Los españoles tenemos derecho a sentir indignación y rabia y a escupir contra los políticos, los principales causantes de nuestras desgracias, al conocer que España cerró 2011 con un desequilibrio en las cuentas públicas del conjunto de las administraciones de un 8,51% del PIB, equivalente a 91.344 millones de euros, lo que supone una desviación de un 41% respecto al objetivo comprometido en Bruselas. Casi 26.500 millones de euros. Nuestros indignos políticos nos la han jugado una vez más.
Cuando uno descubre que Zapatero ha mentido como un griego corrupto y nos ha dejado en la estacada, incumpliendo su deber de vigilar y controlar en gasto en el gobierno central y las autonomías, menos se comprende que Rajoy le haya condecorado y perdonado sus desmanes y abusos. Muchos pensamos que más que una condecoración merecía treinta años de encierro.
Si cabía alguna duda sobre la mentira, el despilfarro y el carácter delictivo de buena parte de nuestra clase política, el enorme agujero descubierto lo confirma y demuestra. Estamos en manos de gente que no merece gobernar y de locos y ególatras peligrosos, unos más que otros, pero cabe generalizar y afirmar que la peor pesadilla de España es su clase política, un conjunto de tipejos que, después de gastar como descontrolados, de inundarnos de corrupción y abuso de poder y de engañar a las instituciones europeas y a los mismos ciudadanos españoles, caminan, inexplicablemente, libres y sin castigo alguno por las calles y plazas de España, algunos de ellos sospechosamente enriquecidos.
El gasto alocado, que nos obligará a vivir un año 2012 de privaciones y sacrificios inéditos e inmerecidos por culpa de unos desalmados con poder, ha afectado a todos, a los del PSOE, PP y nacionalistas, a todo bicho gobernante, con la excepción de la comunidad de Madrid, única que cumplió. El record fue para el socialista castellano manchego Barreda, un pájaro derrochador que debería estar enjaulado por sus innumerables excesos, lujos y arbitrariedades.
Para colmo de males, el ministro Montoro no estuvo nada acertado al anunciar el drama. Al decir que los culpables de que el déficit español sea del 8.51 en lugar del 6 por ciento, "somo todos" y que "el culpable es España", el ministro Montoro parecía referirse a todos los españoles, cuando en realidad se refería a todos los políticos y a todos los partidos, incluido el suyo, que ha despilfarrado como un descosido en Murcia, Valencia y otras comunidades gobernadas por una derecha que en algunas regiones compite con el socialismo en despilfarro, arbitrariedad y corrupción. Si Montoro se refería, como parecía, a todos los ciudadanos, su vileza no tendría perdón, pues los ciudadanos, en España, sólo somos víctimas de una clase política que merecería la expulsión del poder y, en muchos casos, la cárcel.
Pero donde la baja calaña del poder político español se demuestra con mayor obscenidad no es en su increíble capacidad de mentir y despilfarrar, sino en su injusticia visceral, en su incapacidad para asumir sacrificios y su injusta y antidemocrática tendencia a hacer pagar el drama a los ciudadanos, sin que ellos renuncien a sus privilegios, lujos y abusos. Mantener, por ejemplo, las subvención es a los partidos políticos y a los sindicatos en las presentes circunstancias es de una bajeza suprema intolerable. Si a nosotros nos van a subir el IVA y todos los impuestos, reducir los salarios y embadurnarnos de austeridad y tristeza, ¿por qué tendríamos que seguir pagando con el dinero de nuestros impuestos a unos partidos políticos y sindicatos que son, precisamente, los principales culpables de la ruina y las desgracias de la nación?
Financiar a los partidos políticos,patronales y sindicatos españoles con el dinero de los impuestos, en estos tiempos de dolor y privación, es, simplemente, una vileza del poder que los ciudadanos nunca deberíamos tolerar. El poder político, por muy indecente que sea, está obligado a recortar drásticamente sus gastos y privilegios.
Ojo al dato: en las encuestas andaluzas aparece ya la clase política como segundo gran problema de la nación, por encima de la crisis económica, un indicio escalofriante que demuestra no sólo el escandaloso y antidemocrático divorcio existente entre los ciudadanos y sus teóricos representantes políticos, sino el rechazo y hasta el odio que crece cada día más en la ciudadanía hacia la infecta e inepta clase política española.
Una de las mentiras mejor montadas por el poder es el concepto de progreso. Ellos dicen que la Humanidad ha avanzado constantemente, conquistando derechos, libertades y bienestar, y llaman a eso "progreso", pero basta echar un vistazo a la Historia de la Humanidad para descubrir que en muchos aspectos, en lugar de avanzar retrocedemos y perdemos derechos y libertades que hace siglos estaban vigentes. Condenan el feudalismo y el absolutismo, pero ocultan que los gobiernos nunca acapararon tanto poder y recursos como en el presente y que nunca antes se les exigió tan poco a los gobernantes.
Un ejemplo: los expertos creen que nunca antes a lo largo de la Historia el hombre pagó al gobierno tantos impuestos como en el presente. En algunos países, como en España, esos impuestos superan el 50 por ciento de los ingresos y la cifra final es muy superior si se suman las tasas, el IVa y otros muchos tributos indirectos que nos cobra el poder político. El hombre medieval pagaba una décima parte de sus ingresos a la Iglesia y otro tanto a su señor, mucho menos que en el presente.
