Ante el drama de la España corrupta y decadente, la Historia otorga el protagonismo a periodistas y jueces y los coloca en la primera fila, como vanguardia de la regeneración.
El sistema ha fracasado en España. El hedor que expelen los partidos y el sector público lo inunda todo. La corrupción es el fracaso de la democracia y la corrupción, inoculada desde el poder político, ha infectado a la sociedad española hasta el tuétano. Pero la corrupción no es el único drama de la mal llamada "democracia española". También han fracasado sus dos pilares principales: la confianza y el respeto. Cuando todos están envueltos en la danza corrupta, de nada vale la alternancia. La única esperanza y la única salida del demencial laberinto español es que jueces y periodistas den un paso al frente y empleen su enorme poder en regenerar la democracia.
De los partidos políticos, principales causantes del daño y la parte más infectada de todo el sistema, no puede esperarse ningún impulso regenerador. Los partidos son el problema, no la solución. Esas formaciones, nacidas para estimular la participación ciudadana, se han apoderado del Estado y se han transformado en grupos más o menos mafiosos que anteponen el poder y los propios intereses al bien común, lo que ha degradado lo público y contaminado la sociedad, hasta convertirla en una cloaca donde germinan la corrupción, el clientelismo, la arbitrariedad, el abuso de poder y el despilfarro. En consecuencia, los partidos políticos son lo primero que hay que eliminar y refundar para que España vuelva a tener sentido como proyecto común.
Los jueces españoles deben utilizar el bisturí como lo hicieron sus colegas italianos con la "Tangentópolis", al principio de la década de los noventa, extirpando aquel planeta político degenerado y corrupto, dominado por la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, con los socialistas de Bettino Craxi como acólitos especialmente corrompidos.
Como ocurrió en Italia, los jueces españoles deben actuar cuando contemplan el desamparo del pueblo y descubren que el sistema únicamente puede regenerarse si centenares de corruptos entran en la cárcel y si miles de políticos fracasados son obligados a jubilarse y dejar espacio a una nueva hornada de dirigentes honrados que permitan ser controlados y tutelados por el verdadero poder en democracia: los ciudadanos.
La prensa debe volver a ser libre y crítica y recordar que su primer deber es propagar la verdad, aunque esa verdad implique retirarle el apoyo y el sostén a los que, desde el poder público, alimentan a las empresas periodísticas con dinero y privilegios. Privado del apoyo popular, del respeto ciudadano, al poder político sólo le queda el apoyo de los medios de comunicación para mantenerse en pié. Sin el sostén artificial e interesado de los medios de comunicación, el actual sistema político español, corrompido y degenerado, se derrumbaría como una torre de barro.
Al ocultar sus lacras y miserias, al silenciar el protagonismo de los políticos en el fracaso y destrucción de la sociedad y al exhibir a los actuales dirigentes como si fueran héroes, en lugar de desvelar sus fracasos, torpezas, errores y culpas, los periodistas y los medios de comunicación se han hecho cómplices del desastre y merecedores del desprecio ciudadano.
Ha llegado la hora de la rectificación y de que jueces y periodistas cumplan sus deberes para con la democracia.
Si algo es científicamente evidente en la política española es que tras la muerte de Franco no se instauró la democracia, como se dijo, sino que un nuevo régimen sustituyó a otro que estaba agotado y un sistema autoritario anticuado cedió su sitio en la cúspide a otro régimen más modernizado, pero igualmente autoritario, capaz ahora de engañar mejor y de fingir democracia. Las élites que mandaban con Franco siguieron mandando, aunque tuvieron que cambiar de ropaje y de discurso. Por eso casi todos los socialistas y peperos que mandan hoy son hijos de antiguos falangistas o de grandes empresarios o funcionarios del Franquismo.
