No hace mucho, una parte de los que pensaban votar a la derecha ocultaban su intención de voto por vergüenza, pero ahora, después de las fechorías y corrupciones de los socialistas en la etapa de Zapatero, los que ocultan el voto por vergüenza son los votantes del PSOE. Esa ocultación vergonzante del voto es lo que ha ocurrido en las elecciones andaluzas del 25 de marzo y es la principal explicación de la insuficiente victoria de Arenas y del grueso error de las encuestas, que vaticinaban una amplia victoria, por mayoría absoluta, del PP.
En Andalucía, en las elecciones del 25 de marzo, muchos de los que votaron socialista ocultaron su voto por vergüenza ante los encuestadores. Lo ocurrido en Andalucía es, aparentemente, toda una sorpresa, pero está cargada de lógica en la España corrupta del presente si se tiene en cuenta que los votantes del PSOE están apoyando, en realidad, al partido que ha cobijado la peor corrupción en su seno y que, bajo el mandato de Zapatero, ha conducido a España hasta el desempleo, la pobreza, la ruina económica y el desprestigio internacional.
Es cierto que al final, a la hora de votar, muchos votantes de la derecha se han abstenido porque no les gusta Arenas, porque se sienten decepcionados ante la falta de decisión del PP en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder político o porque rechazaban las medidas, debilidades y traiciones a su programa protagonizadas por Rajoy y su gobierno, pero no es menos cierto que declarar a un encuestador que uno vota socialista es para avergonzarse en la España de hoy.
La verdad es que seguir votando a los socialistas en la España actual y muy especialmente en Andalucía requiere un gran cinismo, ser un fanático ciego o formar parte de la masa de subvencionados y colocados a dedo por ese partido en uno de los muchos puestos públicos creados para los familiares y amigos del poder. Con la mente clara, con conciencia ciudadana y con una normal dotación de ética y decencia, es imposible hoy votar al PSOE, un partido responsable de tantas irregularidades, corrupciones, abusos y hasta delitos que podría ser juzgado, si existiera en España una Justicia democrática, como asociación de malhechores.
Las encuestas eran reales, pero no fueron corregidas hacia la baja en las expectativas del PP, por causa del voto vergonzante y oculto del PSOE, lo que causó el gran error en las previsiones.
Los políticos y sus medios de comunicación domesticados lo ocultan, pero el verdadero vencedor en las recientes elecciones andaluzas y asturianas del 25 de marzo ha sido la abstención, que es la manifestación directa y palpable del rechazo a la casta política y del desinterés actual de la ciudadanía española por una política que considera de pésima calidad, corrupta, antidemocrática y opresiva.
Dicen los políticos y su corte mediática que la fuerte abstención se debió al cambio de horario o a la crisis, pero silencian que la verdadera causa de la ausencia masiva de los ciudadanos en las urnas es el descrédito y el desprecio a la casta política, un fenómeno que en España tiene una extraordinaria importancia y que, en si mismo, deslegitima al sistema.
Los políticos son en España el tercer problema para los ciudadanos, pero en Andalucía son ya el segundo, por delante, incluso, de la crisis económica y sólo superado por el terrible drama del paro.
La abastención obtuvo en Andalucía un 37.77 por ciento, mientras que el PP obtuvo un 25.16 y el PSOE un 24.45, lo que refleja una victoria abrumadora de los abstencionistas, cada día más fuerte en una España que, por falta de democracia y de liderazgo, no merece que los ciudadanos acudan a las urnas, en la que una parte de la población, envilecida y sometida, es capaz de entregar el poder a partidos políticos tan marcados por la corrupción, la arbitratiedad y el delito que, si existiera una Justicia democrática y limpia, serían juzgados como asociaciones de malhechores.
Ante la podredumbre del PSOE, que ya roba sin pudor desde la misma Junta de Andalucía, y la cobarde debilidad del PP, incapaz de afrontar con solvencia su papel y la realidad de España, muchos cientos de miles de ciudadanos han optado por abstenerse y demostrar así su desprecio a los políticos. Muchos de esos abstencionistas fueron votantes del PP en las elecciones generales del 20 de noviembre último, cuando el rechazo a Zapatero, enterrador de España, era tan grande que producía cierto espejismo de ilusión en la llegada del PP al poder. Pero ahora, una vez comprobada la cobardía débil de una derecha que se parece demasiado al PSOE, el PP ha sido abandonado por más de 400.000 votantes, un verdadero fracaso para el duo Rajoy-Arenas y para el mismo PP, que difícilmente encontrará otra oportunidad mejor para desalojar del poder andaluz al corrupto y fracasado socialismo.
Los votos obtenidos por PSOE e IU juntos suman 1.960,910, lo que equivale al 23,25% de la población andaluza, que es de 8.424.102 habitantes. Con ese pequeño porcentaje y gracias a las leyes electorales injustas y desequilibradas aprobadas por nuestros representantes políticos, ese 23,25 por ciento de complices de la corrupción y del abuso reinantes en los últimos años andaluces tiene el poder suficiente para imponer al resto de los andaluces, seis millones y medio, otros cuatro años más de gobierno infectado por la corrupción, el clientelismo, el abuso de poder y el deterioro maral, político y económico.