Las libertades y derechos adquiridos en las ciudades medievales por los artesanos y burgueses eran muy superiores a las actuales. A la guerra se iba como voluntario sólamente, mientras que ahora vas o te fusilan y los tribunales gozaban de una independencia envidiable, comparados con los de ahora.
Si hablamos de las exigencias y controles al poder político, exceptuando la figura del rey, que era considerado absurdamente como un enviado de Dios, todos los demás poderes y señores estaban sometidos a leyes que no podían burlarse, leyes que defendian eficazmente a los débiles frente a los fuertes. Los que mandaban tenían que demostrar su valía y el camino hacia el poder, sin ser limpio e igualitario, era decenas de veces más decente que en la actualidad.
Los cargos políticos, en la democracia ateniense, duraban poco y eran todos voluntarios, Aristóteles aconsejaba que, para evitar la corrupción, los cargos durasen und dia o, como mucho, usa semana, salvo los de generales supremos de la flota y del ejército, puestos especializados destinados a estrategas consumados, que duraban un año.
En Roma, para hacer carrera política, aunque fueras hijo de senador o de cónsul, tenías que alistarte en las legiones y combatir. Después, tras haber probado tu valor en la batalla, podías iniciar la carrera hacia el poder (Cursus honorum), en la que eras sometido a exámenes exaustivos, por tribunales independientes, cada vez que ocupabas un cargo.
En el siglo XI (año 1072), Rodrigo Díaz de Vivar, un ciudadano que llegó a ser héroe con el nombre de Cid Campeador, obligó a Alfonso VI el Bravo, rey de León, a jurar que no había tomado parte en el asesinato de su propio hermano, el rey Sancho II de Castilla, quien fue asesinado ante los muros de la ciudad de Zamora, ciudad que se hallaba en manos de su hermana, la infanta Urraca de Zamora. ¿Alguien se imagina que un ciudadano de nuestros tiempos pueda obligar al rey Juan Carlos a que jure que no tuvo nada que ver con el golpe del 23 F o al ministro Pepiño Blanco, que no cobró comisiones ilegales y corruptas?
Pero quizás el ejemplo más notable de que en muchos aspectos retrocedemos y perdemos lo que fueron conquistas y derechos, hoy laminados por la actual clase política, que es, probablemente, la que menos controles ha padecido en toda la historia de la Humanidad, es la desaparición del llamado "Juicio de Residencia", un sistema férreo de control de políticos y funcionarios que seria providencial y urgente recuperar en estos tiempos de chorizos y sinvergüenzas en el poder para controlar a nuestros políticos actuales y evitar que los desalmados, delincuentes e ineptos lleguen al gobierno y tomen decisiones muchas veces corruptas y alocadas, como ha ocurrido en el presente reciente de España.
El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del Derecho castellano e indiano, que consistía en que al término del desempeño de un funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento. Generalmente el encargado de dirigir el proceso, llamado juez de residencia, era la persona ya nombrada para sucederle en el cargo. Las sanciones eran variables, aunque frecuentemente consistían en multas.
El juicio de residencia tuvo en la administración indiana una gran importancia, y comprendía a toda clase de funcionarios, desde Virreyes y Presidentes de Audiencia hasta alcaldes y alguaciles.
Todos los virreyes debían pasar su juicio de residencia antes de que tomara posesión del cargo su sucesor, pero en el siglo XVIII estos juicios se realizaban una vez que había regresado a España. En este largo proceso se analizaba el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas a lo largo de su mandato y durante seis meses se investigaba su labor, reuniendo numerosa información a través de diferentes testigos. Otra de las fórmulas empleadas por la Corona para controlar a sus funcionarios, incluido el virrey en su calidad de presidente de la audiencia, era a través de la inspección conocida con el nombre de visita. Efectuada por un visitador, nombrado para el caso por el rey, tenía como fin conocer los abusos cometidos por las autoridades, proponiendo las reformas necesarias.
Toda autoridad que termina de ejercer su cargo debe ser sometida a un juicio de residencia, es decir, las autoridades no se pueden mover de su lugar físico mientras dure una investigación en relación del desempeño. Este juicio es sumario y público. Terminado el juicio, si era positivo, la autoridad podía ascender en el cargo; en cambio, si había cometido cargos, errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida de un cargo.
Desùés de conocer la saludable práctica del "Juicio de Residencia", del que los mequetrefes gobernantes actuales se han librado porque les parecía indigno para una "autoridad" elegida por el pueblo, democráticamente, ¿avanzamos o retrocedemos? Tipos como Zapatero nunca habrían llegado tan lejos con esos juicios vigentes y tal vez tampoco la mayoría de nuestros actuales dirigentes en el planeta.
Usted decide.
(Algunos datos sobre el Juicio de Residencia han sido tomados de Wikipedia. Pulsa AQUÍ para acceder).
El PSOE no solo está derrotado sino que también está desconcertado, postrado y en declive, sin nuevas figuras, sin propuestas atractivas y en vísperas de perder Andalucía, su gran feudo histórico. Ni siquiera las inesperadas torpezas y errores de Rajoy y su gobierno pueden devolverle el brio perdido. Parece incapaz de superar la derrota y el humillante rechazo de los ciudadanos. Tiene un encefalograma casi plano y, desorientado y con angustia, ha elegido la peor de las opciones, la de radicalizarse, apoyando la protesta callejera y la revuelta. Con esa política, el PSOE migra hacia la extrema izquierda, se debilita y corre el riesgo de convertirse en un partido penoso y testimonial.