La democracia no es el resultado de unas votaciones, sino un sistema y una cultura de respeto y convivencia que permite discrepar en armonía y en paz. Eso sí, tiene una reglas inamovibles sin las cuales el sistema no existe. Hay seis o siete importantísimas y ni una sóla de ellas se cumple en España:
--Separación de poderes básicos del Estados (Los poderes están ocupados por los partidos, que hasta se permiten la desvergüenza de nombrar a los altos magistrados)
--Los ciudadanos eligen libremente a sus representantes (son los partidos los que eligen, gracias a las listas cerradas y bloqueadas, mientras que al ciudadano se le ha arrebatado ese derecho, clave de la democracia)
--El ciudadano es el soberano y protagonista del sistema (aquí está relegado y marginado de los procesos de toma de decisiones e influencia. Sólo se le convoca para votar, sin que sus criterios sean tenidos en cuenta)
--El imperio de la ley, igual para todos (En España, como dijo el ministro Bermejo, la ley se aplica "según convenga a la jugada", de manera magmánima y suave para los amigos y de manera rigurosa y hasta letal para los adversarios)
--Una sociedad civil fuerte e independiente que sirva de contrapeso al Estado (En España la sociedad civil está ocupada por los partidos, que controlan hasta los santuarios más sagrados de esa sociedad civil, desde los sindicatos a los medios de comunicación, sin olvidar universidades, religiones, dundaciones, asociaciones y hasta empresas. En España, la sociedad civil está en estado de coma)
--Una prensa libre y crítica, capaz de fiscalizar a los ´grandes poderes (En España, los medios están sometidos a los grandes poderes y no cumplen la misión que la democracia les encomienda de servir a la verdad, cueste lo que cueste, criticando y fiscalizando a los grandes poderes, sobre todo al poder gubernamental, que necesita ser criticado para frenar sus tendencias autoritarias).
En fin, podríamos seguir enumerando carencias que hacen de nuestro sistema una vulgar e indecente tiranía de partidos políticos fuera de control y hablar de corrupción, de mentiras institucionalizadas, de poder irrefrenado e irrefrenable de los partidos, de despilfarro, de descontrol de lo público, de arrogancia del poder, de un Estado hipertrofiado, enfermo de obesidad mórbida, que no para de crecer, de contratos públicos trucados, de urbanismo ilegal, de políticos deslegitimados que empiezan a ser odiados por una población (sobre todo en sus sectores más cultos) que ya empieza a descubrir el gran engaño, etc., etc.
Lamentamos tener que decirlo, pero a los muchos inocentes demócratas españoles que siguen creyendo que viven en democracia les conviene una buena cura de realismo crítico para que asuman de una vez la verdad: que estamos dominados por una tiranía de partidos con disfraz de democracia.
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa a los partidos políticos españoles como la quinta preocupación de los ciudadanos, un dato que pone de relieve el desprestigio de la clase política y una inquietud creciente ciudadana ante la corrupción, el mal gobierno, el deterioro de la democracia, los privilegios de los políticos y su poder incontrolado.
Las cuatro primeras preocupaciones de los españoles son el paro, los problemas económicos, la inmigración y el terrorismo. La clase política aparece puntuada como problema sólo unas décimas por debajo del terorismo.
En el barómetro del mes anterior, los partidos políticos ya habían subido hasta el séptimo puesto de la lista, pero ahora aparecen en el quinto puesto, experimentando una subida sorprendente.
Este sondeo se basa en 2.482 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 234 municipios de 48 provincias entre el 4 y el 13 de junio y tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento.
Hace sólo dos décadas, los políticos, junto con los periodistas, eran valorados y considerados como héroes por los ciudadanos, mientras que hoy aparecen en las encuestas como los más desprestigiados y rechazados, junto con los policías y los jueces, lo que refleja el profundo deterioro que ha sufrido la democracia española.
Un país que no respeta y rechaza a cuatro grupos profesionales que son los pilares indiscutibles del sistema democrático (políticos, jueces, policías y periodistas) es, sin duda, un país gravemente enfermo.
Al abstenerse en la votación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, el Partido Popular ha traicionado a sus votantes y demostrado una vez más que es un partido político hecho con la misma pasta corrupta y antidemocrática que su adversario, el PSOE.
Cuando un partido político convive sin traumas con la arbitrariedad y la injusticia, poniendo la mano para coger el dinero, sin atreverse a plantar cara a la injusticia con dignidad y decencia, las críticas que después emite carecen de valor y la hipócresía les convierte, también, en indignas ratas políticas.
Muchos españoles demócratas y honrados, al conocer la abstención del PP en la votación del nuevo sistema de financiación autonómica, han jurado que nunca más volverán a entregar su voto a buitres semejantes, avarientos y tan sedientos de poder y dinero que no les importa renunciar a principios y valores, siendo ya incapaces de defender la Constitución y de oponerse al destrozo que el PSOE de Zapatero ha hecho de la igualdad, la solidaridad y la justicia, principios vitales para la existencia de España como nación.
La abstención del PP ante la "fechoría" de Zapatero confirma que los "populares" no merecen la confianza de los ciudadanos dignos y demócratas de España, que no existe una alternativa decente al podrido gobierno socialista. Al abstenerse, el PP demuestra que está hecho de la misma pasta vulgar que su adversario, se hace cómplice del PSOE en una de las más infames maniobras políticas perpetradas en España desde la muerte de Franco y demuestra que los dos grandes partidos políticos españoles desconocen la democracia y compiten entre sí para dilucidar cual de los dos traiciona mejor a sus votantes.
