Texto del volante distribuido por la Red de Estudiantes de Chile por la Asamblea Constituyente, compuesta por alumnos de diversas universidades del país, con motivo de las elecciones de alcaldes y concejales que se realizarán el domingo 26 de octubre:
¡Asamblea Constituyente! Tú puedes exigirla para cambiar la Constitución.
¿Sabías que la actual Constitución Política...
-Fue impuesta por la dictadura en 1980...
-Es antidemocrática, autoritaria y represiva...
-No defiende nuestros derechos ni nuestra dignidad como pueblo...
-Permite que nuestros derechos a educación, cultura, salud, recursos naturales y servicios básicos se transformen en lucro para unos pocos...
-No protege nuestro ecosistema...
-No reconoce a nuestros pueblos originarios...
-Impide la participación popular en las decisiones políticas del país...
-Asegura el poder político y económico a una elite y excluye a los movimientos sociales...
-Fomenta y sostiene la escandalosa desigualdad económica entre ricos y pobres.
¿Cómo cambiar la Constitución?
A través de una Asamblea Constituyente, donde participemos todos como pueblo en la redacción de una nueva Constitución, realmente democrática.
¡Marca el voto en las próximas elecciones: Asamblea Constituyente! Vota por quien quieras, pero marca el voto con Asamblea Constituyente y ayuda a mejorar nuestro país. Tu voto con marca es válido mientras no marques más de un candidato (Ley 18.700, artículo 71 número 5). El Estado está obligado por ley a escrutar todas las marcas y dejar un registro de ellas.
¡Esta es una manera pacífica, masiva y participativa de movilizarnos socialmente, no te quedes fuera! ¡Hazte ciudadano, exige la Asamblea Constituyente!
No botes este volante, cópialo y difúndelo.
Red de Estudiantes de Chile por la Asamblea Constituyente
El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) acordó reparar a la periodista Alejandra Matus con 30 millones de pesos (unos 38 mil euros) por la violación de sus derechos a la libertad de expresión y la propiedad a raíz de la censura de su obra “El libro negro de la justicia chilena” (1999).
Así lo informa la profesional en su página web, publicando un comunicado:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que Alejandra Matus Acuña fue víctima de censura por el ‘Libro Negro de la Justicia Chilena’, y que sus libros fueron incautados por orden judicial y estuvieron fuera de circulación por más de dos años. Asimismo, la señora Matus Acuña fue sometida a un proceso judicial que la obligó a salir de su país para evitar ser privada de su libertad. Finalmente, la Comisión establece que se privó a la sociedad chilena del derecho al acceso a la información.
La decisión del CDE pone fin a la demanda de la profesional contra el Estado de Chile, que llevó a la derogación de dos artículos de la Ley de Seguridad del Estado por ser atentatorios contra la libertad de expresión e incompatibles con un régimen democrático.
“El libro negro de la justicia chilena” fue publicado en 1999 e incautado por orden del ministro de fuero Rafael Huerta, en el marco de un requerimiento interpuesto por el ex presidente de la Corte Suprema Servando Jordán. La periodista abandonó abruptamente el país y solicitó asilo político en Estados Unidos, lo que le fue concedido. La posterior derogación del artículo 6 b), por iniciativa del Presidente Ricardo Lagos, puso fin a ese proceso.
El ex juez y actual director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile, Juan Guzmán Tapia, anuncia que marcará su voto en las elecciones municipales del 26 de octubre agregando “AC”, para exigir una asamblea constituyente y una Constitución democrática. Explica por qué.
El abogado Javier Couso y la diputada Carolina Tohá plantearon la idea en pleno seminario “conservador”. Pero no fue tanto: aún creen en los “acuerdos” políticos de costumbre.