Pero el PSOE, tras su derrota, también está angustiado, resentido y acorralado como una fiera herida. Eso lo hace imprevisible y peligroso.
¿Logrará el PSOE reconducir su actual declive y afrontar su única salida: la regeneración y la creación, sobre sus cenizas, de un partido nuevo, verdaderamente socialista, limpio y democrático? Lo tiene muy dificil, casi imposible.
El PSOE, acostumbrado a gobernar, con cientos de miles de cuadros y militantes a los que necesita mantener, rechazado por los ciudadanos, sin haber asumido error alguno en su gobierno, en peligro de perder su feudo andaluz, desprestigiado y rechazado masivamente por los ciudadanos, sin atisbo alguno de renovación y optando por la peor de las salidas, que es el enfrentamiento y la trifulca callejera en estos tiempos difíciles para España, se ha convertido en una peligrosa fiera herida.
Una muestra de su instinto agresivo es la decisión de propiciar y estimular protestas en las calles y hasta una huelga general que son, probablemente, los comportamientos que más daño pueden hacer a la economía española y a la paz social en estos momentos.
Muchos expertos y analistas habían vaticinado que la derrota del socialismo español, degradado por el "zapaterismo" hasta extremos increíbles, vendría acompañada de grandes calamidades y traumas, como consecuencia de la protesta y el enfrentamiento social y político en las calles, un juego ue se está confirmando, extremadamente peligroso en tiempos de sufrimiento y privaciones que, curiosamente, han sido provocadas por los mismos socialistas con sus errores y mal gobierno.
Muchos ciudadanos se preguntaban por qué razón el gobierno de Zapatero siguía alimentando generosamente las arcas de los sindicatos, a pesar de que éstos le habín hecho una huelga general y de que la crisis obligaba a todos a una austeridad extrema. La respuesta está ya a la vista: el PSOE necesita la alianza de los dindicalistas para crear conflictos y dramas en las calles y plazas de España, para desgastar y hacer la vida imposible al PP y a Rajoy, sobre todo después de haber comprobado que tienen el apoyo de la mayoría de los ciudadanos de España.
Por desgracia, hay muchos analistas que, basados en la experiencia histórica, advierten que el felino puede morir luchando con una rabia desmesurada y que el PSOE ya ganó unas elecciones contra pronóstico, gracia a los atentados del 11 M de 2004, que fueron los más sangrientos de la historia del terrorismo en España y que sembraron las urnas de miedo y confusión. Mucho antes, en las luchas previas al estallido de la Guerra Civil, algunos de sus grandes líderes históricos defendieron la terrible y antidemocrática tesis de que las leyes serían respetadas únicamente si servían para realizar los cambios revolucionarios que ellos consideraban necesarios.
También recuerdan que al PSOE no le tiembla el pulso a la hora de enfrentarse abiertamente al Estado de Derecho y a la legalidad vigente, como hizo en tiempos de los GAL y más recientemente en Cataluña, donde apoyó la insumisión frente a las sentencias de los tribunales Constitucional y Supremo, abanderada por CIU y por el nuevo presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Los análisis pesimistas parten del principio de que el socialismo español, creador de un "régimen" y escasamente fiel a las reglas de la democracia, necesita gobernar y controlar el dinero público para mantener unida y fiel a su inmensa legión de militantes y adictos, mantenidos y enchufados, y, que, según la historia, tal vez se atreva a cruzar algunas líneas rojas para controlar el poder.
De cualquier manera, aunque las estrategias más extremas no lleguen a desatarse por miedo a la reacción adversa de un país que ahora desea el cambio y dejar al PP el margen suficiente para que reconduzca la triste deriva de la nación, los socialistas siempre desplegarán versiones de bajo perfil, basadas en utilizar al máximo el aparato de propaganda y agitación, repitiendo mentiras y falsos análisis para hacer olvidar a los españoles los estragos que han causado desde el gobierno: desempleo masivo, despilfarro público, poder desmedido de los partidos políticos, prostitución de la democracia, endeudamiento atroz, avance estremecedor de la pobreza, hundimiento de los valores, pérdida de la confianza y de la esperanza, desprestigio de los políticos, descrédito de la democracia, baja calidad de la enseñanza, casi medio millón de desahucios, decenas de miles de sin techo durmiendo en las calles y comiendo de la caridad y un largo etcétera de traumas y lacras, como la corrupción pública, los privilegios inmerecidos de la "casta" política, la marginación de los ciudadanos y otras muchas.
Esa es la tarea principal del socialismo que comanda Rubalcaba, más importante, incluso, que tomar las calles y capitanear la trifulca. Necesitan vitalmente que los españoles olviden pronto que fueron los socialistas los que les arrebataron la prosperidad, los que llenaron las calles y plazas de desempleados y nuevos pobres, los que fracasaron en el gobierno y condujeron a España hasta el borde del precipicio.
“El poder sólo hace inmorales a los que ya lo eran antes”. La frase, certetra, se le atribuye a Juan Barranco, alcalde socialista de Madrid entre 1986 y 1989. Todos asumen que "el poder corrompe", pero pocos admiten que lo que realmente corrompe es la militancia en un partido político. Si los políticos se corrompen cuando gestionan el poder, es porque ya estaban previamente corrompidos dentro de sus respectivos partidos.
La sentencia "El poder corrompe" es universalmente asumida y forma parte ya de nuestra cultura política, pero detrás de esa frase hay una verdad todavía más estremecedora, que nadie admite: lo que realmente corrompe es la militancia en un partido político.
