 El Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente difundió la siguiente declaración pública:
“El miedo a la soberanía popular en Honduras: historia conocida.
Un golpe de estado depuso el domingo al Presidente Constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya. El Ejército asaltó a balazos su residencia, lo sacó del país e impidió la realización de una consulta democrática, pacífica y no vinculante, que permitía a todos los hondureños opinar acerca de la conveniencia de plebiscitar, en el marco de las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales del 29 de noviembre próximo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Acto seguido, los golpistas presentaron al Parlamento una fraudulenta carta renuncia del Presidente, que sirvió de pretexto para la nominación de un sucesor.
Políticos y empresarios que en el pasado fueron el principal sostén de las dictaduras que oprimieron al pueblo hondureño constituyen el núcleo duro de esta asonada antidemocrática. Han declarado el estado de sitio e iniciado una feroz represión contra la mayoría ciudadana que respalda al Presidente Zelaya.
Una vez más, lo que en realidad aterra a los poderes fácticos de Honduras y de toda América Latina, es que se consulte, escuche y respete la voluntad del pueblo.
La afirmación que el Presidente Zelaya buscara su reelección no es sino una mentira, fórmula histórica de todos los golpes contra las democracias por casi 200 años en Latinoamérica.
En el caso de respuesta positiva a la consulta -que debía realizarse el 28-6-09-, se realizaría un plebiscito paralelo a las próximas elecciones ordinarias – convocadas para el 29 de noviembre de 2009- en el que los hondureños tomarían la decisión soberana de convocar o NO a una Asamblea Constituyente, la que se instalaría después del término del actual período constitucional. Por lo tanto, las resoluciones parlamentarias y judiciales que declararon la consulta como “ilegal” e “inconstitucional” no tienen sentido alguno. Siempre un Presidente puede consultar informalmente a su pueblo, aunque las respuestas no fuesen obligatorias (“no vinculantes”) hasta que sean adoptadas por los procedimientos constitucionales.
En el acto previsto para el domingo pasado ni se imponía una Constitución sin discusión (fórmula Pinochet) ni se elegía una Asamblea Constituyente. Sólo se consultaba la voluntad popular sobre posibilidad de plebiscitarla.
La motivación de las fuerzas conservadoras hondureñas nos resulta familiar en Chile. Es un dato históricamente confirmado que - con su derrocamiento, el 11 de septiembre de 1973- los conspiradores civiles y militares evitaron que el Presidente Allende convocara a un Plebiscito, que sería anunciado ese mismo día.
La Constitución vigente en Honduras es tan ilegítima como la chilena. Fue impuesta el 21 de enero de 1982, durante la dictadura del General Policarpo Paz García, quien había usurpado el poder en 1978. Una semana después entregó la Presidencia al civil Roberto Suazo Córdova y el poder efectivo al General Gustavo Adolfo Álvarez. Ambas Constituciones consagran posibilidades de plebiscitos, pero en condiciones y en circunstancias tan limitadas, que lo hacen imposible.
Siguiendo a la de Pinochet, la Constitución hondureña hace prácticamente imposible su reforma, pues no sólo exige quórum tan altos como la chilena, sino que –además- algunas de sus disposiciones no pueden ser modificadas ni aún por consenso unánime del parlamento ni de todos los ciudadanos. Dentro de las normas que “no podrán modificarse, en ningún caso” (artículo 374) se cuentan aquellas relativas a los procedimientos para su reforma y la que prohíbe que un ciudadano que ha ejercido la Presidencia de la República postule para el período siguiente o para cualquier otro.
En la redacción de ambas constituciones no participó ningún demócrata y el intento fue mantener instituciones anacrónicas y antidemocráticas. Policarpo Paz y Augusto Pinochet son los constituyentes únicos y perpetuos de sus pueblos
En las condiciones descritas, la consulta que el Presidente Zelaya hizo al pueblo es plenamente legítima. No atenta contra precepto alguno de la cuestionada Constitución; es profundamente democrática, pues sólo persigue escuchar al pueblo en un tema vital para su destino, como es su Carta Fundamental. El procedimiento de consulta informal utilizado por el Presidente Zelaya en nada difiere del que convocaron los estudiantes colombianos, consistente en incluir -en el marco de las elecciones generales del 11 de marzo de 1990-, una papeleta adicional consultando sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La gran cantidad de estas papeletas forzó al Presidente Barco a llamar una consulta el 27 de mayo del mismo año, en el que el 87% del electorado votó por el Sí a una Asamblea de este rango.
