Los dirigentes sociales que ocuparon la sede del Senado en Santiago el 20 de octubre del año pasado concurrieron el viernes 3 al Centro de Justicia de la capital, donde exigieron su derecho a declarar voluntariamente en la investigación sobre el caso.
“No tenemos nada que esconder y mantenemos nuestra exigencia ciudadana de plebiscito para Chile y el cambio de la Constitución”, reafirmaron.
La fiscalía a cargo se prepara a dictar formalizaciones. Los eventuales imputados podrían sufrir penas de reclusión o extrañamiento en virtud de la Ley de Seguridad del Estado vigente, que sanciona, entre otros actos, la interrupción deliberada del trabajo legislativo.
Acompañaron a los manifestantes el secretario ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Julio Maturana; la presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, Rosario Carvajal; miembros del sindicato de Correos de Chile y otros dirigentes.
La pasada toma de la sede parlamentaria fue convocada por el movimiento Democracia para Chile y participaron estudiantes, apoderados, ecologistas, vecinos y minorías sexuales, entre otros.
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Chilenos y españoles no sólo tienen un pasado en común, sino también un presente que muchos quieren cambiar. A varios miles de kilómetros de distancia entre ellos, dos encuentros populares lo demostrarán: el primero se efectuará este fin de semana en Chile (27 al 29 de enero) y el segundo, el 17 y 18 de marzo en España.
El diagnóstico e ideario de los convocantes coinciden notablemente:
“En 2011 quedó demostrado que ya son millones los chilenos y chilenas dispuestos a forjar un poder constituyente capaz de generar una Constitución Política realmente representativa de la soberanía popular”, declara la convocatoria del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales por la Asamblea Constituyente, organizado por la Municipalidad de Talcahuano y el Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente.
“En 2012 se necesita construir una mayoría social y política que sea capaz de reemplazar el Bando Nº 3.464 (Constitución de la dictadura) a través de una Asamblea Constituyente, generada desde cada barrio y cada comuna, elegida por todas y todos los chilenos, sin exclusiones, sin sectarismos, sin arreglines cupulares, a espaldas del pueblo”, agrega.
Exhorta “a construir un proceso constituyente unitario, pluralista y patriótico, que permita a los pueblos de Chile ser dueños de su propio destino”.
En tanto, el movimiento español Asambleas Ciudadanas Constituyentes, junto con llamar a reunir 100 mil firmas de apoyo, ha convocado a la Primera Asamblea Estatal Ciudadana Constituyente, en Cádiz.
Recuerda que se cumplirán 200 años desde la revolución democrática que dio origen a la Constitución de Cádiz de 1812 y que “el esfuerzo del pueblo que luchó por llevar a estas tierras una Constitución moderna ha sido pisoteado continuamente”.
Agrega que hoy, a los atentados contra la democracia se han sumado los mercados financieros, “con el beneplácito de gobiernos corruptos que, amparados en una Constitución ultrajada, quieren mantener encadenada a la voluntad popular”.
“El poder constituyente tiene un único titular: el pueblo”, enfatiza. “Es necesario ejercer la soberanía popular y poner en marcha un proceso constituyente para construir pacífica y participativamente, desde abajo y con los de abajo, una nueva Constitución, fruto de una revolución democrática”.
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Después de un año 2011 lleno de protestas masivas y encuestas contrarias a los políticos dirigentes y la institucionalidad pinochetista, el Senado chileno ha aprobado en silencio –sin debatirlo públicamente- la conformación de una comisión parlamentaria que estudie y proponga una nueva Constitución Política, atribuyéndose un poder constituyente que la ciudadanía no le ha otorgado.
Pese a que los propios patrocinantes del proyecto de acuerdo admiten que esta es materia de una Asamblea Constituyente, se excusan por no recurrir a ella -según informa el sitio web institucional- arguyendo que demandaría una discusión demasiado larga y difícil.
Una explicación inaceptable si se recuerda que, desde la derrota plebiscitaria de Pinochet en 1988, todo el proceso de transición se ha realizado sobre la base de la “política de los consensos”, esto es, negociaciones político-constitucionales entre la Concertación y el sector heredero de la dictadura, que ha rechazado las reformas de fondo.
Los votos senatoriales de mayoría desautorizan no sólo acuerdos partidarios oficiales, como el del Partido Socialista (PS), cuyo congreso nacional de 2011 determinó promover una Asamblea Constituyente, sino también a los propios jefes de bancada de diputados opositores, que presentaron en julio pasado un proyecto de reforma constitucional para establecer esa institución en Chile.