La senda que conduce a la corrupción y al abuso de poder se inicia muchas veces cuando un ciudadano decide militar en un partido político, en algunos casos con buena fe, con deseos de ayudar, pero ignorando que penetra en un espacio peligroso, regido por leyes y reglas profundamente antidemocráticas y escasamente éticas, incompatibles con la dignidad humana y el verdadero progreso.
La incompatibilidad de los partidos políticos con la democracia está fuera de toda duda. La democracia es el gobierno de los ciudadanos, pero los partidos desplazan al ciudadano y son ellos los que controlan el poder, en régimen de monopolio. La democracia establece una densa red de controles y contrapesos cuyo objetivo es limitar el poder de los partidos y del gobierno, pero los partidos se encargan de desmontar y manipular, desde dentro del sistema, esa red para que so poder sea lo más ilimitado posible. La democracia es transversal y horizontal, mientras que los partidos políticos son verticales. La democracia es transparente y está al servicio de la verdad, mientras que los partidos son opacos y están al servicio del poder, utilizando, si fuera necesario, el engaño y la manipulación. El objetivo de la democracia es el bien común, pero el de los partidos es el poder y el control y disfrute de ese poder.
De los partidos políticos actuales cabe esperar jugadas tan inmorales como la reciente filtración hecha en Bruselas a la agencia de noticias Reuter por unos funcionarios anónimos, que, con toda seguridad, son miembros del PSOE. Esa filtración, que acusa al gobierno de Rajoy de estar falseando las cuentas y aumentando artificialmente el déficit para justificar recortes, subidas de impuestos y una dura reforma laboral, daña la imagen y la credibilidad de España, anteponiendo claramente los intereses de un partido concreto, plagado de corrupción, al bien común y al interés general de los españoles. Se trata de actuaciones corruptas, realizadas por corruptos que creen en los rastreros y antidemocráticos principios de que "el fin justifica los medios" o que "todo vale en política".
Los fundadores de la democracia lo tenían claro y rechazaban los partidos políticos porque los consideraban poco menos que organizaciones mafiosas e incapaces de anteponer el bien común a sus propios intereses. Así pensaban Robespierre, Dantón y casi todos los teóricos y revolucionarios franceses de finales del XVIII. El rechazo a los partidos todavía era más intenso en Jefferson y casi la totalidad de los fundadores de la primera gran democracia del mundo: los Estados Unidos de América, conscientes de que los partidos políticos ponían en peligro el sistema porque tendían a apoderarse del Estado, a monopolizar el poder y a someter a los ciudadanos.
Cuando entras como militante en un partido te das de lleno con un mundo siniestro donde los valores están trastocados. Allí no se hace carrera sirviendo a la verdad y a la propia conciencia, sino sometiéndose a los criterios y deseos del líder. Cuando cometes un error, alguien te dice al oído: "mejor olvídalo porque no te conviene que se sepa y si se publica perjudicaría al partido". Así nacen los grandes cánceres internos que convierten a los partidos en auténticas escuelas de gregarios mediocres sometidos y, en algunos casos, de déspotas, corruptos y hasta delincuentes. Siempre hay alguien en el partido que te dice que "la ropa sucia se lava en casa", mientras que otros proclaman ideas tan antidemocráticas como aquella de que "el fin justifica los medios", que "en política vale todo" o que "al enemigo ni agua". Cuando los partidos han llegado a implicarse en demasiadas irregularidades y corrupciones, las élites empiezan a desconfiar de todos los que permanecen limpios y les obligan a participar directamente en el festival de los despropósitos y arbitrariedades. Implicar a todos es un método que genera seguridad en el colectivo porque, de algún modo, garantiza el silencio. Es el mismo método que utilizaba Al Capone cuando obligaba a sus más cercanos colaboradores a cometer crímenes con sus propias manos, asegurándose así su lealtad y silencio.
Con esa terrible filosofía, suprimiendo la verdad y el debate libre y practicando una falsa lealtad, que en realidad es un vergonzoso y cobarde sometimiento al líder, los partidos forman a los que posteriormente, cuando ganan las elecciones, asumen las más altas responsabilidades del gobierno y se encargan de dirigir la nación. Es imposible que los militantes de un partido autoritario y vertical practiquen la democracia cuando alcanzan el gobierno. Valores democráticos como la igualdad, la verdad, la limpieza y la Justicia saltan por los aires porque los militantes, después de tanto tiempo pegando carteles y sometidos a las privaciones de la lucha partidista, se consideran con derecho a ser los privilegiados y a ser compensados. Más que demócratas auténticos, los que llegan al poder suelen ser peligrosos verticalistas totalitarios, ansiosos de poder, ávidos de privilegios y perfectamente entrenados para imponer su voluntad a los demás, casi todos ellos ya corrompidos por haber suprimido previamente la verdad, la libertad, la transparencia y el debate de sus respectivas vidas de militantes.
La verdad interna de los partidos es impresentable y amarga, pero irrefutable: si un militante decidiera votar en conciencia, decir la verdad en los debates internos, apoyar al que tenga razón, respetar la soberanía de los ciudadanos y defender la verdadera democracia y los valores, su carrera política quedaría liquidada en un instante.
