Cuando nuestra Constitución fue redactada, la sociedad española creía en la bondad de los partidos políticos y asumió un documento que depositaba en esos partidos demasiado poder, más del que era prudente, según ha demostrado la Historia.
Cuando la actual Constitución fue redactada y aprobada, la democracia española daba sus primeros pasos y, después de cuatro décadas de Franquismo, confiaba plenamente en la bondad de los partidos políticos. En consecuencia, España asumió una Constitución que entregaba a los partidos políticos demasiado poder y representación, más del que era prudente, según ha demostrado la historia.
Hoy, aquellos partidos políticos a los que la Constitución otrogó tanto poder y representatividad, incluso el derecho a intervenir en la Justicia y a mediatizar los grandes tribunales, ya no son de fiar, tras haberse convertido en maquinarias implacables de poder y de clientelismo, más fieles a sus propios intereses que al bien común y a los intereses de la nación.
Amaparados en las ventajas y poderes que les otorgaron los incautos españoles, los partidos han reforzado su poder, se han acorazado de inmunidad e impunidad y han invadido demasiados espacios de la sociedad, incluso aquellos que les están vedados en democracia: universidades, sindicatos, religiones, empresas, instituciones, asociaciones, cajas de ahorro, medios de comunicación, etc., acabando así con la independencia y colocando en coma profundo una sociedad civil española que, en democracia, debe ejercer como firme contrapeso independiente del poder político y como fuerza controladora del poder del Estado.
En consecuencia, la Constitución debe ser reformada si se quiere limpiar España de escoria corrupta e instaurar en serio una verdadera democracia.
Se habla desde hace meses de un cambio en la orientación del poder y en posibles pactos entre el PSOE y el PP para consensuar políticas como la Justicia y la lucha contra el terrorismo. Desgraciadamente, esos pactos no van a solucionar el problema porque el problema son los partidos políticos, que, sin controles ciudadanos y dueños absolutos del Estado, se han transformado en el peor enemigo de la democracia y en el mayor obstáculo para que se termine la degradación de la política española.
Un ejemplo claro del descontrol antridemocrático reinante en España es las reformas que propone la Fiscalía General del Estado, orientadas a convertir a los fiscales en una especie de custodios de los jueces, una medida que encadena todavía más el poder Judicial a la política de partidos y que se orienta justo en el sentido contrario del que establece la verdadera democracia.
Encomendar a los partidos políticos españoles la regeneración de la democracia española es como pedir a la zorra que cuide de las gallinas. ¿Quien puede ser tan imbecil para creer que los partidos políticos, que son auténticas organizaciones autoritarias, verticales y antidemocráticas, siempre sometidas al poder y al capricho de las élites, en cuyo interior se imponen el sometimiento al lider y el miedo a debatir libremente, puedan democratizar este país?
La unica regeneración auténtica y saludable de la democracia española pasa, inevitablemente, por limitar el poder de los partidos políticos y por restaurar los controles ciudadanos al poder, controles que obliguen a los poderes a competir entre sí, a que los representantes rindan cuentas a los ciudadanos, no a los partidos, como ahora hacen, y a restaurar el protagonismo que el ciudadano y la sociedad civil deben tener en el sistema, el cual les ha sido ilegítimamente arrebatado por los insaciables y degenerados partidos políticos.
Cualquier reforma debe partir de cambios profundos en la injusta y antidemocrática Ley Electoral española, cambios que eliminen las listas cerradas y bloqueadas que confeccionan los partidos y ante las que los ciudadanos únicamente pueden decir "sí" o "no", sin poder elegir a sus preferidos. No menos urgente es garantizar el valor igual de los votos, evitando que unos partidos necesiten 50.000 votos para lograr un diputado y otros casi 400.000. Y sin olvidar la que quizás sea la reforma más urgente y necesaria, la de conseguir que los políticos electos respondan ante los ciudadanos que los eligen, no ante las élites de sus respectivos partidos, como ahora ocurre en esta democracia española sin entrañas, sin justicia y sin ciudadanos soberanos.
El ministro Rubalcaba acaba de perder los nervios al ser interpelado en las Cortes sobre la falta de garantías que rodea al SITEL. Sin embargo, como afirma Esteban González Pons, SITEL es un juguete demasiado peligroso para que no esté ferreamente controlado por los jueces. "Es un sistema capaz de escuchar y grabar el cien por cien de las vidas del cien por cien de los españoles. SITEL no te graba la conversación, te graba la vida", afirma con razón el portavoz del PP, confirmando así las sospechas y miedos de los demócratas españoles, que no queremos que ese riesgo totalitario controlado por un gobierno poco fiable.
Si estuviera controlado por los jueces en todas sus fases, un sistema de espionaje avanzado como el SITEL sería tolerable, pero en manos de un gobierno poco fiable como el de Zapatero, el SITEL es un instrumento cargado de riesgo, que amenaza seriamente al ciudadano y es capaz de destruir la democracia.
Rubalcaba, para defender esa capacidad pública de espiar a cada español en sus conversaciones telefónicas, movimientos y uso de la informática, afirma que todo se hace bajo control judicial y ha mencionado al terrorismo y al narcotráfico como los enemigos que justifican el sistema de espionaje, ignorando que los ciudadanos españoles, en las encuestas, consideran ya a los políticos un problema mayor que los terroristas y los narcotraficantes.
En la reciente Conferencia Internacional de Conservación de Datos, celebrada en Madrid, el fiscal Pedro Martínez señaló en su ponencia que esta normativa “nos convierte a todos los ciudadanos en sospechosos, no diferencia entre personas honestas y delincuentes; por consiguiente, su objetivo no es controlar al delincuente, sino al ciudadano. Es pues una norma de control social como han denunciado numerosas asociaciones de derechos civiles”.
SITEL es un poderosísimo software de interceptación de telecomunicaciones que desarrolló Ericsson a petición del gobierno de Aznar, el cual sin embargo no se atrevió a implementarlo por las serias dudas que su encaje legal y constitucional suscitaba. Al gobierno de Zapatero, sin embargo, le faltó tiempo para ponerlo en marcha con la excusa de aumentar la eficacia en la persecución de los delitos.