El Movimiento por una Asamblea Constituyente en Chile ha convocado a la ciudadanía para que manifieste su voluntad democrática en las elecciones de Presidente, senadores y diputados de diciembre próximo, oportunidad en que cada elector puede anotar las palabras ASAMBLEA CONSTITUYENTE en la misma cédula en que vote por el candidato de su preferencia. Conforme a lo dispuesto en los artículos 65, 71 y 72 de la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones Populares y Escrutinios, esas cédulas son válidas y las preferencias del elector son respetadas. Este procedimiento, junto a todas las múltiples iniciativas de difusión y movilización que realicen los chilenos dentro y fuera del país, demostrará que existe una clara mayoría de ciudadanos que no acepta arrastrar la vergüenza histórica de continuar -por más de cuarenta años– sometidos a un Bando que en 1980 emitieron cuatro generales con el nombre eufemístico de “Constitución Política del Estado”.
De esta forma sumamos nuestras voces a la comunidad internacional que se solidariza con el Presidente Zelaya y exige su inmediata e incondicional restitución en el cargo, así como el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este nuevo y abominable crimen perpetrado contra el pueblo hondureño.
Comité de Iniciativa para una Asamblea Constituyente”.
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 “Los chilenos nos manifestamos en contra del golpe de estado en el hermano país de Honduras.
Hacemos público nuestro más enérgico repudio al acto de atropello al pueblo hondureño y a su democracia emprendido este domingo 28 de junio por quienes realizaron y continúan sosteniendo un golpe de estado evidente e inconstitucional, violando todos los principios democráticos y de respeto a la voluntad soberana.
Las fuerzas militares del país hermano han violado la soberanía popular y depuesto por la fuerza el gobierno democráticamente elegido. El Presidente José Manuel Zelaya fue secuestrado (así como varias autoridades más).
De manera autoritaria, pasando por encima de toda legitimidad, se ha impuesto al pueblo un Presidente suplente: el señor Roberto Micheletti, presidente del Congreso.
Honduras se encontraba estudiando la posibilidad de impulsar un proceso Constituyente, donde la ciudadanía pudiera elegir de manera democrática una Asamblea que redactara una nueva Constitución. Esto permitiría a los hondureños participar en la renovación política de su país.
Para saber cuál es la opinión ciudadana respecto a este tema, el gobierno de Zelaya impulsó este domingo una consulta o encuesta popular donde las personas manifestarían su parecer respecto a la iniciativa de instalar, en las próximas elecciones, una urna extra para votar si desean, o no, una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.
Durante el desarrollo de la encuesta, la Corte Suprema de Justicia dio la orden de intervenir al gobierno y destituir al Presidente Zelaya, argumentando que la encuesta era 'ilegal'. Posterior a esta orden las fuerzas armadas iniciaron el golpe de estado. El Congreso de ese país ha sido cómplice y ha avalado esta destitución, escogiendo como nuevo mandatario al presidente del Congreso.
El derecho a una Asamblea Constituyente es un derecho soberano de los pueblos y posee carácter originario, por ser reflejo del poder constituyente primario (el pueblo); esto significa que ninguna Constitución ni legislación puede prohibir o restringir este derecho, ni mucho menos imponer por la fuerza militar su interrupción. La Asamblea Constituyente no es más que la elección democrática de un congreso que represente a todos los sectores de un país en la redacción de una nueva Constitución, de manera natural y pacífica.
Por esta razón, cualquier iniciativa de consulta ciudadana respecto al tema no puede ser catalogada de inconstitucional. El derecho a realizar encuestas nunca ha sido motivo de acciones represivas, pues es parte de las más básicas libertades. El derecho de manifestar una opinión es un Derecho Humano universal.
La ciudadanía hondureña ha sido vulnerada en sus derechos y se ha impuesto un gobierno ilegítimo.