Contribuyen a ello incluso senadores independientes como Alejandro Navarro, quien incorporó tal propuesta a su precandidatura presidencial de 2009.
Se trata, además, de una actitud temeraria, si es considerada una provocación de parte de conglomerados políticos desacreditados popularmente hacia los crecientes sectores ciudadanos que –todavía inorgánicamente- demandan mayor participación política y una verdadera democracia.
El gobierno de Sebastián Piñera apenas superó el 30 por ciento de apoyo promedio durante el año pasado, en tanto los partidos, tanto oficialistas como de oposición, bordearon con dificultad el 20 por ciento. Una vez más, todos ellos confían en la periódica ratificación electoral que les ha permitido el sistema binominal ideado por la dictadura. Deben confiar también en que la próxima incorporación de los jóvenes al padrón mantendrá esa tendencia.
Así, después de casi 22 años desde que Pinochet entregó el gobierno a los civiles (1990), los “nuevos” políticos todavía se permiten rebajar a los ciudadanos a simples votantes –y consumidores- y privarlos de un derecho tan irrenunciable como la soberanía popular.
Ese es su concepto de democracia: el pueblo no es capaz de hacer su propia Constitución. A menos que demuestre lo contrario por sí solo...
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El 14 de julio de 2011 fue presentado un proyecto de ley de reforma constitucional que establece en Chile la Asamblea Constituyente y el pasado miércoles 4, el Senado aprobó la creación de una comisión parlamentaria que estudie y proponga una nueva Constitución.
Esto significa que el proceso que permitiría sustituir una legalidad impuesta e injusta para construir democráticamente una nueva ya tiene, al menos, inicio protocolar y existencia política.
Sin embargo, los propios parlamentarios patrocinantes –incluyendo jefes de bancada de la Concertación y los demás partidos opositores- han evitado promoverlo, autocensurándose. Los legisladores gobiernistas, en tanto, se siguen aferrando a la institucionalidad dictada cruentamente por Pinochet.
Los medios de comunicación dominantes ocultan premeditadamente la noticia en favor de la banalidad, la ficción y el mercadeo.
Las organizaciones sociales de mayor convocatoria protestan masivamente, pero cada una limitándose a su sector.
Y el resto de la ciudadanía rehúye de la política o simplemente prefiere enfrascarse en sus asuntos personales.
Afortunadamente, parece que no es un mal incurable...
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 Irrupción y ocupación del Congreso Nacional, en Santiago, por un grupo de dirigentes sociales exigiendo auténtica democracia, 20 de octubre de 2011 (imagen del calendario 2012 distribuido por “Democracia para Chile”).
Fuente: Democracia para Chile
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 “Nuestro principal problema no es de recursos, es de democracia”, afirmó la líder estudiantil durante el cambio de directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Dijo que “el movimiento debe significar un cambio en la vida de nuestro pueblo”, que el desafío es hacer avanzar al país hacia una sociedad más justa e igualitaria, y que el cómo lograrlo debe ser una de las mayores tareas pendientes.
“Subvertir la correlación de fuerzas al interior de esta espuria institucionalidad burguesa debe constituirse en uno de los pasos fundamentales de este movimiento”, explicó. “Hay que desplazar a los sectores que hoy toman decisiones por nosotros y no nos permiten participar directamente en la construcción de nuestro propio futuro”.
“La gente sale con alegría a las calles a decir con fuerza: ¡Basta de desigualdad y de lucrar con nuestros derechos fundamentales! (...) Debemos trasladar la mayoría de las calles al interior del Parlamento y el aparato del Estado”.
La dirigenta estudiantil Camila Vallejo pronunció un elocuente discurso político-ideológico durante la ceremonia de cambio de directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), realizada el lunes 19 en la Facultad de Medicina de ese plantel con la presencia del rector, Víctor Pérez.
Militante de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) y ahora vicepresidenta de la FECH, Vallejo agradeció el apoyo a su reciente gestión como presidenta, reiteró sus principios doctrinarios y delineó lo que, a su juicio, debieran ser las próximas tareas del movimiento estudiantil.
Sendas encuestas mediáticas, tanto en Chile como en el Reino Unido, le eligieron como la Personaje del Año superando, entre otros candidatos, al Presidente chileno y el inspirador de la llamada “Primavera árabe”.
“Hoy tenemos la más profunda convicción de que la fuerza erigida a partir del movimiento debe constituirse como una verdadera posibilidad de transformación social en Chile y debe significar un cambio en la vida de nuestro pueblo”, aseveró. “Sin duda, este movimiento ha logrado evidenciar con mayor fuerza las falencias del sistema, lo cual ha significado un cambio cultural en nuestro país, y aunque embrionario aún, nos permite abrirnos a la posibilidad de avanzar hacia un estado de mayor concientización y de lucha social”.