Su implantación y uso está plagado de irregularidades, reales y potenciales, la primera en su propia raíz, pues se puso en marcha por medio de un vulgar reglamento, cuando por la naturaleza de la materia (derechos fundamentales) debería haberse regulado por ley orgánica, tal como manda la Constitución.
SITEL es un poderoso instrumento de control en manos del gobierno de turno que sólo es admisible en democracia cuando está controlado ferreamente por un sistema judicial fiable e independiente. En España, donde falla la confianza ciudadana en los políticos y donde la Justicia está polítizada hasta el tuétano, el SITEL es un arma totalitaria que podría ponerse al servicio de una casta o de un partido político y empleada para aterrorizar al ciudadano, para aplastar al adversario o para que un grupo político descontrolado pueda mantenerse permanentemente en el poder.
El fiscal Pedro Martínez, alarmado ante lo que el sistema de espionaje puede hacer, asegura que mediante estos datos de tráfico «se pueden saber los lugares por donde nos hemos movido durante el último año, con quién hemos hablado, dónde estaba nuestro interlocutor, cuánto tiempo duró la conversación, quiénes son nuestros amigos, nuestros clientes, los SMS que enviamos, a quién, las páginas web que visitamos, lo que descargamos, las compras que efectuamos por Internet, las operaciones de banca electrónica; en definitiva, nuestros gustos y preferencias podrán ser conocidas y analizadas».
El SITEL, por fin, ha llegado al Congreso, pero Rubalcaba, principal "controlador" del sistema, se ha limitado a acusar al PP de haberlo instalado y ha dicho que quienes deberían tener miedo de SITEL son los terroristas y los narcotraficantes, cerrando así el caso, sin otras garantías, sin más informaciones, sin expresar su voluntad de someter ese sistema espía al necesario control de los jueces.
Sin ese imprescindible control judicial y en manos de un gobierno que ha reconocido que aplica la ley "según convenga a la jugada", que ha demostrado con creces su capacidad de engañar, de mentir, de manipular y de ser arbitrario, en el que más del 60 por ciento de los ciudadanos, según las encuestas, han perdido la confianza, es un instrumento liberticida, un peligro mortal para la democracia y una amenaza directa para el ciudadano.
La gestión del secuestro del Alakrana por parte del gobierno español ha puesto en evidencia la incompetencia de Zapatero, su afición a la chapuza y, sobre todo, su tendencia a la opacidad, un rasgo preocupante en un gobernante europeo e incompatible con la democracia.
Despreciando el derecho fundamental del ciudadano a ser informado con veracidad, Zapatero compareció ante las cámaras para apuntarse el "tanto" político de la liberación de los secuestrados del atunero Alakrana, pero sin informar sobre los múltiples detalles oscuros de la operación.
Desde el principio, la operación ha sido opaca, sin que esa opacidad tenga nada que ver con la prudencia y discreción que requiere una negociación. El gobierno español parece ignorar que la democracia, más que un sistema de votos y de elección de representantes, es un sistema basado en la confianza y la limpieza en el que el derecha a informar y ser informado es fundamental. Un sistema opaco, sin transparencia ni verdad, es tiranía en estado puro.
La operación no estará finalizada hasta que no se aclaren las numerosas incógnitas del caso: ¿Que bandera llevaba el barco cuando fue apresado? ¿Quién y por qué se detuvo a los dos piratas y se trajeron a España? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién pagó el rescate? ¿Se entregó dinero por error, como de ha dicho, a una facción pirata equivocada? ¿A que se debió el enfrentamiento entre la Audiencia Nacional y el gobierno? ¿Que significa lo que ha dicho el ministro de Justicia, de que el gobierno no paga "como tal" un rescate? ¿Qué le dijo Zapatero a los familiares de los secuestrados para que guardaran un silencio sepulcral? ¿Por qué se enfrentaron unos ministros con otros? ¿Qué se va a hacer con los dos piratas detenidos? ¿Existe el compromiso de liberarlos? ¿Vamos a tener que sufrir como pueblo la humillación de indultarlos? ¿Que hará el gobierno para que no vuelvan a secuestrar otra nave española? ¿Por qué no se embarcan militares españoles en los pesqueros, como ya han hecho otros países?
El propio Zapatero, exhibiendo un desprecio intolerable a la transparencia y a la verdad, parece que ha cerrado el caso afirmando eso de que "hemos hecho lo que debíamos", sin admitir error alguno, sin un atisbo de autocrítica.
Ni siquiera está claro el extraño incidente de los disparos realizados por la armada española a los piratas, ni se sabe si fue un montaje para salvar el honor ante la opinión pública o si simplemente se fue incompetente con el uso de las armas. No se sabe si tenían orden de no causar bajas. Tampoco se sabe que razones sustentan el malestar existente en el seno de las fuerzas armadas.
Quedan muchas más preguntas sin respuesta, además de flecos judiciales que sustanciar, responsabilidades políticas sin adjudicar y lecciones que aprender.
Aunque todavía falta distancia y demasiada información para realizar un análisis completo del asunto Alakrana, sí hay suficientes datos para afirmar que de todos los errores cometidos, el peor de todos no es la incompetencia del gobierno, ni la bisoñez de los ministros implicados, ni la preocupante mediocridad del liderazgo español, sino la opacidad demostrada, el miedo a la verdad y a la luz, una siniestra e inquietante afición a la oscuridad por parte de Zapatero y sus acólitos que nada tiene que ver con la democracia y que, desgraciadamente, apesta a raíces totalitarias, a tiranía camuflada.
El rescate ha sido pagado a los piratas y los secuestradores serán liberados. Muchos españoles están escandalizados ante la arbitrariedad y desigualdad en la Justicia. Los últimos tres meses, por la desmoralización y angustia política que han generado en la población, quizás han sido los peores de la democracia española, comparables a aquellos tiempos terribles de Felipe González, cuando FILESA, Roldán, los GAL y otros abusos inundaron España de hedor currupto.
Con su comportamiento en los últimos meses, el gobierno español ha convertido esta etapa en una de las peores de la moderna historia de España. pero el drama de España se convierte en tragedia si se analiza también el comportamiento de la oposición, que rivaliza con el del gobierno en antidemocracia, corrupción y suciedad moral.
