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El gran escándalo de España, cubierto hasta ahora con éxito por los políticos, empieza a descubrirse

El diario alemán Die Welt acaba de afirmar que el nivel de corrupción en algunos países del sur de Europa, entre ellos España, es comparable a una dictadura del Tercer Mundo. Esa corrupción, además de una enfermedad grave de la democracia, es una conducta política que ya ha infectado a muchas instituciones y a millones de ciudadanos. El daño que los políticos han causado a España infectándola con "su" corrupción es irreparable y debería representar su ruina y desaparición como partidos políticos representativos de una democracia.

"La corrupción en España es comparable a una dictadura del Tercer Mundo", según el diario alemán Die Welt.

Es cierto que la corrupción se extiende por las instituciones y por la misma sociedad, pero el origen del mal y la principal fuente de contaminación han sido y son los partidos políticos, cuyo comportamiento inicuo convierte el sistema político español en un vertedero que todavía oculta sus peores despojos y podredumbres.

El que podría convertirse en el mayor escándalo de la mal llamada "democracia" española empieza ya a desvelarse:

"España paga prácticamente el doble que Alemania por construir sus carreteras, según se desprende del informe '¿Se gastan correctamente los fondos de la política de cohesión de la UE destinados a las carreteras?' que ha hecho público el Tribunal de Cuentas Europeo, que precisa que "no existen pruebas" de que estas diferencias se deban a los costes de mano de obra".

¿Alguien se ha preguntado por qué un país como España, no precisamente de los mas ricos de Europa, tiene la mejor red ferroviaria de Alta Velocidad y una envidiable red de autopistas y autovías, además de decenas de nuevos aeropuertos e infraestructuras de todo tipo, algunas de ellas superfluas y escandalosamente infrautilizadas?

La respuesta pronto será descubierta y causará mas vergüenza: Algunos partidos políticos gobernantes han utilizado las obras públicas para financiarse. Los españoles acumularán mas vergüenza y el mundo sentirá mas asco ante los políticos españoles cuando quede al descubierto que parte de los euros gastados en carreteras, ferrocarriles y grandes obras se fue para la "cuota de corrupción".

No existe otra explicación posible, ni siquiera teniendo en cuenta que el territorio español es mas accidentado que el alemán y que los costes de financiación son mas elevados para España. La diferencia es demasiado grande.

Empresas adjudicatarias de los proyectos de ingeniería y de las obras han pagado "comisiones" a los partidos políticos, que las han recompensado adjudicándoles importantes concursos públicos, como ha quedado demostrado en el caso Barcenas. Esos sobrecostes, al final, eran cargados a la obra, que siempre incrementaban sus precios de partida notablemente.

La práctica no ha sido una exclusiva del PP sino que afecta al PSOE, IU, partidos nacionalistas y a todos los que de alguna manera han gobernado la nación o las comunidades autonómicas, que han convertido en una conducta habitual el cobro de compensaciones por obras, concursos, adjudicaciones, concesiones y otras ayudas. La práctica viola las leyes de contratación y el principio de igualdad, garantizado por la Constitución, pero ha servido para que el país se cubra de vergüenza, la corrupción contamine a la nación y los políticos españoles naden en la abundancia, cobren sobresueldos y muchos de ellos se enriquezcan de manera inexplicable.

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Las olimpiadas que de verdad necesita España

10.09.13 | 07:18. Archivado en Partido Popular, PSOE, Política, deportes, Economía, Corrupción, España

Organizar unos juegos olímpicos representa el esfuerzo supremo de una sociedad, que debe unirse y luchar duro para afrontar ese desafío, mientras el mundo entero la contempla. España, como han afirmado algunos miembros del COI, tiene ya unas grandes Olimpiadas que organizar: la de su supervivencia como país, un esfuerzo descomunal que incluye salir de la quiebra económica, recomponer su unidad rota, regenerar su falsa democracia, eliminar el terrible desempleo masivo que padece y erradicar la corrupción que pudre sus instituciones y su convivencia.

Las olimpiadas que realmente le interesa organizar a España son las que premian el esfuerzo y la victoria en asuntos como la prosperidad, el empleo, la limpieza, la educación, la justicia, la democracia, la decencia y otros grandes valores, por desgracia ausentes de la política y de la vida de los españoles.

Pero esas olimpiadas por la justicia, la decencia y el verdadero progreso no interesan a nuestros partidos políticos ni a nuestros políticos profesionales porque no representan gastos y comisiones, son demasiado grises y requieren una capacidad de liderazgo y un esfuerzo profesional y técnico que escapa a sus posibilidades y miserias.

Realizar un enorme esfuerzo de alcance nacional para organizar unos juegos olímpicos cuando el país está arruinado, en peligro de desmembrarse, con seis millones de desempleados, con sus jóvenes emigrando porque carecen de trabajo, con su clase política desptrestigiada, despilfarrando y divorciada de una ciudadanía que cada día le desprecia mas, es una frivolidad y un despropósito que el COI ha captado y castigado con una derrota rotunda, a pesdar de que el proyecto español, técnicamente, no lo mereciera.

Para España es mil veces mas importante y prioritario que el esfuerzo Olímpico el de regenerar su democracia y conseguir un liderazgo limpio y decente que sea capaz de unir a los españoles en torno a proyectos comunes, como corresponde a una verdadera nación. La gran debilidad de España es haber querido utilizar las Olimpiadas como proyecto ilusionante de unidad y esfuerzo, sin afrontar previamente los grandes dramas y lacras que atenazan a la nación, entre ellas su gran ruina económica, el desprestigio creciente de su clase política y la degradación de su convivencia y de su democracia.

