Una asamblea constituyente no puede cambiar por sí misma la realidad de un pueblo, sino que es un medio, un instrumento eficaz para dar pasos concretos y seguros en tal sentido. Desde luego, parte por concitar la atención de toda la sociedad y convoca con equidad a representantes de sus diversos sectores, con el fin de ponerles a trabajar mancomunadamente en la creación de la mayor obra valórica de un país: la Constitución Política del Estado.
Son justamente el espíritu y el esfuerzo comunes, constantes y coordinados, tanto del pueblo en el momento de postular y elegir a sus delegados como de estos últimos al concordar y redactar la nueva Carta Fundamental, lo que genera en definitiva el rumbo que se desea tomar.
¿Qué cambiar? ¿Hacia dónde encaminar el trabajo de la asamblea, de manera que los derechos y deberes por consagrar contribuyan a resolver los problemas más apremiantes? Aquí hay algunas ideas generales, nada nuevas, por lo demás:
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La Democracia Cristiana anunció que trabajará a nivel parlamentario para “avanzar” hacia una nueva Constitución Política para Chile. Lamentablemente, esa vía ya no ofrece credibilidad.
 Terminado el congreso ideológico democratacristiano, el 12 y 13 de octubre, la presidenta de la colectividad, senadora Soledad Alvear, declaró que, entre otras conclusiones, su partido cree necesario avanzar hacia una nueva Constitución Política del Estado, más democrática, como el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle lo propusiera en el mismo encuentro.
Aunque haya ocurrido cuatro meses después de que un movimiento ciudadano se anticipara a ellos, que un partido tan influyente reconozca en forma pública –por fin- esa necesidad y urgencia es, sin duda, un aliciente para la reapertura de una transición que los propios conductores del país dejaron trunca en 2005, al imponer cambios “finales” a la Constitución de Pinochet. Acusaron el impacto de esa nueva actitud tanto sus socios concertacionistas como la alianza de derecha, incluyendo la prensa conservadora -también la televisión estatal- que, salvo excepciones, difundió la noticia menos que discretamente.
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Por un precio mínimo de ocho mil pesos (unos 16 dólares), el actor chileno Daniel Alcaíno anunció una serie de actuaciones privadas de su exitoso personaje Yerko Puchento a partir del 19 de octubre, en la que promete reírse de la política y los políticos locales “sin censura”.
Como él mismo reconoce, Alcaíno tendrá que alejarse de las cámaras de Canal 13 y de la televisión abierta en general –muchos cientos de miles de espectadores- y presentarse en recintos particulares ante un público limitado –384 personas, en este caso- para poder satirizar libremente a los gobernantes y la elite dirigente nacional, e informar humorísticamente sobre verdades omitidas por éstos y los medios tradicionales.
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 La Constitución Política es la ley más importante. Debe orientar la búsqueda del bienestar y la felicidad de todos los habitantes de un país por el camino de la paz, la convivencia y el progreso.
Una norma así, que identifique y represente auténticamente a los distintos sectores de la sociedad, debiera ser una meta política, comunitaria y jurídica para todos. Y no sólo ha de ser democrática en su contenido; también en su gestación.
La Constitución vigente en Chile desde 1980 no es democrática. Junto con negar una parte considerable y fundamental de los derechos humanos y civiles, fue gestada, redactada y aprobada durante una dictadura y bajo estado de excepción. Peor aún, los políticos que asumieron posteriormente la conducción del país, tanto desde el gobierno como desde la oposición, le introdujeron sólo reformas puntuales, parciales e insuficientes y dieron unilateralmente por terminado el proceso de transición hacia una democracia plena, manteniendo la mayoría de las arbitrariedades establecidas constitucionalmente.
Producto de ello, los chilenos del siglo XXI vivimos en un país atrozmente desigual, injusto, temeroso del pasado, devoto de las cosas y las cifras, sin avance político ni socioeconómico y con una estabilidad sólo aparente, fundada en la apatía de gran parte de la población privada de derechos esenciales.