El primer fin de semana de septiembre, en las Termas de Jahuel, provincia de Aconcagua, un abogado, profesor universitario y secretario del think tank neoliberal Expansiva y una diputada de la Concertación “sorprendieron” -según El Mercurio- a los demás asistentes del reservado seminario “El Chile que viene”, organizado precisamente por esa corporación -de la que proviene nada menos que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco-, el Centro de Estudios Públicos (CEP) y la Universidad Diego Portales.
En efecto, Javier Couso, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de dicha universidad, y Carolina Tohá, diputada del PPD, expusieron sobre la necesidad de que los chilenos cuenten, con miras al próximo Bicentenario, con una nueva Constitución Política del Estado.
1.- (los firmantes) Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum.
2.- Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia.
Puntos iniciales del acuerdo unánime de los jefes de Estado y de gobierno de los países de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Declaración de La Moneda, Santiago de Chile, 15 de septiembre de 2008, al que concurren:
El derecho a voto puede ser ejercido por ciudadanos residentes en el extranjero de muchos países de América Latina y el resto del mundo, no así por los chilenos.
Según registros de 2002, hay 857.781 compatriotas avencidados en el exterior -el 6 por ciento de la población total del país-, muchos por causas económicas o políticas. De ellos, 429.708 están en Argentina, 113.394 en Estados Unidos, 42.396 en Suecia, 37.577 Canadá y 33.626 en Australia.
Permanecen vinculados con su país por lazos consanguíneos y fraternos, y aportan además intelectualmente, económicamente a sus familias y con donaciones materiales a hospitales, bomberos, municipalidades, Teletón y otras instituciones. Sin embargo, no son ciudadanos debido a que no pueden expresar su opinión y voluntad a través del sufragio. Si bien los gobiernos de la Concertación han tratado de avanzar en la temática de los derechos humanos y, específicamente, del derecho a voto, las distintas iniciativas legales impulsadas no se han materializado a raíz de la negativa de una influyente minoría parlamentaria de derecha.
Soledad Onetto es declarada una profesional bien informada, buena entrevistadora, seria y confiable, pero se recurre a ella para hacer publicidad paralela y ahora se le envía a un megaevento musical-farandulero... como animadora.
El Código de Etica del Colegio de Periodistas de Chile, como el de otros países, prohíbe a estos profesionales desempeñar simultáneamente funciones periodísticas y publicitarias, como lo recordó esa entidad gremial -aunque ya no tenga tuición sobre quienes no son sus miembros- en un dictamen.
Se trata de evitar la inducción a error o confusión en la audiencia al transmitirle paralelamente un mensaje de interés social y otro comercial o particular, además de prevenir un conflicto de intereses que contamine la información y perjudique al público, aun cuando éste no lo perciba fácilmente. Esto es especialmente importante cuando un periodista debe difundir una noticia contraria a su contratante adicional, sobre todo considerando que son generalmente los grandes avisadores de los medios los que requieren los servicios cuestionados.
Pese a todas esas prevenciones, el sistema mercadocrático imperante se empeña en torcer la nariz –y el resto del cuerpo- a la información pública, al incentivar la práctica de prestar una favorable imagen pública como “rostro” del periodismo contingente para favorecer disciplinas que persiguen objetivos anexos, distintos y muchas veces contrapuestos a éste, como la publicidad y el marketing. En la televisión los casos son por ahora puntuales, pero en las radioemisoras de FM proliferan programas de actualidad con periodistas, televisivos o no, colegiados o no, que, interrumpiendo su tarea específica, dan voz y énfasis a los anuncios de los auspiciadores.
Dos consultores ecuatorianos expertos en elecciones, Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, publicaron en 2006 el libro titulado “Mujer, sexualidad, internet y política: Los nuevos electores latinoamericanos”. En él pretenden desnudar sin prejuicios morales o valóricos el pensamiento, la personalidad y la actitud del ciudadano medio de esta parte del globo o, al menos, describir lo que prevalecería en él al marcar su preferencia por un candidato.
Dicho trabajo –particularmente sus terminantes subtítulos- describe diversas condicionantes de quienes deciden o han decidido los comicios del siglo XXI:
Son independientes, individualistas, consumistas y ven el dinero como valor central.
