Voto en Blanco

En verdad, políticos y banqueros son mala gente

Pretenden arreglarlo ahora con un acuerdo PP-PSOE, pero quizás ya sea tarde y demuestran que solamente se movilizan ante la indignación popular por tanto dolor e indecencia. Los políticos ignoran que la práctica indiscriminada del desahucio en España es un claro signo de tiranía. Soportar esa injusticia degradante constituye una cobardía insoportable y una auténtica renuncia a las libertades y derechos básicos ciudadanos. Los desahucios son tan crueles e inhumanos que producen asco y demuestran la baja calidad moral y humana de los políticos y banqueros españoles, gente que, al permitir que los pobres y desamparados, después de perder el trabajo y la felicidad, pierdan tambien sus hogares, exhiben sin pudor su naturaleza desalmada.

Los desahucios en España constituyen un espectáculo bochornoso y moralmente insoportable, algo que no debería ocurrir y que la clase política debería impedir en la mayoría de los casos. Arrebatar la vivienda a gente ya previamente azotada por el desempleo y la pobreza, que se siente desamparada y atemorizada, es de una crueldad supina y de una bajeza que sólo es posible en una sociedad injusta y desalmada, como la que hemos creado en España.

Contemplar un desahucio es asistir en directo al fracaso de una sociedad, de su política y de su ética. La policía expulsando de su hogar a familias desesperadas, incluyendo a ancianos y niños, entre lágrimas y gritos de protesta impotente, es algo que debería impedirse. Los bancos, después de haber recibido toneladas de miles de millones de dinero público, pagado con los impuestos ciudadanos, no deberían ser tan crueles y malvados, mientras la pasividad de los gobernantes merece que los ciudadanos los expulsen del poder y les sustituyan por gente con alma y decencia. La avaricia del sistema bancario español es una lacra para el país que nada tiene que ver con el justo beneficio que deben buscar las empresas, Aplastar al cliente que ya está aplastado y al que no es posible cobrarle, amparándose en una ley de principios del siglo XX que los ineptos y miserables políticos no se han atrevido a derogar, es una crueldad innecesaria, propia de bandidos.

Los banqueros se atreven a realizar esas crueldades y los políticos se lo permiten porque nadie tiene respeto en España a los ciudadanos, ni a sus derechos básicos, ni a su potencial rebeldía, castrada por el miedo y la incultura democrática reinante. Si España fuera un país de ciudadanos en lugar de una cloaca habitada por borregos acobardados, ni unos ni otros se atreverían a culminar semejantes canalladas.

Los banqueros insaciables son los principales culpables de que la sociedad española odie a todos los que tienen dinero, de manera injusta e indiscriminada, incluso a Amancio Ortega, dueño del imperio Zara, uno de los españoles con más méritos y merecedores de admiración y respeto, creador de más de 110.000 puestos de trabajo, que acaba de ser linchado por la prensa de izquierdas y "progre" porque le ha donado 20 millones de euros a Cáritas, ONG ejemplar, perteneciente a la Iglesia Católica, libre de robos y manipulaciones políticas, que está ayudando a más de dos millones de españoles, que han quedado arruinados por obra de la crisis y de los políticos. Como han comentado algunos analistas, Amancio Ortega habría sido mejor tratado por los medios progresistas si hubiera asaltado un supermercado, como hizo el impresentable político comunista Sánchez Gordillo, cuyo robo a Mercadona fue tratado como heroico por la triste progresía izquierdista española.

Cuando le arrebatan a una familia desgraciada su vivienda, el problema para ellos no termina porque quedan endeudados con el banco hasta que no liquiden la deuda, lo que significa embargos sucesivos y, en la práctica, una pobreza eterna y humillante que convierte la vida en un suplicio.

El índice de suicidios crece como la espuma en la España injusta que nos han construido el PSOE y el PP y los desahucios son una de las principales causas. Los dos casos recientes mas impactantes fueron un ahorcado y otro que se lanzó al vacío, desde la ventana de la casa que iban a expropiarle.

Para los políticos, gente insensible, alienada, arrogante y ajena al sufrimiento que les rodea sin que ellos, desde el lujo, lo perciban, habría sido (y es) fácil evitar los desahucios, pero no lo han hecho porque les importa un bledo el sufrimiento ajeno y están borrachos de poder y de privilegios. Habría bastado con aprobar la dación en pago o negociar con los bancos una moratoria, obligatoria al menos para aquellas entidades que hubieran recibido fondos públicos. Pero no han hecho nada y, cuando se les presentó la ocasión de votar, el PP y el PSOE votaron en contra de que la deuda quedara liquidada con la entrega de la vivienda al banco (dación en pago).

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Un mal dia para los chorizos de España: Partidos y sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidad penal

01.11.12 | 11:38. Archivado en Política, Democracia, Corrupción, España, Justicia, Sindicatos

Los miles de chorizos y sinvergüenzas que se han amparado en la política para delinquir están de luto al conocer que el gobierno de Rajoy ha decidido iniciar la limpieza de la pocilga española retirando a los partidos políticos y a los sindicatos su condición actual de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal. El gobierno está dispuesto también a abrir la puerta de la decencia democrática al sacar de las listas electorales no a los imputados, sobre los que aún no pesa indicios de responsabilidad criminal, pero sí a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.

La inmunidad de los partidos y sindicatos, con miles de causas abiertas por corrupción y muchas más en proceso de investigación, méritos suficientes acumulados ante la Justicia para ser clausuradas y prohibidas por ser asociaciones de malhechores, clama al cielo y contribuye poderosamente a que España sea uno de los países más injustos, podridos y políticamente corruptos del mundo occidental.

Así lo ha adelantado en el Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que tiene intención de incluir estos cambios en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o bien en el nuevo Código Penal, informa Europa Press.

Muchos ciudadanos, asqueados de la política española y de la baja estofa de la clase política de este país, estamos hoy de fiesta, si es que damos crédito a la promesa de Gallardón, difícil de creer si se tiene en cuenta que su partido, al igual que el PSOE, Izquierda Unida y los nacionalismos con representanción parlamentaria, están infectados de corrupción y esconden en sus filas de militantes y dirigentes a demasiados chorizos y sinvergüenzas encausados, investigados o bajo sospecha porque no pueden justificar su veloz e inexplicable enriquecimiento en la política.

