noche del lunes 3 ofreció una gran coincidencia y varias paradojas. En el mismo edificio en cuyo frontis fue extendido, hace 41 años, un enorme lienzo (imagen) que decía “Chileno: El Mercurio miente” –la Casa Central de la UC, en la Alameda-, se realizó la inauguración del 12° Festival Internacional de Documentales de Santiago, Fidocs 2008.
La Federación de Asociaciones Chilenas Residentes en Argentina (Fedach) anunció que podría presentar una demanda ante organismos internacionales de derechos humanos con el fin de reclamar el derecho a voto en las elecciones de su país de origen.
A través de un comunicado suscrito en Buenos Aires por su presidenta, Magaly Millán, con motivo de los recientes comicios municipales (26 de octubre), la entidad se queja de que casi un millón de connacionales en todo el mundo siguen excluidos de los procesos electorales chilenos y considerados “sobrantes”.
La Constitución vigente, promulgada durante la dictadura, no les concede la calidad de ciudadanos.
Durante el 12° Festival Internacional de Documentales de Santiago (Fidocs), que se desarrollará desde el 3 hasta el 9 de noviembre próximo, se estrenará “El diario de Agustín”, documental de Ignacio Agüero que investiga y relata la cuestionada participación de El Mercurio, el periódico más influyente de Chile, durante la dictadura de Pinochet.
“Este documental habla de hechos que se han acallado y que son importantes de tratar en la construcción de una convivencia democrática, aparte de preguntarse por qué los sectores progresistas no son capaces de tener prensa”, explicó Fernando Villagrán, productor de la obra y ex ejecutivo de la desaparecida revista Apsi, en un reportaje de Beatriz Michell en el diario chileno La Nación.
“El diario de Agustín” (por Agustín Edwards Eastman, propietario y director del periódico) fue estrenado en Buenos Aires el fin de semana recién pasado.
El Mercurio ha influido poderosamente en la historia de este país, particularmente en los últimos 40 años. Hoy, pese a los cuestionamientos tanto políticos como económicos en su contra, continúa orientando la agenda política y periodística, y dominando sin contrapeso el mercado informativo chileno.
Gritando consignas tales como “¡A cambiar la Constitución de Pinochet!”, la Red de Estudiantes por la Asamblea Constituyente y el Comité de Iniciativa por la Asamblea Constituyente realizaron el jueves en Santiago una manifestación pública para exigir una nueva Carta Fundamental para Chile, emanada de la voluntad ciudadana y fielmente representativa de la soberanía popular.
Desde la Alameda, Metro Universidad de Chile, los participantes marcharon hasta la Plaza de Armas llamando a marcar el voto en las próximas elecciones municipales con las iniciales “AC” o bien con la frase “Asamblea Constituyente”, haciendo hincapié en que dicho sufragio es plenamente válido si tiene indicada la preferencia por un solo candidato, según establece la ley electoral vigente (18.700).
“La Constitución del Bicentenario debe nacer de un proceso democrático en el cual la ciudadanía reflexione, analice, discuta y resuelva el texto constitucional”.
Cinco diputados y dos dirigentes juveniles de la Concertación suscribieron una declaración titulada “Asamblea Constituyente para el Bicentenario”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“Como han señalado algunos pre-candidatos presidenciales de la Concertación, compartimos que la necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución podría ser uno de los temas claves de la próxima campaña presidencial del 2009; sin embargo, diferimos en torno al enfoque con el cual debe enfrentarse dicha reforma.
Chile nunca ha tenido una Constitución Política del Estado realmente democrática, nunca. Una Constitución democrática nace por y desde el poder del Pueblo, no por el Poder Instituido. Las Constituciones de 1833, 1925 y 1980 no sólo fueron redactadas por quienes integraban y manejaban las riendas del poder, sino que fueron aprobadas sobre la base de plebiscitos controlados, que no garantizaban la libre y plena participación ciudadana, incluso manipulados, como ocurrió durante la dictadura militar.
El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) acordó reparar a la periodista Alejandra Matus con 30 millones de pesos (unos 38 mil euros) por la violación de sus derechos a la libertad de expresión y la propiedad a raíz de la censura de su obra “El libro negro de la justicia chilena” (1999).
Así lo informa la profesional en su página web, publicando un comunicado:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que Alejandra Matus Acuña fue víctima de censura por el ‘Libro Negro de la Justicia Chilena’, y que sus libros fueron incautados por orden judicial y estuvieron fuera de circulación por más de dos años. Asimismo, la señora Matus Acuña fue sometida a un proceso judicial que la obligó a salir de su país para evitar ser privada de su libertad. Finalmente, la Comisión establece que se privó a la sociedad chilena del derecho al acceso a la información.