La imagen de la policía exhibiendo esposados, como delincuentes ya condenados, a los detenidos sospechosos de los casos “Palma Arena” y Pretoria fue tan obscena y sucia que permite afirmar que el Estado de Derecho está siendo demolido en España. Igualmente lo ha sido el trato engañoso a los parados de larga duración, la concesión a un grupo de "amigos" de Zapatero la TDT de pago, todo un "regalo" arbitrario del poder, y la nefasta gestión del secuestro del atunero vasco Alakrana, hecho que demuestra la torpeza operativa de un gobierno de tercera división, que engaña a la opinión pública al ocultar que los somalies, con su piratería, se defienden del expolio impune de las costas de Somalia perpetrado por cientos de barcos de muchos países, protegidos por navíos y aviones de guerra.
La negativa del gobierno a luchar con decisición contra la corrupción y sus intentos de manipular a los medios de comunicaciín, transforma la política española en un desierto desolado, sin ética ni esperanza.
Pero la peor gestión del gobierno y la que más daño causa a España sigue siendo la de la crisis. Incapaz de responder con coherencia al desafío de la economía que se hunde, Zapatero ha permanecido escondido y más centrado en viajes y actuaciones internacionales que en asuntos domésticos, decidido a no dar su brazo a torcer y a no adoptar las medidas que la comunidad internacional y los expertos le aconsejan, entre ellas una reforma laboral que es urgente para que España vuelva a ser competitiva y medidas de estímulo al consumo, justo lo contrario de lo que logrará con su errónea subida de impuestos.
Ante el lento pero constante deterioro de la imagen del gobierno y la subida del PP en intención de voto, el gobierno de Zapatero no se resigna a perder el poder y parece dispuesto a retenerlo, incluso recurriendo a métodos más propios de dictaduras bananeras que de democracias adscritas a la Unión Europea.
El trato vejatorio dado a los presuntos delincuentes políticos del PP es muy diferente al que el gobierno otorga a los muchos delincuentes de su propio partido o de formaciones aliadas. Hace un año, también en Mallorca, Gonzalo Aguiar, de Unión Mallorquina, por un delito similar no fue esposado ni humillado en público, ni obligado a desfilar esposado, como se ha hecho con los sospechosos de corrupción del PP balear. En otros muchos casos de corrupción denunciados en las Islas Baleares, como los de Ibiza Centre, Can Domenge, La Piñata o Soms Oms, ni siquiera se produjeron detenciones, porque los señalados eran miembros del partido en el poder o aliados,
La sospecha de que se utiliza sin las debidas garantías judiciales el sistema de escuchas telefónicas y de Internet SITEL ha creado en toda la sociedad un lamentable estado de inquietud que inclina a pensar que el Estado de Derecho está siendo laminado en España. La acusación de Maria Dolores de Cospedal de que el SITEL ha servido para intervenir teléfonos de miembros de la oposición sin orden judicial es gravísima y, de confirmarse, colocaría a Zapatero en niveles de corrupción política similares a los de los peores tiempos del gobierno de Felipe González, cuando se produjeron escuchas ilegales, terrorismo de Estado (GAL) y casos espeluznantes de corrupción, como los de FILESA, Juan Guerra y Roldán, entre otros muchos.
El PP, cuyo nivel de corrupción está sorprendiendo y asqueando a los españoles, no ha presentado pruebas sobre las escuchas ilegales, quizás porque no las tiene, y probablemente utiliza esa grave acusación como cortina de humo para ocultar su corrupción interna, pero lo dramático es que esas acusaciones son creíbles en una España cada día más decepcionada, desquiciada y destrozada por su miserable clase política.
La inepta torpeza del gobierno español, que vuelve a quedar demostrada en el asunto del pesquero vasco Alakrana, secuestrado por piratas somalíes, está generando más descontento en la sociedad, más rechazo a los políticos y una sensación general de fracaso que, unida a los demoledores efectos de una crisis económica, también mal gestionada, y a la corrupción generalizada, desquician y deprimen a la sociedad.
Vivimos tiempos de indecencia y de vergüenza ciudadana en España. La necesidad de regenerar la política se vuelve obsesiva y crece junto con nuestras ganas de erradicar la corrupción y la indecencia de muchos de nuesttros líderes políticos. Son horas de lucha en las que los demócratas deben distinguirse por su capacidad de combatir. Si la sociedad española quiere salir de la crisis, regerarse y recuperar la senda de la prosperidad, lo primero que debe hacer es sacudirse el dominio de la cultura "progre" dominante y propiciar una política en la que el protagonista sea el ciudadano, no el Estado, y una cultura donde el mérito sea tenido en cuenta, se ensalce el esfuerzo y los auténticos valores, arrasados en la España actual, se recuperen y ocupen la cúspide de la pirámide.
Quien consiga escapar de la propaganda y del narcótico que desde el Estado se esparce por la sociedad, principalmente a través de los medios de comunicación, advertirá fácilmente que la España que han creado los "progres" dominantes es un verdadero desastre: la democracia ha sido sustituida por una oligocracia de partidos; los valores han sido suplantados por privilegios y derechos, muchos de ellos falsos y bastardos; el esfuerzo ha sido erradicado y la sociedad está bajo el control de políticos mediocres, muchas veces corruptos, cuyo obra maestra es haber eliminado al ciudadano libre para sustituirlo por semiesclavos fanatizados, incultos y capaces hasta de defender a los suyos hagan lo que hagan.
Esta España, obra de la "progresía" dominante es un país en declive que ocupa la cabeza del ranking europeo en los capítulos más vergonzosos y dramáticos: desempleo, pobreza, prostitución, alcoholismo, consumo y tráfico de drogas, baja calidad de la enseñanza, fracaso escolar, destrucción del tejido empresarial, deterioro de la democracia, desencanto con el fucionamiento de la Justicia, corrupción política, privilegios para los políticos, coches oficiales, tamaño desproporcionado del Estado, despilfarro, televisión basura y vertiginoso crecimiento de la inseguridad ciudadana, la desconfianza, la división, el odio y la desesperación.
Mientras los ciudadanos toleren que el dinero público sea despilfarrado por los políticos y se emplee injustamente en colocar y subvencionar a los amigos del poder, la España "progre" será una cloaca.