¡¡¡Pobre Andalucía!!!
Que el PP de Rajoy y Arenas ha equivocado su estrategia, que se centraba mas en la demolición del PSOE que en crear ilusión con un programa propio.
Que Javier Arenas no es un buen candidato porque genera demasiado rechazo entre los votantes de centro. Su imagen de "señorito" ha causado muchas deserciones entre sus propios votantes. La de ayer fue ya su cuarta derrota.
Que el PP desaprovecho ayer una oportunidad inmejorable para desalojar del poder al PSOE de Andalucía, desprestigiado, fracasado, maloliente por la corrupción y con su "régimen" agotado.
Que IU ha heredado los votos de la izquierda asqueada de socialismo corrupto.
Que la subida de impuestos innecesaria decretada por Rajoy, a pesar de que había prometido lo contrario, ha pasado factura en las urnas.
Que los andaluces, al otorgar la mayoría a la izquierda, se han cubierto de oprobio por apostar a favor de la corrupción, la antidemocracia y el abuso de poder.
Que por culpa del PP, el PSOE, que estaba merecidamente hundido y en vías de tener que pagar duramente por sus abusos y corrupciones, ha resucitado.
Que la nauseabunda partitocracia ha salido fortalecida de las urnas.
Que el PP tiene que rectificar su actual deriva política y utilizar su mayoría absoluta para realizar las reformas drásticas que España necesita, no para ser cobarde, mantener inalterable el abuso, la corrupción y los privilegios de la casta política, ni para pastelear y coquetear con los nacionalistas catalanes. En tan solo cuatro meses de gobierno, la debilidad de Rajoy ha provocado perdida de confianza en Europa, descrédito en los mercados y perdida de votos en España.
Que Andalucía, en manos de una izquierda coaligada radical (PSOE-IU), tiene un futuro aterrador.
El Consejo de Ministros, con una lentitud desesperante, sigue adelante con sus reformas y recortes y decidió ayer suprimir 24 de sus 228 empresas públicas, algunas de las cuales, según la vicepresidenta Soraya, tenían más consejeros que empleados y otras estaban sin actividad, pero con gente cobrando, desde hacía más de veinte años. La reducción afectaría solo al 10 % y no al 17, como dijo el Gobierno. Contando entidades de autonomías y entidades locales hay 2.372 empresas públicas, 626 fundaciones y 1.055 consorcios, de los que más de la mitad son prescindibles, según diversos informes de expertos.
La medida es insuficiente, pero digna de elogio y demuestra también, hasta más allá de toda duda, que los gobernantes españoles han cometido abusos intolerables en su delictiva orgía de despilfarro, creando miles de instituciones y empresas públicas innecesarias a lo largo y ancho del país, una actuación contraria al bien común que debería tipificarse como delito y castigarse como estafa y fraude a unos ciudadanos que, para costear esos despilfarros, se encuentran postrados y esquilmados por los impuestos.
Las fechorías de los gobernantes son tantas y tan profundas e indecentes que dan asco y demuestran, una y otra vez, con certeza milimétrica, que el mayor problema de España, el origen y el causante de casi todos los demás, desde el desempleo masivo a la pobreza y la quiebra económica, son sus políticos, arrogantes, aislados del pueblo, ajenos a la democracia y muchos de ellos corruptos y delincuentes.
Uno de los ejemplos más gráficos y didácticos del abuso, la indecencia y la iniquidad política se está produciendo en Cataluña, donde la Generalitat ha aprobado el injusto "copago" en Sanidad, lo que significa expoliar todavía más al ciudadano, obligándole a pagar dos veces por el mismo servicio básico, sin otro fin que mantener las pensiones de lujo que cobran los expresidentes Pujol, Montilla y Maragall, sin haber realizado muchos recortes en sus propios lujos y privilegios, sin haber cerrado la costosa televisión autonómica, ni las subvenciones a la lengua catalana, ni las embajadas ridículas en el exterior, ni los muchos despilfarros vigentes.
El Ministro Montoro dice que con sólo pagar las deudas de las administraciones públicas a los proveedores, se recuperarán 100.000 puestos de trabajo, lo que significa reconocer que los impagos del Estado, impunes y contrarios a la ley vigente, aunque ese delito, como otros muchos cometidos por los políticos, nunca haya sido perseguido, han destruido miles de empresas y debilitado mucho el tejido productivo español.
Si a esas actuaciones de impagar las deudas, crear empresas e instituciones innecesarias se agregan otras cometidas también por los políticos con poder, tendríamos argumentos más que suficientes para que una justicia independiente y justa procesase a los actuales grandes partidos gobernantes, incluyendo a algunos nacionalistas, como asociaciones de malhechores.