Antes de organizar unos Juegos Olímpicos, España tiene que adelgazar su obeso e irracional Estado, restar grandes cantidades de poder y de impunidad a los partidos y a sus políticos profesionales, devolver el vigor a la economía, recomponer la unidad nacional, resquebrajada y dañada seriamente, restablecer el juego limpio entre los poderes del Estado, dejar de nombrar jueces desde los partidos, conseguir que los partidfos se retiren de la sociedad civil, que han ocupado como si fuera territorio enemigo, otorgar al ciudadano el protagonismo que le corresponde en democracia, dejar de cobrar impuestos confiscatorios e injustos, los mas desproporcionados y lamentables de toda Europa, cumplir las promesas electorales, dejar de mentir a los ciudadanos desde el poder y aprender, desde los partidos, a respetar la democracia y a servir, en lugar de "servirse" del pueblo.

La derrota olímpica de España ha sido dura, pero mas duro y lamentable es comprobar que los políticos no aprenden y que siguen buscando proyectos artificiales y grandiosos, antes de hacer frente a los grandes dramas de un país en el que vivir ya ha dejado de ser un privilegio y se ha convertido en un tormento para millones de ciudadanos insatisfechos y frustrados.

Por desgracia, hay demasiados políticos en España que prefieren unas Olimpiadas del deporte que las olimpiadas vitales por la supervivencia, mas crucial y necesaria. Son políticos sin grandeza, obsesionados siempre en "ganar" las próximas elecciones para seguir disfrutando del poder y sus privilegios, gente que cierra los ojos ante la España derrotada e injusta que ellos mismos están construyendo desde el poder político, sean del color que sean. No merecen liderar el país, sino ser señalados por el dedo acusador de la ciudadanía y repudiados como incompetentes e irresponsables enemigos del pueblo y de la nación.

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Rajoy presenta una decepcionante y coja reforma del Estado

24.06.13 | 18:17. Archivado en Política, Democracia, Economía, Corrupción, España, Gobierno del PP

Rajoy ha presentado una ridícula y decepcionante reforma del Estado que ignora las grandes demandas de los ciudadanos y que solo servirá para ahorrar unos pocos miles de millones de euros, cuando podría y debería ahorrar cientos de miles de millones en un país arruinado por el inmenso costo de su gigantesco e inútil aparato administrativo y político.

Entre las reformas no figura ni una sola de las grandes demandas y reivindicaciones de los ciudadanos, ni desaparecen ninguno de los antidemocráticos privilegios y ventajas que hacen de la clase política española una turba de sátrapas impunes y sin controles cívicos.

La reforma consiste en una serie de medidas administrativas periféricas y de segundo orden, como la de suprimir los defensores del pueblo, centralizar los servicios de meteorológicos y la elaboración de presupuestos ministeriales con base cero, pero no reduce ni limita la contratación libre de personal por parte de la administración, principal demanda ciudadana, horrorizada ante la existencia de casi medio millón de enchufados que cobran del Estado, sin otro mérito que el de ser amigos del poder o gente con carné de partido. Además, esas reformas no obligan a los despilfarradores gobiernos autonómicos, muchos de los cuales ya las han rechazado.

La reforma, que según Rajoy «Marca un antes y un después en la buena dirección», tampoco menciona ninguno de los cambios que el pueblo español está pidiendo a gritos: el fin de la impunidad práctica de los políticos, la eliminación de la financiación con dinero público de los partidos políticos, sindicatos y patronal, el castigo de los corruptos y la obligación de devolver el dinero que roban y una reforma profunda del poder Judicial que cree una justicia independiente, libre de jueces parciales al servicio de los partidos políticos y sin el obsceno nombramiento de magistrados por parte de los partidos.

La reforma no se atreve a limitar el número de diputados, senadores, consejeros y ministros, pero si habla de unificar las 4.800 cuentas bancarias que tiene hoy la administración del Estado. Puras medidas periféricas cargadas de desprecio al deseo ciudadano y de frustración democrática.

El mayor ridículo de la reforma presentado por Rajoy está en los 8.000 millones de euros que ahorrará a un Estado que gasta mas de 400.000 millones cada año, una masa injusta y exuberante de dinero que el Estado no puede recaudar, a pesar de los enormes impuestos que asfixian al ciudadano, y que consigue endeudando peligrosamente a la nación en los mercados mundiales. Ahorrar 8.000 millones cuando podrían ahorrarse, según los expertos, hasta 300.000 millones, es de risa.

La reforma no garantiza que las miles de instituciones y empresas públicas innecesarias, utilizadas por los políticos como centros para colocar a sus amigos, sean eliminadas, ni suprime el inútil Senado, ni las obsoletas diputaciones provinciales, ni limita el número de parlamentarios y consejeros en las autonomías, cada una de ellas dotadas de pequeñas "cortes" de lujo donde se practica también el amiguismo, el clientelismo, el nepotismo, la ostentación, el despilfarro y otras diversas facetas del abuso de poder habitualmente presentes en la falsa democracia española.

Gran parte de las 217 medidas presentadas son responsabilidad de las comunidades autónomas y no serán obligatorias, lo que permite vaticinar que la mayoría de ellas serán brindis al sol y nuevos engaños a la ciudadanía. Ante el escándalo despilfarrador de las "embajadas" autonómicas esparcidas por todo el mundo, Rajoy no las suprime sino que propone la idea de que se instalen dentro de la embajada del Estado español.

Una reforma seria habría comenzado por suprimir el lujo y el despilfarro duplicado, triplicado y varias veces inútil reinante en las distintas administraciones públicas españolas, sobre todo eliminando gran parte de la inmensa legión de políticos contratados, una carga injusta e innecesaria que convierte al Estado en un insostenible océano de enchufados, cuyo número en España es mayor que el existente en Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas.

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El robo de las preferentes en España: una de las mayores estafas de la Historia financiera mundial

La de las preferentes en España es una de las mayores estafas de la Historia de las finanzas mundiales. Ha afectado a mas de 700.000 ahorradores, muchos de los cuales ni siquiera saben todavía que tienen ese producto tóxico y saqueado. Lo peor del caso no es que se haya violado el derecho a la propiedad privada, sagrado en los sistemas económicos occidentales, ni que se haya traicionado la confianza de los ciudadanos en el sistema bancario, sino que se han saqueado los ahorros de los mas desamparados, de gente que había acumulado un puñado de euros para vivir una vejez mas tranquila, en su mayoría pensionistas y trabajadores.