Hoy la comunidad internacional entera manifiesta su rechazo a este golpe de estado y exige la restitución del Presidente Zelaya.
Nos sumamos a esta exigencia mundial y llamamos a todos los ciudadanos chilenos a hacerlo.
Red de Estudiantes y Ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente.
Comité de iniciativa por una Asamblea Constituyente.
Comisión de Cultura y Propaganda.
Periódico El Ciudadano.
Movimiento Ciudadano por una Nueva Constitución (V Región).
Súmate a esta declaración escribiendo a: redeschile.ac@gmail.com
Asamblea Nacional por los Derechos Humanos
Le Monde Diplomatique, edición Chile
El Clarín de Chile
Comité de Derechos Humanos Kamarikun
Observadores de la Escuela de las Américas
Polo Izquierdo de la Memoria
Izquierda Cristiana de La Granja, CPS Esteban Gumucio
Izquierda Cristiana de Conchalí, CPS El Cortijo
Izquierda Cristiana Región del Maule, Chile
RTV Neruda, equipo de trabajo “Pancho Calama”
Partido Ciudadano de Chile
Jessica G. Juranovic, “reanaranja”, Frente Cultural Humanista
Instituto Jorge Ahumada, Marta Canto Castro, Secretario Ejecutivo Instituto Jorge Ahumada
Myriam Verdugo, Consejera Nacional del PDC
Colectivo Mal Publicados
Gonzalo Ignacio Layseca Astudillo, ex presidente Federación de Estudiantes UC 2005.
CENTROCREARTE, Guido Ojeda Bertin, presidente
Sergio Grez Toso, historiador, profesor de la Universidad de Chile
REZAKA Producciones
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
Proyecto Gnomo, de Radio Placeres.
Festival de Cine Social y Derechos Humanos de Valparaíso, que se realiza en enero.
Festival de Cine de los Pueblos Indígenas de Valparaíso, junio de 2009
Manuel Guerrero Antequera, sociólogo, concejal por Ñuñoa
Graciela Muñoz Zamora, profesora, C.I. 11.266.045-3
Manuel Hidalgo, economista y asesor sindical
Claudia Echeverría Turres, socióloga, Calama.
Fundación SOL, Valentina Doniez, Licenciada en Antropología Social
María Pizarro
Luis Yáñez Saavedra
Luis Madariaga, Dinamarca
Karl Boehmwald
Rómulo Pardo Silva
Pablo Ruiz Espinoza
Horacio Enrique Valdés Galaz. 15.782.008-7.
Rodrigo Cornejo, académico Universidad de Chile, C.I.: 9.664.656-9
Juan Carlos Correa, C.I.: 13.473.585-6
María Schindler
Francisco Lagos
Rodrigo De Negri L.
Camilo Vera
Juan Rodriguez Layana”.
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 Los estudiantes del Instituto Nacional, que realizan una “ocupación cultural” durante ya tres semanas, aseguran que “ningún diálogo para crear un proyecto de ley servirá para estatizar la educación pues la LOCE, que no ha sido borrada, sino que se le han hecho sólo maquillajes, no lo permite. Para cambiar la educación en Chile se necesita una nueva Constitución, pero ésta debe ser democrática, no como la anterior”.
La declaración aparece en un boletín difundido por los alumnos, denominado “Pingüino Informa”.
Explican que la educación debe ser estatizada por cuanto la municipalizada es ineficiente y está en quiebra, y si se desea verdaderamente igualdad de oportunidades hay que comenzar por derogar las leyes impuestas durante la dictadura, como la municipalización.
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El diputado y precandidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami dijo el jueves que cree en una asamblea constituyente como vía para cumplir los sustanciales cambios que plantea para la política y la sociedad chilenas.
Precisó, sin embargo, que no existen actualmente en el país los mecanismos institucionales necesarios para llevarla a cabo, por lo que ha solicitado una propuesta al respecto a dos especialistas en la materia.
Yo creo en la asamblea constituyente. Pero, seamos francos, hoy día no existen los mecanismos. (...) Busquemos juntos el mecanismo para avanzar hacia allá. El tema de la asamblea constituyente no es tan sólo cómo se entra en ella; el tema también es cómo se sale de ella. He pedido a Gustavo (Ruz) y a Roberto (Garretón) que hagamos el recorrido riguroso de cómo vamos a entrar en una asamblea constituyente y cómo vamos a salir de ella.