Los partidos, desde el poder, han cometido una lista de abusos, corrupciones y hasta delitos inmensa, entre los que destacan los siguientes: despilfarro, endeudamiento enloquecido, enriquecimiento ilícito, manipulación de concursos públicos, manipulación de subvenciones, robo del dinero público, manipulación de oposiciones, otorgamiento de contratos y de puestos de trabajo a dedo, sin respeto a las normas legales, persecución, marginación y acoso de los críticos y de los que piensan distinto que el poder, utilización del dinero público y de los recursos públicos en beneficio propio, creación de instituciones, empresas y puestos de trabajo innecesarios, sin otro fin que colocar a amigos del poder o burlar las leyes y normas que limitan el endeudamiento público, cobro de comisiones ilegales, algunas en nombre "del partido", y un largo etcétera que convierte a la clase política española en una de las más corruptas y repugnantes de Occidente.
Los ciudadanos, ante esos abusos, algunos tan trascendentes y dañinos como los que ha cometido el gobierno de Zapatero, que han dejado a España al borde de la quiebra y han arrebatado al país la credibilidad y el prestigio internacional, no pueden hacer prácticamente nada, salvo arriesgar su seguridad y hasta sus vidas con revueltas callejeras más o menos violentas y desesperadas, porque los políticos, previamente, han cometido otro delito que, aunque, como otros muchos, no esté tipificado, constituye el peor atentado contra la decencia y la dignidad de una nación y de sus habitantes: haber alterado las leyes democráticas para poder actuar, desde el gobierno, con una despreciable impunidad práctica.
Se autodenominan "piquetes informativos", pero son verdaderas pandillas fascistoides y violentas que violan el derecho ciudadano a decidir libremente si trabajan o no durante una huelga. Sacan a los conductores de las carreteras, sabotean las cerraduras con silicona, impiden el paso libre a los que quieren trabajar e imponen el terror en lo que ellos denominan servicios "vitales", sobre todo en los transportes públicos, para inmovilizar a los ciudadanos y lograr así, por la fuerza, que la huelga triunfe. Hasta ahora, durante el mandato socialista, esos piquetes, verdaderas bandas callejeras violentas, han operado con total impunidad, sin que la policía les haga frente y garantice el derecho ciudadano a participar o no en la huelga, pero los votantes del PP, mayoritarios, esperan que el gobierno frene en esta ocasión los desmanes de unos sindicatos que se sienten desesperados y angustiados porque son conscientes de que si la huelga fracasa, a ellos sólo les queda cavar su tumba.
La actuación de los piquetes ha sido hasta ahora una de las lacras de la mal llamada "democracia" española, un abuso contra la libertad y la convivencia vergonzosamente tolerado por el poder político. Si esta vez ocurre lo mismo, se cargarán de razón los muchos ciudadanos que piensan que el PP y el PSOE se parecen demasiado y que el gobierno de Rajoy carece de la firmeza suficiente para defender los derechos básicos ciudadanos.
Los sindicatos convocantes de la huelga general del día 29 de marzo deben jugar limpio y no abusar de la desesperación de las masas en momentos delicados para España, cuando la crisis nos atenaza y amenaza nuestro futuro y cuando la imagen del sindicalismo español está por los suelos, después de haber mantenido un vergonzoso y cobarde silencio durante el mandato de Zapatero, a pesar de que España se hundía, se bajaban sueldos y pensiones y el país se llenaba de desempleados y nuevos pobres.
Muchos españoles ven en la huelga del 29 de marzo una ocasión única para derrotar a un sindicalismo que se ha hecho sectario, adicto al dinero y a los privilegios y que no duda en anteponer los propios intereses de los líderes y burócratas liberados a los de los trabajadores y empleados españoles, a los que dicen defender. Cada día son más los españoles que reniegan de un sindicalismo que ha entregado su independencia y libertad al PSOE, cuyas filas están llenas de vagos que cobran sin trabajar y que es incapaz de asumir el reto democrático de financiarse con las cuotas de sus afiliados, renunciando al dinero de los impuestos abrumadores que pagan los españoles.
Los dos grandes sindicatos españoles (UGT y CC.OO.), que guardaron un silencio cobarde y cómplice mientras España se hundía y se perdian millones de puestos de trabajo, bajo el mandato de Zapatero, convocan ahora una huelga general, en el momento menos propicio, cuando España necesita unidad y esfuerzo para salir de la crisis, movidos únicamente por el miedo a perder el dinero abundante, el poder y los privilegios que les regalaba el socialismo en el poder.
Buena parte de los españoles contemplan la huelga como algo ajeno y sienten curiosidad de saber quien ganará el pulso, si los sindicatos, que luchan por mantener sus dineros y privilegios con la ayuda de los socialistas y de sus huestes de sindicalistas profesionales liberados, o la España responsable, consciente de que la huelga es un suicidio en estos tiempos, que mantendrá el pulso con la ayuda del gobierno y de la parte más consciente, responsable y laboriosa del país.