Se trata de uno de los crímenes mas inhumanos y sucios protagonizados al unísono entre las elites política y financiera de un mundo que se autoproclama falsamente como demócrata y civilizado. Es tan execrable y rastrero ese crimen que, por si mismo y sin tener en cuenta otras canalladas del poder, sería motivo suficiente para que cualquier demócrata dedique todo su esfuerzo político y ético a expulsar del poder a los canallas que lo realizaron, bendijeron y patrocinaron.

Lo de Chipre, donde han arrebatado parte de los depósitos a los ahorradores con mas de 100.000 euros depositados en los bancos, es un juego de niños comparado con el robo masivo perpetrado en España con las participaciones preferentes, realizado con el acuerdo de los dos últimos gobiernos para recapitalizar de manera encubierta, con dinero privado, a las cajas de ahorro, saqueadas previamente por los políticos, los sindicalistas y los poderosos que se sentaban en sus consejos y las controlaban.

Por mucho que la prensa sometida española guarde silencio, el sistema judicial se ponga de perfil y los políticos mientan, como es habitual, afirmando que están buscando soluciones, la verdad es que se trata de un robo realizado por gran parte de la banca, con permiso del Estado, perpetrado con el conocimiento y el consentimiento del Banco de España, de los organismos reguladores y de las autoridades gubernamentales.

Ese robo ha causado estragos que pesarán sobre el futuro de la economía española durante muchas décadas, mientras que otros daños son irreversibles e irrecuperables: ha destrozado la confianza de los ciudadanos en el sistema bancario; ha impulsado una colosal fuga de capitales hacia el extranjero y hacia debajo de los colchones y cajas fuertes caseras; ha liquidado la poca confianza en los políticos y en el sistema que le quedaba a los ciudadanos; ha arrasado la valiosa relación de confianza que existía entre los directores y empleados de sucursales bancarias y sus clientes, ha disparado el odio de los ciudadanos hacia las élites política y financiera y ha sembrado la sociedad de desesperación y desconfianza, restando toda legitimidad al sistema y convirtiendo a la gente en mas infeliz y triste.

El robo ha afectado a unas 700.000 personas, en su mayoría pequeños ahorradores y pensionistas. Si se les adjudican 15.000 euros estafados de media, el sistema se habría engullido unos 10.000 millones de euros, de los que apenas devolverá 3 o 4 mil millones, una estafa monstruosa perpetrada con la "garantía" del Estado.

Como consecuencia de la estafa masiva, un tremendo error del que hay que culpar, sobre todo, a Zapatero, a su ministra Elena Salgado y al jefe socialista del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el sistema bancario español ha quedado herido de muerte porque perderá a chorros la confianza de los ciudadanos, y el mismo sistema político que bendijo el robo ha quedado pulverizado, con la desconfianza y el rechazo a la clase política creciendo cada día de manera mas alarmante.

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¡Bien por los antidesahucios!

Los antidesahucios que protestaban hace unos días en Madrid contra los políticos y los bancos que permiten que cientos de miles de ciudadanos sean expulsados y pierdan sus viviendas hicieron bien al expulsar de la manifestación a dos políticos socialistas que intentaron integrarse en ella: la secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialista Beatriz Talegón, que escapó llorando, y el eurodiputado y ex ministro López Aguilar, pues la presencia de políticos en manifestaciones ciudadanas contamina, degrada y desvirtúa la protesta.

Lo ocurrido con Talegón y López Aguilar es sin duda una demostración de que la gente está harta de los políticos y del deseo de evitar que los partidos capitalicen determinados movimientos ciudadanos que se desarrollan en la sociedad civil, algo que han hecho hasta ahora de manera impune, envileciendo la protesta cívica con intereses partidistas y antidemocráticos.

Ese es el camino de la regeneración. Los políticos tienen que sentir el aliento de protesta de los ciudadanos en el cogote y la repulsa que genera la actitud arrogante, antidemocrática y anticiudadana de los partidos políticos españoles, principales culpables del estado de postración en que se encuentra España y de la sucia corrupción que ha convertido al país en un vertedero y en un problema internacional. Hacerles sentir el desprecio ciudadano, sin utilizar la violencia, es el mejor camino para acabar con la opresión y el abuso de poder que dominan la escena política española. Cuando dejen de mentir, cuando renuncien a la corrupción y a los privilegios injustos que disfrutan y cuando se tornen demócratas y otorguen a los ciudadanos el peso que les corresponde en democracia, entonces los políticos podrían ser admitidos en actos propios de la ciudadanía, solo entonces.

Ante la marginación del pueblo, la arrogancia de los políticos y la incapacidad que tienen los ciudadanos para hacerse oir en la dictadura de partidos española, la única forma de forzar la regeneración es enfrentarse a los políticos, despreciarlos, abuchearlos, pitarles y demostrarles en cada ocasión posible el daño que causan y el profundo rechazo que su actitud antidemocrática e inmoral causa en la ciudadanía.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con sus protestas, ha conseguido gran popularidad y ha logrado recoger casi un millón y medio de firmas para forzar al Congreso a que debata una ley contra los desahucios, una iniciativa que tiene enorme apoyo popular. El Partido Popular había anunciado que votaría en contra de esa iniciativa ciudadana, pero ante la popularidad del movimiento y el elevado número de firmas de apoyo obtenidas, sintió miedo y cambio el sentido de su voto.

La presencia en la manifestación de políticos del PSOE, un partido que, al igual que el PP, se ha opuesto en el pasado a cambiar la ley hipotecaria introduciendo la dación en pago, lo que significa que la entrega de la vivienda salde la deuda hipotecaria con el banco, degrada y contamina la protesta ciudadana, razón por la que su expulsión de la manifestación es coherente y democrática.

