 A través del periódico electrónico Clarín de Chile, diversos intelectuales, académicos y profesionales instaron al gobierno de Michelle Bachelet a respetar el reciente fallo del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que dictaminó que el Estado chileno debe pagar 16,6 millones de dólares al propietario del desaparecido diario del mismo nombre, el español Víctor Pey, por la confiscación de dicho medio tras el golpe militar de 1973.
La primera declaración señala textualmente:
“La decisión del gobierno chileno de presentar un recurso de nulidad al dictamen por el caso Clarín del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial no es sino la última parte de un proceso lleno de irregularidades, cuyo objetivo ha sido obstaculizar la reedición del diario Clarín. La actitud del gobierno, del mismo modo que los anteriores de la Concertación, intenta impedir la restitución de los activos del que fue el periódico de mayor circulación en Chile a su verdadero y legítimo propietario, el ciudadano español Víctor Pey.
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 En marzo de 2006 fue publicado el libro “Sociedad civil y nueva Constitución: hacia un pacto ciudadano para la Constitución que queremos”, probablemente el primer esfuerzo independiente sistematizado con tal propósito en la presente década. Consiste en un compendio del seminario del mismo nombre realizado en Santiago tres meses antes y en el que participaron profesores de Derecho, expertos de organizaciones no gubernamentales y miembros de organizaciones sociales.
Sus editores, la Fundación Instituto de la Mujer y el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (Memch), dejaron claro que no se trató sólo de un afán intelectual o académico, sino de entregar bases políticas, jurídicas y sociales sólidas, que justificaran la necesidad de una nueva Constitución Política para Chile.
A continuación, un resumen personal. Su objetivo es difundir una obra de distribución injustamente limitada hasta ahora pese a la trascendencia de su contenido y la creciente coincidencia de los chilenos en este tema.
En su presentación, la socióloga Loreto Ossandón y la periodista Carmen Torres reafirman que la Carta Fundamental de 1980, vigente a la fecha, fue elaborada por asesores de una dictadura, se la sometió a un plebiscito reconocido como fraudulento y sus reformas posteriores no reflejan las aspiraciones ni los cambios sociales acaecidos en el país.
Francisco Soto Barrientos, abogado, master en derecho constitucional e instituciones públicas y secretario ejecutivo del fondo gubernamental para el desarrollo de la sociedad civil, sostiene a su vez que el nuevo orden establecido por la Constitución de 1980 parte de una refundación autoritaria que rompe drásticamente con la tradición liberal chilena y que existe en ella la idea que la voluntad popular no debe ser el único procedimiento que determine el curso del país.
Desde esa perspectiva, agrega, se trataría de “un fenómeno anacrónico que no tendría más fundamento que la fuerza de algo impuesto” y se aleja de la evolución constitucional occidental, que avanza en un sentido liberal, de búsqueda de mecanismos para profundizar la soberanía popular y garantizar el pluralismo y la tolerancia.
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El ministro secretario general de Gobierno de Michelle Bachelet y ex presidente de Televisión Nacional de Chile, Francisco Vidal, afirmó el jueves que “me gusta decirles eso (que mienten) a El Mercurio y La Tercera”, al ser entrevistado en el programa deportivo “Tercer Tiempo” de radio ADN, en Santiago.
Cuando se le preguntó acerca del malestar del entrenador de la selección nacional de fútbol, Marcelo Bielsa, con parte de la prensa local, a la que acusa de haber obtenido sin autorización y tergiversado sus opiniones sobre el balompié chileno, Vidal respondió:
No me gusta, no obstante que simpatizo con él en parte: cuando dijo que La Tercera y El Mercurio mienten me pareció interesante. Pero si eso ocurre en materia deportiva como en otra, lo que me gusta es decirles eso a El Mercurio y a La Tercera.
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Mientras aumenta el descontento social en Chile y cada sector protesta por su cuenta, tres movimientos ciudadanos que propusieron una solución nacional están detenidos.
 Trabajadores de la Corporación del Cobre (Codelco) -la mayor empresa chilena- protestan por compromisos patronales incumplidos; mujeres promotoras de la anticoncepción encabezan una protesta por la prohibición de la píldora del día después; estudiantes protestan por la inequidad de la ley general de educación; empleados fiscales protestan por sus injustas condiciones laborales. Y así... cada cual en lo suyo.
Esos y otros conflictos sociales parten, en mayor o menor medida, de la rígida legislación inspirada en la actual Constitución Política del Estado, creada y promulgada sin democracia y reformada posteriormente excluyendo numerosos derechos sociales y ciudadanos. Por eso, desde hace seis años se vienen gestando en el país diversos movimientos ciudadanos que proponen una salida global, nacional: la elección de una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.
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El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, anunció que la entidad trabajará por una nueva Constitución Política para Chile, votada en plebiscito ciudadano, y llamó a los sectores democráticos y progresistas a “ponernos de acuerdo en un proyecto común”.