Nadie se cree que la huega del 29 de marzo haya sido convocada para defender los intereses de los trabajadores, vejados durante los últimos años sin que los sindicalistas millonarios movieran un solo dedo, ni por rechazo a los postulados básicos de la reforma laboral, sino porque los sindicatos, bajo el gobierno de Rajoy, han dejado de ser parte del poder decisivo y porque tanto sus ingresos como los privilegios que disfrutaban empiezan a derrumbarse.
Todo parece indicar que una de las principales razones de la huelga general convocada por los dos grandes sindicatos es el dinero. La reforma laboral recientemente aprobada por el gobierno de Rajoy quita protagonismo y dinero a los sindicatos, algo que les parece intolerable a sus dirigentes. Tan sólo en los EREs, los sindicatos, que ahora ya no son imprescindibles en el proceso, dejan de ganar más de 100 millones de euros al año, tan solo en asesorías laborales, y dejan de cobrar ese inexplicable 10 o 15 por ciento de la indemnización que recibían los trabajadores por encima de los 20 días por año trabajado, lo que supone ingresos superiores a los de la asesoría. Finalmente, los cambios en los programas de formación también merman las arcas sindicales, ya que la reforma aprobada permite a las empresas organizar sus propios cursos, antes monopolizados por sindicatos y patronal. Es evidente que los sindicatos y las patronales quedan perjudicadas con la reforma, pero ganan los ciudadanos y España.
Apoyados por un PSOE que, en lugar de echarse a las calles debería estar pidiendo perdón a los españoles por la ruina ocasionada y el baño de corrupción e indecencia proporcionado al país, por una Izquierda Unida desfasada por la Historia, y por la inmensa masa de los liberados que no trabajan y de los burócratas, los dos grandes sindicatos españoles afrontan la huelga con el riesgo de que el seguimiento sea mínimo e insignificante, un peligro que intentarán neutralizar paralizando, a base de piquetes, servicios básicos como los transportes, para inmovilizar por la fuerza a un país que quizás no quiera ir a la huelga cuando suenan las trompetas del esfuerzo colectivo y la reconquista de la prosperiad. Otro grave riesgo que asumen los sindicatos es que la sociedad española descubra con claridad en esta jornada de huelga que, con su actual diseño, burocrático y sirviendo al poder socialista como correa de transmisión, los sindicatos son obsoletos y constituyen una terrible rémora para el pregreso de España.
Ojalá el gobierno de Rajoy, por vez primera en democracia, impida la actuación pandillera y mafiosa de esos piquetes violentos que se autotitulan "informativos" y garantice también que los que quieren trabajar el 29 de marzo puedan hacerlo sin chantaje ni coacción sindical.
Ir a la huelga general cuando todos los expertos recomiendan trabajar mas e, incluso, reducir los salarios y eliminar el absentismo laboral como única forma de ser más eficaces, productivos y competitivos, es una locura que solo los sindicatos alienados y minados por el egoísmo pueden acometer. Los sindicatos lo saben, pero jamás admitirán que la "sociedad del bienestar" es un lujo que sólo está al alcance de países prósperos con riqueza suficiente para fiananciar una sanidad y una educación de calidad gratuitas. A los paises empobrecidos, como España, no les queda otra vía que maldecir a los que han despilfarrado su riqueza y esforzarse con gran dureza para recobrar la prosperidad perdida y con ella los derechos sociales que la pobreza nos arrebata.
El profundo deterioro sufrido por el socialismo español bajo Zapatero y Rubalcaba y la pérdida efectiva de poder tras las últimas derrotas en las urnas están provocando una autentica revuelta interna en el PSOE, cuyos dos principales rasgos son la rebelión de muchos militantes contra el aparato, al que acusan de dirigir mal el partido y de impedir toda renovación, y una desbandada de militantes honrados y demócratas, incapaces de soportar los episodios de corrupción y abusos de poder que ha protagonizado el PSOE en los últimos tiempos. Muchos de los que se marchan están tan decepcionados y quemados que jamás regresarán.
Aunque los conflictos internos y las deserciones son fenómenos cuidadosamente ocultados por los partidos, temerosos de que el ejemplo cunda y la organización entre en crisis abierta, hay síntomas suficientes para afirmar que el PSOE está viviendo su crisis más profunda desde que fue legalizado, tras la muerte de Franco.
Los rebeldes acusan a sus dirigentes de haber abandonado las ideas clásicas del socialismo, de haberse convertido en un partido pobre en ideas y propuestas, únicamente preocupado por el poder, de no haber reaccionado con firmeza frente a la corrupción y de haber relajado y debilitado la ética y los comportamientos públicos.
La crisis interna se manifiesta sobre todo en las agrupaciones, donde los debates son intensos y a veces muy tensos, con la militancia dividida entre sumisos al aparato y rebeldes que reclaman un nuevo rumbo y un acercamiento a la sociedad, tras acusar al partido de haberse convertido en insensible a las demandas y deseos del pueblo y de haberse vinculado más a los ricos y a los mercados que a los ciudadanos más desprotegidos.