Los ciudadanos deben ser conscientes de que el primer deber de un demócrata español es sustituir la cultura del falso progresismo por un progreso verdadero, en el que la sociedad pueda crecer en valores, respeto, prosperidad y decencia, sin tener que someterse al sucio dominio de los que han minado las entrañas del Estado de corrupción y fracaso.
Por eso, además de expulsarlos del poder, utilizando para ello la fuerza de las urnas, que es el único poder que le queda al ciudadano en esta democracia degenerada, los demócratas deben despreciar y avergonzar a los que, con su actuación corrupta e inepta, nos han arrebatado los valores y el futuro.
El primer deber de un ciudadano libre es utilizar el voto para regenerar el sistema y crear una sociedad mejor. Pero no hay que esperar a que se abran las urnas para regenerar la sociedad. Al ciudadano, además del voto, le quedan otras muchas armas y recursos.
En la hora de las urnas, el demócrata debe apoyar a las formaciones políticas decentes y democráticas, aunque sean pequeñas y poco conocidas. Seguir votando a la derecha para castigar a la izquierda o votar a la izquierda para que no gobierne la derecha es perpetuar la partitocracia y arrojar más basura sobre el suelo de España. Si no se encuentran partidos dignos y merecedores de confianza, entonces se debe votar en blanco o depositar en la urna una papeleta que contengan una leyenda de reproche, algo así como "Delincuentes" o "Chirizos", para que la repulsa masiva inunde las urnas y los sinvergüenzas sientan en su pellejo todo el desprecio del pueblo.
Pero, además de utilizar el voto para regenerar la democracia, el ciudadano puede practicar erl boicot; puede manifestarse; puede reunirse para debatir, puede actuar como promotor del cambio político, social y cultural, puede practicar y difundir los valores y puede hacer sentir todo su desprecio y asco ante los que hoy, desde el poder político, nos conducen hacia el fracaso, la pobreza y la vergüenza.
En la práctica, puede apagar las cadenas de televisión autonómicas, innecesarios juguetes creados por los políticos para su propia gloria, apagar también las emisoras que se distingan por su sumisión al poder, por el servicio a la mentira y por la propagación de basura televisiva y modelos sociales repugnantes. Puede dejar de ver películas españolas, injustamente subvencionadas, a pesar de su baja calidad, solo porque los actores son amigos del régimen. Puede dejar de comprar periódicos sometidos. Puede escribir un blog, participar en blogs críticos solventes y aprovechar la fuerza de Internet para propagar la decencia y la democracia. Puede dejar de comprar productos de regiones españolas que se empeñan en ser superiores y en acumular ventajas insolidarias. Puede dejar de acudir a los actos públicos, donde muchos políticos ineptos e indecentes se exhiben ante las masas, apareciendo como héroes y logrando así ocultar su fracaso e incapacidad. Puede, también, realizar campañas regeneradoras, como colocar sobre las ventanas y balcones de sus hogares pancartas y carteles con leyendas de reproche o regeneración, como "Queremos políticos decentes" o "Que dimitan los chorizos" o "Desprecio para el poder político inepto"...
Algunas cosas cambiaron en México cuando, en los tiempos donde el PRI era la fuerza corrupta dominante, miles de mexicanos se manifestaron en el DF, por la gran avenida de Insurgentes, exhibiendo una gigantesca pancarta que decía "Que nos gobiernen las putas porque sus hijos han fracasado".
Para un ciudadano demócrata, lo importante es luchar por la demnocracia, con independencia de que esa meta se alcance o no. La democracia exige una lucha permanente por mantenerla limpia de sinvergüenzas y en España el ciudadano ha dormido durante tres décadas, permitiendo que el poder sea acaparado por demasiados mediocres, torpes y corruptos.
La feroz crisis multipolar que padece España tiene algunas facetas positivas: está convenciendo a los españoles de que no tienen una democracia sino una dictadura de partidos; esta abriendo los ojos de los ciudadanos para que vean la baja calidad de muchos de sus dirigentes, ineptos y poco solventes; está generando reacciones positivas en la sociedad, entre individuos libres y conscientes, decididos a luchar contra la corrupción del poder y por la regeneración de la política, la economía y la ética.
Ya lo dijo Honorato de Balzac: "En las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte". En España, país donde grandes masas de ciudadanos tienen el corazón podrido por la propaganda política y por la división, fanatismo y odio que se estimula desde los partidos, la crisis está curtiendo a otros muchos ciudadanos y fortaleciendo el deseo de una patria mejor, que recupere el esfuerzo, el servicio y el sentido del bien común, tras erradicar la plaga de sinvergüenzas y parásitos que infectan el Estado.
Con una izquierda que no es demócrata porque nunca abandonó el leninismo y con una derecha que tampoco lo es porque se averguenza del liberalismo, España es un país sin ilusión ni horizonte político, una sociedad enferma de dos tipos de cáncer mortales: el mal gobierno y la desconfianza.
España se hunde cada día más, pero también aumenta a diario el número de ciudadanos conscientes de que están mal gobernados, que sus dirigentes no son de fiar y que es necesario refundar la democracia para hacerla auténtica y dotarla de los imprescindibles controles y cautelas que los políticos han dinamitado.
Conscientes de su pobreza de ideas y de su escasa fe en la democracia, los partidos se han dedicado a fabricar fanáticos y zombies, en lugar de propiciar la ciudadanía. Los políticos, especialmente los mediocres, saben que es más facil gobernar a un rebaño de esclavos engañados y sometidos que a una sociedad de hombres y mujeres libres.
El miedo al ciudadano libre, ese que participa en la política y toma decisiones, el que es incapaz de delegar la voluntad política, algo que es indelegable para un ser humano, es el gran pecado de los políticos españoles y de sus partidos. Porque prefieren una sociedad esclava y narcotizada que una sociedad libre, la enseñanza no tiene calidad en España y desde el poder no se hace nada por combatir nuestros peores males: el fracaso escolar, la droga, el alcohol, la prostitución, la corrupción, la delincuencia y otras lacras que envilecen al hombre y facilitan el dominio de los políticos.
La ciudadanía española es cada día más consciente de que son tan ineptos que es necesario erradicarlos.
Todo el mundo sabe que la crisis destruye empleo, comprime la demanda, empobrece a muchos y dinamita el tejido productivo de un país, pero lo que pocos saben es que posee otros muchos "efectos secundarios", no todos negativos, capaces de transformar la sociedad y de alterar la economía, la cultura y las costumbres.