La partitocracia española está demostrando su peor rostro y descubriendo sus auténticas entrañas, pobladas de ratas políticas que no merecen el voto de los demócratas, ni representar a unos ciudadanos españoles que están sidendo políticamente degradados y convertidos en rehenes de truhanes.
El PSOE se ha llenado de ignominia al repartir los dineros públicos sin grandeza, de manera desigual, dando más a los que más tienen, marginando a los más pobres, castigando a los que votan al partido adversario y comprando los votos que necesita para mantenerse en el poder. Para engañar y confundir, han llamado a esa arbitrariedad "nuevo sistema de financiacióin autonómica", pero la indecencia del principal partido de la oposición no ha sido menor al no haber tenido el valor de oponerse a tamaña injusticia y a esa violación constitucional de la equidad que convierte a la democracia española en una enorme e indignante mentira.
Lo que se ha aprobado, dentro de un ambiente opaco incompatible con la limpieza democrática, determina el reparto territorial de recursos que suponen más del 12% del PIB y que condicionan la cantidad y calidad de los servicios sociales básicos que reciben los ciudadanos, especialmente la sanidad y la educación.
¿Cómo es posible que una decisión tan trascendente tenga un proceso de negociación tan oscuro? ¿Cómo los españoles admiten sin rebelarse que los dineros públicos se repartan con tanta arbitrariedad y parcialidad, en una operación que apesta a trueque de favores y a burla de todo lo que la democracia representa?
Lo que ha hecho Zapatero es el compendio de casi todas las miserias que caben en la política, pero lo que ha hecho Rajoy es una infame cobardía cómplice que le desacredita como líder y le enfrenta a cualquier español que se tenga por honrado y decente.
El espectáculo de los móviles sonando entre el gobierno central y los autonómicos, el cabildeo opaco, el protagonismo indecente y chantajista de un partido como el catalán ERC, que, con menos del 10 por ciento de los votos catalanes en las últimas elecciones, determina el destino de España, una nación a la que desprecia, la duda de los barones regionales del PP entre coger el dinero o arriesgarse a perderlo, las amenazas desde el poder, la marginación de los débiles, las mentiras del gobierno, la ausencia decepcionante de principios y valores en la política, la cobardía de los militantes del PSOE, algunos de los cuales habrán vomitado ante la obra inmunda de sus dirigentes, la traición de la oposición de derecha y la frustración de España configuran un cuadro esperpéntico y tan doloroso que resume en sí mismo casi todas las miserias de la España actual y la bajeza de nuestra política, frente a la cual únicamente existe una actitud digna para un demócrata: la rebeldía cívica y democrática.
Los grandes partidos políticos españoles se sienten a gusto en el actual sistema, a pesar de que tenga carencias y perversiones que impiden llamarlo democracia y que lo acercan a las más sucias y despreciables oligocracias. Hoy analizaremos una de rabiosa actualidad: la que permite que los gobiernos ya derrotados en las urnas y ejerciendo el poder provisionalmente puedan, impunemente, adoptar decisiones de gran importancia y hasta comprometer los fondos públicos, mediatizando al gobierno que espera para sustituirle.
El lehendakari derrotado, Juan José Ibarretxe, en su último consejo de gobierno, celebrado el pasado miércoles, a menos de una semana de ser sustituido por el socialista Patxi López, comprometió partidas por un montante de 118 millones de euros, entre las que destacan subvenciones a colectivos afines al PNV.
Esa actuación, que hipoteca el presupuesto del nuevo gobierno elegido por los ciudadanos, refleja la antidemocrática actitud del lehendakari, su escaso valor político y, sobre todo, las cerencias enormes de la legislación española, que permite a los gobiernos provisionales adoptar en sus últimos días decisiones que no les corresponden, acordes, sin embargo, con la habitual impunidad que disfrutan los políticos en la degradada "democracia" española.
Ese falta de control y de limitación de los poderes de los gobiernos provisionales es una de las muchas perversiones e irregularidades de la legislación española, que en lugar de defender y fortalecer la democracia parece redactada para permitir el poder casi plenamente impune e ilimitado de los distintos gobiernos españoles.
La Constitución Española, presentada ante el ciudadano como un modelo de consenso y de sabiduría democrática, es un adefesio que ha permitido éste y otros muchos abusos e irregularidades, todos ellos reñidos con la limpieza de la democracia.