En las agrupaciones se están viviendo fenómenos interesantes, que denotan la existencia de una crisis profunda en el socialismo, no exenta de enfrentamientos graves y riesgos de ruptura, donde se están produciendo extrañas alianzas entre jóvenes rebeldes que quieren que los viejos cuadros se retiren y dejen espacio a las nuevas generaciones, y otros militantes más preocupados por la regeneración interna, donde no todos son jóvenes.
Fuentes que considero solventes me aseguran que en el PSOE, prácticamente en todas las regiones, pero con especial énfasis en Andalucía, Extremadura, Madrid y las dos castillas, se están produciendo importantes olas de renuncias y abandonos, además de actitudes rebeldes en las agrupaciones, protagonizadas por gente que reclama renovación en los cuadros, la jubilación de los dinosaurios del partidos, un rearme ético y una recuperación de las ideas y los valores tradicionales del socialismo democrático.
Uno de los argumentos esgrimidos con mayor vehemencia por los rebeldes es el abandono de las ideas básicas de la izquierda por el partido, seguido de la acusación al aparato de haberse divorciado de la ciudadanía y de una crítica profunda al liderazgo de Zapatero y de Rubalcaba, al que se considera un sucesor directo de ZP, implicado en su fracasado liderazgo y cómplice de sus errores y desviaciones.
Mis fueentes comentarion que en estos momentos la militancia del PSOE está tan revuelta que votará siempre en contra de lo que proponga el aparato, lo que explica el reciente triunfo de un dirigente del Partido Socialista Madrileño tan quemado y mediocre como Tomás Gómez, de 43 años, sobre Pilar Sánchez Acera, próxima al actual líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Rubalcaba da a entender, en una conferencia pronunciada en Sevilla, que los ciudadanos están ahora apreciando más a los políticos que en el pasado, una afirmación falsa que contrasta con el profundo rechazo y desprecio a la clase política española que reflejan las encuestas y que se percibe en la frustrada e irritada sociedad. Contrariamente a lo que afirma el líder socialista, los políticos españoles son los mas rechazados por su pueblo en toda la Unión Europea, un rechazo que no para de crecer y que, en ocasiones, se manifiesta como desprecio y hasta odio.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sorprendió a la audiencia el pasado martes, 6 de marzo, en Sevilla, cuando hablaba como presentador de José Antonio Griñan, conferenciante del Foro Joly, al afirmar con inexplicable satisfacción que, afortunadamente, ya casi no se utiliza en España el término despectivo "casta política" para referirse a los políticos, expresando así algo tan insólito y falso como que los políticos españoles ya son menos rechazados y criticados por su pueblo que en el pasado.
Rubalcaba, que hablaba ante una audiencia integrada habitualmente por empresarios, profesionales y periodistas andaluces, pero que en esa ocasión había sido "invadida" por más de un centenar de altos dirigentes del PSOE andaluz, parece desconocer datos tan sobrecogedores como que los políticos son ya considerados en Andalucía como el segundo gran problema de la sociedad, solo superados por el desempleo masivo y por delante de la crisis económica, la vivienda, la pobreza, la inseguridad y otros dramas sociales.
¿En qué país vive Rubalcaba? ¿En que datos se basa para dar esa "noticia" falsa de que los políticos españoles son ahora menos rechazados que antes, cuando nunca antes, desde la muerte de Franco, estuvieron tan desprestigiados y despreciados por su pueblo?. Él acaba de vivir en primer plano los resultados del profundo rechazo de los españoles a Zapatero, causa principal de la humillante derrota socialista el pasado 20 de noviembre.
Yo era uno de los presentes en esa desayuno-conferencia, al que acudí con la nariz tapada, sólo para enriquecer mi capacidad de análisis. En mi mesa, un joven empresario, al escuchar la opinión de Rubalcaba sobre la "casta política", comentó: "Ese tío está loco o no ha salido a la calle en su vida".
El joven tenía razón porque la sociedad española es ya un profundo e intenso clamor contra la clase política, a la que no sólo rechaza y desprecia, sino que también empieza a odiar. El rechazo y el desprecio a los políticos está detrás del aumento de la abstención, del incremento del voto en blanco en las urnas, del apoyo a muchos partidos minúsculos y, sobre todo, de la humillante derrota del PSOE y de la victoria del PP en las últimas elecciones, un partido que, en buena lógica, debería haber recibido una inmensa cosecha de votos, pero que, por causa de la decepción y el rechazo de los ciudadanos a los políticos en general, solo obtuvo una victoria matizada, por mayoría absoluta, pero sin un voto masivo, con poco más de medio millón de votos mas que en las elecciones precedentes.