Pero el único facultado para declarar cerrada o no una etapa de su historia es el propio pueblo, soberano y principal afectado por la deuda política. Diecisiete años son suficientes para madurar, reconociendo lo bueno y lo malo, y decidir por sí mismo el camino hacia el futuro.
Y en esa ciudadanía mayoritaria ha surgido hoy una propuesta concreta de cambio, una alternativa a lo ofrecido por el duopolio dirigente.
Ciudadanos por una Asamblea Constituyente, un nuevo movimiento impulsado por personas en general sin connotación pública, está llamando, organizando y ejecutando una campaña nacional destinada a exigir a las autoridades políticas que, disponiendo las medidas necesarias, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente cuyos miembros redacten una nueva Constitución Política del Estado, una que represente genuinamente los intereses, necesidades y sueños de todos los chilenos, residentes dentro y fuera del territorio.
Una Asamblea Constituyente, organismo colegiado y de integrantes elegidos por la propia ciudadanía, es el único procedimiento que garantiza una representación fidedigna de todo el pueblo chileno.
¿Cómo es posible hacer escuchar por fin esa voz? Mediante dos acciones sencillas y pacíficas, pero rotundas:
Marcar el voto en las elecciones escribiendo en él una leyenda perentoria, como CONSTITUCION DEMOCRATICA AHORA (después de indicar un candidato para no invalidarlo).
Firmar un registro público de adherentes, para quienes no están inscritos o prefieren lo tradicional.
Proponiendo y actuando por una nueva Constitución Política para Chile, realmente democrática, a través de una Asamblea Constituyente, los chilenos -adultos, jóvenes y por venir- se están dando ellos mismos una esperanza de un país más digno de vivir y querer.
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La diferencia de remuneración entre un ejecutivo y un trabajador de Cencosud, uno de los gigantes del comercio retail chileno, supera las 200 veces, en circunstancias que la distancia entre el sueldo de un gerente y el de un trabajador llega a sólo ocho veces en Europa y a cinco en Japón.
La información fue publicada por un reportaje del diario La Nación acerca de la contrastante precariedad laboral en uno de los sectores económicos más rentables del país.
El diputado Sergio Aguiló (PS) protestó por recientes despidos en esa cadena: “Los trabajadores que están echando a la calle para hacer economía ganan salarios de hambre y los gerentes que tomaron la decisión de echarlos ganan 57, 40 y 36 millones de pesos mensuales. Este es Chile”.
Denunció además que D&S, el otro gigante de los supermercados, mantiene 158 razones sociales “para atomizar y destruir la fuerza negociadora de los trabajadores”.
D&S y Cencosud controlan el 70 por ciento de ese mercado, porcentaje que podría aumentar si se concretan nuevas fusiones previstas por ambos holdings.
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01.08.07 @ 16:25:12. Archivado en 1. Periodismo
Escribí y envié por correo electrónico la siguiente carta, fechada en Santiago el 19 de julio de 2007 y dirigida al presidente del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile, Luis Conejeros (reemplazo aquí las direcciones web por el respectivo enlace):
“Leí tu reciente entrevista para el boletín sobre libertad de expresión de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
Aunque en general concuerdo con tu posición, debo manifestarte mi profunda sorpresa y discrepancia con una de tus afirmaciones:
‘Hoy, a lo menos, existen cinco tipos de periodismo, pero todas las escuelas sólo enseñan a reportear, que es justamente el ámbito donde está saturado el ejercicio. Está el periodismo de los medios, el de las grandes instituciones privadas, el de los servicios públicos, el periodismo en el ámbito social y también el de la externalización de las comunicaciones’.