Enríquez-Ominami, de 36 años, considerado “díscolo” por sus pares de la Concertación hasta su reciente renuncia al Partido Socialista, así como un “fenómeno” electoral por la prensa, presidió en Santiago una reunión con sus asesores programáticos y un centenar de profesionales adherentes a su candidatura, la que emergió hace sólo dos meses.
Una encuesta le acaba de dar el 13 por ciento de las preferencias, contra el 37 y el 30 por ciento, respectivamente, de los veteranos contendores que le aventajan: el millonario derechista Sebastián Piñera y el concertacionista democratacristiano y ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
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 Los jugadores, equipo técnico –encabezado por argentinos- y directivos de la selección chilena de fútbol han mostrado el esfuerzo, el talento, la disciplina táctica y el espíritu de superación necesarios para estar muy cerca de la meta: representar al país en un campeonato mundial después de doce años. Y también su selección sub-20.
¿Y la hinchada? ¿Qué grado de participación ha correspondido al “jugador número doce”? Ha llenado estadios, llenado cafés que habilitan pantallas de televisión y salido a las calles a celebrar las victorias agitando la enseña patria, tocando las bocinas de sus vehículos y coreando el “¡Ceacheí!”... Pero no parece suficiente. Ante cualquier traspié sigue quedando atónita, como ocurrió en la fecha de marzo pasado cuando la selección tenía que derrotar a la uruguaya como local y sólo consiguió un dificultoso empate a cero. Las banderas y los gritos fueron guardadas y acallados no bien terminó el partido, pese a que las posibilidades de clasificar quedaban intactas.
“Los jugadores levantan al público, no el público a los jugadores”, se quejaba frecuentemente el comentarista Julio Martínez.
¿Serios y apáticos?
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El juez que encausó a Pinochet, ya retirado de la magistratura, se ha comprometido activamente con el proceso hacia una asamblea constituyente en Chile.
“Estamos creando la democracia”, dijo a los participantes de un seminario del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central.
 Cuando Juan Guzmán Tapia dejó el Poder Judicial en 2005 luego de ejercer como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, llevaba consigo el reconocimiento público como el juez que sometió a proceso a Augusto Pinochet en causas por violaciones de derechos humanos. Después de su retiro, se dedicó al ejercicio privado –especialmente la defensa de los pueblos indígenas-, fue Decano de Derecho de la Universidad Central y actualmente dirige el Centro de Estudios de Derechos Humanos (CEDH) del mismo plantel.
Ahora, sin embargo, el ex magistrado se ha autoimpuesto un desafío aun mayor: contribuir a la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución Política de Chile, auténticamente democrática, que reemplace la autoritaria promulgada en dictadura y reformada parcialmente por los gobiernos civiles posteriores. Una idea que parece haber prendido ya en la ciudadanía, salvo entre los políticos herederos de esa dictadura, sus medios de comunicación afines y los concertacionistas neoliberales.
El CEDH ha organizado ya dos seminarios de elocuentes títulos: “¿Necesita Chile una nueva Constitución?”, en agosto de 2008, y “Asamblea Constituyente: Un proceso posible en Chile”, realizado hace algunos días. El año pasado, además, la revista oficial del Centro, “Directo a lo Humano”, llevó como reportaje de portada el tema de una nueva Constitución.
Y la intervención de su director no se ha limitado a la formalidad académica: el viernes pasado se le vio en el Aula Magna de la Universidad Central en grupos de discusión integrados por estudiantes de diversos planteles universitarios y algunos secundarios, y por adherentes en general, estimulándoles a persistir en sus ideales.
Más aún: en octubre pasado anunció públicamente que marcaría su voto en las elecciones municipales de ese mes añadiéndole las iniciales “AC” (asamblea constituyente) para exigir una Carta Fundamental democrática, explicando que la vigente no lo era.