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La economía sumergida evita que España esté llena de barricadas

29.01.13 | 20:58. Archivado en Política, Democracia, Economía, Corrupción, España

El gobierno y sus periodistas sometidos mienten como insensatos y pugnan por demonizar la economía sumergida y por culparla de los peores males del país, pero ocultan la gran verdad de que, gracias a esa economía, el país no está lleno de barricadas y envuelto en un terrible y violento conflicto social. La verdad pura, sin la hubitual manipulación política sucia, es que la economía sumergida es una creación de los propios gobiernos de España, que, con su voracidad recaudadora, su absurda burocracia y su tendencia a la injusticia, han cerrado cientos de miles de empresas "legales" y han obligado a otras muchas a esconderse bajo la superficie para seguir vivas.

Los insensatos del PP, con el ministro Montoro a la cabeza, no paran de amenazar y presionar a los que se han refugiado en la economía sumergida para sobrevivir, ignorando que gracias a esa economía que funciona al margen de la acuciante e injusta presión fiscal del gobierno, España se mantiene en paz y las calles no están llenas de barricadas.

La voracidad recaudadora del gobierno es indigna e insultante. Cualquier día pretenderán cobrarle impuestos a los que comen de los contenedores. Son como fieras insaciables y su fanatismo recaudador puede acabar con la gallina de los huevos de oro, que, contrariamente a lo que afirma la propaganda, es la floreciente y dinámica economía de subsistencia española, la que permite a miles de empresas sobrevivir, empresas que habrían muerto si se hubieran sometido a las exigencia del gobierno recaudador.

La economía sumergida española representa hoy mas del 20 por ciento del PIB, pero ese dato puede pecar de conservador y quedarse corto hasta en un diez por ciento. Millones de operaciones se realizan "sin IVA" y miles de trabajadores no cotizan porque someterse a las leyes del gobierno representaría la muerte.

Aunque en una mínima parte, la economía clandestina también es un acto de rebelión frente al abuso de poder que significa que un pueblo como el español, arruinado y diezmado por el desempleo y la pobreza, tenga que pagar a un gobierno insensato y despilfarrador los impuestos mas elevados y desproporcionados de toda Europa, sin que el Estado voraz se sienta obligado a devolver al ciudadano su dinero en servicios eficaces.

Muchos españoles eluden pagar impuestos porque no se fían del destino de su dinero y piensan que para que terminen en la cuenta suiza de Bárcenas, el ex tesorero del PP, mejor está en el bolsillo de su dueño. Hay millones de españoles que piensan que los últimos gobiernos de España, infectados de corrupción, abuso y antidemocracia, no tienen autoridad moral alguna para pedir a los ciudadanos el sometimiento a una legalidad que la misma clase política burla y desprecia.

El simple argumento de que el gobierno actual está empobreciendo a las clases medias y cerrando miles de empresas cada mes como consecuencia de su voracidad fiscal, sin que haya cerrado antes una sola televisión autonómica o eliminado las odiadas subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales basta para disuadir a millones de ciudadanos del pago voluntario de impuestos solidarios.

Mientras la injusticia y la corrupción aniden y florezcan en la clase política, el cobro de impuestos tendrá que realizarse con métodos coercitivos y bajo la amenaza de castigos y penas, pues sería ridículo esperar que los ciudadanos fueran ejemplares allí donde los políticos son asquerosamente corruptos e insolidarios.

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España: a los ciudadanos nos conviene el rescate, pero a los políticos no

El gobierno español y la oposición socialista están unidos y se resisten con idéntica fuerza a que Europa rescate a España. Muchos creen que es por patriotismo, pero la verdad es que temen que la intervención de Europa acabe con el chiringuito corrupto y antidemocrático que ellos han montado, al que llaman "Estado de Derecho", cuando en realidad es un Estado profundamente injusto y desequilibrado, donde el pueblo está ausente y los políticos gozan de privilegios y ventajas que causan escándalo y bochorno. A los nacionalistas radicales e independentistas, la llegada de la intervención europea les aterra porque Europa no soportaría ni un minuto su rentable e inmoral chantaje permanente a España.

¿Por qué los políticos en el poder se niegan a pedir el rescate de España, a pesar de que el país está en quiebra técnica? Porque temen que con el rescate llegue la intervención europea directa, que imponga la medida más urgente y necesaria para salvar a España, el adelgazamiento drástico del Estado, lo que traería consigo el declive del clientelismo, del amiguismo, del nepotismo, del abuso de poder y de cientos de miles de políticos agarrados a la teta del Estado como fieras, arruinando al país y parasitando a España.

A los ciudadanos, a la economía y al bien común conviene un rescate con intervención, pero a los políticos les restaría poder. Por eso se niegan a solicitarlo. El pueblo español ya no tendría nada que sufrir porque todos los sacrificios que exigiría la intervención ya están vigentes, voluntariamente implantados por el gobierno de Rajoy, precisamente para impedir que llegue a España la troika comunitaria y acabe con el paraíso injusto e indecente que los políticos españoles han construido para su uso y disfrute.

Es imposible subir mas los impuestos, y es muy difícil practicar nuevos recortes en lo que pueda afectar al pueblo. Sólo los territorios exclusivos de los políticos están sin tocar porque ellos, miserablemente, los han preservado intactos, prefiriendo hacer pagar al ciudadano todo el grueso de la factura de la crisis. No han cerrado ni una sola televisión pública, apenas han suprimido empresas públicas y puestos en los consejos de administración y las subvenciones a partidos políticos, fundaciones de partidos y sindicatos siguen casi intactas, mientras la sanidad, la educación y otros servicios de calado social que mitigaban el sufrimiento de los débiles han sido debilitados y privados de calidad.

En España sobran casi 350.000 políticos colocados en el Estado, una marea infecta e inútil que convierte al Estado español en uno de los mas injustos, caros e insostenibles del planeta. La intervención acabaría de un¡ plumazo con ese abuso y practicaría otros ajustes necesarios, que los políticos se niegan a realizar: supresión de empresas públicas, televisiones públicas, municipios de menos de 5.000 habitantes, diputaciones provinciales, mancomunidades, empresas e instituciones inútiles y los miles de puestos de lujo para políticos que arruinan las arcas públicas y no aportan nada a la nación.