Si no entiendo mal, salvo el periodismo en el ámbito social y (aunque cada vez menos) el periodismo de los medios, el resto lo constituyen las antiguas relaciones públicas, ahora modernizadas como asesorías comunicacionales, comunicación corporativa y otros nombres. La denominación y categoría de periodismo, entiendo, sólo corresponden estrictamente a una función que interpreta a toda la sociedad, no solamente a una fracción de ella.
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La televisión chilena, incluyendo el canal del Estado, mantiene fuera de sus pantallas decenas de largometrajes pertenecientes al cine nacional del exilio, que muestran las huellas dejadas por la dictadura en la historia y el pueblo del país.
Así lo informa el coordinador del Programa de Libertad de Expresión de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Felipe Portales. El autor menciona en su artículo 23 obras de prestigiados cineastas y documentalistas nacionales como Raúl Ruiz, Patricio Guzmán -“La batalla de Chile” y “El caso Pinochet”, entre ellas-, Miguel Littin, Helvio Soto, Sergio Castilla, Valeria Sarmiento, José Echeverría, Angelina Vásquez, Orlando Lubbert, Pedro Chaskel, Carmen Castillo, Ignacio Agüero, Gloria Camiruaga, Carmen Luz Parot y Marcela Said.
“Puede aceptarse la vuelta de los exiliados, pero sin que ellos puedan comunicarnos su vida, su sufrimiento y su obra”, se queja Portales, quien vincula el hecho no sólo con una autocensura generalizada en los canales y el “maquiavelismo” de los gobiernos de la Concertación, sino también con la indiferencia del televidente chileno hacia su propia historia reciente.
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Las flagrantes contradicciones de quienes redactaron la Constitución chilena están resumidas en el número 15 del artículo 19, sobre el derecho a asociación: una solitaria y lacónica frase dice garantizar el pluralismo político perdida entre prohibiciones y advertencias.
 Los países se componen tanto de instituciones como de ciudadanos, por lo cual el grado de equidad que una Constitución logra al respecto define en gran medida su apego a la democracia. Es útil observar, por ejemplo, los títulos y capítulos en que está dividida para apreciar de partida qué amplitud de visión y criterio políticos y sociales han inspirado a sus redactores.
La Carta Fundamental colombiana parte por los derechos del ciudadano y los describe individual y detalladamente, distinguiéndolos en fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y ambientales. Habla también y específicamente de su protección y aplicación, así como de las formas de participación democrática, de un estatuto de garantías para la oposición, organismos de control fiscalizador, régimen económico y de la hacienda pública, y finalidad social del Estado y de los servicios públicos, entre otros ámbitos.
La Constitución de Chile, en cambio, fuera de ser incomparablemente restrictiva, prefiere y se centra en la formalidad burocrática. Comienza por las bases de la institucionalidad y sólo en el capítulo tercero aparecen los “derechos y deberes constitucionales”, así, juntos e inseparables. A continuación describe el gobierno, el Congreso, el poder judicial y otras instituciones.
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Cada 11 de julio se celebra en Chile el Día del Periodista.
Hoy, poco hay que celebrar; más bien, mucho que alentar a todos aquellos que, en este y otros países, siguen luchando por la profesión y el ciudadano común.
A aquellos que soportan la represión gubernamental, policial, terrorista y del crimen organizado.
A aquellos que resisten las presiones, distorsiones y tentaciones institucionales y comerciales.
A tantos que, incomprensiblemente, no tienen cabida en esta presumible democracia.
En suma, a todos aquellos que, pese a vivir en un gigantesco mercado, definen al mundo como un gran centro de educación y cultura.
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La norma fundamental que rige Chile debiera avergonzar a un país democrático. Fue creada por un grupo de políticos al servicio de un dictador, plebiscitada sin garantías ciudadanas, complementada por leyes de una junta militar y reformada después sólo para eliminar la tutela armada.
Se nota al primer vistazo: apenas menciona democracia, pueblo, derechos humanos, dignidad; alude magramente a participación social e integración comunitaria; restringe la política y evita referirse a sectores como los indígenas, la mujer y los jóvenes. Sus términos favoritos son deber y seguridad nacional.