El anuncio se ha formalizado como respuesta a la interpelación planteada por la portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien se ha mostrado satisfecha con los cambios prometidos. "Me ha alegrado la tarde", ha reconocido. La líder de la formación magenta ha recordado que España ocupa el trigesimoprimer puesto en el ránking mundial de la corrupción y ha resaltado la necesidad de adoptar medidas como un pacto para despolitizar la Justicia, restricciones en la presentación de candidatos y también una reforma de la ley electoral.

En concreto, ha lanzado dos propuestas. Por un lado, excluir a los imputados de las listas electorales y de los cargos públicos que ocupen, y por otro, "derogar" los privilegios de los partidos políticos. tales como sacar de la lista de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal, un estatus que tienen las instituciones oficiales y que limita la persecución penal a los individuos sin que se pueda actuar contra los órganos ejecutivos y la organización.

Gallardón recogió el guante de ambas propuestas. A su juicio, sólo el Estado, las instituciones de carácter público, pueden tener ese "privilegio" de exención de responsabilidad penal, mientras que los partidos y sindicatos "son entidades de derecho privado y no tiene sentido eximirles".

En cuanto a la exclusión de los imputados, el ministro ha preferido elevar el listón. Según ha explicado, la figura del imputado se implantó como una garantía para la persona citada a declarar y ahora se ha convertido en una "precondena", en lo que se conoce como "la pena del Telediario". Por ello, el Gobierno prefiere buscar una fase judicial "ulterior" a la hora de establecer la inelegibilidad, y en este sentido ha propuesto esperar a la apertura del juicio, oral, que ya implica la existencia de un "indicio racional de criminalidad".

Los pasos anunciados por el ministro de Justicia son importantes y representan un golpe frontal y contundente contra los sinvergüenzas y canallas atrincherados en la política española. Es cierto que faltan algunas medidas para acabar con la lacra de la arbitrariedad, el saqueo y la rapiña, entre otros declarar a los partidos políticos responsables subsidiarios de los delitos que cometan sus cargos y eliminar la injusta financiación de los partidos con dinero público, procedente de los arruinados ciudadanos españoles, otra injusticia que clama al cielo, pero como comienzo de la lucha contra el crimen político en España no está mal.

Brindo para que las promesas se hagan realidad pronto.

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Estamos cambiando el mundo

Se enorgullecen de la "victoria" obtenida en Galicia, pero el PP oculta que el vencedor por mayoría absoluta ha sido la abstención, es decir, los ciudadanos indignados y cabreados. Los 41 diputados del PP están sustentados por poco más de dos ciudadanos de cada diez electores, un porcentaje ridículo. La abstención gallega, diez puntos superior a la de las pasadas elecciones, no es producto de la desidia o del desinterés, sino del rechazo activo a una casta política y a un sistema que han demostrado con creces su perversión, decadencia, lejanía de la democracia y fracaso.

Aunque usted no lo crea, los demócratas rebeldes estamos cambiando el mundo. Poco a poco, sin más fuerza que nuestras ideas y la capacidad de comunicarlas, estamos ganando pequeñas batallas frente a los enemigos de España, esos partidos políticos antes poderosos e invencibles y hoy en declive o en vías de extinción. Nuestros artículos, argumentos y esfuerzos por difundir la verdad están logrando que los políticos empiecen a respetar al ciudadano, base de la verdadera democracia, que los jueces sometidos empiecen a soñar con una justicia auténtica y que los periodistas vendidos al poder sientan el martillo de sus conciencias, que les reclama verdad, independencia y decencia. Hemos echado a Zapatero de la política, hemos estigmatizado su cobarde e indigna forma de hacer política, hemos marcado al PSOE y al PP como principales culpables del desastre de España, hemos desenmascarado la miseria y bajeza del nacionalismo y estamos convirtiendo a cientos de miles de ciudadanos en seres responsables y exigentes, que ya no se dejan engañar por los políticos y que están decididos a tomar las riendas de su destino y de la nación, asuntos demasiado importantes para dejarlos en manos de políticos incapaces, fracasados y sin ética, que se niegan a anteponer el interés general a sus propios y mezquinos intereses.

El PSOE está de rodillas, pagando sus desvergüenzas, corrupciones y traiciones. Saben que el ciudadano está cabreado y no saben que hacer para recuperar la confianza del pueblo. Creían que el tiempo genera olvido, pero la gente ha aprendido a tener memoria y está dispuesta a vengarse. Cuando neutralicemos al PSOE, le tocará el turno al PP, un partido semejante, casi idéntico en su ignorancia de la democracia, en su desprecio al ciudadano y en su incapacidad intelectual y ética para dirigir con acierto los destinos de España.

Rajoy se vanagloria de su triunfo en Galicia, pero su victoria es una farsa. Debería darle vergüenza celebrar un triunfo cuando el vencedor por mayoría absoluta ha sido la abstención. Los 41 diputados del PP en Galicia han sido elegidos y por menos del 30 por ciento de los gallegos, lo que refleja una democracia en precario, casi al borde del ridículo, con casi 8 de cada 10 ciudadanos de Galicia ajenos al gobierno elegido. La victoria del PP, que ha perdido más de cien mil votos con respecto a las elecciones anteriores, se debe a factores tan frágiles y ajenos como el triunfo de la abstención y la división de los nacionalistas.

Es falso lo que se ha dicho sobre la abstención en Galicia, que no ha sido del 36,2%, sino del 45,6% del censo. El censo electoral de Galicia está formado por 2.697.000 electores, 397.382 de los cuales son residentes en el extranjero (CERA en la nomenclatura del INE), por lo tanto la jornada del 21-O ha tenido una participación real del 54,4%, frente a la del 64,4% de 2009, es decir 10,0 puntos inferior. El número de votantes en 2009 fue de 1,706 millones y el 21-O ha sido de 1,468 millones, es decir, doscientos treinta y ocho mil gallegos netos menos que cuatro años antes.

El problema es que los ciudadanos que luchamos por la decencia y la verdadera democracia también hemos sido cobardes, permisivos y hemos perdido mucho tiempo. Nuestra reacción digna de ciudadanos libres está llegando tarde. Ya no podremos impedir que millones de españoles no tengan trabajo, ni que España se empobrezca, ni que la nación se desintegre, ni que la corrupción haya causado estragos, pero podemos reconstruir en el futuro lo que los canallas han hecho trizas, sobre todo si mandamos a las mazmorras de la Historia a los culpables, casi todos encuadrados en el PSOE, el PP, IU y los nauseabundos nacionalismos, partidos vampiros que se alimentan de la desgracia, del victimismo, de la envidia y del odio.