Algunos políticos protestan cuando algunos pensadores y ciudadanos afirman, generalizando, que los políticos son corruptos, pero no tienen razón porque, aunque ellos no hayan caído en la corrupción, son cómplices activos y cobardes de muchos de sus compañeros de filas que sí son corruptos o que se han enriquecido sin justificación. El no denunciarlos, el permanecer en el partido sin abandonarlo, conscientes de que esos comportamientos colisionan con la decencia y la democracia verdadera, les hace también a ellos corruptos y enemigos de la democracia.
Juan Barranco sabía lo que decía cuando afirmó aquello de que "El poder sólo hace inmorales a los que ya lo eran antes”. La verdad es que la inmensa mayoría de los que llegan al poder hace ya mucho tiempo que convivían con la corrupción.
España es un país que se aproxima al subdesarrollo y que posee ya muchos rasgos típicos del Tercer Mundo. No importa que fabriquemos coches o que tengamos un turismo masivo, ni que nuestra renta per cápita siga siendo relativamente alta, aunque menguando cada día, porque el rasgo que marca la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo es la existencia o no de una clase media próspera y bien nutrida. La clase media española, nacida con orgullo en el franquismo tardío y fortalecida en las primeras etapas de la democracia, se está desmoronando, después del ignominioso y nefasto gobierno socialista de Zapatero.
Los contratos basura creados en tiempos de Felipe González, predecesores de los cercanos minicontratos de 400 euros, son el signo más evidente de que la clase media se apaga en España, un país que pronto quedará clara y nítidamente dividido en ricos y pobres, con muy pocos millonarios en la cabeza y muchos mendigos en la cola, un grupo maldito de parias que ya tiene en España a casi dos millones de afiliados.
La clase media española creo una familia robusta, que, a pesar del maltrato gubernamental recibido y de los estragos económicos padecidos, sigue siendo la institución más saludable del país. Esa familia está arruinándose masivamente, después de haber tenido que acoger en su seno a los hijos desempleados y de pagar con los ahorros las hipotecas de los pisos de sus hijos, para evitar desesperadamente el temible desahucio. Muchas de las antes prósperas familias están ya en la ruina porque en los momentos de riqueza avalaron a sus hijos para que se compraran viviendas y coches.
Hace apenas cinco años, ser mileurista en España era considerado una esclavitud, pero hoy es ya un privilegio. Aunque parezca increíble, hay ya casi 10 millones de españoles que ganan menos de 1.000 euros mensuales.
Ante el hundimiento de la prosperidad y el desmoronamiento del valioso colchón de la clase media, España regresa al subdesarrollo, a marchas forzadas, mientras los ciudadanos tienen que asistir a espectáculos tan deprimentes e inaceptables como contemplar a sus políticos, causantes y culpables principales del desastre, disfrutando de privilegios que hoy parecen de cuentos de hadas: sueldos de lujo, pensiones fáciles y millonarias, kit de internet, ordenadores, tarjetas de crédito, dietas, secretarias, transprotes y muchas ventajas más, mientras sus víctimas respiran cada día más miseria y desesperación. El colmo del espectáculo grotesco de la casta política en obscena exhibición es contemplar en la primera fila de la política nacional y en la opulencia a personajes que han sido un ejemplo nauseabundo de pillaje y depredación, gente como los catalanes Montilla, Carod y Saura, el castellano manchego Barreda y otros de similar calaña, todos ellos beneficiándose de la desigualdad e injusticia intrínsecas de un "régimen" que premia el abuso de sus castas poderosas y que otorga impunidad práctica a sus dirigentes.
Hay miles de políticos, peetenecientes a la izquierda y a la derecha, culpables de haber gobernado mal y de haber antepuesto los intereses propios y los del partido al bien común y al interés general. Son los que se convirtieron en casi dioses decidiendo quien trabajaba y quien no, qué empresa recibía contratos públicos y cual no, quien apruobaba unas oposiciones y quien no, quien recibía subvenciones a manta y quien ni las vislumbra. Esa gente ha desmoralizado, desarticulado y desvertebrado la sociedad española y ha castrado al país, privando a los ciudadanos de fe, confianza y energía. Esos políticos son los que han desacreditado la democracia como sistema y los que están provocando que cientos de miles de españoles, algunos de los cuales se dedican ya a rebuscar en los contenedores de basura para poder comer, sueñen, cada día con más ilusión, con un salvador que coja la escoba de limpiar y los eche a patadas.
Si no cambiamos a la clase política como un calcetín y ponemos al frente de la sociedad a gente inteligente, decente y digna, si no nos unimos realizando un titánico esfuerzo colectivo que hoy resulta casi inimaginable, pronto volveremos a ver a cientos de miles de españoles pluriempleados y completando sus sueldos miserables en la economía sumergida, cocinando castañas, comiendo mucho pan, cosiendo en las casas para los ricos, sirviendo en los hogares de los millonarios y esperando, como en el pasado ignominioso de esta nación, la limosna de los que tienen abundancia, influencia, poder y amigos en la política.
Os juro que una sociedad como la que se nos viene encima, dirigida por ineptos y corruptos, sin valores y sin justicia, no merece la pena y que el deber primordial de todo ciudadano libre y decente es impedir por todos los medios que se instaure y nos esclavice.
Mientras la prensa española sometida y complaciente llena hoy sus portadas con titulares e imágenes sobre la inútil y vacía primera reunión entre Rajoy y Rubalcaba en la Moncloa, ignora la noticia más destacada del día: un sondeo (Eurobarómetro) de Unión Europea, que revela que nada menos que el 93 por ciento de los españoles opina "que su Administración es corrupta".