 Chile y Colombia comparten inversamente dos grandes paradojas: este último país, azotado por una permanente violencia paramilitar y guerrillera, luce sin embargo una Constitución Política sorprendentemente democrática; aquél, en cambio, parece vivir pacíficamente con una Carta Fundamental que restringe los propios derechos que establece.
De ahí que los impulsores del actual llamado a una asamblea constituyente para Chile reconozcan en la norma colombiana una de sus principales fuentes de inspiración para lo que debieran ser, en un país democrático, las reglas básicas, consensuadas y genuinamente representativas de los derechos y deberes de todos sus habitantes (más allá de que éstos, según sus capacidades e intereses, pudieran convertirlas en realidad o bien en letra muerta).
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Ex ministros de la Concertación, políticos de la izquierda fuera del Parlamento, dirigentes sociales, residentes en el extranjero y otros adherentes lanzaron un llamado a conformar un movimiento político-social destinado a establecer en Chile una asamblea constituyente, que tenga por misión redactar una Constitución nueva y auténticamente democrática, que garantice efectivamente los derechos humanos, políticos, económicos y sociales de todos los chilenos. Desde 1990 rige plenamente en este país la Constitución creada y aprobada por Pinochet, cuyas sucesivas reformas no han alterado su esencia autoritaria y capitalista.
Los impulsores del movimiento se reunieron el jueves 24 de mayo pasado en Santiago, en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), entidad que adhirió a la iniciativa y comenzó a trabajar en la idea, según confirmó su presidente, Giorgio Boccardo.
Sostienen que la Constitución de 1980 no representa la voluntad soberana del pueblo chileno sino la de los sectores adinerados y el capital extranjero, al privilegiar el lucro por sobre la dignidad y agudizar la desigualdad social. Estiman que una asamblea constituyente es una oportunidad para una salida democrática y pacífica “a las permanentes y odiosas crisis institucionales que vive Chile” y que “no hay razones para resignarse y permitir que nuestro país permanezca subordinado a intereses foráneos por tiempo indefinido”.
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El Colegio de Periodistas de Chile planteó la necesidad que la Constitución Política del Estado garantice explícitamente el derecho de la ciudadanía a ser adecuadamente informada no sólo con el criterio de los medios que entregan las noticias, “sino con aquel que respete la verdad, independientemente de los intereses empresariales, gubernamentales o municipales de los propietarios de ellos”.
Así lo declara su Tribunal de Etica y Disciplina metropolitano en uno de los acápites del extenso fallo acerca del caso “Montaje Video Rinconada de Maipú”, que sanciona a cinco miembros de la orden por la difusión, en 1975, de un presunto enfrentamiento entre terroristas y fuerzas de seguridad que resultó, en definitiva, un montaje informativo realizado por éstas para encubrir la tortura y asesinato de siete civiles. Fueron suspendidos por un año de colegiatura Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol, en tanto Roberto Araya Silva fue expulsado.
El tribunal gremial sostiene que no sólo los periodistas deben asumir su responsabilidad ética en una época tan cuestionada como la del régimen militar, sino también los medios de comunicación. “Nunca lo han hecho”, agrega.
Y propone:
Se hace necesario reiterar que así como la Constitución de Chile establece la libertad de informar, con lo que se garantiza a los medios un desempeño sin trabas de ninguna especie, las experiencias pasadas analizadas en estos sumarios ponen en evidencia la necesidad de que se establezca, también con rango constitucional, el derecho de la sociedad de estar adecuada, oportuna y verazmente informada, no sólo con el criterio del medio que entrega la noticia sino con aquel que respete la verdad, independientemente de los intereses empresariales, gubernamentales o municipales de los propietarios de ellos. Así como la Constitución defiende a los medios de comunicación, así también debe defender a la sociedad contra el manejo interesado y manipulador de la verdad que pueden hacer esos medios, un elemento esencial para la toma libre de decisiones de la colectividad.