Las razones para que los políticos españoles sean tan intensamente rechazados por una parte importante y creciente de la sociedad hay que buscarlas en su fracaso al gestionar la prosperidad del país y la crisis, en su desmedido poder, en su arrogancia, en sus privilegios excesivos, en la corrupción que les invade, en el abuso de poder que practican y, sobre todo, en su interés por hacer pagar a los más débiles la gran factura de la crisis, sis renunciar a privilegios y ventajas inmerecidas, que hoy resultan insultantes a un pueblo cada día más pobre y acosado por impuestos abusivos y por una austeridad creciente.
El rechazo a los políticos está presente en casi todas las manifestaciones de la vida política y social de la España actual: en las opiniones que se expresan en las encuestas, donde se observa el mayor rechazo a los políticos en toda Europa y uno de los más elevados del mundo, en las opiniones de ciudadanos en medios de comunicación, en los comentarios en centros de trabajo, bares y cafeterías, en los abucheos a los políticos en numerosos actos de masas y otras muchas manifestaciones, que el poder oculta porque para ellos resulta vergonzoso gobernar a unos ciudadanos que les rechazan, algo que en democracia deslegitima y convierte a los políticos, aunque hayan sido elegidos en las urnas, en auténticos usurpadores de la voluntad popular.
La fecha de ayer, 5 de marzo de 2012, será recordada en el futuro como el día en que, por primera vez, un primer ministro de una democracia occidental fue sentado en el banquillo y juzgado por despilfarrar y llevar a su pueblo hasta la ruina. No se juzgo en Islandia al que fue primer ministro de 2006 a 2009, el conservador Geir Haarde, por haberse quedado con dinero público, sino por haber gestionado mal el dinero de todos, gastando demasiado y conduciendo a su país hasta el desastre económico.
En ese futuro, no demasiado lejano, la gente no entenderá como existieron pueblos tan acobardados y esclavos como el español que no sólo consintieron que un inepto despilfarrador como Zapatero los llevara hasta la ruina económica, sino que, en lugar de castigarlo, lo condecoraran y premiaran con una pensión vitalicia de lujo, una oficina permanente costeada con los impuestos de sus víctimas y un sueldo suplementario como miembro del Consejo de Estado.
Islandia siempre ha sido diferente. Es una isla alejada casi mil kilómetros del punto más cercano del continente europeo, con una naturaleza agresiva y rara, llena de volcanes, géiseres y barro hirviente, cuyos 330.000 habitantes, pocos más que los españoles que habitan La Rioja, han desarrollado pautas de comportamiento político singulares, que, sin duda, pasarán a la historia como pioneras y ejemplares. En los últimos cuatro años, desde que la crisis financiera hundió el país en una inesperada miseria, el Gobierno renunció a asumir la monumental deuda de los tres bancos más importantes, los nacionalizó, garantizó los ahorros de sus ciudadanos y dejó en la estacada a los extranjeros, sobre todo británicos y holandeses que tenían dinero en esas entidades. Además, se abrieron decenas de juicios por corrupción contra directivos bancarios y se acabaron presentando cargos contra el por entonces primer ministro, el conservador Geir Haarde, que se convirtió ayer mismo en el primer jefe de Gobierno mundial que acaba en el banquillo por el 'crash' económico.
Lo ejemplar, innovador y fascinante de Islandia es que el pueblo logró imponerse sobre su clase política y financiera y que, como consecuencia de ello, se practicó la Justicia y se abrió un camino que, con seguridad, tendrá continuidad en el futuro, lo mismo que lo abrieron la primera mujer que se matriculó en una universidad o el primer negro que se sentó en un autobús americano donde los asientos estaban reservados a los blancos.
El comportamiento de los islandeses sentando en el banquillo a su máximo dirigente políticos por gastar demasiado y por gestionar mal la crisis creará escuela y constituye un fascinante triunfo de la democracia real frente a la inmensa jauría de canallas, corruptos y aprovechados que hoy gobiernan en la mayoría de los países, protegidos por la más insultante impunidad y con vía libre para arruinar a sus pueblos con sus despilfarros y privilegios, para convivir con la corrupción y para practicar desde el poder la arbitrariedad, el abuso y el saqueo de los bienes públicos.
Gracias al paso dado por los islandeses, los españoles del futuro sentirán vergüenza de aquellas generaciones, de las que, por desgracias, formamos parte, que permitieron que tipos como Zapatero y Rajoy prefirieran subir los impuestos y esquilmar a los ciudadanos antes que renunciar a sus lujos y privilegios o que optaran por reducir los salarios y las prestaciones sociales antes que eliminar las oprobiosas y antidemocráticas subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales, por citar sólo un par de ejemplos de los muchos que ponen de manifiesto la degradación de la democracia, el matrimonio existente entre la política y el abuso de poder y el escandaloso predominio de la avaricia y de la corrupción política sobre la voluntad popular.
El Gobierno español desveló el viernes un nuevo objetivo de déficit público para este año, del 5,8% del PIB (1,4 puntos superior al compromiso previo asumido por España con la Unión Europea) y una reducción del gasto de las administraciones públicas de 12.000 millones, adicionales a los recortes de 15.000 millones ya aprobados en diciembre. Se trata de una decisión que el PP y los medios de comunicación españoles próximos al gobierno están vendiendo como un gesto soberano de rebeldía ante las duras exigencias de Europa y de Ángela Merkel, pero que en realidad esconde también una escasa voluntad de reducir abusos y privilegios, un rasgo peligroso del Partido Popular, cargado de amenazas para España.