La degradación de los políticos españoles es tan dramática y patética que celebran una victoria tan pírrica como la de Galicia, sustentada en poco más de 2 votos de cada diez posibles. Los ciudadanos conocen tan bien a su degradada casta política que saben que el efecto de una abstención masiva o de un voto en blanco abrumador sería practicamente nulo ante nuestros políticos descarados e inmorales. Si solo votara el 30 por ciento del censo, ellos se repartirían el poder de igual modo, a pesar de que en cualquier democracia solvente esa cifra indicaría desligitimación y fracaso del sistema.

Lo ocurrido en Galicia es solo el anticipo de lo que se avecina: una marea impresionante de votos en blanco y de abstenciones, producto no del desinterés o de la desidia ciudadana, como intentarán explicar los políticos, sino del rechazo ciudadano a la falsa democracia española y a una casta política en la que ya no hay partidos buenos y partidos malos, sino una masa degenerada de vividores que ni siquiera conocen las reglas básicas de la democracia y que ya son incapaces de abandonar la corrupción y de anteponer el bien común a sus propios intereses de partido.

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Políticos, sindicalistas, periodistas y jueces, los cuatro grandes fracasos de España

Los políticos, los sindicalistas, los periodistas y los jueces son los cuatro grandes culpables del fracaso español y los profesionales más despreciados por la sociedad, en la que el quinto gran culpable es la misma ciudadanía, integrada mayoritariamente por borregos sometidos que apoyan el sistema con su sometimiento y con sus votos ante las urnas, vergonzosamente permisivos e incapaces de poner freno a los abusos, desmanes e injusticias de su lamentable clase dirigente. Las encuestas reflejan en España, con meridiana claridad, el profundo desprecio ciudadano a esos grupos y profesionales, convertidos en los grandes pilares del actual desastre de España, un país de desempleados, pobres, fracasados, con sus valores en quiebra y poblado de gente triste, confusa y sin esperanza.

Los políticos españoles son culpables por corruptos, embaucadores y fracasados. Son los principales culpables porque acumulan mas poder y responsabilidad que ningún otro sector de la sociedad, controlando las leyes, la fuerza, el presupuesto y los poderosos recursos del Estado. A pesar de todo, no han sido capaces de solucionar los grandes problemas del país y muchas veces los han agrandado con sus errores y debilidades, olvidando que han sido elegidos, situados en la cúspide de la sociedad y rodeados de privilegios no para que tomen decisiones, sino para que acierten y aporten soluciones.

Los sindicalistas son también culpables del desastre español por renunciar a su función reguladora en las relaciones laborales y por haberse convertidos en vagos y maleantes subvencionados. Han abandonado a los trabajadores y se han integrado en el poder establecido, formando un bloque compacto con los políticos, especialmente con los de izquierda, repartiéndose privilegios y ventajas y comulgando con desmanes, abusos, corrupciones y traiciones.

Los periodistas se han convertido en los grandes cómplices del poder abusivo, corrupto y antidemocrático que está destrozando España, tras haber asesinado su propia independencia y, subyugados por el poder y sus ventajas, han renunciado a la verdad y a la fiscalización de los poderosos, incorporándose, vergonzosamente, a los dispositivos de propaganda y mentira del sistema. Han abandonado al pueblo a su suerte y han convertido la democracia en una orgía de poderosos sin control, sin crítica y sin vigilancia. Impregnados de ignominia y oprobio, la mayoría de los periodistas españoles, de un modo u otro, directa o indirectamente, se han vendido al poder y han fracasado, convirtiéndose, ante los ojos de los ciudadanos, en traidores y colaboracionistas que deberán ser castigados cuando España consiga ser un país democrático..

Los Jueces, igualmente sometidos al poder político, se han dejado dominar y controlar sin ofrecer resistencia, acabando con la independencia judicial y con la Justicia misma en un país que, por la densidad de delincuentes con poder, necesitaba, urgente e intensamente, de sus servicios. Son culpables, sobre todo, de cobardía y se han convertido en el pilar principal de la indecencia y la ignominia que campean por España, donde los poderosos, especialmente los políticos, saquean y delinquen con una intolerable impunidad práctica. La cobardía de los jueces ha convertido la democracia en una pantomima y ha permitido que la ley sea desigual y rastrera, dura para los pobres, blanda para los ricos e invisible para los poderosos.

Políticos, sindicalistas, periodistas y jueces son cuatro sectores tan intensamente contaminados que han perdido el norte y hasta ignoran su misión y lugar en la democracia. Para que España se regenere y sea un país democrático y decente, donde la prioridad sea el bien común y no el beneficio de los poderosos y el interés de los grandes partidos políticos, las cuatro profesiones contaminadas deben refundarse y regenerarse de manera especial, con una reeducación profunda de sus miembros, que deberán aprender cosas tan elementales como que el poder, en democracia, reside en el pueblo, que el ciudadano es el soberano del sistema, que la democracia es el reino de la verdad y de la luz, que el bien común debe presidir todos los procesos de toma de decisiones, que los poderes básicos del Estado deben ser independientementes, que los seres humanos nacen iguales y que la justicia, la libertad y la decencia son los valores supremos del sistema.

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Al encarcelar a un ex consejero por los EREs trucados en Andalucía, la Justicia se acerca ya a Chaves y Griñán

Con el ingreso en prisión de Antonio Fernández, ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, la acción de la Justicia se acerca ya a los que, por lógica, deben ser los máximos responsables de la trama de los EREs falsos y trucados: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La jueza Alaya está convencida de que lo de los EREs no fue un accidente o el resultado del comportamniento delictivo de algunas personas, sino la consecuencia de una forma corrupta y abusiva de entender el poder en Andalucía.