La llegada de la intervención europea haría enrojecer de vergüenza a la clase política española porque sacaría a la luz y demostraría que los grandes ahorros y recortes son, precisamente, los que los partidos políticos se niegan a realizar. Quedaría claro que si se hubieran practicado esos recortes en el Estado, no habría sido necesario arruinar a las clases medias españolas con los impuestos más desproporcionados e injustos de toda Europa, ni habrían tenido que desmontarse parte de la sanidad pública y de la educación y de otros muchos servicios sociales y ayudas suprimidas por una clase política que es capaz de todo antes que renunciar a sus privilegios y montaje clientelar. Ni siquiera habrían tenido que cerrar cientos de miles de empresas, acosadas por el hundimiento del consumo ciudadano, por los impuestos y por las deudas de las administraciones públicas españolas, convertidas en las mas morosas e inmorales de Europa por sus incumplimientos y violaciones legales.

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¡La huida indignada de Depardieu!

07.01.13 | 17:11. Archivado en Democracia, Economía, Europa, Corrupción, Ideología

El actor francés Gerard Depardieu tiene razón y muchos demócratas nos solidarizamos con él en su lucha contra un gobierno francés que, como muchos otros, entre ellos el de España, mas que cobrar impuestos saquea el esfuerzo y la riqueza ajena. Aguantar mansamente que un gobierno te arrebate por la fuerza hasta el 75 por ciento del dinero que ganas con tu esfuerzo es de cobardes. Lo del actor francés es una ejemplar y honrosa rebelión contra la ignominia y el abuso de poder.

El gobierno socialista de Francia ha utilizado sus cañones de propaganda para desacreditar y estigmatizar al actor Gerard Depardieu como un egoísta y un avaro que se niega a pagar impuestos, pero la verdad es que la resistencia del actor es un gesto digno y decente de rebeldía frente a un gobierno que ha cruzado la línea roja del abuso al cobrar a los franceses que mas ganan impuestos abusivos y saqueadores, que llegan al 75 por ciento de los ingresos.

Si Lenin saliera de su tumba, se autoenterraría horrorizado al ver como el antiguo paraíso socialista por él creado es hoy un refugio de millonarios que huyen del expolio de las izquierdas que gobiernan países europeos en teoría libres. El presidente Vladimir Putin «ha acordado dar la ciudadanía rusa al actor francés Gérard Depardieu». Se trata de un nuevo e imprevisible episodio de la saga/fuga de los exiliados fiscales que continúan instalándose en el Reino Unido, en Bélgica, en Suiza, en los EE.UU y otros países. por razones fiscales.

El caso muy particular de Gérard Depardieu tuvo la virtud de provocar un escándalo nacional, cuando Jean-Marc Ayrault calificó de “despreciable” la decisión del actor de instalarse en la frontera belga. El actor recibió inmediatamente el apoyo expreso de grandes personalidades, como Catherine Deneuve y Alain Delon, entre otros, alimentando el debate de fondo sobre una imposición fiscal que muchos han denunciado como “confiscatoria”.

Depardieu anunció que estaba dispuesto a pedir la nacionalidad belga. Pero el proyecto encontró muy pronto varios obstáculos administrativos. Así las cosas, la sorprendente decisión del presidente Putin abre una nueva etapa, que pudiera tener muchos “flecos” inflamables.

Muchos gobiernos europeos que se autoconsideran democráticos están demostrando poseer una concepción dictatorial e injusta del poder al preferir arrebatar el dinero a los ciudadanos, elevando los impuestos hasta niveles abusivos, antes que reformar las costosas y hipeetrofiadas estructuras de unos estados que fueron creados en tiempos de abundancia, pero que hoy son incosteables, y antes de expulsar del poder a miles de políticos con carné y amigos del poder, que, gracias a sus amigos políticos, viven enchufados a la teta del Estado, sin aportar nada al bien común.

Esos políticos depredadores, insaciables e irrespetuosos con el ciudadano y la voluntad popular consideran que al ser votados obtienen el derecho a ser dictadores durante una legislatura, algo inconcebible en democracia, aunque explicable en sistema tiránicos y sin respeto por el ser humano. Esa forma de gobernar, muy extendida por el mundo a principios de este siglo XXI y brutal en algunos países, entre ellos España, elimina el viejo concepto de patria, donde un conjunto de ciudadanos se sentían en un hábitat común y unidos a otros por objetivos y metas comunes. Ya no queda nada de eso sino una creciente, irracional y estremecedora pugna entre políticos cargados de ventajas y privilegios inmerecidos y ciudadanos, mas o menos aplastados por poderes nada democráticos.

La mayoría de los que escapan estarían dispuestos a pagar más impuestos para ayudar a superar la crisis y para evitar el sufrimiento de los más débiles, pero se resisten, con razón, a entregar su dinero a unos gobiernos minados de corrupción y dominados por el favoritismo y la arbitrariedad, incapaces de dar ejemplo renunciando a sus privilegios y ventajas desorbitadas.

En España, el drama fiscal es doblemente escandalosos y grave porque, además del expolio que padece con unos impuestos que son, proporcionalmente, los mas altos de toda Europa, sin recibir del Estado servicios de calidad a cambio, el ciudadano no confía que el poder político haga un uso digno y decente del dinero de sus impuestos, ante la abundancia estremecedora de corrupción, favoritismo, arbitrariedad, injusticia y de políticos que se enriquecen sin poder explicarlo.

Mucha gente se pregunta: Ser español, ¿Para qué? ¿Para pagar impuestos y mantener gobiernos corruptos? Y no pocos sueñan con el exilio en busca de países mas justos y decentes, en los que vivirían como ciudadano del mundo, lo mismo que quiere hacer Depardieu para que el gobierno no le robe.

Ya que enfrentarse al Estado abiertamente no es posible porque el ciudadano es demasiado débil en las falsas democracias para hacer frente a la injusticia estatal, al menos conserva el derecho a escapar de países abusivos e injustos, como hacían los disidentes y resistentes en los países totalitorios socialistas de detrás del Telón de Acero.