La crisis estimula el ahorro, vuelve a convertir al norte en más importante que el sur, alarga las faldas de las mujeres (la abundancia tiende a acortarlas), baja los precios de casi todos los productos del mercado, estimula la práctica religiosa, incrementa la solidaridad y las donaciones para ayudar a los más necesitados, fortalece a la familia y hace que la gente valore más el estudio y la preparación profesional e intelectual para la vida. Especialmente importante es el auge que produce de la ética, que se convierte en una exigencia, de las prácticas religiosas y de la trascendencia porque el ser humano, ante la adversidad, suele buscar consuelo y explicación en el más allá.
El ejercito crece porque miles de desempleados se enrolan en sus filas. Al consumir menos, la gente permanece más en sus hogares, lee más y está más tiempo delante del televisor, lo que facilita el adoctrinamiento y dispara la capacidad de influencia del Estado y de otros poderes sobre los individuos, que generalmente ven como sus libertades y derechos retroceden.
La crisis es fatal para las relaciones humanas y para la democracia porque aisla a las personas, que, sin dinero para gastar, tienden a encerrarse en sus hogares y dejan de conversar, de debatir y de intercambiar ideas y opiniones, ejercicios de gran valor para las libertades y el civismo.
La brecha que separa a ricos y pobres se ensancha con la crisis porque hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. La sociedad se hace más injusta. Las clases medias son diezmadas. Los trabajadores fijos se convierten en una especie de "élite laboral" que es defendida por los sindicatos y desprecia a los trabajadores eventuales y autónomos. Los sindicatos pierden afiliados y suelen convertirse en odiosos ante la opinión pública mayoritaria porque solo protegen a sus afiliados y chantajean a las empresas y al Estado para consolidar abusos y privilegios.
La crisis fortalece el poder del Estado y resta poder al individuo y a la sociedad. Cuando millones de ciudadanos ven como sus ingresos disminuyen, el Estado sigue teniendo dinero porque aumenta los impuestos y ordena a sus inspectores y agentes recaudar sin piedad. El ciudadano se convierte, para el Estado, en una presa a la que hay que sacarle el dinero del bolsillo y, si es necesario, esquilmar mediante sanciones, denuncias, multas y expedientes. En la España actual, hay agentes de la policía de tráfico que, obligados a recaudar mediante denuncias, ya sancionan por "conducir distraído" o "por hablar con el copiloto", una forma abusiva de interpretar la ley por parte de la autoridad.
El foso que separa la sociedad del Estado se agranda, hasta el punto de que la mayoría de los ciudadanos, dentro de una crisis grave, suelen contemplar al Estado como un enemigo. El Estado en crisis se hace implacable y peligroso, deja de pagar sus deudas y facturas y tiende a ser más corrupto porque el escaso dinero existente tienta a los administradores públicos y gobernantes. Solo los más desposeídos contemplan al Estado con esperanza, porque reciben de él subsidios y pagas de subsistencia.
Esta es la primera gran crisis mundial con Internet convertida en un poderosos medio de comunicación al alcance de muchos. Los expertos creen que el consumo de Internet crecerá y que los gobiernos, durante la crisis, contemplarán a la "red" como un enemigo a batir porque les resta control y dominio sobre el ciudadano.
Pero quizás el efecto más beneficioso de la crisis sea que los ojos y la mente de los ciudadanos se abren y les permiten ver el drama que representan sus gobernantes, generalmente ineptos, ociosos, corruptos e incapaces de cumplir con la misión que el ciudadano les ha encomendado: la de utilizar la fuerza del Estado y los recursos comunes para solucionar los problemas de la ciudadanía y hacer que el mundo sea mejor.
Al conmemorarse el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, conviene saber que muchos déspotas, muy parecidos a los comunistas derrotados, están gobernando nuestras democracias, tras haberse camuflado y travestido con trajes de demócratas.
La política mundial está empezando a ser dominada por un espécimen nuevo y letal, el de los nuevos déspotas travestidos de demócratas. Tienen una clara vocación autoritaria, pero les gusta vestir su liderazgo con la legitimidad que confiere el voto popular. Han asimilado la lección histórica de que las masas no toleran la tiranía, pero saben que, debidamente camuflada, esa tiranía puede avasallar y pervivir. Se declaran demócratas y, aparentemente, aceptan la democracia como terreno de juego, pero la manipulan, la pervierten y la utilizan en beneficio propio. En realidad son depredadores totalitarios, pero bien disfrazados de demócratas fervientes, actúan como prestidigitadores y son expertos en demagogia y otros trucos que le sirven para ocultar su verdadera naturaleza ante el ciudadano. Están floreciendo por doquier, en África, en Asia, en América y hasta en la vieja Europa que inventó la democracia, y amenazan con convertirse en la peor pesadilla política del siglo XXI.
Odian a los ciudadanos libres porque reflexionan, son exigentes, tienen criterio y resultan peligrosos. Por eso los exterminan poco a poco y los sustituyen por masas incultas y por grupos fanatizados y sometidos, entrenados para defender sus colores políticos con pasión y sin lógica. Han descubierto que la educación, bien manipulada y desprovista de eficacia, predispone para la esclavitud y, en consecuencia, están convirtiendo las escuelas públicas en fábricas de corderos. Así consiguen que su poder se sostenga, no sólo sobre la legalidad manipulada, sino también sobre el miedo y sobre pandillas peligrosas de ciudadanos descerebrados que les defienden y votan fielmente.
No creen en la división de poderes y, desde el poder Ejecutivo, manipulan y controlan el Parlamento y la Justicia, pero los muy hipócritas afirman en público que los poderes tienen que ser independientes y libres.
Obsesionados por el control del poder a toda costa, utilizan la mentira y el engaño sin límites. Su estrategia de poder les lleva a utilizar demasiadas veces la palabra "democracia" en sus discursos, para sólo lo hacen para esconder su alma autoritaria y su cinismo.
Son perfectamente capaces de aplastar al enemigo sin ni siquiera sentir remordimiento, pero prefieren comprar con dinero público al adversario porque han aprendido que crear mártires, a la larga, es peligroso.