El dato sobre la corrupción masiva en España es tan elevado que los sociólogos lo consideran unánime, ya que el 7 por ciento restante son políticos o asimilados. Aunque no está comprobado todavía, es probable que el dato sobre la corrupción en España sea el más elevado y unánime registrado por un eurobarómetro en toda Europa y uno de los más elevados del mundo.
Los sondeos en España, convenientemente "cocinados" por el poder, establecen que la primera preocupación de los ciudadanos es la situación pésima de la economía, seguida del desempleo masivo y, en tercer lugar, la clase política, que aparece con porcentajes de preocupación inferiores al 30 por ciento, una cifra que nada tiene que ver con lo que revela el último Eurobarómetro, según el cual nada menos que un 93 por ciento, una cifra que refleja una rara unanimidad, cree que sus políticos y gobernantes son corruptos.
Resulta incomprensible que la corrupción aparezca ya en las encuestas españolas como la cuarta preocupación ciudadana, con porcentajes muy pequeños, de menos de una cuarta parte de los que refleja el sondeo europeo.
Una de las dos partes miente y me temo que es la española, ya que, por lógica, la corrupción y el rechazo a la clase política están por encima de dos políticas concretas, como son la económica y la del empleo, responsabilidad y fracaso de esa clase política rechazada y corrompida.
Lo que no reflejan las encuestas todavía, aunque seguro que ya aparece como preocupación creciente, es la inutilidad y el fracaso de la prensa española, obsesionada con la política, dependiente de los políticos e incapaz de ser independiente y de cumplir con su deber de criticar a los poderes y reflejar las preocupaciones y anhelos de la sociedad, como establece la democracia.
La prensa española es una de las que dedica más espacio a la política en toda la Unión Europea, pero lo hace no como reflejo de un interés popular, sino como consecuencia de su vergonzoso sometimiento y dependencia de la clase política, con la que está ligada a través de alianzas desconocidas, financiaciones opacas y cruces de intereses que muchas veces se traducen en autocensuras, ocultación de verdades y defensas de políticas y de políticos alejados de la ética. .
La mayoría de los grandes pensadores políticos, filósofos y sociólogos opinan que sin una prensa independiente y crítica, capaz de fiscalizar al poder, es imposible que exista democracia y que una prensa sometida y dependiente facilita la corrupción, el abuso de poder y la arbitrariedad de los poderes.
Algunos lectores y comentaristas de Voto en Blanco me han pedido que explique por qué vertimos críticas contra Rajoy sin esperar siquiera a que se cumplan los 100 días de su gobierno. En este artículo se reconocen los aciertos del nuevo gobierno y se explican suficientemente las razones que nos llevan a criticar con dureza su injusta política fiscal.
Tras reconocer que el nuevo gobierno está adoptando las medidas correctas en política económica y afirmar que el camino emprendido está devolviendo a muchos españoles la confianza en el futuro y la esperanza en una próxima reactivación económica, tenemos que condenar con todas nuestras fuerzas la política fiscal del nuevo gobierno, por ser injusta, inmoral, contraproducente e innecesaria.
Nos causa mucho dolor considerar abusiva e inmoral la política fiscal de Mariano Rajoy y condenarla públicamente porque durante años, con tesón e ilusión, hemos estado apostando, día tras día, por el fin del reinado sucio de Zapatero. Pero ahora, cuando el triunfo de Rajoy parecía que iba a proporcionarnos algo de esperanza, descubrimos que algunas de sus medidas son injustas, antidemocráticas y rechazables por cualquier ciudadano decente.
La condena a Rajoy se basa en un razonamiento tan simple como contundente: ellos, los políticos, han construido un Estado español hipertrofiado e insostenible y ahora nos piden más impuestos para financiar ese Estado enfermo de obesidad mórbida. Lo justo hubiera sido adelgazarlo antes, suprimir sus muchos lujos y rasgos superfluos, todos ellos contarios al bien común. Pero Rajoy ha preferido hacer lo contrario: ha metido la mano en la cartera del ciudadano, a pesar de que había prometido no hacerlo, manteniendo abusos e injusticias tan flagrantes como las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronal.
Si hubiera hecho las cosas bien, tendría nuestro apoyo y tendría sentido la esperanza, pero ha abusado del poder y ha relegado el bien común a un segundo plano, apostando por la injusticia y el abuso de poder, toda una decepción para sus votantes y para los muchos demócratas que habíamos depositado cierta esperanza en su victoria.
Tiene que corregir ese error rápidamente, si no quiere que las mismas fuerzas que terminaron obligando a Zapatero a salir del poder, se alcen contra él. Las sociedades modernas exigen justicia y decencia a sus gobernantes y no están dispuestas a tolerar el abuso y la arbitrariedad. Egipto, Túnez, Libia, Siria, Yemen y la propia caída de Zapatero son claros ejemplos de rebelión ciudadana contra la indecencia del poder.
Rajoy debería haber sometido primero al Estado a un plan riguroso de adelgazamiento, eliminando los cargos públicos y puestos superfluos de cientos de miles de enchufados que viven del Estado sin aportarle nada; suprimido administraciones, instituciones y empresas que no tienen función alguna justificada porque los trabajos que desempeñan están duplicados o triplicados; realizando una profunda limpieza ética que elimine del servicio público a los miles de corruptos que se han incrustado en el Estado y enriquecido sin poder justificarlo
Pero, sobre todo, debe eliminar la injusticia que representa que los ciudadanos, con nuestros impuestos, seamos obligados, contra nuestra voluntad política, a financiar a los partidos políticos, sindicatos y patronales, organizaciones que, en democracia, deberían financiarse de manera autónoma, con las cuotas de sus miembros, como ocurre en muchas democracias avanzadas.