Las leyes españoles impiden la separación y funcionamiento independiente de los grandes poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), desequilibrados a favor del ejecutivo y todos ellos dominados por el poder de los partidos. Las leyes impiden también el ejercicio del sufragio universal y libre, ya que no son los ciudadanos quienes eligen a sus representantes, sino que lo hacen los partidos en listas cerradas y bloqueadas. Además, existen centenares de carencias e irregularidades, todas ellas contrarias a la democracia, entre las que pueden destacarse las siguientes:
Los representantes no se relacionan con sus votantes, ni rinden cuentas a sus representados, sino a los partidos políticos; los medios de comunicación pueden ser impunemente controlados por el poder político, privandose a la ciudadanía de la información libre e independiente que necesita; los cargos políticos sólo dimiten cuando quieren o lo desean sus propios partidos, aunque sus errores y faltas sean de extrema gravedad; la sociedad civil ha sido ocupada y casi exterminada por el poder político, impidiéndosele que ejerza su papel de contrapeso del Estado; la ley no se aplica por igual a todos los ciudadanos; los gobiernos burlan y violan derechos constitucionales tan fundamentales como la igualdad de oportunidades al disponer de listas negras de adversarios a los que se les acosa y ni siquiera se les permite recibir subvenciones o ganar concursos públicos; los ciudadanos, soberanos y protagonistas de la auténtica democracia, están marginados en España y sólo se recurre a ellos cuando se abren las urnas, cada cuatro años; la corrupción, la deslealtad, el abuso de poder, la venganza, la arbitrariedad, la injusticia, la marginación, el enchufismo, el amiguismo, el nepotismo, el despilfarro y un largo etcéterta que abarca a casi todos los pecados y vicios imaginables del poder están entronizados y gozan de práctica impunidad en la política española.
Al iniciarse hoy en España la campaña de presentaciones de las declaraciones de la renta, conviene destacar que el pago de los impuestos ha dejado de ser considerado como una obligación cívica por cientos de miles de españoles, que, indignados ante la corrupción, la ineficacia y el despilfarro del Estado, cumplen con sus deberes fiscales únicamente por temor a las sanciones previstas por la ley. Los abusos del poder y el mal gobierno han provocado que los tiempos en los que los ciudadanos pagaban sus impuestos voluntariamente, creyendo que contribuían con su dinero a la solidaridad, a la igualdad y a la justicia, hayan pasado a la historia en España.
El deterioro de la política y el rechazo a un sistema que muestra con crudeza sus aristas degradadas y antidemocráticas han provocado que España, como ocurría en los antiguos regímenes totalitarios del otro lado del Telón de Acero, se pueble cada día más de "objetores" fiscales y "disidentes" políticos.
Es la reacción natural de los demócratas españoles y de los ciudadanos libres, que no se han dejado narcotizar por el poder ni se han sometido a la dictadura de los partidos políticos, que se oponen al uso que el poder político hace de los impuestos y rechazan la suplantación de la democracia por una sucia oligocracia de partidos, que no respeta la independencia de la Justicia, ni el criterio de la ciudadanía, ni el papel de la sociedad civil como contrapeso del poder, ni la separación de los poderes, ni la misión crítica de la prensa, ni valores imprescindibles en democracia como la igualdad, la solidaridad, la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, entre otros muchos.
Los "objetores fiscales" creen que el gobierno ha incumplido con la legalidad democrática y ha sido injusto al destinar parte de los crecientes impuestos que cobra al ciudadano a financiar en España ayuntamientos gestionados por los proetarras de ANV, receptores de más de 30 millones de euros tan solo en el último ejercicio, y a movimientos terroristas en el extranjero, como Hamás, o a regímenes totalitarios, como el cubano. Los impuestos de los ciudadanos españoles también financian indecencias como subidas injustificadas de sueldos de los políticos, compra de coches de lujo y otros despilfarros del poder, indignos siempre pero especialmente sucios en tiempos de crisis, cuando cientos de miles de españoles se ven empujados hacia el desempleo, la pobreza y los comedores de caridad.
Las filas de los disidentes están cada día más pobladas en España, si bien todavía es un grupo minoritario si se le compara con los "hooligans" que votan a sus partidos políticos con independencia de la gestión política que realicen, incluso si, como está ocurriendo, los gobernantes conducen a la sociedad española directamente hacia la pobreza y el fracaso.