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La Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar sobre el otorgamiento del derecho a sufragio a los chilenos residentes en el extranjero –más de 800 mil, equivalentes al cinco por ciento del total de la población nacional-, luego que la oposición se restara al proyecto enviado por el gobierno y lo dejara sin el quórum exigido para una reforma de rango constitucional.
El proyecto concertacionista partía de la creación de juntas electorales en los distintos consulados chilenos en funciones en el mundo, lo que generó las dudas opositoras. Una parte de la derecha exigió, entre otras condiciones, que los nuevos votantes se inscribieran cada cinco años en Chile, lo que obligaba a éstos a viajar al menos una vez durante dicho período, muchos de ellos desde países tan distantes como Suecia, Canadá y Australia. El otro sector derechista rechazó de plano la idea.
Lo ocurrido implica un nuevo revés para el gobierno y la Concertación, los que cuentan con los votos en el exterior, particularmente de quienes salieron exiliados tras el golpe militar de 1973, más aún ahora que las actuales encuestas auguran al oficialismo su primera derrota electoral para 2009. Así también, representa una nueva victoria por secretaría para la oposición de derecha, que se ha aferrado a la herencia política de la dictadura que contribuyó a sostener y hoy, favorecida por los sondeos, espera ganar una elección por primera vez en los últimos 50 años.
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El gobierno de Chile mantiene en su sitio web una sección especial denominada “Escríbale a la Presidenta”. Cualquier visitante puede acceder a ella previo registro de sus datos personales.
Para comprobar tan democrática oferta, ingresé a dicha sección y -siguiendo la idea central de un reciente post- reiteré mi inquietud por la postergación presidencial de la norma de televisión digital que operará en el país (incluso respondí afirmativamente a la pregunta de si deseaba una contestación).
Al cabo de dos días, recibí, vía correo electrónico, la siguiente respuesta:
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 El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Patricio Melero precisó que cualquier eventual reforma a la ley de elecciones debe preservar el actual sistema binominal, al que considera tan justo como el proporcional.
Afirmó que esa posición exige tres condiciones, la primera de las cuales es no aumentar el número de diputados, porque estima que el actual (120) es suficiente para la tarea legislativa:
Segundo, que se mantenga el sistema binominal como forma de elegir y tercero, que no ocurra que las minorías terminen mandando sobre las mayorías cuando dos o tres parlamentarios inclinen la balanza en una dirección u otra, por sobre los bloques políticos mayoritarios del país.
Es comprensible. El binominalismo, creado durante el régimen militar, ha favorecido a sus propios coautores, particularmente la UDI, cuyos dirigentes de la época fueron fundamentales en la construcción de la institucionalidad pinochetista.
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Los blogs cumplieron diez años. Como saludo y agradecimiento va este post, simple, sucinto, directo. Como ellos.
 Quizá a esta altura todos saben qué es un blog. O quizás no. Para los todavía ajenos al tema -y por si los más familiarizados estuviéramos perdiendo de vista las raíces-, aquí va un recordatorio personal en su décimo cumpleaños.
Un blog o weblog de Internet es una página web más pequeña que los sitios propiamente tales y tiene características y funciones distintivas. Está diseñado para que incluso una persona con mínimos recursos técnicos y conocimientos sobre la operación web lo pueda administrar.
Se trata de un medio de comunicación personal, sencillo y moderno a la vez, capaz de:
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Sólo tres días antes del estreno, Televisión Nacional de Chile (TVN) decidió suspender la emisión de su serie documental “Epopeya”, que aborda desde los distintos ángulos en conflicto la Guerra del Pacífico, que enfrentó a este país con sus vecinos Perú y Bolivia en el siglo XIX.