Utilizan el dinero público como si fuera propio y siempre terminan endeudando a sus países hasta límites insoportables y ruinosos. Reparten el dinero entre los amigos y premian con monedas el sometimiento y el servilismo. Son hábiles creadores de clientelismo y dependencia, exterminadores de la libertad y del libre albedrío. El erario público les sirve para afianzar su poder, comprar voluntades y corromper, políticas que siempre se traducen en debilitamiento de la sociedad, hundimiento de los valores, pérdida de competitividad y retroceso económico. Los fondos públicos son también utilizados para ganar votos, pero encubren esa nefasta política con palabras engañosas y programas falsos: igualdad, ampliación de derechos, lucha contra la crisis, defensa del Estado... y, sobre todo, "progreso", la palabra mágica de la nueva especie política depredadora.
Algunos de ellos se sienten tan seguros que se atreven, incluso, a modificar los padrones electorales y a conceder el derecho al voto a los ciudadanos extranjeros partidarios de su proyecto. Los más salvajes y gorilas están dispuestos, incluso, a alterar los resultados electorales, pero esa "fechoría", por el momento, sólo es posible en países tercermundistas, muy dominados y degradados.
Conscientes de que el control del poder Judicial es vital para que sus desmanes estén dentro del marco legal, intervienen la Justicia en nombre del pueblo, violando así la esencia de la democracia, y procuran realizar ese atentado en coalición con otros partidos políticos, para demostrar a la ciudadanía que el sometimiento de jueces, magistrados y tribunales es una práctica legal.
El dominio de las fuerzas armadas es vital y lo consiguen eliminando en la milicia el sentido del honor y del deber, sustituyéndolo por el sometimiento a lo que llaman "la voluntad popular", que no es otra cosa que la voluntad y los intereses de ellos mismos y de sus aliados.
La sociedad civil es corrompida primero y después ocupada, maniatada y castrada, hasta dejarla casi en estado de coma. Los santuarios vitales de esa sociedad civil que, en democracia, debe ser independientes y servir de contrapeso al poder del Estado, son sistemáticamente controlados: colegios profesionales, sindicatos, organizaciones patronales, universidades, asociaciones, religiones, medios de comunicación, fundaciones, cajas de ahorros y hasta empresas.
Se sienten tan seguros y dominadores que hasta renuncian a la austeridad que caracterizaba a sus predecesores del "socialismo real". No tienen miedo de exhibir ante sus pueblos, generalmente empobrecidos y asustados, lujos, confort y privilegios que consideran con descaro atributos del poder.
Una de sus obras maestras es haber creado una clase empresarial parásita y dependiente del Estado, cuyos dirigentes les votan y se hacen millonarios al servicio del poder político.
Pero su verdadera obra de arte ha sido el control de los medios de comunicación, a los que necesitan para vestir de legitimidad sus dictaduras camufladas y obscenas. Con el dinero del Estado prefieren comprar medios de comunicación que periodistas porque saben que los periodistas suelen someterse y autocensurarse voluntariamente. Con los grandes medios de su parte, sobre todo con la televisión, el medio que más influye en los imbéciles, utilizan abiertamente las nuevas tecnologías, la psicología, el marketing y la sociología política para engañar, sojuzgar y envilecer.
Francisco Rubiales
Hace 20 años que cayó el Muro de Berlín, pero esa caída solamente significó el fin del Imperio Soviético, no el fin de los déspotas ni de la peor secta de la Historia de la Humanidad, la de los adoradores del Estado.
Hace 20 años, cuando cayó el Muro de Berlín, muchos demócratas y defensores de los derechos humanos se dejaron llevar por la euforia y creyeron como idiotas que los déspotas y la peor de las sectas de la Humanidad, la de los adoradores del Estado, habían sido derrotados, cuando lo único que ocurrió es que desapareció el Imperio Soviético. Lo peor de la especie humana, aquellos que anteponen el Estado al indivíduo y sus intereses personales al bien común, los derrotados en la URSS, los que se sienten a gusto practicando la opresión y el dominio, siguen más vivos que nunca y continúan practicando sus dos deportes favoritos: la caza de la libertad y del ciudadano libre.
En 1989, ante la imposibilidad de seguir manteniendo el control de unos estados injustos, opresores, que tenían en contra a sus propios pueblos y que eran económicamente inviables, los déspotas y sátrapas que se habían refugiado en el comunismo deidieron emigrar hacia la democracia, infiltrarse en los estados democráticos y dinamitarlos desde dentro.
La democracia, en manos de estúpidos y mediocres engreídos, solo celebró la fiesta de la "Caída del Muro" y ni siquiera advirtió ese movimiento de infiltración que, en apenas dos décadas, iba casi a destruirla.
Veinte años después, vemos los frutos de aquel enorme descuido y contemplamos cómo nuestras democracias se han pervertido y cómo el espíritu totalitario que anidaba en la URSS y en sus satélites se ha transformado en la "nueva izquierda" y se ha apoderado de muchos partidos políticos y democracias de occidente, convirtiéndo la política en otro estercolero, quizás peor del que construyeron en el indecente "Bloque Soviético".
La gran victoria de los déspotas y de los adoradores del Estado no ha sido travestirse de demócratas y, desde la izquierda, pudrir el sistema, sino infectar también a la derecha con su estatalismo y desprecio al ciudadano, hasta lograr que la única esperanza de los demócratas hoy no sea ya la alternancia, logrando que un partido de derecha sustituya al frente del Estado a la izquierda despota travestida, sino que sea el propio pueblo, con su rebelión, el que limpie la política infectada, corrupta y degradada.
Muchos ciudadanos, frustrados ante el dominio que ejercen los peores, saben ya que la división correcta en política no es entre derechas e izquierdas porque, lamentablemente, unos y otros han abrazado el despotismo, son corruptos y se parecen demasiado, sino entre demócratas y totalitarios. Los primeros creen en el individuo, dueño y soberano de la verdadera democracia, y en sus deberes y derechos, mientras que los totalitarios adoran al Estado y se refugian en él porque lo han transformado en el instrumento útil para dominar y perpetrar sus abusos y crímenes.