El peligro y las amenazas de la decisión de Rajoy no sólo provienen de la rebeldía ante una Europa a la que no le gusta que le contradigan en materia económica, sobre todo los países que más han despilfarrado, mentido y gestionado mal su prosperidad, como España, sino porque revelan la escasa voluntad del gobierno de Rajoy de entrar a fondo en las reformas y aprovechar la necesidad perentoria de austeridad para acabar con abusos del poder y rasgos tan antidemocráticos e indecentes de la vida política y económica española como las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronales, el mantenimiento de un Estado hipertrofiado y tan gordo y seboso que no es posible financiar y la eliminación de los costosos, inmerecidos e indecentes privilegios actuales de la casta política.
Muchos españoles empiezan a sospechar que la resistencia del PP y del PSOE a los recortes no se debe tanto a la pérdida de derechos sociales por parte de los ciudadanos, como a la resistencia corrupta a perder sus propios privilegios y a que no puedan "colocar" generosamente, a cargo de los presupuestos públicos, a la legión de chupones y parásitos que siempre integran la "corte" militante de esos partidos.
Pero, sorprendentemente, Rajoy (y un Rubalcaba que le apoya porque ve que la sucia "democracia de las subvenciones", vigente en España, se acaba) parecen preferir las posibles duras sanciones de una Europa indignada por la indisciplina española a prescindir de las inútiles televisiones autonómicas, a suprimir diputaciones provinciales, que son aparcamientos para políticos de segunda fila amortizados, y, sobre todo, a suprimir las odiosas e injustas subvenciones públicas a los partidos políticos, sindicatos, patronales y amigos del poder.
La mayor decepción de los votantes del PP tras la llegada de la derecha al gobierno ha sido y es la escasa voluntad que demuestra Rajoy de adecentar el país y combatir los abusos, corrupciones y desmanes de los poderosos. La decisión de "pasar página", de no investigar los abusos de Zapatero y su gobierno, de no perseguir con saña a los corruptos y la posterior condecoración del derrochador e inepto Zapatero y su gobierno fueron jarros de agua fría lanzados por Rajoy contra los demócratas españoles, que, ilusos, habían votado a la derecha creyendo que llegaría, como había prometido, cargada de ética y decencia.
Se le está mintiendo a los ciudadanos claramente desde el poder, diciéndoles que cumplir con la reducción del déficit pactada con Europa (4.4 por ciento) en 2012, es dificilísimo y que traería consigo subidas de impuestos y recortes en servicios vitales como la sanidad y la educación, cuando esos sacrificios y privaciones serían innecesarios si los políticos decidieran reducir una parte importante de sus privilegios y suprimir gastos antidemocráticos e inmorales del Estado, como las subvenciones que reciben, a cargo de los impuestos de los ciudadanos, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones patronales, las administraciones innecesarias, entre ellas las diputaciones provinciales, y las miles de instituciones y empresas inútiles, creadas por los partidos políticos para colocar allí a sus miembros, bien provistos de privilegios y sueldos.
¿Como pueden ser subvencionados, con los impuestos ya abusivos que pagan los ciudadanos, unos partidos políticos señalados ya por la ciudadanía como el segundo gran problema de la nación, por delante de la crisis económica y sólo por detrás del desempleo, creado, además, por la impericia y escasa eficacia de los partidos y de sus políticos profesionales? Obligar al ciudadano a que trague, a pesar de que el deseo de que esas subvenciones se supriman es abrumadoramente masivo, no es otra cosa que opresión antidemocrática y totalitaria practicada desde el poder político contra los ciudadanos.
Muchos demócratas españoles teníamos la esperanza de que la crisis, a pesar de su dureza y de los estragos que causa, iba a servir, al menos, para forzar a la casta política española a suprimir lujos, privilegios e instituciones inútiles, a bajar los sueldos y pensiones vitalicias de la "casta", a prescindir de subvenciones abusivas concedidas "por" y "para" ellos mismos, a cerrar o privatizar unas televisiones públicas costosisimas, que no aportan absolutamente nada al bien común, y a eliminar empresas públicas y administraciones superfluas, muchas de ellas creadas como inmensos aparcamientos para políticos que saben demasiado, a los que los partidos mantienen en silencio y satisfechos con dinero público.
Algunos economistas y expertos en planificación y derecho público han demostrado que pueden alcanzarse las metas de déficit impuestas por Europa con relativa facilidad, siempre que los políticos se atrevan a suprimir algunos de sus privilegios y lujos, todos ellos impopulares y exigidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero los partidos, sobre todo los dos grandes, se niegan y están dispuestos a mantener esos abusos y canalladas antidemocráticas en contra de cualquier presión y de la voluntad popular.