El abuso de ciertos gobernantes con sus ciudadanos, a los que aplastan legalmente, aunque de manera ilícita, está eliminando el valor de la nacionalidad tradicional y el sentido de pertenecer a una patria que ya no te protege, sino que te esquilma y aplasta. La huida de países que han caído en manos de políticos incompetentes y antidemocráticos, aunque conserven el disfraz democrático con total hipocresía, será una constante en un siglo XXI que estará marcado por la lucha constante entre ciudadanos y políticos, una verdadera Tercera Guerra Mundial que producirá centenares de episodios de oposición y violencia y que demostrará la triste realidad de que muchos gobiernos, incluso aquellos que se declaran democráticos, consideran a sus propios pueblos como los auténticos enemigos a derrotar.

La gente libre y honrada intentará vivir donde encuentre trabajo, justicia y decencia política. Ya lo hacen los ricos, pero pronto será también una opción para el pueblo aplastado. Ese éxodo ciudadano hacia países decentes, unido a muchos boicots y manifestaciones de resistencia, terminará arruinando a los paises que posean castas políticas abusivas y depredadores, como es el caso de la actual España y, según Depardieu y otros muchos franceses, también la Francia socialista de Hollande.

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España necesita suprimir con urgencia ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes

Lo han hecho en ,muchos países de Europa, pero en España no se hace porque lo impiden los partidos, que tienen colocados en las administraciones municipales a miles de los suyos. Una vez más, los partidos son el obstáculo para el progreso y la solución de España. Esos pequeños municipios no tienen dinero para servicios públicos y el poco que hay lo gastan en sueldos para los políticos, desproporcionados e inútiles. Hay concejales a los que todavía les queda un poco de vergüenza, que intentan bajarse el sueldo, pero se lo impiden sus compañeros de partido porque "eso representaría un peligroso precedente". España está bajo una ignominiosa dictadura de partidos que debe ser suprimida y transformada en una democracia. La indecencia, la inmoralidad, la corrupción y la desvergüenza que florecen en los partidos políticos están aniquilando el país.

Los grandes partidos con representación parlamentaria están impidiendo que se haga en España la reforma local que en Europa ha ahorrado miles de millones de euros tras suprimir miles de municipios con menos de 5.000 habitantes, la inmensa mayoría de los cuales sin ninguna competencia para el manejo del dinero. En el Reino Unido se procedió a eliminar ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes y así en muchos países de Europa, siempre con un éxito importante y con un ahorro sustancioso. Esos municipios pueden funcionar perfectamente sin políticos, sólo con pocos funcionarios y técnicos.

El gran drama español está en los partidos políticos, que se han convertido en el gran obstáculo que impide la regeneración, la democracia y el avance del país. Por culpa de los partidos padecemos una crisis muchos peor que cualquier otro país europeo. Los partidos tienen la culpa de que no funcione la Justicia, de que los procesos electorales no sean verdaderamente libres, de que la información veraz no llegue al ciudadano y que las libertades y servicios vitales estén siendo suprimidas. Acabar con los actuales partidos políticos, sin control, impunes, ajenos a la democracia y con poderes casi absolutos, es una cuestión de vida o muerte para la sociedad española, que está siendo arruinada y destrozada por esas organizaciones voraces, egoístas, insaciables, ineptas y antidemocráticas.

En España hay 8.116 ayuntamientos, todos con poder para manejar presupuesto, incluso los de 200 habitantes. Ese inflación de gobiernos y de políticos generalmente desprovistas de ética y preparación, todos ellos respaldados por sus partidos políticos, ha hecho posible que en España sea más fácil, impune y rentable asaltar a los ciudadanos desde los ayuntamientos que a una sucursal bancaria.

Hay pueblos de apenas 200 habitantes con deudas espeluznantes, técnicamente en bancarrota, pero mantenidos artificialmente por los partidos políticos para no alterar sus redes clientelares, que son las que les otorgan el poder mafioso.

La estructura de los partidos políticos y la naturaleza interna de esas organizaciones, profundamente antidemocráticas, son el mayor problema del país, no el tercero, como aparece en las poco fiables encuestas oficiales.

Muchos creemos que la verdadera causa de que Rajoy y Rubalcaba no quieran pedir a Europa un rescate oficial es para evitar que desde Bruselas se exija la eliminación de las estructuras superfluas del Estado, sobre todo los pequeños municipios y las instituciones y empresas publicas inútiles, toda una red costosa e insostenible creada por el peor monstruo depredador parido por España desde la Edad Media: la partitocracia antidemocrática que se ha adueñado del Estado.

Voto en Blanco


Estamos cambiando el mundo

Se enorgullecen de la "victoria" obtenida en Galicia, pero el PP oculta que el vencedor por mayoría absoluta ha sido la abstención, es decir, los ciudadanos indignados y cabreados. Los 41 diputados del PP están sustentados por poco más de dos ciudadanos de cada diez electores, un porcentaje ridículo. La abstención gallega, diez puntos superior a la de las pasadas elecciones, no es producto de la desidia o del desinterés, sino del rechazo activo a una casta política y a un sistema que han demostrado con creces su perversión, decadencia, lejanía de la democracia y fracaso.

Aunque usted no lo crea, los demócratas rebeldes estamos cambiando el mundo. Poco a poco, sin más fuerza que nuestras ideas y la capacidad de comunicarlas, estamos ganando pequeñas batallas frente a los enemigos de España, esos partidos políticos antes poderosos e invencibles y hoy en declive o en vías de extinción. Nuestros artículos, argumentos y esfuerzos por difundir la verdad están logrando que los políticos empiecen a respetar al ciudadano, base de la verdadera democracia, que los jueces sometidos empiecen a soñar con una justicia auténtica y que los periodistas vendidos al poder sientan el martillo de sus conciencias, que les reclama verdad, independencia y decencia. Hemos echado a Zapatero de la política, hemos estigmatizado su cobarde e indigna forma de hacer política, hemos marcado al PSOE y al PP como principales culpables del desastre de España, hemos desenmascarado la miseria y bajeza del nacionalismo y estamos convirtiendo a cientos de miles de ciudadanos en seres responsables y exigentes, que ya no se dejan engañar por los políticos y que están decididos a tomar las riendas de su destino y de la nación, asuntos demasiado importantes para dejarlos en manos de políticos incapaces, fracasados y sin ética, que se niegan a anteponer el interés general a sus propios y mezquinos intereses.