Antes de haberle metido con impudicia la mano en la cartera al ciudadano, sorprendiendo su buena fe y empobreciéndole para financiar un Estado injusto y desequilibrado, debería haber privatizado o suprimido muchas instituciones y empresas creadas por los gobernantes para satisfacer sus propios intereses, nunca el bien común ni el interés general. Entre esas entidades destacan las costosas televisiones públicas locales y autonómicas, puros juguetes que sólo son útiles para la vanidad de los políticos y para fortalecer los ya opresivos aparatos de propaganda y manipulación de los partidos políticos. Exprimir con impuestos al ciudadano antes de liquidar esos entes monstruosos e inútiles es una auténtica canallada.
Sr. Rajoy: podría usted haber abierto una hermosa etapa de esperanza para España, pero, sin otro motivo aparente que asaltar al débil que no puede defenderse, ha enturbiado su gobierno con una medida abusiva y sin justificación, que recuerda el peor estilo del PSOE. Sea usted consecuente con sus ideas y promesas y dé marcha atrás en los abusivos impuestos instaurados por su gobierno, que convierten a la sociedad española en la que más impuestos paga, proporcionalmente, en toda Europa y casi en todo el mundo desarrollado, todo un abuso inesperado e inexplicable, que si no es remediado costará muy caro al gobierno popular que usted preside.
La condena por el Supremo y por unanimidad del juez Baltasar Garzón tiene gran importancia y podría representar un antes y un después en la Justicia española. Gracias a esa sentencia, quedan claras varias cosas en la Justicia española: que gran parte del sistema está contaminado y es incapaz de defender principios básicos de la Justicia y que, a partir de ahora, tienen vigencia principios fundamentales del sistema, como el de que el fin, en Justicia, no justifica los medios, que la Justicia a cualquier precio no es Justicia y que los procedimientos, para que exista Justicia, tienen que ser impecables.
En adelante es posible esperar que los principios fundamentales de la Justicia democrática se fortalezcan en España y que los tribunales ganen en independencia y rigor. Es de esperar también que, a partir de este momento, los jueces más decentes y sujetos al derecho se atrevan a procesar a los muchos canallas y sinvergüenzas que han puesto de rodillas a España y cuya persistencia en la rapiña, el abuso y la arbitrariedad ha llevado a este país hasta el borde de la ruina, el hundimiento moral y la derrota como nación.
El juicio del juez estelar Garzón es un inmenso espejo que refleja con claridad nítida la esencia del sistema judicial español. La querella fue puesta en marcha por el abogado Ignacio Pelaez, defensor de uno de los implicados en el caso Gürtel, que acusaba a Garzón de haber ordenado la escucha y grabación de todas las conversaciones de los implicados con sus abogados defensores, un paso de enorme gravedad que viola claramente el derecho de todo acusado a hablar en libertad con sus abogados.
Lo curioso del caso es que el juez más famoso y poderoso de España ha sido destituido y humillado por el Supremo no porque los grandes tribunales, ni la Fiscalía, ni el órgano de gobierno judicial lo acusaran para pararle los pies, sino porque un simple abogado defensor se atrevió a denunciar su abuso de poder y la violación de un derecho básico.
La sentencia condenatoria a un juez que tiene a la opinión pública de su parte y que cuenta con el apoyo de muchos políticos con poder en España es ejemplar y constituye un acto de soberanía y rigor judicial de gran trascendencia, que pone de relieve la debilidad y falta de solvencia que ha tenido el sistema judicial español hasta ahora.
Ha sido un simple abogado el que se ha atrevido a denunciar la violación de un principio básico en Justicia, lo que coloca en situación incómoda y deja fuera de lugar a los muchos que no se atrevieron a denunciarlo, entre ellos el propio Consejo del Poder Judicial, los grandes tribunales, los colegios de abogados, las asociaciones de jueces, que funcionan casi como partidos políticos dentro del sistema judicial, y otras instancias que, a juzgar por lo ocurrido y por su vergonzoso silencio, podrían estar claramente contaminadas de cobardía, de miedo y, en algunos casos, hasta de complicidad con lo mucho de sucio que anda suelto por España.
Simplificando, la condena de Baltasar Garzón representa la caída de un poderoso que parecía intocable; la desautorización y condena de prácticas impropias de la democracia y propias de totalitarismos; la condena de la cobardía y el sometimiento de una parte importante del sistema judicial; el retorno del respeto a las reglas y garantías que permiten administrar Justicia; y la esperanza de que ese sistema sea capaz ahora de arremeter contra los delincuentes y canallas incrustados en las administraciones e instituciones del Estado.
Los gobiernos de España están realizando muchos recortes para evitar la quiebra, algunos necesarios y muchos otros innecesarios, pero el principal recorte que el país necesita, el que afecta al número de sus políticos y enchufados, sigue sin hacerse. España tiene en la actualidad casi 100.000 cargos públicos, incluyendo los cargos electos y los nombrados para cargos públicos de cierta relevancia, a los que hay que añadir unos 400.000 enchufados más, casi todos ellos familiares y amigos de políticos, colocados a dedo en las distintas administraciones, empresas e instituciones públicas, en su inmensa mayoría innecesarios y prescindibles.