“Hoy, ni la derecha ni la Concertación están a la altura de lo que el país requiere”, afirmó durante su discurso en el acto de celebración del Día Internacional del Trabajo, en Santiago. “Queremos cambios en el sistema político para que el país deje de ser para unos pocos y el pueblo recupere su soberanía para elegir su propio destino. La consecución de estos objetivos requiere de la profundización de la actual democracia”.
Después de objetar el manejo económico y social que daña a los trabajadores, Martínez propuso un gran acuerdo político y social, y anunció que “trabajaremos por una nueva Constitución Política para Chile, aprobada por un referéndum, donde cada ciudadano vote informado y en conciencia”.
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El periodista Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005 y ex director de la desaparecida revista antidictadura “Análisis”, reiteró este viernes que la Constitución vigente en Chile sigue siendo ilegítima y enjuició su efecto sobre la situación política y social del país.
En su programa de comentarios “Análisis en FM”, el director de radio Universidad de Chile afirmó que “se hace más que justo, entonces, el derecho de los chilenos a movilizarse y desconocer la legitimidad de nuestras pretendidas instituciones democráticas”.
A continuación, el texto íntegro del comentario emitido por radio Universidad de Chile, en Santiago, este viernes 25 de abril de 2008, publicado el día anterior en el periódico electrónico de la estación.
“Estimados auditores y estimadas auditoras:
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¿Cómo una Constitución Política puede aspirar a ser plenamente democrática? Aquí hay algunas ideas.
La Constitución es la ley fundamental de un país democrático. La chilena, sin embargo, omite o restringe un conjunto de importantes derechos sociales y ciudadanos, además de haber sido inspirada por una crisis y gestada, redactada y aprobada durante una dictadura. Peor aún, los políticos que sucedieron a ésta le introdujeron sólo reformas puntuales, orientadas principalmente a eliminar trabas para la administración civil, y, unilateralmente (sin plebiscito), el Presidente Lagos la declaró “democrática” en 2005.
La Carta Magna vigente, en efecto, sigue anteponiendo libertades a derechos, autoridad a civilidad, y sus numerosas modificaciones posteriores –más de cien- han creado “enclaves democráticos” en una institucionalidad que valora al ciudadano común sólo como votante y consumidor.
¿No debiera garantizar expresamente -y no dejar a discreción de los políticos de turno- los derechos de las mujeres, los jóvenes, los niños, los adultos mayores y los indígenas, por ejemplo, más aún en un país en desarrollo? ¿Y hablar con entusiasmo sobre dignidad, protección, equidad, preservación, probidad, solidaridad?
En este artículo cotejo parcial y libremente la Constitución vigente a la fecha en Chile con un magnífico texto fundamental: el colombiano de 1991 (penosamente depreciado por la violencia armada).
A cada cual lo suyo
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En el fragor de las discusiones políticas e ideológicas mezcladas con intereses partidistas y ambiciones personales, los temas de fondo planteados por los partidos de la Concertación no surgen aún con el ímpetu y la trascendencia que su envergadura requiere.
Para recordarlos, he aquí algunas conclusiones referentes a una nueva Constitución Política para Chile:
Partido Demócrata Cristiano
Los democratacristianos creemos que llegó la hora de dotar a Chile de una nueva Constitución, efectivamente democrática y que sea la carta de navegación que le permita a Chile ser una sociedad más desarrollada, más moderna e integrada.
Soledad Alvear, presidenta del Partido Demócrata Cristiano, Quinto Congreso Ideológico, octubre de 2007.
Partido Socialista
Así como en dictadura existió el llamado ‘grupo de los 24’, se debe ahora abrir un proceso que congregue a connotados juristas, intelectuales y actores sociales que se plantee el tema de pensar y proponer una Constitución Política para el siglo XXI.
Mesa Directiva Nacional del Partido Socialista de Chile, documento para la discusión del XXVIII Congreso General Ordinario, noviembre de 2007.
Partido Por la Democracia
La única manera de dar por terminado el largo ciclo político marcado por la Dictadura y sus efectos es dotarnos de una nueva Constitución Política, que tenga la legitimidad de las constituciones democráticas, fruto de las mayorías y del consenso político, aprobada por la ciudadanía en un proceso electoral verdaderamente democrático.
Documento para la discusión del XXVIII Consejo Nacional Programático del Partido Por la Democracia, enero de 2008.
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El programa periodístico-humorístico “Caiga Quien Caiga” (CQC-Chile, Mega) abrió su temporada 2008 la semana pasada haciendo víctimas de una bufonada a varios políticos chilenos, entre ellos, el mismísimo ex Presidente Ricardo Lagos.
Según se vio en la pantalla, un entrevistador africano llamado Julio se hizo pasar por un periodista venido especialmente de Sudáfrica para hacer un reportaje sobre Chile. Recatado y algo tenso, pero simpático, fue recibido por un Lagos vestido informalmente y de buen ánimo.
Presentó el encuentro en un idioma aparentemente zulú, se dirigió al ex mandatario con poca dificultad con el español y al final le propuso un intercambio de regalos, todos preparados de antemano por él.