La decisión del CDE pone fin a la demanda de la profesional contra el Estado de Chile, que llevó a la derogación de dos artículos de la Ley de Seguridad del Estado por ser atentatorios contra la libertad de expresión e incompatibles con un régimen democrático.
“El libro negro de la justicia chilena” fue publicado en 1999 e incautado por orden del ministro de fuero Rafael Huerta, en el marco de un requerimiento interpuesto por el ex presidente de la Corte Suprema Servando Jordán. La periodista abandonó abruptamente el país y solicitó asilo político en Estados Unidos, lo que le fue concedido. La posterior derogación del artículo 6 b), por iniciativa del Presidente Ricardo Lagos, puso fin a ese proceso.
El ex juez y actual director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile, Juan Guzmán Tapia, anuncia que marcará su voto en las elecciones municipales del 26 de octubre agregando “AC”, para exigir una asamblea constituyente y una Constitución democrática. Explica por qué.
1.- (los firmantes) Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum.
2.- Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia.
Puntos iniciales del acuerdo unánime de los jefes de Estado y de gobierno de los países de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Declaración de La Moneda, Santiago de Chile, 15 de septiembre de 2008, al que concurren:
El derecho a voto puede ser ejercido por ciudadanos residentes en el extranjero de muchos países de América Latina y el resto del mundo, no así por los chilenos.
Según registros de 2002, hay 857.781 compatriotas avencidados en el exterior -el 6 por ciento de la población total del país-, muchos por causas económicas o políticas. De ellos, 429.708 están en Argentina, 113.394 en Estados Unidos, 42.396 en Suecia, 37.577 Canadá y 33.626 en Australia.
Permanecen vinculados con su país por lazos consanguíneos y fraternos, y aportan además intelectualmente, económicamente a sus familias y con donaciones materiales a hospitales, bomberos, municipalidades, Teletón y otras instituciones. Sin embargo, no son ciudadanos debido a que no pueden expresar su opinión y voluntad a través del sufragio. Si bien los gobiernos de la Concertación han tratado de avanzar en la temática de los derechos humanos y, específicamente, del derecho a voto, las distintas iniciativas legales impulsadas no se han materializado a raíz de la negativa de una influyente minoría parlamentaria de derecha.
Soledad Onetto es declarada una profesional bien informada, buena entrevistadora, seria y confiable, pero se recurre a ella para hacer publicidad paralela y ahora se le envía a un megaevento musical-farandulero... como animadora.
El Código de Etica del Colegio de Periodistas de Chile, como el de otros países, prohíbe a estos profesionales desempeñar simultáneamente funciones periodísticas y publicitarias, como lo recordó esa entidad gremial -aunque ya no tenga tuición sobre quienes no son sus miembros- en un dictamen.
Se trata de evitar la inducción a error o confusión en la audiencia al transmitirle paralelamente un mensaje de interés social y otro comercial o particular, además de prevenir un conflicto de intereses que contamine la información y perjudique al público, aun cuando éste no lo perciba fácilmente. Esto es especialmente importante cuando un periodista debe difundir una noticia contraria a su contratante adicional, sobre todo considerando que son generalmente los grandes avisadores de los medios los que requieren los servicios cuestionados.
Pese a todas esas prevenciones, el sistema mercadocrático imperante se empeña en torcer la nariz –y el resto del cuerpo- a la información pública, al incentivar la práctica de prestar una favorable imagen pública como “rostro” del periodismo contingente para favorecer disciplinas que persiguen objetivos anexos, distintos y muchas veces contrapuestos a éste, como la publicidad y el marketing. En la televisión los casos son por ahora puntuales, pero en las radioemisoras de FM proliferan programas de actualidad con periodistas, televisivos o no, colegiados o no, que, interrumpiendo su tarea específica, dan voz y énfasis a los anuncios de los auspiciadores.
El ex juez Juan Guzmán Tapia, conocido internacionalmente por sus procesamientos a Pinochet y actual director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central, anunció que marcará su voto en las próximas elecciones municipales (26 de octubre) con el fin de exigir una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución Política.
“Chile necesita una Constitución democrática”, dijo poco después de inaugurar el seminario “¿Necesita Chile una nueva Constitución?” en el Aula Magna de ese plantel universitario, el lunes 25 en Santiago.
Una decisión similar reafirmó el abogado de derechos humanos Roberto Garretón, uno de los expositores, quien impulsa un movimiento ciudadano con el mismo propósito.