Un proceso posible
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Estuvo en Chile, su país, a comienzos de mayo, presentando su nueva obra, “Americanos”. Concedió entrevistas a numerosos medios, principalmente radios y diarios. Aquéllas no tenían cómo evitarlo, pero estos últimos, con tiempo suficiente para pensarlo dos veces, terminaron por censurar algunas de sus opiniones.
¿Cuáles, por ejemplo? Que Chile sufre todavía una Constitución Política opresiva y parchada, y que necesita, por lo tanto, una nueva y plenamente democrática. Nada menos.
Para mitigar el daño, el escritor chileno Ariel Dorfman, respondiendo al autor de este blog, “Voz del Sur”, reiteró desde Estados Unidos:
La Constitución legada por la dictadura es una chaqueta de fuerza que impide una serie de reformas que ahora, con la crisis, se vuelven aún más imperativas. Chile necesita una Constitución plenamente democrática votada por su pueblo en elecciones libres y secretas.
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Autoridad universitaria presidió la presentación del libro que investiga al diario El Mercurio durante la dictadura.
 El prorrector de la Universidad de Chile, Jorge Las Heras, sostuvo que el libro “El Diario de Agustín: Cinco estudios de casos sobre El Mercurio y los derechos humanos, 1973-1990” se encuentra en el ideario de esa corporación de estudios superiores, pues representa la capacidad de ésta de decir la verdad aunque resulte doloroso o riesgoso.
La segunda autoridad de ese plantel presidió el lunes la presentación de la obra que contiene una extensa y profunda investigación periodística sobre la participación del diario El Mercurio en cinco casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El trabajo fue realizado por los periodistas Claudia Lagos -profesora y editora-, Paulette Dougnac, Elizabeth Harries, Claudio Salinas, Hans Stange y María José Vilches, del Instituto de Comunicación e Imagen de esa universidad (ICEI).
Dijo Las Heras:
Este es un libro que representa lo que es el pensamiento de la Universidad de Chile, esa tremenda capacidad, a través de su historia, de dar a conocer situaciones importantes en la historia de nuestro país, con objetividad y esa capacidad de decir la verdad, muchas veces a costa de muchos dolores... o de quedarse sin pega (empleo) en el futuro.
Agregó que es un orgullo para la Universidad de Chile que sus alumnos y graduados hayan sido capaces de sacar adelante este libro.
Pero también hizo una autocrítica: “Cuando uno ve las noticias, todo el mundo, hasta la izquierda más de izquierda, siente que si no salió en El Mercurio no existe. Y en las páginas sociales, muchos connotados diputados y senadores de izquierda se empujan para salir en la foto. Entonces, la pregunta es, realmente: ¿El Mercurio es malo? Es malo para algunas cosas, no es malo para todas las cosas. Y si no tenemos una alternativa distinta es porque nosotros, como sociedad, hemos sido incapaces de generar un medio distinto, obviamente, a algunos como La Nación”.
Principios intransables
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 Las paredes del atrio de la Casa Central de la Universidad de Chile, en la Alameda del Libertador Bernardo O’Higgins, en la capital del país, lucen enormes planchas grabadas que perpetúan los nombres de ilustres ciudadanos que han contribuido a dar prestigio y celebridad a la institución de estudios superiores más antigua de la nación. Una de ellas muestra una nómina de ex alumnos que alcanzaron el máximo honor nacional: ser Presidente de la República. Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Patricio Aylwin –todos de la Concertación-, Salvador Allende y Jorge Alessandri aparecen allí, entre otros.
El lunes 18, en el recinto contiguo, el Salón de Honor, el prorrector, Jorge Las Heras, presidió la ceremonia de presentación de un libro al que identificó en su discurso como parte del espíritu de la universidad, un arduo trabajo de investigación realizado por periodistas del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI). Asistieron estudiantes y profesores, incluyendo Premios Nacionales de Periodismo y Literatura.
El acto fue cerrado por el himno oficial de la universidad (“Egresado, maestro, estudiante... Vibre entera la Universidad...”) y los presentes, de pie, lo siguieron con solemnidad.
No había, sin embargo, un solo político -exceptuando al ex diputado Andrés Aylwin, retirado de la contingencia-. Muchos de ellos, aunque no hayan llegado tan alto como los ya mencionados, son también ex alumnos del plantel.