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Con una pareja de conductores vestidos con uniforme estudiantil, un espectáculo artístico que incluyó humorismo, reproducción de videos y los semblantes de Allende, Recabarren, Enríquez y el Che Guevara como telón de fondo, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) dio a conocer, el pasado lunes 12, su propuesta sobre la educación chilena.
El objetivo no sólo fue anunciar un planteamiento teórico –cuidadosamente presentado en un cuadernillo impreso- sino también un movimiento social articulado a partir del alumnado de los principales establecimientos secundarios públicos de la capital, los que llevaron una de las cargas más pesadas de la mayor movilización ciudadana realizada en Chile desde el retorno al régimen civil (1990).
Junto a los tres ejes centrales de esta “Propuesta para la Educación que queremos”, en los que destaca un sistema nacional de educación estatal gratuita, la organización estudiantil se adentra en problemas puntuales, demandando, por ejemplo, la eliminación de la actual Prueba de Selección Universitaria (PSU) y la creación de un sistema diferente, así como “frenar la alta medicación con Ritalín (metilfenidato) y el sobrediagnóstico que indicaría abundancia del Síndrome de Déficit Atencional”.
Pese al contenido del discurso y la organización mostrada, la jornada no mereció la atención de los medios informativos tradicionales, controlados por sectores de otro signo. Lo contrario ocurrió con la reciente elección en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), cuyo presidente, Gabriel Boric, fue recibido con no pocas pullas en el escenario de la ACES.
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Tres altos ex ejecutivos de la multienda La Polar quedaron en prisión preventiva en el caso de un gigantesco fraude por repactaciones unilaterales de deudas a un millón de clientes.
El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra el holding Cencosud por presunto contrabando y fraude aduanero.
Oficinas de cuatro grandes cadenas de supermercados fueron allanadas en la investigación por presunta colusión de precios de alimentos.
Fiscal especial investigará la presunta colusión de tres grandes empresas avícolas en los precios de los pollos.
Empresa pagó millonaria multa en el caso por colusión en precios de medicamentos que involucró a tres cadenas de farmacias.
Y hay más sectores pesquisados.
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Gabriel Salazar aboga por una real participación ciudadana a través de asambleas populares, la reindustrialización del país, un nuevo Código del Trabajo y educación pública gratuita.
El Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar, propuso las denominadas “Bases fundamentales para una nueva Constitución Política en Chile (Siglo XXI)”, que incluyen la conformación de distintas asambleas populares de gobierno local, nacionalización de recursos naturales, regionalización de inversiones públicas y privadas, estatización de algunos servicios públicos, elaboración de un nuevo Código del Trabajo y creación de un sistema educacional público gratuito.
El planteamiento, de 18 puntos, aparece en el documento “La vía popular y de los pueblos a la Constituyente”, difundido por el movimiento ciudadano “Democracia para Chile” y convocante al congreso preparatorio de la llamada Primera Constituyente Social, del 19 y 20 de noviembre en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso (en toma).
Precisando que se trata de “notas para la deliberación, para empezar a pensar el nuevo Chile”, dicha convocatoria hace un diagnóstico de la actual situación política y social del país, y entre sus propuestas incluye la del historiador social:
“Bases fundamentales para una nueva Constitución Política en Chile (Siglo XXI)
Documento propuesto por Gabriel Salazar, historiador.
1. La nueva Constitución deberá garantizar, en lo esencial, mecanismos efectivos de participación ciudadana, y autonomía relativa a las regiones del país en lo tocante a la administración de los recursos que generan.
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Diez parlamentarios de oposición pidieron formalmente al gobierno de Sebastián Piñera que expropie y renacionalice los yacimientos de cobre a cargo de la empresa transnacional Anglo American.
Encabezados por el diputado democratacristiano Roberto León, el grupo sostiene que la firma extranjera ha transgredido la legislación minera vigente al no cumplir un contrato que permite a la estatal Codelco adquirir hasta el 49 por ciento de esa propiedad.
El diputado independiente Sergio Aguiló dijo que la propuesta se basa en el artículo 19 número 24 de la actual Constitución Política, que establece que el Estado tiene el dominio “absoluto, inalienable e imprescriptible” de todas las minas.
El ministro de Economía, Pablo Longueira, desestimó la petición calificándola como “irresponsable y bananera”.
En julio pasado, diputados de oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional de renacionalización, pero no ha sido tramitado debido al rechazo ideológico de sus pares de derecha.