Durante un break, Guzmán Tapia –inspirador del documental “El juez y el general”, estrenado recientemente en Estados Unidos- declaró:
Voy a marcar mi voto para las municipales indicando AC, que significa asamblea constituyente; pienso que Chile necesita una Constitución democrática y la Constitución actual no es democrática. Esto no significa, de ninguna manera, anular el voto, sino que voy a marcar la preferencia por el candidato de mi elección y a continuación voy a poner AC, que significa asamblea constituyente.
El Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos es impulsado desde hace ocho años desde Concepción, Región del Biobío, por el médico y antiguo político Edgardo Condeza. Su objetivo es que el derecho a plebiscito ciudadano sea incorporado a la Constitución Política de Chile con el fin de que la ciudadanía sea consultada y pueda decidir sobre temas fundamentales para su vida diaria.
Por ello, lleva a cabo una campaña sistemática de educación cívica y participación democrática a través de la realización de consultas en organizaciones sociales, profesionales, municipales y entidades comunitarias, con el fin de que sean los propios destinatarios quienes opinen y decidan respecto de distintas materias.
Ha habido ya 52 actividades de este tipo en lugares como colegios, juntas de vecinos, sindicatos y vía pública de Santiago, Concepción, Viña del Mar, Talcahuano, Quilpué, Lebu, Lota, Chillán, Los Angeles y otras ciudades. Ha votado un total de 251.544 chilenos con su carné de identidad y firmando un registro. En la capital, los votos fueron escrutados por la Universidad de Santiago (Usach) y en Viña del Mar, por la Universidad Católica de Valparaíso (UCV).
Más de cien mil chilenos opinaron personalmente o por Internet a través de la Primera Consulta Nacional de Educación, organizada y realizada por estudiantes.
Mientras una encuesta política alborota a la cúpula dirigente y los medios de comunicación afines a más de un año de las próximas elecciones presidenciales, el equipo organizador de la Primera Consulta Nacional de Educación, realizada por estudiantes y convocada por diversas organizaciones sociales chilenas, entregó los resultados preliminares.
El proceso se desarrolló entre el 2 y el 9 de julio, para la votación vía Internet, y hasta el 8 de julio en los lugares instalados en la vía pública, universidades, colegios, sindicatos y centros de salud públicos de diferentes ciudades del país.
El equipo, coordinado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), emitió un comunicado con detalles del proceso y se quejó de que la iniciativa fue ignorada por la mayoría de los medios informativos.
La Presidenta Michelle Bachelet anunció que promoverá “decididamente” a Ingrid Betancourt para el Premio Nobel de la Paz, pues considera su resistencia y liberación “un gran éxito de la democracia, la paz y la libertad”.
No es pura emoción del momento. Si bien valora la templanza de una persona vulnerada durante tanto tiempo en sus derechos humanos, también revela el deseo de fortalecer su vapuleada imagen nacional y su reputada presencia internacional evitando temas comprometedores.
Chile integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no aún el Tribunal Penal Internacional. Extiende sistemáticamente los tratados de libre comercio con el mundo, pero, en el caso del gigantesco mercado chino, no condena las atrocidades contra los tibetanos ni recibe ella al Dalai Lama.
Muchos chilenos residentes en el extranjero, gran parte de ellos exiliados por la dictadura, quisieran regresar a su patria, pero se les ofrece un país radicalmente distinto al que dejaron, no sólo desde el punto de vista político, sino también social y cultural. Sienten que el desarrollo personal, familiar y profesional que adquirieron fuera les impediría reinsertarse plenamente en la realidad chilena del siglo XXI.
A muchos de los que viven en el territorio, sin embargo, tampoco les es fácil incorporarse a su propia sociedad, aunque sus exigencias sean tan básicas como un empleo relativamente estable y un sueldo digno.
Hace dos años escribí un post sobre un campeonato de cueca –danza nacional chilena- que se realiza en Canadá. A juzgar por los comentariosque sigue recibiendo, pocos lectores se interesan por la información en sí y la mayoría ha preferido manifestar decepción con el país y sus autoridades o, simplemente, establecer un contacto personal con sus compatriotas en el exterior.
Este es el post, cuyos comentarios conforman una pequeña radiografía de los postergados por la feroz competencia económica:
El Colegio de Periodistas de Chile pidió perdón a los familiares de las víctimas de la pasada dictadura, por faltas a la ética profesional cometidas por miembros de la orden en el caso de montajes informativos publicados por medios de comunicación impresos y televisivos en 1975.