El filósofo esloveno Slavoj Zizek explica la situación de algunas sociedades occidentales, presuntamente democráticas, como la española, demostrando que existe una especie de "estado de excepción permanente" donde el juicio moral queda suspendido y los ciudadanos libres, honrados y demócratas no tienen otra salida que la "disidencia".
Explica Zizek que los dirigentes políticos, al reclamar para sí una autonomía y poder suficientes para "proteger a la población" en situaciones que siempre tienden a considerar "excepcionales", están provocando, de hecho, "un profundo cambio de nuestros valores éticos y políticos".
Esa autonomía de acción que el poder ejecutivo reclama e impone, siempre con la excusa de proteger a la población (a veces contra el terrorismo y otras veces contra la crisis económica), "no es otra cosa que la instauración de un estado permanente de excepción" que jamás podrá encontrar su justificación ni en la Constitución ni en la democracia.
Frente al "estado de excepción permanente", que en España hace que una cuarta parte de la población, la que ha estado gobernada por el nacionalismo radical, viva al margen de algunos principios y valores constitucionales, o que el gobierno utilice el dinero de los contribuyentes para fines no necesariamente lícitos, como pueden ser las subidas injustificadas de los sueldos de los políticos, sus lujos y despilfarros y la financiación de los ayuntamientos proetarras de ANV, entre otros, al ciudadano demócrata y libre no le queda otra salida que la objeción fiscal y la disidencia política.
El trato que reciben los autónomos del gobierno de España es injusto, inmerecido y cruel. Son las principales víctimas de la actual crisis y, abandonados por el gobierno de Zapatero, están cayendo como moscas. Más de 300.000 han tenido que salir de la actividad económica y productiva, engrosando las filas del paro y la pobreza. En días pasados se manifestaron ante las Cortes para protestar por su maltrato y pedir socorro, pero su grito tiene pocas posibilidades de ser escuchado por un gobierno alienado al que la arrogancia y el privilegio le impiden entender el sufrimiento de su pueblo.
Es el colectivo que crea más empleo, junto con la pequeña empresa, pero es el menos protegido por la Seguridad Social y el peor tratado por Hacienda, que los somete a una injusticia fiscal constante y especialmente cruel. Obligar a los autónomos y empresarios a que paguen al Fisco, por anticipado e inmediatamente, el IVA de todo lo que facturan, aunque no hayan cobrado esa factura o aunque tarden más de un año en cobrarla, es una flagrante injusticia y un abuso de poder del gobierno, aunque esa norma esté protegida por una ley.
Para los autónomos, masacrados por la injusticia y empujados hacia la ruina por el gobierno, debe ser duro comparar su triste situación con el lujo, los privilegios y las ventajas de muchos políticos, entre ellos muchos diputados del congreso (Michavila, Acebes y Leire Pajín, entre otros), que, según denuncian los medios de prensa en estos días, reciben tres sueldos, lo que les permite, sin ni siquiera tener que asistir a las sesiones de la Cámara, embolsarse unos 20.000 euros mensuales.
En democracia, las leyes son justas o injustas con independencia de hayan sido o no aprobadas por el Parlamento legalmente elegido.
Esa norma abusiva, que obliga a los empresarios a financiar al Estado anticipando el dinero que no han cobrado y que es causa de la ruina de muchas empresas, es todavía más injusta y aberrante en tiempos de crisis, cuando las empresas, sin financiación, acosadas por la escasa demanda, la morosidad y la depresión general de la economía, están obligadas a anticipar a la Hacienda Pública, para alimentar la avaricia del poder político, parte del dinero que no han cobrado y que ni siquiera saben si cobrarán.
La eliminación de esa injusticia le ha sido solicitada al gobierno de Zapatero por algunos partidos políticos de inspiración liberal y por diversas asociaciones empresariales y de autónomos, que la señalan como abusiva y manifiestamente injusta, pero el gobierno, arrogante y, en este caso, también opresor y avariento, se niega a eliminar esa barbaridad jurídica y económica que asfixia a las empresas.
Si a ese drama se agrega el dato de que las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares a la hora de pagar sus deudas, debe en estos momentos más de 32.000 millones de euros a las empresas privadas, la "opresión", la injusticia y el abuso gubernamental es todavía más sangrante e incomprensible en democracia.
De ese modo, el Estado, creado por los ciudadanos libremente para solucionar sus problemas y garantizar la Justicia, la convivencia y la paz, se convierte no sólo en depredador y en fuente de inestabilidad, angustia y dolor ciudadano, sino también en un lastre para el desarrollo y el verdadero progreso.