El cobre, la principal fuente de ingresos de Chile, fue nacionalizado por acuerdo político unánime en 1971, pero tanto la dictadura como los posteriores gobiernos civiles aplicaron un régimen de concesiones que ha privilegiado la explotación privada y extranjera en desmedro del país.
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El 7 de julio pasado, diputados de la Concertación e independientes presentaron un proyecto de ley de reforma constitucional destinado a establecer el plebiscito sobre temas de interés nacional.
Una semana después, el 14 de julio, cuatro jefes de bancada opositores encabezaron la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional que permitiera convocar a una
Asamblea Constituyente.
Dos meses más tarde, el 28 de septiembre, senadores de la Concertación e independientes en pleno presentaron un proyecto de acuerdo, solicitando la creación de una comisión bicameral que estudie una nueva Constitución y que “escuche la opinión de los diversos actores sociales en los temas que sean de su interés, contando además con la asesoría de especialistas expertos en las materias”.
Después de todos esos trámites políticos, nada ha cambiado. Ha bastado el simple desdén de los autores y partidarios de la Constitución vigente -promulgada en dictadura- para hacer abortar cualquier iniciativa al respecto, al menos por la vía parlamentaria. Y aun cuando se allanaran a discutirlo, la “política de los acuerdos” o negociación a espaldas de la ciudadanía aplicada durante 20 años no da las garantías de transparencia y credibilidad necesarias.
Por eso –y más-, la agrupación “Democracia para Chile” les gritó y presionó durante la reciente ocupación de las oficinas del Senado en Santiago y convocó para el pasado jueves 3, en la Plaza de Armas de la capital, a una concentración pública denominada “Plebiscito Ahora. Para que la mayoría decida”.
Casi cien organizaciones sociales y ciudadanas adherentes exigen el cumplimiento del compromiso suscrito por parlamentarios proclives a este mecanismo democrático, la primera meta de un proceso hacia una nueva Constitución redactada por una Asamblea Constituyente.
Porque, más allá de autoritarismos, gestiones políticas poco claras y algunas airadas reacciones ciudadanas, la propia Carta Fundamental de 1980, en su artículo quinto, consagra el plebiscito como una de las formas de ejercicio de la soberanía popular.
Lo demás corre por cuenta de la ciudadanía.
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 Un total de 64,6 millones de pesos ha provisionado este año la sociedad anónima Azul Azul por concepto del royalty que debe cancelar a la Universidad de Chile por el uso del nombre y del símbolo deportivo (chuncho) de este plantel estatal de estudios superiores, el mayor y más antiguo del país.
Se espera que dicha cifra, que corresponde sólo al primer semestre, aumente considerablemente debido al despegue deportivo, comercial y bursátil alcanzado por la empresa concesionaria en el presente 2011. Su equipo de fútbol profesional ha logrado un rendimiento insuperable en el torneo local y avanza resueltamente en la Copa Sudamericana.
Según convenio de 2008, la Universidad de Chile autorizó el uso de su nombre, símbolos, emblemas y marcas deportivas a Azul Azul S.A., que asumió la concesión por al menos 30 años de la entonces quebrada Corporación de Fútbol universitaria, Corfuch.
A cambio, la Universidad tiene derecho a elegir dos directores en la sociedad, así como a cobrar un royalty anual equivalente al 1,05% de los ingresos de la misma, calculado sobre la base del monto mayor entre ese porcentaje y el 3,5% de las utilidades netas.
Durante el primer semestre, los ingresos de la empresa llegaron a 5.992 millones de pesos –casi un 30 por ciento más que el mismo período de 2010-, en tanto las ganancias se empinaron sólo a 360 millones de pesos.
Sus accionistas controladores provienen de la Universidad del Desarrollo -ligada al partido Unión Demócrata Independiente (UDI), actualmente en el gobierno- y del poderoso grupo económico Falabella. Entre ellos figuran Federico Valdés –presidente-, prorrector de la citada universidad privada, y el director del grupo Falabella Carlos Heller, además del inversionista José Yuraszeck.
Una condición similar tiene Colo Colo, la enseña deportiva más popular del país, administrado hoy por Blanco y Negro S.A.
Fuentes:
-“Club Universidad de Chile, Estados financieros consolidades intermedios por el período de 6 meses terminado al 30 de junio de 2011 y el año terminado al 31 de diciembre de 2010”, udechile.cl
-Azul Azul S.A., larrainvial.com
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Julio Frank Salgado
autor
06.02.12 @ 09:56:42. Archivado en NOTICIAS, 3. Chile, Constitución, Asamblea Constituyente