El presidente del directorio del canal estatal -de administración autónoma-, Francisco Vidal, recibió una llamada telefónica del ministro de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet, Alejandro Foxley, quien le hizo ver su preocupación por un programa de tal contenido, aduciendo que es necesario “superar los traumas históricos”.
Según admitió Vidal entrevistado por Canal 13, decidió someter dicha “opinión” a consideración del directorio –que tiene miembros oficialistas y opositores- y éste acordó emitir el documental no este miércoles, como estaba programado y promocionado, sino en una fecha todavía indeterminada del presente año.
No es primera vez que TVN se autocensura por “sugerencia” gubernamental en democracia. Así lo hizo, en la década pasada, con una entrevista al ex agente de los organismos represivos de la dictadura Michael Townley, entre otros casos.
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El periodismo no tiene apellidos, pero si hubiera que darle uno, no podría ser otro que ciudadano.
 La siguiente fundamentación, perteneciente a un proyecto personal, identifica diez motivos o razones que contribuyen a dar origen, base y sentido al llamado periodismo participativo o ciudadano.
Aunque intenta interpretar la realidad chilena, no excluye, como se entenderá, la situación transnacional.
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La sociedad global
1. El desarrollo cívico y cultural de la población se encuentra gravemente limitado debido a que el sistema político vigente, no obstante declararse democrático, no promueve sino desvaloriza el derecho básico y constitucional a la información y expresión.
2. Esta situación aumenta la desinformación y fomenta la apatía, la ignorancia y el atraso cultural en la ciudadanía.
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El periodismo sigue siendo, pese a sus dramas, una de las carreras preferidas de los postulantes a la universidad. Ante tanta vocación (y pertinacia), he aquí algunas precisiones útiles.
 Hay quienes estudian periodismo porque lo consideran entretenido; algunos, con cierto egocentrismo. Otros, simplemente porque no alcanzaron la carrera que deseaban y sienten presión por un título universitario.
No son ellos, probablemente, los que necesitan más consejos, sino quienes, pese a estar enterados de los dramas de cesantía (paro), bajas remuneraciones, menosprecio profesional e incluso alto riesgo de muerte, eligen esta carrera por vocación.
Para estos últimos van estas descripciones personales, lo menos someras posible, acerca de tres campos laborales que se abren hoy, con mucha o poca generosidad, a quienes disponen del digno, aunque nunca bien ponderado título de periodista.
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Dos recientes encuestas muestran a la mayoría de los chilenos fallando lastimosamente en historia de su país y, en el área de actualidad, siguiendo estrictamente la pauta de la TV.
 Más de la mitad de los chilenos no saben exactamente qué suceso histórico origina la próxima celebración del bicentenario de la República (2010). Tampoco quién fue el primer presidente de su país ni la fecha de fundación de Santiago, su capital.
Los datos provienen de una encuesta telefónica realizada a comienzos de este mes por la Fundación Futuro, entidad ligada al empresario y ex candidato presidencial Sebastián Piñera. El trabajo contactó a 400 hombres y mujeres mayores de 14 años, de estratos socioeconómicos bajo (50%), medio (44%) y alto (6%), y representivos de las 46 ciudades más pobladas del territorio, a quienes hizo una serie de preguntas sobre conocimientos generales bajo el título “¿Somos cultos los chilenos?”.
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 El Colegio de Periodistas de Chile hizo un llamado a las universidades que mantienen escuelas de periodismo, así como a las autoridades gubernamentales del sector, a informar con amplitud y transparencia sobre la real oferta laboral de esta carrera y la cesantía (paro) que aqueja a muchos de sus profesionales.
El presidente de la orden, Luis Conejeros, realizó un crudo balance acerca del actual mercado periodístico. Dijo que éste se encuentra saturado, pues se estima que en el país se crea entre 80 y 100 empleos para periodistas cada año en circunstancias que hay aproximadamente 1.000 nuevos titulados en igual período, además de un número no determinado que busca trabajo sin titulación.
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Julio Frank Salgado
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