Los empresarios saben que la CEOE podría haber acabado con esta injusticia si se hubiera plantado ante el gobierno, pero esa plante implicaría un pulso que pondría en peligro los muchos millones que la organización empresarial recibe del gobierno español a cambio de lo que unos llaman "paz social" y otros "silencio".
Entre los mayores problemas políticos de España figuran el terrible desequilibrio de los poderes, la devaluación del ciudadano y la ausencia de una verdadera democracia. El pueblo y la sociedad civil, ante injusticias flagrantes como el trato discriminatorio a los autónomos y pequeños empresarios, no pueden hacer otra cosa que "rogar" al poder del Estado, a ser posible con humildad, que rectifique y repare el daño, algo que el gobierno hará sólo si le da la gana.
Si esto es democracia, que venga Dios y lo vea.
El juicio por el Yakovlev-42 ha comenzado y en el banquillo destaca la ausencia del máximo responsable de aquel desaguisado, el entonces ministro de defensa y hoy diputado del Partido Popular, Federico Trillo. Su negativa a dimitir, a pesar de sus irregularidades y errores, apoyada por la arrogancia de Aznar, confirma la contumaz reisistencia a dimitir de los políticos españoles, sean del color que sean, famosa en todo el mundo y sintomática de la baja calidad de nuestra "democracia".
El juicio del Yak 42 intentará esclarecer la identificación errónea de 30 de los 62 militares que fallecieron en el accidente del avion que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, en lo que constituyó la mayor catástrofe aerea de las Fuerzas Aéreas españolas en tiempos de paz.
Los principales acusados implican de una manera u otra a ese Federico Trillo que hoy sigue hablando de Justicia en el Parlamento, sin sentir pudor, y cuya negativa a dimitir, no por sus responsabilidades en el accidente, sino por su indiscutibles responsabilidad política, ha llevado a cientos de miles de españoles a pensar que la derecha y la izquierda, en España, empatan en descaro, desfachatez, corrupción y baja calidad democrática, y que la solución a los males de España no está en que gobierne un partido u otro sino en la obligada reforma de un sistema que ha dejado de ser democrático y que se ha transformado en una sucia oligocracia de partidos todopoderosos, más cuidadosos de sus intereses propios y del control del poder que del servicio a la ciudadanía y del bien común.
Que diferente sería esta España si el PP hubiera demostrado en su etapa de gobierno que era un partido demócrata, ético y diferente al corrupto PSOE. Pero no ocurrió eso sino todo lo contrario. Los españoles domócratas miran a los dos partidos con idéntico desconsuelo y cada vez que Rajoy ataca a Zapatero, éste le recuerda sus pecados del pasado. También nosotros recordamos que Aznar prometio regenerar la democracia y no lo hizo y que tardó ocho años en cambiar la ley de educación y que cuando lo hizo era demasiado tarde, pues llegó Zapatero y volvió a implantar la enseñanza esclavizante. Una pregunta para premio: ¿quien pactó con el PSOE el nombramiento de magistrados politizados en los altos tribunales españoles? Exacto; fue el PP.
Un ejemplo reciente: el ministro Bernard Soria recordó ante la prensa que "durante los ocho años de mandato del PP, se practicaron en España más de 500.000 abortos".
La más espantosa recesión económica que se recuerda lleva casi dos años destruyendo la prosperidad mundial y el problema sigue siendo una crisis de confianza. Todos dicen, con razón, que la confianza perdida es la clave del drama. Lo dicen Obama, Sarkozy, Ángela Merkel y hasta Zapatero. Los grandes expertos y economistas de prestigio llegan más lejos y reconocen que "nadie se fía de nadie" y que, mientras no se recupere la confianza en el sistema, seguiremos hundiéndonos.
La gran pregunta que hoy se formulan miles de expertos, estudiosos y thinks tanks en todo el mundo es ¿Cómo podemos recuperar la confianza?
Todos coinciden en la pregunta, pero lo sorprendente es que también todos coinciden en la respuesta, aunque son tan cobardes y tienen tanto miedo al poder que no se atreven a formular en público que la única manera de recuperar la confianza en este mundo desquiciado es que la Justicia castigue a los miles de personajes que nos han llevado hasta el desastre, empezando por los más poderosos. Sin el castigo ejemplar de los poderosos que nos han llevado a la ruina, la desconfianza seguirá reinando y el mundo se ira a pique.