El encarcelamiento del ex consejero de Empleo se debe a dos motivos principales: el primero es que la Justicia le atribuye delitos muy graves contra la ciudadanía, la democracia, las arcas públicas y el bien común, y el segundo es que ha actuado como miembro de un equipo de gobierno coordinado y dirigido por un presidente y como militante de un partido que ha convertido la gestión pública de Andalucóa en uno de los mejores negocios del planeta, con capacidad para recaudar más que la Cosa Nostra en todo un año y de obtener más beneficios que el Cártel de Medellín y los asaltantes del tres de Glasgow.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, considera que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández "habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos", y todo ello "por la absoluta falta de control, autorizada, conocida y consentida" por el imputado. En su auto, la jueza Alaya critica que Fernández permitió enriquecer 'a unos' y 'empobreció' las arcas públicas y ordena encarcelarlo, sin fianza, por la gravedad de los indicios. Cree que el ex consejero ideó, elaboró y dijo cómo aplicar las ayudas ilícitas y critica su 'absoluto desprecio al Derecho prolongado en el tiempo' . La juez dice que investigará si las ayudas se dieron con criterios políticos o jurídicos, le acusa de 'malversación continuada' y reprocha que el ex consejero no haya hecho nada por reintegrar el dinero.

"Lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar el cumplimiento de la Ley" en la Junta, dice el auto de prisión.

Aunque la Junta de Andalucía, de la que Fernández ha formado parte como consejero, lo que representa el máximo rango posible, exceptuando el de presidente del gobierno, parece haberse desentendido de los delitos y abusos del imputado, el enorme drama de Antonio Fernández y su ingreso en prisión no pueden entenderse desvinculados del PSOE y del gobierno andaluz, cuyo deterioro y alto nivel de corrupción han podido alcanzar cuotas espeluznantes, capaces de sorprender todavía mucho más a la comunidad política internacional y a los mismos ciudadanos andaluces.

El deterioro y la podredumbre que puede alcanzar el poder cuando permanece demasiado tiempo gobernando es sobrecogedor e intolerable, no solo para cualquier demócrata, sino tambien para cualquier ciudadano decente y digno. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente y, cuando ese poder es, también, demasiado duradero y sin alternancia, la corrupción se hace nauseabunda, altamente peligrosa y contaminante.

No es posible calcular con precisión los "beneficios" reportados por la gran corrupción andaluza a los que han abusado del poder tanto tiempo y con tamaña impunidad, pero algunos expertos aventuran cifras que sobrepasan los 30.000 millones de euros, en las tres últimas décadas..

Con muchos medios de comunicación influyentes bajo control y blindando al poder, empezando por la televisión pública de Canal Sur, y con leyes, aprobadas por la misma casta política para garantizar su impunidad práctica, el socialismo andaluz ha alcanzado niveles de deterioro y corrupción tan impresionantes que en el futuro serán estudiados en las universidades y escuelas de negocios de todo el mundo como ejemplo de lo que nunca debe hacerse en política democrática.

Tampoco es aventurado afirmar que el juicio a los EREs mafiosos y trucados de la Junta de Andalucía representa apenas el uno por ciento del inmenso océano de la corrupción institucional y política andaluza, donde, en espera de ser juzgados por una Justicia que parece despertar, existen centenares de concursos públicos trucados y concedidos a dedo, cientos de millones de euros cobrados mediante comisiones ilegales, subvenciones concedidas a cambio de comisiones y contrapartidas, recalificaciones de suelos ilegales, oposiciones trampeadas, marginación de empresarios y de ciudadanos como represalia por pensar de manera diferente al poder y un largo etcétera de abusos, arbitrariedades y delitos que, cuando sean destapados y juzgados, inundarán y contaminarán por decenas de años el suelo andaluz y el prestigio de esa región española.

Es más que probable que Antonio Fernández solo sea el primero de una larga procesión de corruptos, todos ellos vinculados a la cúspide del poder en Andalucía, que irán sentándose en el banquillo como imputados y como protagonistas de una etapa de la historia de España que nunca debería olvidarse para que nunca más sea tolerada por los ciudadanos.

Muchos andaluces tienen vivencias y datos que avalan ese mar de corrupción que ha inundado estas tierras durante demasiado tiempo, sin que, para oprobio del pueblo andaluz, casi nadie se haya rebelado contra esa ignominia. Muchos han visto como se contrataba a dedo, sin concurso alguno, a familiares de poderosos y amigos del partidos, como se contrataba también a familiares de altísimos cargos del PSOE andaluz para, con su ayuda, poder ganar concursos públicos u obtener subvenciones oficiales ventajosas. Muchos conocen a recaudadores del partido que pedían dinero a los que contrataban con la Junta. Han visto como algunos cobraban por mover expedientes y lograr que la administración pagara antes a los que anticipaban dinero a los corruptos. Han sido testigos de concursos públicos diseñados a medida, para que determinadas empresas los ganaran y han visto como algunos empresarios han sido ignominiosa e injustamente vetados, sólo porque no eran amigos del poder. Saben que muchos miles de facturas han sido trucadas para poder pagar con fondos públicos miles de actuaciones ajenas al bien común.

El océano del estiércol andaluz es tan inmenso, que la Justicia tiene trabajo garantizado al menos para el próximo medio siglo, si mantiene su ritmo actual y no refuerza, como debiera, con tribunales especiales, la necesaria y vital tarea de limpiar Andalucía de marranadas.

En este desolador panorama delictivo hay tres grandes culpables:

El primero y el principal es el "delincuente político", una especie siempre cercana a los santuarios del poder que en Andalucía ha crecido hasta convertirse en un peligro para la sociedad y la decencia.

El segundo es el ciudadano, que ha sido cobarde y miserable, silencioso y cómplice, incapaz de denunciar y exigir decencia al poder, siempre dispuesto a estar cerca del poder y del delito, por si podía recibir algo del gran festín. El espectáculo de los empresarios andaluces babosos, doblando la espalda ante consejeros y funcionarios corruptos en cócteles y actos públicos, ha sido deprimente durante las dos últimas décadas y manchara la Historia de Andalucía durante mucho tiempo.

El tercero es la Justicia andaluza, que durante demasiado tiempo ha cerrado los ojos y los oídos ante la gran corrupción, a pesar de que el hedor de la cloaca inundaba los palacios de Justicia, los despachos, las sedes de los colegios profesionales y hasta las salas donde los tribunales deliberaban y juzgaban.

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¡Zapatero debe ser castigado!

Dice la tradición que Catón el Viejo terminaba todos sus discursos en el Senado Romano con la frase "Carthago delenda est" (Cartago debe ser destruida) o tal vez dicha así: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam" (Además opino que Carthago debe ser destruida). La frase, repetida una y otra vez, consiguió su objetivo y convirtió la destrucción de Cartago en un objetivo prioritario y vital para los romanos.