El diálogo ficticio fue formal, pero ameno. El entrevistador no evitó temas que suelen molestar al habitualmente hosco ex gobernante, como las fallas del sistema de transporte público Transantiago –que él impulsó- y los apodos que le ha dado un sector de la prensa: “Capitán Planeta”, por su actual cargo internacional relacionado con el cambio climático, y “Papi Ricky”, alusión a la telenovela del mismo nombre. Pero Lagos, esta vez, sonrió comprensivamente y reconoció incluso que cree que estos últimos se deben a que acostumbra a subir el tono y reprender de manera paternal a su interlocutor cada vez que le molesta una pregunta.
Una seda como entrevistado.
Efectivamente, la irritabilidad y la soberbia son dos características -los periodistas chilenos lo saben muy bien- que se le atribuyen a quien fuera el más tenaz opositor político de Pinochet y que hoy quiere ser nuevamente Presidente no obstante las fuertes críticas contra su pasada administración y el haber puesto su firma en la Constitución de este último, reformada.
Por lo visto, cree superada su dimensión local y ahora es (sólo) el mundo el que recibe su magnanimidad.
Falta saber si conservó su buen humor cuando se enteró de la farsa…
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Poco a poco crece en el país la idea que una Constitución democrática es el único camino para rectificar el rumbo. Pero hay aún grandes barreras: falta de recursos, dedicación insuficiente y... censura.
 
El 14 de diciembre de 2005, en el Archivo Nacional, en Santiago, se realizó un seminario denominado “Pacto Ciudadano para la Constitución que queremos”, organizado por el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (Memch) y el Instituto de la Mujer. Asistieron unas 80 personas, la mayoría mujeres, quienes escucharon diversas exposiciones, entre éstas, las de los abogados y profesores de Derecho de la Universidad de Chile y la Universidad Central Eric Palma y Francisco Zúñiga; de la abogada de la Corporación de Derechos Ciudadanos (SEAL) Alejandra Arriaza y del médico Edgardo Condeza, entre otros expertos y promotores de la sociedad civil.
Todos apuntaron a la precariedad democrática, no obstante sus reformas, de la Constitución de 1980 –promulgada durante la dictadura- y su efecto sobre la vida diaria y la institucionalidad del país. Subrayaron la necesidad de incorporar derechos humanos y sociales propios del siglo XXI e identificar genuinamente las aspiraciones de los chilenos. Palma difundió en particular los postulados y actividades de un movimiento por una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución, en tanto Condeza planteó un plebiscito nacional que permita a la ciudadanía decidir por sí misma los temas más trascendentes.
La iniciativa no terminó ahí.
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Un sector disidente de la actual directiva del Partido Socialista creó un referente al interior de éste con el fin de recuperar el pensamiento original de la colectividad, centrado en las demandas populares y discrepante de la línea oficialista neoliberal.
La nueva corriente política interna, surgida durante el reciente congreso general ordinario -donde el 40 por ciento de los participantes rechazó la cuenta del presidente, Camilo Escalona-, fue denominada Movimiento de Acción Socialista (MAS) y la encabezan el senador Alejandro Navarro, el miembro del Comité Central Simón Escalona y el subsecretario general, Francisco Bucat.
Los disidentes critican a la actual mesa del partido su “falta de capacidad para transmitirle oportunamente a la Presidenta de la República el malestar ante políticas públicas erradas”, así como respaldar “la profundización de un modelo económico que afecta y rechaza la mayoría de nuestro pueblo”.
“Buscamos rescatar y proyectar en el Partido Socialista y en el país nuestro patrimonio como fuerza de cambio, revolucionaria, democrática y autónoma en el campo internacional, con una profunda inspiración allendista y latinoamericanista. Y, en lo nacional, protagonizar los cambios indispensables, que nos permitan ser reales actores e intérpretes del pueblo y sus demandas”, declaran.
Coincidentes con ése y otros objetivos, se manifiestan partidarios de una nueva Constitución Política del Estado redactada por una asamblea constituyente.
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 Un senador de gobierno es expulsado de su partido por disentir del mismo gobierno, se alía con la oposición, le da mayoría parlamentaria y es elegido presidente del Senado. Otro senador de gobierno renuncia a su partido y se suma a la oposición para elegir presidente del Senado a su colega expulsado.
El Estado pierde periódicamente miles de millones de pesos por negligencia o corrupción administrativa y no hay sanciones ni alarma gubernamentales.
La oposición –heredera de Pinochet- se frota las manos, con miras a las próximas elecciones en las cuales el sistema binominal que ella misma creó la “bonificará” una vez más.
El Partido Socialista denomina “Salvador Allende” su congreso ideológico 2008 y sus máximos líderes lo inauguran proclamando sus precandidaturas presidenciales adscritas a la institucionalidad pinochetista.
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Julio Frank Salgado
autor
La 2 apoya al cine español con "Vida y color" en la noche del viernes
20.05.08 @ 18:41:21. Archivado en NOTICIAS, 3. Chile, Periódicos, Periodismo, Política