Tienen que ser castigados los jefes de Estado y de Gobierno que hayan entrado en el cargo con una mano delante y otra detrás y hoy aparezcan en las listas internacionales de millonarios; los gobernantes que tenían el deber de controlar la limpieza de las finanzas y nunca lo hicieron, no sólo los ministros de Economía y Hacienda, sino también a los responsables de los organismos reguladores del mercado, que cerraron los ojos mientras los brokers y banqueros endosaban basura tóxica a los inocentes y confiados ahorradores; los consultores y expertos que auditaron balances enfermos y otorgaron la máxima calificación a la basura tóxica que circulaba por los mercados, infectándolos; los brokers y banqueros que crearon la basura para hinchar artificialmente sus balances y poder cobrar premios y bonus tan millonarios como inmerecidos; los dirigentes políticos corruptos que no saben cómo justificar su veloz enriquecimiento y a los que han convertido la mentira y el engaño como un sistema de gobierno, anteponiendo el poder y el privilegio al servicio y el bien común.
Cuando el pueblo los vea sentados en el banquillo y humillados, entonces volverá a confiar. Mientras tanto, con toda la razón del mundo, no volverá a creer en un sistema cuyo mayor problema es la indecencia. Mientras los ladrones de guante blanco sigan en libertad, blindados, impunes y millonarios, nadie se fiará de nadie. Mientras los impuestos ciudadanos se empleen para financiar coches de lujo y para retroalimentar a grupos terroristas, la gente odiará en secreto al sistema y lo considerará opresor e indigno. MIentras la misma ley se aplique según convenga al poder, la confianza permanecerá ausente.
El caso de la sevillana Marta del Castillo, asesinada por su exnovio o por miembros de su pandilla, refleja con exactitud prodigiosa las carencias y vergüenzas de la sociedad española. En el desgraciado cóctel de su vida y asesinato conviven padres permisivos y cobardes, adolescentes y menores sin valores, capaces, incluso, de asesinar y de ponerse de acuerdo para que nunca aparezca el cuerpo de la víctima, una policía sorprendentemente ineficaz, una legislación permisiva, hipócrita y peligrosa, un pavoroso déficit ético y una educación impartida en escuelas e institutos que fabrica descerebrados, esclavos y hasta delincuentes.
La sociedad española se siente estupefacta ante el asesinato de Marta, ante el mes largo de búsqueda infructuosa de su cadaver por el rio Guadalquivir, lo que implica decenas de millones de euros gastados inutilmente, ante los cambios continuos de las versiones que proporcionan los sospechosos al juez, ante la incapacidad de la policía para acceder a la verdad y ante el espectáculo bochornoso en que se ha convertido el caso para la televisión y algunos medios de prensa, empeñados en narcotizar a los ciudadanos ofreciéndoles pan y circo en dosis letales, mientras España se hunde en la crisis, el desempleo y la pobreza.
El primer asunto que emana del "caso Marta" es la más que probable permisividad de los padres con las costumbres y malas compañías de Marta. La foto que ilustra este artículo de la adolescente con su ex novio y presunto asesino es todo un elocuente "poema". Muchos sospechamos que los padres de Marta, como muchos otros padres españoles, han sido demasiado permisivos, admitiendo que la niña saliera durante la noche sin explicaciones y que frecuentara a tipos que, como la realidad ha demostrado, eran carne de cárcel. Es probable que los padres de Marta formen parte de esa enorme masa de millones de padres españoles, cobardes y culpables en gran medida de la pésima educación de sus hijos por haberles permitido llegar a casa en la alta madrugada, por no preguntarles ni siquiera qué han hecho durante la noche y por no acercarse a ellos para no descubrir que huelen a alcohol y a drogas. Ese comportamiento, más cobarde que permisivo y liberal, es, en gran medida, el culpable del fracaso escolar, del auge de la droga, del alcoholismo juvenil y de la falta de preparación y competitividad de las nuevas generaciones de españoles, cien veces menos preparadas para el esfuerzo que los millones de inmigrantes que llegan a España para relanzar sus vidas.
El segundo asunto que hiere la sensibilidad en el "caso Marta" es el de una policía incapaz de acceder a la verdad, engañada y manipulada por unos jovencitos que, probablemente, no hayan aprobado con méritos propios una sola asignatura de secundaria en toda su vida académica.
Otro escándalo incomprensible es el de una legislación que mima y casi exculpa a los menores, lo que aconseja, como ya demostró Farruquito, que los adultos implicados culpen a menores y eludan así las penas fuertes que establece la ley.