Del mismo modo, ahora, cuando los brutales recortes aprobados ayer por el gobierno (27.500 millones de euros), acompañados de nuevas subidas de impuestos y tasas, van a poner de rodillas a la sociedad española, atribulada por privaciones y sufrimientos inéditos y muy dolorosos, los españoles necesitan que se les recuerde permanentemente, en todos los discursos y actos públicos, que "Zapatero debe ser castigado", hasta que esa frase haga mella y el castigo se convierta en objetivo prioritario de España y de los españoles, pues si aquel que es el culpable principal de nuestros males presentes, por haber sido un pésimo gobernante, no haber sabido gestionar la crisis, habernos endeudado hasta la locura y haber gastado, tan sólo el pasado año, 90.000 millones de euros más de los que ingresó el Estado, quedara sin el castigo que merece, España nunca podrá considerarse una patria digna, justa y decente.

Aquellos que tienen todo el poder deben tener, también, toda la responsabilidad. Cuando se equivocan, incumplen sus obligaciones y causan daños terribles a sus conciudadanos y a la nación, como ha hecho Zapatero, deben pagarlo. Si no lo hacen, el país que ha sufrido su mal gobierno queda manchado y marcado por el desconcierto, la indignación y la peor injusticia, lanzando a la posteridad el mensaje de que cualquier inepto o canalla tiene cabida en el Estado.

Pero Zapatero, en lugar de ser castigado, ha sido condecorado por Rajoy y disfruta hoy de dos sueldos de lujo, ocupa un sillón como consejero del Estado y ha recibido como premio, hasta su muerte, una oficina con secretaria, funcionarios y escoltas a su servicio, enteramente pagada con los impuestos de los españoles, que somos sus víctimas.

¡Zapatero debe ser castigado!

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Primer Ministro islandés en el banquillo, un día grande para la democracia mundial

06.03.12 | 12:46. Archivado en Internacional, Democracia, Corrupción, España, Justicia

La fecha de ayer, 5 de marzo de 2012, será recordada en el futuro como el día en que, por primera vez, un primer ministro de una democracia occidental fue sentado en el banquillo y juzgado por despilfarrar y llevar a su pueblo hasta la ruina. No se juzgo en Islandia al que fue primer ministro de 2006 a 2009, el conservador Geir Haarde, por haberse quedado con dinero público, sino por haber gestionado mal el dinero de todos, gastando demasiado y conduciendo a su país hasta el desastre económico.

En ese futuro, no demasiado lejano, la gente no entenderá como existieron pueblos tan acobardados y esclavos como el español que no sólo consintieron que un inepto despilfarrador como Zapatero los llevara hasta la ruina económica, sino que, en lugar de castigarlo, lo condecoraran y premiaran con una pensión vitalicia de lujo, una oficina permanente costeada con los impuestos de sus víctimas y un sueldo suplementario como miembro del Consejo de Estado.

Islandia siempre ha sido diferente. Es una isla alejada casi mil kilómetros del punto más cercano del continente europeo, con una naturaleza agresiva y rara, llena de volcanes, géiseres y barro hirviente, cuyos 330.000 habitantes, pocos más que los españoles que habitan La Rioja, han desarrollado pautas de comportamiento político singulares, que, sin duda, pasarán a la historia como pioneras y ejemplares. En los últimos cuatro años, desde que la crisis financiera hundió el país en una inesperada miseria, el Gobierno renunció a asumir la monumental deuda de los tres bancos más importantes, los nacionalizó, garantizó los ahorros de sus ciudadanos y dejó en la estacada a los extranjeros, sobre todo británicos y holandeses que tenían dinero en esas entidades. Además, se abrieron decenas de juicios por corrupción contra directivos bancarios y se acabaron presentando cargos contra el por entonces primer ministro, el conservador Geir Haarde, que se convirtió ayer mismo en el primer jefe de Gobierno mundial que acaba en el banquillo por el 'crash' económico.

Lo ejemplar, innovador y fascinante de Islandia es que el pueblo logró imponerse sobre su clase política y financiera y que, como consecuencia de ello, se practicó la Justicia y se abrió un camino que, con seguridad, tendrá continuidad en el futuro, lo mismo que lo abrieron la primera mujer que se matriculó en una universidad o el primer negro que se sentó en un autobús americano donde los asientos estaban reservados a los blancos.

El comportamiento de los islandeses sentando en el banquillo a su máximo dirigente políticos por gastar demasiado y por gestionar mal la crisis creará escuela y constituye un fascinante triunfo de la democracia real frente a la inmensa jauría de canallas, corruptos y aprovechados que hoy gobiernan en la mayoría de los países, protegidos por la más insultante impunidad y con vía libre para arruinar a sus pueblos con sus despilfarros y privilegios, para convivir con la corrupción y para practicar desde el poder la arbitrariedad, el abuso y el saqueo de los bienes públicos.

Gracias al paso dado por los islandeses, los españoles del futuro sentirán vergüenza de aquellas generaciones, de las que, por desgracias, formamos parte, que permitieron que tipos como Zapatero y Rajoy prefirieran subir los impuestos y esquilmar a los ciudadanos antes que renunciar a sus lujos y privilegios o que optaran por reducir los salarios y las prestaciones sociales antes que eliminar las oprobiosas y antidemocráticas subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales, por citar sólo un par de ejemplos de los muchos que ponen de manifiesto la degradación de la democracia, el matrimonio existente entre la política y el abuso de poder y el escandaloso predominio de la avaricia y de la corrupción política sobre la voluntad popular.

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Juicios de Residencia: ¿Avanzamos o retrocedemos?

Una de las mentiras mejor montadas por el poder es el concepto de progreso. Ellos dicen que la Humanidad ha avanzado constantemente, conquistando derechos, libertades y bienestar, y llaman a eso "progreso", pero basta echar un vistazo a la Historia de la Humanidad para descubrir que en muchos aspectos, en lugar de avanzar retrocedemos y perdemos derechos y libertades que hace siglos estaban vigentes. Condenan el feudalismo y el absolutismo, pero ocultan que los gobiernos nunca acapararon tanto poder y recursos como en el presente y que nunca antes se les exigió tan poco a los gobernantes.