Pero el ciudadano consciente también sabe ya que el Estado es un monstruo frío, siempre inclinado a ejercer el poder absoluto y con recursos suficientes para imponer un dominio aplastante. En nuestros tiempos, con la ayuda de los totalitarios enrolados en su servicio, el Estado ha reforzado su arsenal con armas de especial eficiencia, capaces ya de controlar las mentes y corromper las almas a través de la desinformación y la propaganda. Hitler confesó que sus mejores armas para controlar al pueblo alemán habían sido “la confusión mental, los sentimientos contradictorios, la indecisión y el pánico”.
Frente a ese monstruo no existe más defensa que la democracia, pero la democracia, gestionada por canallas, mediocres, cobardes y sinvergüenzas, se ha vuelto abstracta y débil, desarmada de valores e incapaz de ejercer la influencia necesaria en el mundo. Los dirigentes políticos ya no están capacitados para plantarle cara al mal que encierra el Estado porque están incrustados en él y borrachos del boato y de los privilegios que emanan del mismo Estado. Ellos han encontrado justificación para todo, incluso para lo injustificable, y han permitido el florecimiento de la mentira por todas partes.
Ante la cultura de la desesperación a la que nos ha llevado el poder desmoralizado e ineficiente, sólo nos queda la sociedad civil como defensa y esperanza y el ciudadano libre e indomable como único recurso para la victoria.
Ante el drama de la España corrupta y decadente, la Historia otorga el protagonismo a periodistas y jueces y los coloca en la primera fila, como vanguardia de la regeneración.
El sistema ha fracasado en España. El hedor que expelen los partidos y el sector público lo inunda todo. La corrupción es el fracaso de la democracia y la corrupción, inoculada desde el poder político, ha infectado a la sociedad española hasta el tuétano. Pero la corrupción no es el único drama de la mal llamada "democracia española". También han fracasado sus dos pilares principales: la confianza y el respeto. Cuando todos están envueltos en la danza corrupta, de nada vale la alternancia. La única esperanza y la única salida del demencial laberinto español es que jueces y periodistas den un paso al frente y empleen su enorme poder en regenerar la democracia.
De los partidos políticos, principales causantes del daño y la parte más infectada de todo el sistema, no puede esperarse ningún impulso regenerador. Los partidos son el problema, no la solución. Esas formaciones, nacidas para estimular la participación ciudadana, se han apoderado del Estado y se han transformado en grupos más o menos mafiosos que anteponen el poder y los propios intereses al bien común, lo que ha degradado lo público y contaminado la sociedad, hasta convertirla en una cloaca donde germinan la corrupción, el clientelismo, la arbitrariedad, el abuso de poder y el despilfarro. En consecuencia, los partidos políticos son lo primero que hay que eliminar y refundar para que España vuelva a tener sentido como proyecto común.
Los jueces españoles deben utilizar el bisturí como lo hicieron sus colegas italianos con la "Tangentópolis", al principio de la década de los noventa, extirpando aquel planeta político degenerado y corrupto, dominado por la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, con los socialistas de Bettino Craxi como acólitos especialmente corrompidos.
Como ocurrió en Italia, los jueces españoles deben actuar cuando contemplan el desamparo del pueblo y descubren que el sistema únicamente puede regenerarse si centenares de corruptos entran en la cárcel y si miles de políticos fracasados son obligados a jubilarse y dejar espacio a una nueva hornada de dirigentes honrados que permitan ser controlados y tutelados por el verdadero poder en democracia: los ciudadanos.
La prensa debe volver a ser libre y crítica y recordar que su primer deber es propagar la verdad, aunque esa verdad implique retirarle el apoyo y el sostén a los que, desde el poder público, alimentan a las empresas periodísticas con dinero y privilegios. Privado del apoyo popular, del respeto ciudadano, al poder político sólo le queda el apoyo de los medios de comunicación para mantenerse en pié. Sin el sostén artificial e interesado de los medios de comunicación, el actual sistema político español, corrompido y degenerado, se derrumbaría como una torre de barro.
Al ocultar sus lacras y miserias, al silenciar el protagonismo de los políticos en el fracaso y destrucción de la sociedad y al exhibir a los actuales dirigentes como si fueran héroes, en lugar de desvelar sus fracasos, torpezas, errores y culpas, los periodistas y los medios de comunicación se han hecho cómplices del desastre y merecedores del desprecio ciudadano.
Ha llegado la hora de la rectificación y de que jueces y periodistas cumplan sus deberes para con la democracia.
La propaganda dice que España es un paraíso y que sus ciudadanos disfrutan de una envidiable calidad de vida. Todo es mentira, excepto el clima, que es una bendición. Los políticos han hecho de España un mal sitio para vivir y los españoles son, probablemente, los ciudadanos más esquilmados por el Estado en toda Europa. Los españoles pagan impuestos como en Suecia y reciben del Estado servicios como en Nigeria, trabajan cuatro meses para pagar impuestos y dedican casi la mitad de su sueldo anual para pagar un sector público monstruoso, enfermo de obesidad mórbida, que se niega a adelgazar y que impide al país salir de la crisis.
La España de Zapatero es una estafa, un producto falseado por la propaganda, que la presenta como un oasis donde merece la pena vivir y donde los ciudadanos disfrutan de una envidiable calidad de vida, cuando en realidad es un país infectado por la corrupción y la injusticia, donde los ciudadanos son esquilmados por un Estado monstruoso, enfermo de obesidad mórbida, que se niega a adelgazar y que constituye hoy todo un drama para la ciudadanía y el mayor obstáculo para salir de la crisis.
Los últimos estudios y estadísticas revelan que los españoles trabajan casi cuatro meses (desde enero hasta la tercera semana de abril) sólo para pagar sus impuestos a un Estado que le cuesta a cada español uno 10.000 euros al año. Teniendo en cuenta que el sueldo medio es de unos 20.00 euros, los españoles dedican la mitad de sus ingresos para financiar unas administraciones públicas enfermas de obesidad, que se niegan a adelgazar, que despilfarran el dinero y tan ineptas que no saben como sacar a España de la crisis.
La realidad es que los españoles son un pueblo desgraciado, no esos ciudadanos felices que pinta la propaganda oficial. Tienen, probablemente, la democracia más degradada de la Unión Europea y sus políticos son los más poderosos, incontrolados, inmunes e impunes del continente. El liderazgo no funciona y el sistema político se deteriora cada día más. Los ciudadanos creen cada día menos en una democracia que ha sido asesinada en secreto y transformada por los políticos en una oligocracia de partidos que no merece respeto alguno.