Se presentaba “El Diario de Agustín: Cinco estudios de casos sobre El Mercurio y los derechos humanos, 1973-1990”, el libro que, como el documental basado en la obra, se atreve a investigar al periódico más influyente y controversial del país.
El periodista y productor del documental, Fernando Villagrán, lo explicaba hace algunos días en La Nación (10-5-2009):
Yo no conozco ningún político, de ningún sector, que esté dispuesto a enemistarse con Agustín Edwards (propietario del periódico) para desaparecer de la geografía política.
Y en plena campaña electoral, como ahora, menos aún.
Aunque signifique negar no sólo el alma máter, sino también parte de su propia historia, la llamada “clase política” chilena quizá no luche por una placa en las oficinas del decano de la prensa, pero sí por un pequeño espacio en sus grandes pliegos entintados.
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 “Hoy no hay Estado en Chile; por lo tanto, los chilenos no tenemos nada. Nada nos pertenece actualmente y dependemos absolutamente del mercado y la voluntad de los grandes poderes económicos”. Esa es una de las conclusiones de Matías Sagredo (22), estudiante de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y coordinador de la Red de Estudiantes por la Asamblea Constituyente, ahora Red de Estudiantes y Ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente.
Sagredo impulsa, junto a alumnos de otros planteles universitarios del país, un movimiento cívico que busca hacer conciencia y sumar voluntades sobre la demanda por una nueva Constitución Política, auténticamente democrática. El pasado 8 de abril intervino en la manifestación pública realizada por las federaciones de estudiantes de universidades estatales y privadas en el Parque Almagro de Santiago.
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El máximo valor periodístico no sólo es amenazado por dictaduras y mafias, sino también por la propia industria mediática y el asfixiante sistema mercantilista que la sustenta.
 Dos reputadas instituciones culturales, la Universidad de Chile y la Unesco, encabezaron el pasado martes 5 en Santiago un seminario titulado “Medios de Comunicación como plataforma de diálogo: Los desafíos para construir ciudadanía”. Celebraron el Día Mundial de la Libertad de Prensa y guardaron un minuto de silencio por el periodista cingalés Lasantha Wickrematunge, asesinado el 8 de enero pasado.
El asesinato de periodistas es el atentado más deleznable contra la libertad de expresión y el derecho a la información, pero no el único: también existe la censura mediática y la asfixia económica promovidas por privados amparados en gobiernos complacientes y en apariencia democráticos. En 1997, la periodista Patricia Verdugo, Premio Nacional de Periodismo y una de las profesionales más destacadas durante la dictadura, renunció a Televisión Nacional de Chile luego que un reportaje suyo fuera censurado, malográndose su carrera medial (como la de otros periodistas de su generación). Falleció en 2008.
Discutiendo en voz baja
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El multimillonario empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera resultaría especialmente favorecido por las concesiones establecidas por la próxima ley de televisión –proyecto actualmente en el Parlamento-, lo que agregaría un nuevo conflicto de intereses en caso de ser elegido y asumir la Presidencia de Chile en marzo próximo.
Así lo revela un artículo de Felipe Saleh sobre un reciente estudio del abogado Lucas Sierra, del think tank neoliberal Centro de Estudios Públicos (CEP), publicado por el periódico electrónico El Mostrador.
Piñera acaba de anunciar un fideicomiso ciego voluntario para sus empresas, exceptuando, además de Blanco y Negro (concesionaria de Colo Colo), la red televisiva de cobertura nacional Chilevisión.
“De aprobarse la ley propuesta por el gobierno, el empresario tendría un nuevo estatus como concesionario, gracias al cual incluso podría prescindir del acuerdo con la universidad (de Chile), al no necesitar legalmente de ese espacio que arrienda para transmitir en Santiago”, indica Saleh. “De convertirse en Jefe de Estado, Piñera tendría el control político del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), organismos que regulan el sector”.
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Julio Frank Salgado
autor
La productora de Pocoyó cotizará a entre 2,65 y 4,09 euros por acción
01.07.09 @ 20:45:28. Archivado en Sociedad, 3. Chile, Constitución, Asamblea Constituyente, Honduras
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