Un ejemplo: los expertos creen que nunca antes a lo largo de la Historia el hombre pagó al gobierno tantos impuestos como en el presente. En algunos países, como en España, esos impuestos superan el 50 por ciento de los ingresos y la cifra final es muy superior si se suman las tasas, el IVa y otros muchos tributos indirectos que nos cobra el poder político. El hombre medieval pagaba una décima parte de sus ingresos a la Iglesia y otro tanto a su señor, mucho menos que en el presente.

Las libertades y derechos adquiridos en las ciudades medievales por los artesanos y burgueses eran muy superiores a las actuales. A la guerra se iba como voluntario sólamente, mientras que ahora vas o te fusilan y los tribunales gozaban de una independencia envidiable, comparados con los de ahora.

Si hablamos de las exigencias y controles al poder político, exceptuando la figura del rey, que era considerado absurdamente como un enviado de Dios, todos los demás poderes y señores estaban sometidos a leyes que no podían burlarse, leyes que defendian eficazmente a los débiles frente a los fuertes. Los que mandaban tenían que demostrar su valía y el camino hacia el poder, sin ser limpio e igualitario, era decenas de veces más decente que en la actualidad.

Los cargos políticos, en la democracia ateniense, duraban poco y eran todos voluntarios, Aristóteles aconsejaba que, para evitar la corrupción, los cargos durasen und dia o, como mucho, usa semana, salvo los de generales supremos de la flota y del ejército, puestos especializados destinados a estrategas consumados, que duraban un año.

En Roma, para hacer carrera política, aunque fueras hijo de senador o de cónsul, tenías que alistarte en las legiones y combatir. Después, tras haber probado tu valor en la batalla, podías iniciar la carrera hacia el poder (Cursus honorum), en la que eras sometido a exámenes exaustivos, por tribunales independientes, cada vez que ocupabas un cargo.

En el siglo XI (año 1072), Rodrigo Díaz de Vivar, un ciudadano que llegó a ser héroe con el nombre de Cid Campeador, obligó a Alfonso VI el Bravo, rey de León, a jurar que no había tomado parte en el asesinato de su propio hermano, el rey Sancho II de Castilla, quien fue asesinado ante los muros de la ciudad de Zamora, ciudad que se hallaba en manos de su hermana, la infanta Urraca de Zamora. ¿Alguien se imagina que un ciudadano de nuestros tiempos pueda obligar al rey Juan Carlos a que jure que no tuvo nada que ver con el golpe del 23 F o al ministro Pepiño Blanco, que no cobró comisiones ilegales y corruptas?

Pero quizás el ejemplo más notable de que en muchos aspectos retrocedemos y perdemos lo que fueron conquistas y derechos, hoy laminados por la actual clase política, que es, probablemente, la que menos controles ha padecido en toda la historia de la Humanidad, es la desaparición del llamado "Juicio de Residencia", un sistema férreo de control de políticos y funcionarios que seria providencial y urgente recuperar en estos tiempos de chorizos y sinvergüenzas en el poder para controlar a nuestros políticos actuales y evitar que los desalmados, delincuentes e ineptos lleguen al gobierno y tomen decisiones muchas veces corruptas y alocadas, como ha ocurrido en el presente reciente de España.

El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del Derecho castellano e indiano, que consistía en que al término del desempeño de un funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento. Generalmente el encargado de dirigir el proceso, llamado juez de residencia, era la persona ya nombrada para sucederle en el cargo. Las sanciones eran variables, aunque frecuentemente consistían en multas.

El juicio de residencia tuvo en la administración indiana una gran importancia, y comprendía a toda clase de funcionarios, desde Virreyes y Presidentes de Audiencia hasta alcaldes y alguaciles.

Todos los virreyes debían pasar su juicio de residencia antes de que tomara posesión del cargo su sucesor, pero en el siglo XVIII estos juicios se realizaban una vez que había regresado a España. En este largo proceso se analizaba el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas a lo largo de su mandato y durante seis meses se investigaba su labor, reuniendo numerosa información a través de diferentes testigos. Otra de las fórmulas empleadas por la Corona para controlar a sus funcionarios, incluido el virrey en su calidad de presidente de la audiencia, era a través de la inspección conocida con el nombre de visita. Efectuada por un visitador, nombrado para el caso por el rey, tenía como fin conocer los abusos cometidos por las autoridades, proponiendo las reformas necesarias.

Toda autoridad que termina de ejercer su cargo debe ser sometida a un juicio de residencia, es decir, las autoridades no se pueden mover de su lugar físico mientras dure una investigación en relación del desempeño. Este juicio es sumario y público. Terminado el juicio, si era positivo, la autoridad podía ascender en el cargo; en cambio, si había cometido cargos, errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida de un cargo.

Desùés de conocer la saludable práctica del "Juicio de Residencia", del que los mequetrefes gobernantes actuales se han librado porque les parecía indigno para una "autoridad" elegida por el pueblo, democráticamente, ¿avanzamos o retrocedemos? Tipos como Zapatero nunca habrían llegado tan lejos con esos juicios vigentes y tal vez tampoco la mayoría de nuestros actuales dirigentes en el planeta.

Usted decide.

(Algunos datos sobre el Juicio de Residencia han sido tomados de Wikipedia. Pulsa AQUÍ para acceder).


La condena del juez Garzón podría abrir un nuevo camino en la Justicia española

10.02.12 | 18:57. Archivado en Política, España, Justicia

La condena por el Supremo y por unanimidad del juez Baltasar Garzón tiene gran importancia y podría representar un antes y un después en la Justicia española. Gracias a esa sentencia, quedan claras varias cosas en la Justicia española: que gran parte del sistema está contaminado y es incapaz de defender principios básicos de la Justicia y que, a partir de ahora, tienen vigencia principios fundamentales del sistema, como el de que el fin, en Justicia, no justifica los medios, que la Justicia a cualquier precio no es Justicia y que los procedimientos, para que exista Justicia, tienen que ser impecables.

En adelante es posible esperar que los principios fundamentales de la Justicia democrática se fortalezcan en España y que los tribunales ganen en independencia y rigor. Es de esperar también que, a partir de este momento, los jueces más decentes y sujetos al derecho se atrevan a procesar a los muchos canallas y sinvergüenzas que han puesto de rodillas a España y cuya persistencia en la rapiña, el abuso y la arbitrariedad ha llevado a este país hasta el borde de la ruina, el hundimiento moral y la derrota como nación.