El PSOE está de rodillas, pagando sus desvergüenzas, corrupciones y traiciones. Saben que el ciudadano está cabreado y no saben que hacer para recuperar la confianza del pueblo. Creían que el tiempo genera olvido, pero la gente ha aprendido a tener memoria y está dispuesta a vengarse. Cuando neutralicemos al PSOE, le tocará el turno al PP, un partido semejante, casi idéntico en su ignorancia de la democracia, en su desprecio al ciudadano y en su incapacidad intelectual y ética para dirigir con acierto los destinos de España.

Rajoy se vanagloria de su triunfo en Galicia, pero su victoria es una farsa. Debería darle vergüenza celebrar un triunfo cuando el vencedor por mayoría absoluta ha sido la abstención. Los 41 diputados del PP en Galicia han sido elegidos y por menos del 30 por ciento de los gallegos, lo que refleja una democracia en precario, casi al borde del ridículo, con casi 8 de cada 10 ciudadanos de Galicia ajenos al gobierno elegido. La victoria del PP, que ha perdido más de cien mil votos con respecto a las elecciones anteriores, se debe a factores tan frágiles y ajenos como el triunfo de la abstención y la división de los nacionalistas.

Es falso lo que se ha dicho sobre la abstención en Galicia, que no ha sido del 36,2%, sino del 45,6% del censo. El censo electoral de Galicia está formado por 2.697.000 electores, 397.382 de los cuales son residentes en el extranjero (CERA en la nomenclatura del INE), por lo tanto la jornada del 21-O ha tenido una participación real del 54,4%, frente a la del 64,4% de 2009, es decir 10,0 puntos inferior. El número de votantes en 2009 fue de 1,706 millones y el 21-O ha sido de 1,468 millones, es decir, doscientos treinta y ocho mil gallegos netos menos que cuatro años antes.

El problema es que los ciudadanos que luchamos por la decencia y la verdadera democracia también hemos sido cobardes, permisivos y hemos perdido mucho tiempo. Nuestra reacción digna de ciudadanos libres está llegando tarde. Ya no podremos impedir que millones de españoles no tengan trabajo, ni que España se empobrezca, ni que la nación se desintegre, ni que la corrupción haya causado estragos, pero podemos reconstruir en el futuro lo que los canallas han hecho trizas, sobre todo si mandamos a las mazmorras de la Historia a los culpables, casi todos encuadrados en el PSOE, el PP, IU y los nauseabundos nacionalismos, partidos vampiros que se alimentan de la desgracia, del victimismo, de la envidia y del odio.

La degradación de los políticos españoles es tan dramática y patética que celebran una victoria tan pírrica como la de Galicia, sustentada en poco más de 2 votos de cada diez posibles. Los ciudadanos conocen tan bien a su degradada casta política que saben que el efecto de una abstención masiva o de un voto en blanco abrumador sería practicamente nulo ante nuestros políticos descarados e inmorales. Si solo votara el 30 por ciento del censo, ellos se repartirían el poder de igual modo, a pesar de que en cualquier democracia solvente esa cifra indicaría desligitimación y fracaso del sistema.

Lo ocurrido en Galicia es solo el anticipo de lo que se avecina: una marea impresionante de votos en blanco y de abstenciones, producto no del desinterés o de la desidia ciudadana, como intentarán explicar los políticos, sino del rechazo ciudadano a la falsa democracia española y a una casta política en la que ya no hay partidos buenos y partidos malos, sino una masa degenerada de vividores que ni siquiera conocen las reglas básicas de la democracia y que ya son incapaces de abandonar la corrupción y de anteponer el bien común a sus propios intereses de partido.

Voto en Blanco


España no debería recibir prestamo alguno si no soluciona primero sus dramas, sobre todo el modelo de Estado, que es inviable, y la corrupción político-financiera, que es dramática y antidemocrática

Aseguran que el Gobierno de Mariano Rajoy última la petición de rescate a la UE, después de que notables empresarios le hayan pedido públicamente que no aplazase más la decisión. Pero Rajoy se resiste y en el rechazo al rescate coincide con el PSOE, IU y la mayoría de los partidos políticos, que se oponen porque temen que las condiciones que imponga Europa incluya desmontar el actual Estado insostenible, donde los políticos se sienten tan a gusto porque gozan de poder casi absoluto, sin controles democráticos, impunidad y cientos de miles de puestos para colocar a sus familiares, amigos y militantes en el sector público ruinoso español, sufragado por los desgraciados ciudadanos españoles con impuestos desmesurados e injustos, que les esquilman y aplastan.

Rajoy habla de un "rescate blando" que no imponga nuevas condiciones para que todo siga igual y el Estado inicuo, desmesurado e irracional, con 17 autonomías despilfarradoras apostando por la insolidaridad y, en algunos casos, por la ruptura, siga vigente en esta España que, si no se refunda y consigue instaurar pronto una verdadera democracia, caerá en el precipicio empujada por la clase política más injusta y golfa de toda Occidente.

La mejor ayuda que España podría recibir de Europa no es un rescate o préstamos a bajo interés, sino una presión irresistible y democrática para que cambie su modelo de Estado y elimine la corrupción galopante que pudre sus estructuras, sobre todo en los ámbitos políticos y financieros. Cualquier ayuda que España reciba sin que solucione antes esos problemas vitales, caerá en saco roto, no tendrá efecto y, probablemente, servirá para fortalecer todavía más el corrupto e insostenible Estado y a la oligarquía que lo ordeña y gestiona con mano de hierro y corazón de plomo.