Resulta desesperante y frustrante comprobar cómo un partido como el PP, que se ha aupado hasta el gobierno prometiendo mano dura contra los chorizos y delincuentes incrustados en el Estado y bajadas de impuestos para activar la economía, incumple sus promesas, una vez ocupado el poder, y practica políticas contrarias a lo prometido.
Si el PP mantiene su linea de convivencia con lo corrupto y antidemocrático, negandose a suprimir privilegios insustantes y abusos de poder intolerables en democracia, los ciudadanos deberían ir pensando en sustituir a los políticos profesionales por técnicos preparados, de moral garantizada, que sepan gestionar el poder de acuerdo con la voluntad popular, sin relegar el bien común a un segundo plano y sin servidumbres inconfesables a los partidos políticos.
Soraya Saéz de Santamaría afirma que "no es el momento de repartir culpas", pero se equivoca porque lo que España necesita es justamente repartirlas y castigarlas. Sin castigo para los canallas y corruptos, este país nunca podrá resurgir. Cuando no se castigan los abusos y corrupciones, el territorio queda libre para que los predadores y sinvergüenzas cacen en libertad. Los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo y el pasado reciente de España está plagado de políticos predadores y desalmados cazando.
Contrariamente a lo que afirma la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santamaría, en España ha llegado la hora de repartir culpas porque sin una catarsis de Justicia que humille a los despilfarradores del pasado y castigue a los delincuentes y corruptos que abusaron del poder, España no puede solucionar su drama y superar la actual crisis.
Santamaría, tras asegurar que no se subirán el IVA, ha admitido que "no es el momento de repartir culpas ni de poner excusas sino de aprender las lecciones del pasado y evitar que se repitan". Eso sí, ha recordado que las cuentas públicas han pasado del superávit en 2007, cercano al 2 por ciento, a un déficit por encima del 11 por ciento en 2009 y al 8,5 del año pasado. La tesis expuesta por Soraya responde a la orden dada por Mariano Rajoy de no pedir cuentas a los políticos socialistas y de enterrar el pasado en el olvido, una decisión que colisiona directamente con lo que quieren los ciudadanos y que incrementa el divorcio entre ciudadanos y políticos.
Ya se sabe que entre Rajoy y José María Aznar existe una profunda discrepancia, precisamente en torno a la decisión de Rajoy de pasar página y perdonar todos los desmanes del socialismo de Zapatero. Aznar mantiene que "cada vez que los socialistas gobiernan dejan el país hecho una ruina" y que esa dinámica tiene que acabarse castigando a los despilfarradores y corruptos, pero Rajoy, consciente de que en sus propias filas hay también chorizos, le tiene un miedo atroz a la izquierda y a su capacidad de chantaje en las calles, apelando a lo más sucio y enervado de la sociedad española.
Los ciudadanos más conscientes y preparados, por su parte, tercian en la polémica opinando con razón que es la Justicia la que debe tomar cartas en el asunto, juzgando a los que hayan arruinado España por medio de abusos y delitos, que no son pocos.
El país, destruido por el abuso y el despilfarro, ofrece una imagen penosa. España no tiene dinero y los políticos afirman que no pueden recortar más sin tocar la sanidad y la educación. Se trata de otra mentira intolerable del poder porque pueden hacer todavía muchas cosas que reclaman los ciudadanos, pero que ellos se niegan a hacerlas porque representaría pérdida de poder. Pueden privatizar o cerrar las ruinosas televisiones públicas, eliminar las diputaciones provinciales, reducir el número de consejerías y de consejeros, directores generales y enchufados, cerrar miles de instituciones ociosas y de empresas públicas prescindibles, creadas para gastar más y colocar a los amigos, bajar los sueldos de los políticos de manera significativa, reducir el parque de vehículos oficiales y de tarjetas de crédito para gastos de políticos, eliminar las subvenciones a los odiosos partidos políticos, organizaciones patronales y sindicatos, vender inmuebles de propiedad pública, reducir drásticamente las nóminas de asesores y enchufados e, incluso, devolver competencias al Estado central, ante la imposibilidad de gestionarlas desde las autonomías. En último caso, podrían hasta eliminar los gobiernos autonómicos y retornar al Estado como único administrador de las bienes y servicios de la nación, ante la evidencia de que el actual Estado de las Autonomías es inviable.
Una vez que hayan hecho todos esos recortes justos y populares, sólo entonces, podrían pedir nuevos sacrificios a los ciudadanos o tocar servicios tan vitales como la sanidad y la educación.
Hacerlo antes, sin eliminar los abusos de poder y los privilegios que no se merecen, es, simplemente, una canallada.
Miércoles, 19 de junio
José Pómez
Rufino Soriano Tena
Julio César Izquierdo
Juan Fernandez Krohn
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
Antonio García Fuentes
Graciano Palomo
Francisco Rubiales
Toni García Arias
Francisco Rubiales
Autor
Contacto