A cambio de los impuestos desmedidos que el Estado cobra y que, para colmo de males, ha decidido subir de nuevo en plena crisis, los españoles apenas reciben servicios valiosos y eficientes. La Justicia funciona con tanto retraso e irregularidad que deja de ser justa; la educación está considerada como una de las peores del planeta. Los ciudadanos son asesinados y asaltados por unos delincuentes cada día más armados y mejor organizados en bandas, sin que la policía pueda hacer mucho por defender a los que el Estado está obligado a proteger en democracia. La sanidad pública, orgullo del sistema, no tiene dinero, debe cientos de millones a sus proveedores y ya está por detrás de muchos servicios sanitarios públicos europeos. Las ciudades están sucias, las carreteras mal mantenidas, la riqueza mal distribuida, el país mal gobernado y la economía está siendo aplastada por un gobierno cuya politica está causando la destrucción masiva del tejido productivo, con cientos de miles de empresas desaparecidas y cientos de miles de pequeños empresarios y autónomos expulsados de la producción y los servicios. El gobierno, incapaz de generar puestos de trabajo, se dedica a dar limosnas a los desempleados y pobres, generando inseguridad y desconsuelo en la ciudadanía.
La verdad estadística de España es muy diferente a la que pinta la propaganda oficial: España ostenta un vergonzante liderazgo europeo en capítulos como el desempleo, el avance de la pobreza, la prostitución, el fracaso escolar, el tráfico y consumo de drogas, el alcoholismo, población encarcelada y avance del crimen y de la delincuencia. España es líder en coches oficiales, en privilegios para sus políticos y también en crecimiento desproporcionado del Estado, que hoy cuenta con casi tres millones y medio de servidores, si a los tres millones de funcionarios existentes se agrega la "casta" privilegiada de los políticos, sus asesores, familiares, amigos y enchufados que viven del erario público.
Voto en Blanco (pulsa para visitar el blog Voto en Blanco original)
Que te espíen y que violen tu intimidad es grave, pero que lo haga sin el preceptivo permiso de un juez y sin necesidad alguna un gobierno como el que preside Zapatero, habituado a mentir, poco fiable, escasamente democrático y sin la necesaria cobertura legal, eso ya es indignante para la ciudadanía española.
El Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones Electrónicas (Sitel), que en estos momentos opera bajo el paraguas de una dudosa regulación, es otro signo que demuestra que la democracia en España es una quimera y que el sistema actual es un simple heredero directo del franquismo.
SITEL es el sistema que permite al Estado escuchar, sin autorización judicial, como es preceptivo en democracia, las conversaciones telefónicas de los ciudadanos a través del móvil y leer todos los mensajes intercambiados entre teléfonos.
Que el gobierno espíe a los ciudadanos siempre fue un abuso y un rasgo totalitario que provoca nauseas a los demócratas, pero quizás tuviera algún sentido en tiempos de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba cuajado de espías y quintacolumnistas, dividido en dos bandos, el capitalismo y el comunismo, ambos armados hasta los dientes con misiles de múltiples cabezas atómicas. Sin embargo, ahora, cuando el enemigo mortal ya no existe, el espionaje de sus ciudadanos sólo demuestra que los gobiernos quieren controlar y oprimir a sus pueblos para mantener su poder. Sin otro objetivo que justificar sus abusos, privilegios y poderes especiales, los gobiernos inventan terroristas, pandemias y enemigos, cuando lo único que pretenden es desviar la atención del ciudadano, para que no centre su mirada en las injusticias y el avance de las desigualdades, el desempleo y la pobreza, espiándolos para mantenerlos bajo control y evitar que un día decidan rebelarse ante las corrupciones y la escasa democracia del sistema.
Para saber si existe o no democracia en una sociedad hay una ecuación infalible: si el gobierno teme a los ciudadanos, entonces existe democrcia, pero si son los ciudadanos los que temen al gobierno, entonces existe tiranía. En España, el gobierno no le tiene temor alguno al ciudadano y, en consecuencia, se permite todo tipo de abusos de poder y de invasión de la intimidad, como ocurre con SITEL, pero los ciudadanos cada día temen más a un gobierno cuyos miembros carecen de controles democráticos y se sienten prácticamente impunes e inmunes.
La última invasión de la intimidad y de la libertad de los ciudadanos en España está representada por la Ley 25/2007 de 18 de octubre, que establece que los operadores de servicios de telefonía móvil prepago deberán llevar un libro que registre la identidad de los clientes. Estos datos, según el Ministerio del Interior, pueden ser requeridos por orden de un juez con la finalidad de investigar delitos graves.
Casi la mitad de la población española utilizaba este sistema para comunicarse. Hasta el año pasado, tan sólo cinco millones se identificaron en el ministerio. Los que antes del 8 de noviembre no lo hagan, perderán inmediatamente la línea, con el coste que eso supone también para las operadoras.
SITEL tendrá capacidad para controlar el cien por cien de los teléfonos móviles españoles. El gobierno afirma que el sistema —implantado en Guardia Civil, Policía y Centro Nacional de Inteligencia— es utilizado únicamente por agentes facultados, pero lo cierto es que el gobierno, al eliminar el permiso judicial para espiar, ha burlado otra de las garantías democráticas que controlaban el poder del Estado y que proporcionaban respeto y seguridad al ciudadano.
SITEL es la penúltima violación de los derechos individuales en esta España donde cada día es más difícil encontrar un resquicio de democracia.
La Ley 25/2007 de Conservación de Datos, asegura que en la citada fecha tope (8 de noviembre) "los operadores vendrán obligados a anular o a desactivar aquellas tarjetas de prepago" no identificadas. La misma norma obliga a las compañías telefónicas a conservar durante un año todos los datos de tráfico (incluida la localización geográfica) tanto de los terminales fijos y móviles como de las IP de Internet o la telefonía por Internet.
Sábado, 21 de noviembre
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Francisco Rubiales
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Vilagarcía na Rede
José Luis Palomera Ruiz
Antonio Javier Vicente Gil
Pedro Fernández Barbadillo
JUAN JULIO ALFAYA
Francisco Rubiales
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