El juicio del juez estelar Garzón es un inmenso espejo que refleja con claridad nítida la esencia del sistema judicial español. La querella fue puesta en marcha por el abogado Ignacio Pelaez, defensor de uno de los implicados en el caso Gürtel, que acusaba a Garzón de haber ordenado la escucha y grabación de todas las conversaciones de los implicados con sus abogados defensores, un paso de enorme gravedad que viola claramente el derecho de todo acusado a hablar en libertad con sus abogados.

Lo curioso del caso es que el juez más famoso y poderoso de España ha sido destituido y humillado por el Supremo no porque los grandes tribunales, ni la Fiscalía, ni el órgano de gobierno judicial lo acusaran para pararle los pies, sino porque un simple abogado defensor se atrevió a denunciar su abuso de poder y la violación de un derecho básico.

La sentencia condenatoria a un juez que tiene a la opinión pública de su parte y que cuenta con el apoyo de muchos políticos con poder en España es ejemplar y constituye un acto de soberanía y rigor judicial de gran trascendencia, que pone de relieve la debilidad y falta de solvencia que ha tenido el sistema judicial español hasta ahora.

Ha sido un simple abogado el que se ha atrevido a denunciar la violación de un principio básico en Justicia, lo que coloca en situación incómoda y deja fuera de lugar a los muchos que no se atrevieron a denunciarlo, entre ellos el propio Consejo del Poder Judicial, los grandes tribunales, los colegios de abogados, las asociaciones de jueces, que funcionan casi como partidos políticos dentro del sistema judicial, y otras instancias que, a juzgar por lo ocurrido y por su vergonzoso silencio, podrían estar claramente contaminadas de cobardía, de miedo y, en algunos casos, hasta de complicidad con lo mucho de sucio que anda suelto por España.

Simplificando, la condena de Baltasar Garzón representa la caída de un poderoso que parecía intocable; la desautorización y condena de prácticas impropias de la democracia y propias de totalitarismos; la condena de la cobardía y el sometimiento de una parte importante del sistema judicial; el retorno del respeto a las reglas y garantías que permiten administrar Justicia; y la esperanza de que ese sistema sea capaz ahora de arremeter contra los delincuentes y canallas incrustados en las administraciones e instituciones del Estado.

Voto en Blanco


Rajoy, inquietante incognita del presente español

21.01.12 | 10:47. Archivado en Democracia, Corrupción, España, Justicia, Rajoy, Gobierno del PP

Una de las grandes incognitas de la España presente es saber si Rajoy es un político decente y demócrata o se trata de otro energúmeno mediocre que, al estilo de Zapatero, ha llegado al poder para servir más a los intereses de su partido y de la oligocracia que a los ciudadanos y a la democracia.

Jose María Aznar, que fue quien lo designó "a dedo" como su heredero, parece tener esa misma duda cuando acaba de instarlo a que no defraude la confianza que los españoles han depositado en él al otorgarle una sólida mayoría absoluta en las últimas elecciones, con el mandato expreso de que saque a España de la crisis y borre las huellas del nefasto periodo de gobierno socialista.

Aznar ha recordado a Rajoy que el "gran activo" de la sociedad española actual es el profundo deseo de cambio de una mayoría de la sociedad, que apoya las reformas liberalizadoras y un nuevo diseño responsable, austero y limpio del sistema político.

El miedo a que Rajoy, al entrar en contacto con el gobierno diario, debilite su impulso reformista original y se convierta en otro mediocre incapaz de emprender las reformas que España necesita está creciendo cada día, incluso dentro del Partido Popular, cuando se observan los primeros movimientos y pautas del nuevo gobierno.

Algunos de los primeros movimientos del actual gobierno son desmoralizadores y están causando preocupación en las propias filas de los populares, que no entienden ni la dramática subida de impuestos adoptada con extrema urgencia, ni el inesperado apoyo de Rajoy a la Tasa Tobin (impuesto a las transaciones financieras), medidas ambas más socialdemócratas que liberales y más propias de un gobierno socialista que de las promesas y postulados del PP.

Tiene razón Aznar en considerar que el mejor activo de la España actual es el deseo de cambio y la predisposición de los ciudadanos a aceptar sacrificios y esfuerzos para cambiar una política y una economía víctimas de la corrupción, la torpeza y el abuso de poder. Si Rajoy frustra esos deseos de la sociedad española, la decepción será enorme y el desgaste del Partido Popalar será acelerado e imparable.

Aunque de manera discreta y mesurada, lo que ha hecho Aznar es dar un "aviso" a Rajoy, recordándole que el mandato que ha recibido de las urnas es el de realizar reformas profundas y adoptar decisiones drásticas, no el de contemporizar con los sinvergüenzas y dejar intactas las miserias y dramas de la España actual.

Cada día son más desconcertantes y decepcionantes algunas declaraciones del gobierno de Rajoy, como las de que la reforma laboral "no abaratará el despido" o las dudas expresadas por el ministro Montoro sobre el difícil cumplimiento de los compromisos de España de reducir el déficit público, inmediatamente corregidas por la vicepresidenta Soraya.

Muchos populares y ciudadanos demócratas están desconcertados y no entienden ni la drástica subida de impuestos, claramente contraria a las promesas electorales del PP, realizada de manera injusta, antes de afrontar otros sacrificios que afectaran a los lujos y excesos de la clase política y del propio Estado, ni las condecoraciones otorgadas a Zapatero y a sus ministros, cuando el pueblo quería que fueran castigados, ni la promesa realizada por el mimo Rajoy, de que no perseguiría ni pediría cuentas a los socialistas por los abusos y barbaridades de su ruinoso y nefasto gobierno.

El miedo a que los rasgos "maricomplejines" se impongan en Rajoy al impulso reformador se afianza cada día más en amplias capas de la sociedad española, donde se teme que el nuevo gobierno sea incapaz de luchar contra la corrupción, adelgazar drásticamente al Estado, perseguir a los chorizos y poner de rodillas a los sindicatos y a la patronal, organizaciones moralmente degradadas y tristemente acostumbradas a las subvenciones y al compadreo con el poder, o que continúe con su injusta e indecente política de hacer pagar a las clases medias y a los más débiles la gruesa factura que Zapatero y los suyos han acumulado con el despilfarro, el abuso de poder, la arbitrariedad y el endeudamiento irresponsable y enloquecido.