Cualquier español decente, ante el panorama político y financiero que contempla, siente unas ganas irresistibles de emigrar o de rebelarse contra el sistema. Si no lo hace, es porque se sabe impotente o porque le puede la cobardía. El primer deber de todo español demócrata y limpio es cambiar el sistema que le está llevando hasta el fracaso como nación, lo que implica refundar la democracia, que ha sido asesinada por los políticos y convertida en una sucia oligocracia, cambiar el inviable modelo de Estado, lograr que la ley sea igual para todos y funcione y acabar con una corrupción que condena al país a ser un pordiosero postrado y maloliente.

España es un país sin ciudadanos, marginados de las decisiones, que responden con un insano rechazo a la clase política, que a veces se torna en odio, un sentimiento peligroso e incomprensible en una Europa que, aunque con defectos y carencias, todavía eleva en común la bandera de la democracia.

Ni un sólo euro para España sin que se cambie antes, a fondo, el sistema político y económico, hoy controlado por una corrupta y despótica oligarquía política, aliada con la oligarquía económica y financiera.

Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado. Las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables.

La actual caida de España en el abismo de la pobreza y el fracaso nada tiene que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. Tampoco le falta a España talento, capacidad empresarial o creatividad. El país tiene pensadores, creativos, médicos, ingenieros y expertos de gran nivel y con prestigio internacional. La única razón de la enfermedad mortal de España es su modelo de Estado, insostenible, desproporcionado, irracional, abusivo y plagado de corruptos que practican el cohecho, el nepotismo, el amiguismo y todo tipo de corruptelas, amparados en un poder judicial inoperante, sin independencia y dominado por el poder político.

Los principales culpables del inmenso drama de España son los partidos políticos y la clase política, que se ha desentendido de la democracia y fraguado una alianza perversa con las oligarquias económicas y financieras. Hay cada día más ciudadanos que no se sienten representados por sus políticos y que repudian las elecciones porque han descubierto que ni siquiera son ellos los que eligen y controlan a los diputados, cuya lealtad y servicio se orienta a los partidos, no a los ciudadanos.

El aberrante mundo oficial y la naturaleza podrida del poder generan un rechazo generalizado que se plasma en desmotivación ciudadana, una economía sumergida de más del 20 por ciento del PIB y un pernicioso rechazo y hasta odio a los dirigentes políticos por una parte cada vez mayor de la ciudadania, sentimientos y actitudes que detraen recursos a la economía, frenan el desarrollo y envenenan la convivencia.

La inmensa conspiración contra España y sus ciudadanos fraguada por la alianza político-financiera es poderosa y no puede ser doblegada ni eliminada por los ciudadanos sin la ayuda de los demócratas europeos, que, antes de entregar fondos masivos al gobierno español, deberían exigir que el país se democratice y deje de ser un pozo de abuso y corrupción con un Estado organizado para que sirva a los intereses de políticos y banqueros y con los ciudadanos, que deberían ser los "soberanos" en democrascia, sometidos como víctimas y sin esperanza.

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El de Rajoy es un gobierno de gatillo fácil que sube los impuestos con demasiada frivolidad

Los expertos se han sorprendido de que la solución del gobierno de Rajoy al déficit tarifario de la energía haya sido crear seis nuevos impuestos para recaudar mas, demostrando así su enfermiza obsesión recaudatoria, a pesar de que esa política hunde cada vez mas el consumo y la economía en general.

El de Rajoy es un gobierno irresponsable, de gatillo fácil y peligrosamente habituado a subir impuestos, una medida que es contraproducente para la economia porque destruye el consumo y agudiza la recesión.

Ese tipo de política intensamente recaudatoria no sólo esquilma al ciudadano y a las empresas, sino que es cada día más desaconsejada por los expertos economistas, que ven en ella una apuesta segura por la recesión y la ruina de los pueblos. Su utilización intensa, en el caso del actual gobierno español, es antidemocrática e inmoral, ya que el Partido Popular, en su campaña electoral, prometió bajar los impuestos y nunca subir el IVA, como ha hecho recientemente, lo que convierte su actual política en una estafa a sus votantes.

España es ya el país de Europa cuyos ciudadanos soportan, proporcionalmente, más impuestos y que recibe a cambio servicios de menor calidad. El grueso de los gastos del Estado se emplean en pagar sueldos y subvenciones a miles de instituciones y de personas que no son necesarias y qwue no aportan nada al bien común. Para mantener todo ese aparato, la presión fiscal es tan intensa que paraliza el consumo y genera pobreza e infelicidad. Los miembros del gobierno, con el presidente Rajoy a la cabeza, esgrimen, una y otra vez, el argumento de que las subidas de impuestos, como los recortes, son inevitables, una tesis falsa porque el gobierno podría haber conseguido grandes ahorros si hubiera desmantelado antes las miles de instituciones y empresas públicas innecesarias, creadas por la clase política para colocar a los amigos y familiares del poder o para fortalecer sus aparatos de propaganda y manipulación, como las costosas y superfluas televisiones públicas locales, regionales y nacionales.

La subida de impuestos es el recurso más fácil cuando un gobierno necesita dinero, pero también es la que denota mayor desprecio por el ciudadano, al que exprime y esquilma sin piedad. España es el país europeo que posee el Estado más grueso e irracional, con casi medio millón de políticos viviendo a cargo del presupuesto público, una cantidad que supera a los que tienen Alemania, Francia e Inglaterra juntas, todo un abuso que el gobierno de Rajoy no sólo no ha cortado de raíz sino que ha seguido alimentando a través de la colocación de miles de miembros de su partido en puestos públicos. De hecho, en algunos sectores del poder, el gobierno de Rajoy cuenta con más enchufados y asesores colocados que los que tenía el gobierno de Zapatero, un abuso lacerante e insoportable porque, en la campaña electoral que les llevó al poder, los populares prometieron reducir la administración y acabar con los abusos socialistas.

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Martes, 26 de septiembre

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