El siguiente es el texto publicado en el sitio web oficial del Colegio, escrito por Jorge Escalante:
“Periodistas pedimos perdón por quienes callaron en dictadura
Santiago, 21 de junio de 2008.- El Colegio de Periodistas pidió perdón a familiares de las víctimas de la dictadura por aquellos medios y colegiados que mintieron para servir al régimen opresor, disfrazando asesinatos con falsos enfrentamientos con fuerzas de seguridad y, especialmente y por mandato de sus tribunales de ética, porque el propio Colegio como institución no estuvo a la altura de las circunstancias.
Su presidente nacional, Luis Conejeros, lo hizo en la persona de Roberto D’Orival e Isabel Gallardo, el primero representando a los familiares de los 119 desaparecidos en la Operación Colombo, y la segunda a nombre de las familias de seis asesinados por la DINA, ambos sucesos ocurridos en 1975 y disfrazados como falsos enfrentamientos en Argentina y Chile.
Estudiantes y profesores chilenos mantienen desde hace varias semanas un movimiento de protesta contra el proyecto de ley general de educación acordado entre el gobierno de Michelle Bachelet y la oposición de derecha, el que será votado fue aprobado por el Parlamento en primer trámite, sin discusión.
Esta es una recopilación y reproducción personal de afiches publicados en Internet por diferentes agrupaciones de estudiantes secundarios y universitarios, quienes reeditan la llamada “revolución de los pingüinos” (por el vestuario escolar) de 2006.
A través del periódico electrónico Clarín de Chile, diversos intelectuales, académicos y profesionales instaron al gobierno de Michelle Bachelet a respetar el reciente fallo del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que dictaminó que el Estado chileno debe pagar 16,6 millones de dólares al propietario del desaparecido diario del mismo nombre, el español Víctor Pey, por la confiscación de dicho medio tras el golpe militar de 1973.
La primera declaración señala textualmente:
“La decisión del gobierno chileno de presentar un recurso de nulidad al dictamen por el caso Clarín del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial no es sino la última parte de un proceso lleno de irregularidades, cuyo objetivo ha sido obstaculizar la reedición del diario Clarín. La actitud del gobierno, del mismo modo que los anteriores de la Concertación, intenta impedir la restitución de los activos del que fue el periódico de mayor circulación en Chile a su verdadero y legítimo propietario, el ciudadano español Víctor Pey.
El ministro secretario general de Gobierno de Michelle Bachelet y ex presidente de Televisión Nacional de Chile, Francisco Vidal, afirmó el jueves que “me gusta decirles eso (que mienten) a El Mercurio y La Tercera”, al ser entrevistado en el programa deportivo “Tercer Tiempo” de radio ADN, en Santiago.
Cuando se le preguntó acerca del malestar del entrenador de la selección nacional de fútbol, Marcelo Bielsa, con parte de la prensa local, a la que acusa de haber obtenido sin autorización y tergiversado sus opiniones sobre el balompié chileno, Vidal respondió:
No me gusta, no obstante que simpatizo con él en parte: cuando dijo que La Tercera y El Mercurio mienten me pareció interesante. Pero si eso ocurre en materia deportiva como en otra, lo que me gusta es decirles eso a El Mercurio y a La Tercera.
En este Día Nacional de la Prensa prescindo de críticas razonadas pero ingratas, de lamentos comprensibles pero vanos y de excusas poco soportables. Me limito a reiterar, no como nostalgia del pasado sino reivindicación de la identidad, un ferviente deseo que el periodismo chileno (y mundial) pueda recuperar su poder social hoy aún reprimido; que los periodistas puedan retornar colectivamente a su función central, buscar, investigar y transmitir noticias; que los medios-empresas vean de nuevo en ellos un socio a su misma altura y que el público vuelva a ser un ciudadano interesado en su país.
El siguiente es el texto de la resolución unánime del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que rechazó la proyectada fusión de dos gigantes del comercio retail chileno: Falabella, que tiene cerca del 40 por ciento de participación en el mercado de tiendas por departamentos, y D&S, con más del 30 por ciento en supermercados:
“Número 24
Nº Rol / Carátula NC 199-07
Consulta sobre Fusión de D&S y Falabella
Fecha 31-01-2008
Resumen
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con fecha 31 de enero de 2008, decidió no aprobar la fusión de Falabella y D&S, sometida a consulta por los accionistas controladores de ambas empresas, por cuanto, en su opinión, dicha operación no resulta compatible con la libre competencia.