Son más numerosos y pobres que antes.
Como “masa inculta”, imponen sus gustos.
Buscan un mundo sin dolor; en contrario, de placer hedonista.
Admiten la corrupción.
Han desmitificado el poder político y desacralizado los símbolos.
El ex juez Juan Guzmán Tapia, conocido internacionalmente por sus procesamientos a Pinochet y actual director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central, anunció que marcará su voto en las próximas elecciones municipales (26 de octubre) con el fin de exigir una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución Política.
“Chile necesita una Constitución democrática”, dijo poco después de inaugurar el seminario “¿Necesita Chile una nueva Constitución?” en el Aula Magna de ese plantel universitario, el lunes 25 en Santiago.
Una decisión similar reafirmó el abogado de derechos humanos Roberto Garretón, uno de los expositores, quien impulsa un movimiento ciudadano con el mismo propósito.
Durante un break, Guzmán Tapia –inspirador del documental “El juez y el general”, estrenado recientemente en Estados Unidos- declaró:
Voy a marcar mi voto para las municipales indicando AC, que significa asamblea constituyente; pienso que Chile necesita una Constitución democrática y la Constitución actual no es democrática. Esto no significa, de ninguna manera, anular el voto, sino que voy a marcar la preferencia por el candidato de mi elección y a continuación voy a poner AC, que significa asamblea constituyente.
El lunes 25, a partir de las 8.30 horas, se realizará en el Aula Magna de la Universidad Central (Lord Cochrane 418, Santiago) el seminario “¿Necesita Chile una nueva Constitución?”, en el cual intervendrán destacados juristas, políticos y otros panelistas.
Abrirán la jornada el Premio Nacional de Literatura Gonzalo Rojas y el director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de ese plantel, Juan Guzmán Tapia.
Enseguida, el abogado Roberto Garretón, del Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente, expondrá sobre “Responsabilidad y participación ciudadana para un cambio constitucional”.
A partir de las 15.15 horas habrá talleres participativos y trabajo paralelo de tres grupos de participantes, y a las 17 horas se iniciará el plenario.
Patrocinan el seminario el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central y el Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente.
Fuente: Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente.
El Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos es impulsado desde hace ocho años desde Concepción, Región del Biobío, por el médico y antiguo político Edgardo Condeza. Su objetivo es que el derecho a plebiscito ciudadano sea incorporado a la Constitución Política de Chile con el fin de que la ciudadanía sea consultada y pueda decidir sobre temas fundamentales para su vida diaria.
Por ello, lleva a cabo una campaña sistemática de educación cívica y participación democrática a través de la realización de consultas en organizaciones sociales, profesionales, municipales y entidades comunitarias, con el fin de que sean los propios destinatarios quienes opinen y decidan respecto de distintas materias.
Ha habido ya 52 actividades de este tipo en lugares como colegios, juntas de vecinos, sindicatos y vía pública de Santiago, Concepción, Viña del Mar, Talcahuano, Quilpué, Lebu, Lota, Chillán, Los Angeles y otras ciudades. Ha votado un total de 251.544 chilenos con su carné de identidad y firmando un registro. En la capital, los votos fueron escrutados por la Universidad de Santiago (Usach) y en Viña del Mar, por la Universidad Católica de Valparaíso (UCV).
Julio Frank Salgado
autor
El Gobierno de Bolivia está dispuesto a revisar una reforma cuestionada por la prensa
04.10.08 @ 17:16:59. Archivado en NOTICIAS, 3. Chile, Sociedad, Elecciones, Estudiantes, Constitución, Asamblea Constituyente
Texto del volante distribuido por la Red de Estudiantes de Chile por la Asamblea Constituyente, compuesta por alumnos de diversas universidades del país, con motivo de las elecciones de alcaldes y concejales que se realizarán el domingo 26 de octubre:
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