El resultado de todos estos desatinos, reflejo milimétrico de las vengüenzas, carencias e inmoralizades de la actual sociedad española, es doble: por una parte un país en pavoroso declive, y por otra un enorme circo nacional que permite al gobierno que la atención de la sociedad se centre en la miseria, el morbo y el crimen, en lugar de fijarse en el verdadero drama de los españoles, que es el avance imparable de nuestra sociedad hacia el desempleo, la miseria y la derrota, llevados de la mano por una clase política inepta que no merece gobernar a pueblo alguno.
Ocupa las portadas de la prensa, pero no por su lucha contra el delito sino porque el Tribunal Supremo lo denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por haber ocultado, presuntamente, los 203.000 dólares que ganó en Estados Unidos. En otros tiempos fue el símbolo de una Justicia valiente y la esperanza en una regeneración de la democracia española fraguada en los tribunales, pero hoy, Baltasar Garzón, desprestigiado y sospechoso de alta politización, es un estorbo para la Justicia y todo un símbolo que refuerza la sospecha del sometimiento del poder judicial a los intereses del poder Ejecutivo.
En su causa contra la corrupción en el PP, Garzón se ha inhibido en favor de los tribunales de Madrid y Valencia, después de que la Fiscalía dijera que no encontraba indicios para juzgar a los altos cargos del PP que fueron acusados y públicamente denigrados en vísperas de las elecciones vascas y gallegas.
La operación ha puesto de relieve ante la sociedad española no sólo que la corrupción está incrustada en el tuétano de los grandes partidos políticos, sino también el posible oscuro matiz político de las acusaciones del juez, adobadas por unas ilegales filtraciones a la prensa aliada del gobierno, probablemente con el único objetivo era "desprestigiar" y "restar votos" al Partido Popular en plena campaña electoral vasca y gallega.
La situación actual es compleja y dual. Si Garzón tiene razón y los tribunales superiores de Madrid y Valencia encuentran delitos de corrupción en el Partido Popular y en los altos cargos implicados, Baltasar Garzón recuperará su fuerza como juez implacable y perseguidor de corruptos, aunque siempre bajo la sospecha de que su ideología le inclina a persiguir con especial celo a la derecha. Pero si esos tribunales no encuentran delitos en el PP, entonces lel juez quedará bajo profunda sospecha de arbitrariedad y los daños causados por Garzón al Partido Popular y al honor y a la fama de los acusados durante la campaña electoral reciente, con la ayuda del diario "El País" y la cadena "SER", receptores de las filtraciones interesadas y fustigadores de los presuntos corruptos del PP, quedarán sin reparación y se agregarán a la ya gruesa y vergonzosa alforja de la Injusticia española.
Hechos como la investigación sobre el dinero ocultado en Estados Unidos y su reciente desacreditación por parte de la Fiscalía, unidos a sus otros muchos "pecados", el más famoso de los cuales quizás sea su "cacería" inoportuna y escandalosa con el ya dimitido ministro de Justicia Bermejo, colocan al juez Garzón (y con él a la Justicia española) bajo intensa sospecha ciudadana.
En cualquier país democrático de nuestro entorno, Garzón, que en el pasado llegó a ser el héroe de muchos españoles demócratas y honrados, es ahora un juez sin crédito, del que la genete piensa que ya no debería estar en la nómina de los grandes jueces y mucho menos aspirar a presidir la Audiencia Nacional, último movimiento sorprendente del decepcionante Juez Estrella español.
Voto en Blanco ya argumentó que Bermejo debería dimitir hace diez meses, en abril de 2008. Ahora, abrumado por sus errores y tras causar a su partido un daño electoral terrible, por fin dimite.
El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dimitido, lo que constituye una gran noticia para la democracia española y para la causa de la regeneración ética y política de nuestro país.
¿Se ha levantado por fin la veda de los arrogantes, de los ineptos, de los corruptos y de los que abusan del poder en España? ¿Dejaremos de ser mundialmente famosos porque en la política española nadie dimite? ¿Dimitirán ahora Maleni, Garzón y los políticos y alcaldes corruptos del PP y del PSOE, incluyendo al de Baena, que pagaba con dinero público las orgías de sus colaboradores en los puticlubs?
Si la dimisión de Bermejo es la consecuencia de la aparición de algo de ética en la política, entonces enhorabuena a todos, pero más bien nos tememos que la salida de Bermejo haya respondido al cabreo de sus correligionarios porque sus actuaciones escandalosas han provocado una caida en las posibilidades electotrales de los socialistas y que esa dimisión no signifique en modo alguno un cambio de rumbo de la política española, donde han conseguido anidar demasiados chorizos, corruptos y otras especies deleznables de la fauna del poder.
Sábado, 21 de noviembre
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