Los principales argumentos dados por el Tribunal para fundamentar su decisión fueron los siguientes:
1.- Que la materialización de la operación consultada produciría un enorme cambio en la estructura del mercado, creándose una empresa que sería el actor dominante en el retail integrado y en prácticamente todos sus segmentos -en tiendas por departamentos, de mejoramiento del hogar, supermercados, negocio inmobiliario y negocio financiero asociado- y que además tendría la capacidad de traspasar ese poder de mercado a otras áreas de negocio de retail en que decida participar en el futuro.
Las siguientes cifras y condiciones sobre el actual ejercicio profesional fueron divulgadas por el Colegio de Periodistas de Chile en su reciente campaña de orientación educacional “No seas un periodista frustrado”:
-En Chile hay ya 12 mil periodistas titulados, según cifras oficiales. De mantenerse la tendencia, dentro de cinco años habrá 17 mil (40% más).
-Cada año se titulan casi 1.000 nuevos periodistas.
-El 61% de las universidades chilenas imparte periodismo. Para 2008 ofrecieron 1.880 vacantes.
-Este año habrá 50 programas de periodismo en 36 universidades. La mitad de ellos no exige puntaje mínimo en la prueba de admisión (PSU), sólo siete están acreditados y los restantes ni siquiera han iniciado este proceso.
-El costo total de estudiar periodismo oscila entre 6,5 y 18 millones de pesos (9.000 y 25.000 euros, aproximadamente).
-Periodismo figura en el lugar número 46 en empleabilidad entre 60 carreras universitarias.
-A los dos años de titulados, uno de cada cinco periodistas está cesante.
-Del 80% que tiene trabajo, casi la mitad (44%) no ejerce como periodista. La mayor parte está subempleada de acuerdo con su calificación.
-El 56,7% de los periodistas gana menos de 400 mil pesos mensuales bruto (menos de 600 euros) y el 19,3% gana menos de 200 mil.
-Sólo el 3,6% gana más de 800 mil pesos mensuales bruto.
-Del 80% que tiene trabajo (en periodismo o no), el 87% no tiene acceso a salud o previsión social.
-Hay frustración y ofuscación profesional por no conseguir trabajo, generándose cesantía y mala imagen de la profesión.
-El 53,5% de los jóvenes no trabaja en lo que estudió y el 19% tiene como principal problema el empleo, según la Encuesta Nacional de Juventud 2007.
Lagos y Aylwin, como líderes de la oposición a la dictadura, rechazaban la Constitución de Pinochet por antidemocrática. Hoy, después de haber alcanzado la cima del poder civil, la acatan parcialmente, olvidando que exigían “democracia plena”.
Todos saben que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es decir, de todo ese gran conglomerado social llamado ciudadanía, compuesto por cada uno de nosotros, todos seres de carne y hueso. Así, al menos, lo indica hasta el más modesto manual de educación cívica.
Que la mayoría de los políticos se empeñe majaderamente en convencer a sus electores de que sólo se trata de dar “gobernabilidad” a un país, es decir, de ordenar su estructura institucional de manera que les permita a ellos ejercer sin sobresaltos el poder, es otra cosa…
En 1988, Patricio Aylwin y Ricardo Lagos se dieron un emotivo abrazo público como líderes de la oposición a la dictadura, para celebrar el triunfo del “No” a Pinochet en el plebiscito de ese año. Sin embargo, 17 años más tarde, en 2005, Lagos, entonces Presidente de la República, firmó la propia Constitución pinochetista reformada, declarándola democrática, y Aylwin, ex Presidente, asintió.
¿Qué fue lo que convenció tanto a ambos políticos, considerados estadistas por sus partidarios?
Hace dos años la contacté vía correo electrónico para entrevistarla. Quería saber cómo vivía y ejercía una periodista de su talento y prestigio ganado en dictadura en medio de una democracia primaria y mercantilista como la actual (recordaba especialmente su renuncia a TVN en 1997, siendo ya Premio Nacional, porque le censuraron un reportaje).
Me envió su currículum y su foto, pero la perdí durante varios meses y después me contó que estaba muy enferma.
La entrevista nunca se realizó, pero me quedé con sus datos originales, una valiosa enumeración de libros, premios y funciones de la que emana un testimonio humano y profesional sobre la traumática historia reciente de los chilenos como pocos se ve hoy:
Nombre: Patricia Verdugo Aguirre Profesión: Periodista (Universidad Católica de Santiago)
Julio Frank Salgado
autor
27.12.08 @ 00:34:30. Archivado en 5. Política, 3. Chile, Constitución, Asamblea Constituyente