Voto en Blanco


España añade otra lacra a sus ya sucios y lamentables records: es líder europeo en impuestos y ciudadanos esquilmados por su gobierno

Los últimos gobiernos y los políticos en general lo han conseguido. Ser ciudadano español es ya una desgracia. Somos líderes europeos y, en algunos casos, mundiales, en casi todas las vergüenzas: drogas, prostitución, fracaso escolar, desempleo, avance de la pobreza, pago de impuestos, mal funcionamiento de la Justicia, privilegios de la casta política y un larguísimo etcétera que hace de España un país donde ya no merece la pena vivir.

Tras la brutal subida fiscal de Rajoy, España, que ya es líder europeo en numerosas y vergonzosas lacras, agrega algunas nuevas: es ya lider en esquilmar a sus ciudadanos con impuestos, uno de los paises del mundo que más impuestos cobra a sus ciudadanos, proporcionalmente, y tal vez el fiscalmente más injusto de toda Europa, si se tiene en cuenta lo poco que el gobierno quita a los ricos y lo mucho que arrebata a los menos beneficiados por la fortuna. El gobierno español esquilma sin misericordia a sus ciudadanos, pero mantiene una libertad económica propia del Tercer Mundo y unos servicios proporcionados por el Estado de una calidad muy deficiente.

Es cierto que la principal culpa del nuevo drama se debe a los gobernantes socialistas, recientemente derrotados en las urnas y expulsados del poder, que despilfarraron, corrompieron el país y lo endeudaron sin prudencia y con actitud avarienta, pero el nuevo gobierno de Rajoy ha continuado por la sucia senda de hacer pagar a las clases medias el grueso de los dramas causados por la clase política, olvidando la gran mayoría de sus promesas electorales y generando en la ciudadanía una frustración de gran calado.

España agrega su nuevo record de país europeo esquilmado a impuestos por su gobierno a otros records lamentables y dignos de vómito, como los de ser el país de mayor tráfico y consumo de drogas, trata de blancas y explotación sexual, blanqueo de dinero, número de desempleados, avance de la pobreza, crecimiento desmesurado del Estado, aumento de la corrupción pública, incremento de la frustración política, deterioro de la democracia, número de coches oficiales, mayor índice de privilegios para su casta política, mayor índice de fracaso escolar, baja calidad de la enseñanza, déficit democrático, lento funcionamiento de la Justicia, inutilidad burocrática y baja calidad en los servicios públicos, entre otros muchos.

Voto en Blanco


Benedicto XVI y las "cuadrillas de bandidos" de la política mundial

25.09.11 | 10:06. Archivado en Política, Religión, Democracia, Corrupción, Justicia

El papa Benedicto XVI ha puesto el dedo en la llaga de la política mundial al afirmar ante el parlamento alemán que, "sin derecho, los gobiernos se transforman en cuadrillas de bandidos". Y, para que todo quede claro, ha explicado que derecho no es todo lo que aprueban los parlamentos sino sólo aquellas leyes que se atienen a las reglas de la naturaleza y la razón.

El papa católico ha lanzado un torpedo sobre la línea de flotación de esos estados modernos que quieren sustituir las antiguas teocracias por "politocracias", en las que los políticos son los nuevos amos y el Estado es la ley y la única fuente de derecho y poder. Aquellos políticos que manejan las leyes a su antojo, aunque hayan sido elegidos democráticamente y estén amparados por las mayorías, merecen ser estigmatizados como "cuadrillas de bandidos".

Para cualquier demócrata sensato del planeta, escandalizado ante la deriva de muchos gobiernos corruptos y la suciedad creciente de la clase política, el papa tiene razón porque la peor dictadura no es la de la naturaleza y la razón, sino la del Estado, que tiende a ser totalitario e insaciable de poder y dominio.

Benedicto XVI se ha atrevido a reflexionar sobre las fuentes de la Justicia y ha desafiado en el Bundestag a los políticos de Occidente a reconocer lo que es justo o injusto, tocando sin miedo la esencia del poder político mundial.

La tesis del papa, compartida por los auténticos demócratas de todo el mundo, es que los gobiernos no pueden legislar a su antojo, ni siquiera cuando están amparados por mayorías parlamentarias muy sólidas, ya que las leyes, para que sean justas, deben atenerse, inevitablemente, a la naturaleza y a la razón.

El pontífice puso a Hitler como ejemplo de un pagano que quiso sustituir a Dios, amparado por una inmensa mayoría parlamentaria, pero es obvio que su discurso iba dirigido también a los que se aprovechan de las falsas democracias modernas y a mequetrefes como el español Zapatero, que se ha creido autorizado a cambiar la sociedad, sólo porque cuenta con mayorías parlamentarias que, a veces, tuvo que comprar con dinero público.

Leyes como los impuestos injustos o las que autorizan al desahucio son injustas e inválidas, por muchas mayorías parlamentarias que las avalen, ya que violan derechos sustanciales como el de la propiedad y el derecho a una vivienda digna. Cualquier ley contra natura y manifiestamente injusta es ilegal por haber sido el fruto de una "cuadrilla de bandidos".

El derecho hace posible la justicia pero el derecho no es sólo lo que dicta la mayoría. Esa era la preocupación de los constituyentes de Estados Unidos y de Montesquieu, entre otros muchos pensadores, aterrorizados porque las democracias, en manos de mayorías incultas y fanatizadas, pueden dar a luz monstruos como Hítler y otros de menos calado pero casi igual de dañinos para sus pueblos.

El Papa ha señalado cuál es el camino para superar una concepción del derecho que no considera necesario ningún fundamento sino únicamente la voluntad del poder. Eso es dictadura camuflada, ilegítima y digna de oprobio y de rebeldía ciudadana.

Nota: En Voto en Blanco nos sentimos especialmente contentos porque el papa ha defendido públicamente, desde la fe y la teología, los mismos criterios que este blog ha defendido desde su fundación, en 2004, desde el pensamiento y la filosofía política. Coincidimos en que, sin el respeto al derecho natural y a la razón, la justicia es injusta y los políticos que legislan y gobiernan de manera injusta, aunque se sientan respaldados por inmensas mayorías, son únicamente bandidos.

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