La gente sabe que los políticos son los mayores culpables de los desastres de España, no sólo porque ellos han gestionado mal el poder, sino porque son tantos que resulta imposible mantenerlos. Cada día son más los ciudadanos indignados con los políticos y, aunque ellos pretendan ignorarlo, la gente empieza a odiarlos. La frustración y el desencanto avanzan y la gente siente que la protesta y el rechazo no son suficientes. Cada vez son más numerosos los que pasan a la etapa superior del enfrentamiento con la "casta" política: la insumisión fiscal y la desobediencia civil.
Esa enorme masa de políticos, enchufados y paniaguados constituye el peor lastre imaginable para un país que pugna por escapar de la ruina y que sueña con recuperar la prosperidad perdida. Pero los políticos españoles, verdadera plaga ineficiente, escasamente democrática y poco preparada, se niega a soltar ese lastre y prefiere la ignominia de arruinar a los ciudadanos con impuestos insoportables antes que expulsar del sector público a esa inmensa e inútil nube de enchufados.
La eliminación de más de la mitad de ese lastre no sólo es posible sino también recomendable y representaría el más fructífero y saludable "recorte" que España necesita en estos momentos. El ahorro que significaría prescindir de más de 200.000 cargos públicos inútiles casi sería suficiente para equilibrar las cuentas públicas y alcanzar, sin otros traumas, los compromisos de reducción del déficit público español.
Pero los políticos, de manera ignominiosa e indecente, se niegan a perder poder y a limpiar de escoria superflua el atiborrado sector público español, uno de los más costosos e irracionales de toda Europa. artificialmente engordado por los partidos políticos para asegurar una vida cómoda y sin problemas a miles de enchufados que no aportan nada al bien común.
Los expertos saben que si se suprimieran las costosas y antidemocráticas subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales, si se realizara una saludable limpieza entre los cientos de miles de enchufados innecesarios y si se eliminaran empresas públicas e instituciones que no aportan nada al bien común y que, en muchos casos, duplican sus funciones, se reduciría drásticamente el déficit y los problemas económicos de España entrarían en una esperanzadora vía de solución.
Pero el problema, una vez más, es la casta política, el verdadero drama de España, no sólo por su ineficacia, torpeza y corrupción, sino por su arrogancia, nulo sentido de la democracia y por su egoísmo, que le lleva a anteponer sus propios intereses y los de sus partidos políticos a los del ciudadano y al bien común.
Si este análisis es correcto, la solución de los problemas de España pasa, ineludiblemente, por arrebatar el poder a los partidos políticos, devolver al ciudadano el protagonismo y el poder que le corresponde en democracia y por someter a la casta política al imperio de la ley y a los controles, normas y leyes que rigen el ejercicio de la democracia, reglas y normas que hoy ignoran o violan impunemente.
El PP andaluz está preocupado por el prematuro desgaste que está sufriendo Rajoy tras su inesperada subida de impuestos, contraria a sus promesas en la campaña electoral. El último sondeo del CIS revela ya la pérdida de dos puntos y las encuestas en Andalucía, donde a Javier Arenas solo le sirve una victoria por mayoría absoluta, parecen estancadas.
Aunque no lo declare en público, el PP andaluz está nervioso, tiene miedo ahora de no poder ganar por mayoría absoluta las próximas elecciones andaluzas y de que Andalucía permanezca cuatro años más en manos del agotado y corrupto partido socialista, gobernando esta vez en coalición con Izquierda Unida.
El miedo a no obtener los votos necesarios para "liberar" a Andalucía del yugo socialista proviene del intenso rechazo que ha producido en las clases medias y en los líderes de opinión la inesperada subida de impuestos decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, en contra de lo que prometió en la campaña electoral, una medida que ha "cabreado" y "decepcionado" a amplios sectores de la población y que está causando daños en las expectativas electorales de Javier Arenas.
De hecho, las encuestas señalan un estancamiento en la subida del PP o, incluso, un ligero retroceso de sus posibilidades electorales en Andalucía, que los expertos atribuyen exclusivamente al desencanto de muchos ciudadanos ante la brutal subida de impuestos decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, en contra de sus promesas electorales y de la filosofía que le llevó a ganar las elecciones, según la cual donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes.
Hay muchos andaluces que piensan que el PSOE, por su corrupción e ineficacia, merece ser expulsado del poder en Andalucía, pero, después de la traición de Rajoy con los impuestos, muchos de esos votos tal vez no sean para el PP y se marchen hacia el Voto en Blanco, la abstención, UPyD o cualquier otra formación política minoritaria y no contaminada.
El "engaño" de Rajoy es el principal tema de los debates políticos y de las conversaciones en bares y en reuniones sociales. El argumento que se repite es que antes de haber subido los impuestos, los populares deberían haber eliminado muchos gastos prescindibles y superfluos, entre ellos las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales, tres organizaciones impopulares a las que muchos acusan de ser los principales focos de la corrupción, de la escasa calidad de la democracia y del hundimiento de la economía española.
Muchos miembros del PP reconocen la preocupación y el miedo a que no obtengan la mayoría suficiente para gobernar en solitario, lo que "condenaría" a los andaluces a seguir padeciendo, durante cuatro años más, un gobierno de izquierdas, esta vez plasmado en una coalición entre el agotado y desprestigiado PSOE y los comunistas de Izquierda Unida, lo que daría lugar a un gobierno todavía más radical e izquierdista, aislado de la corriente conservadora que ya ha conquistado casi la totalidad de España, todo un "drama" para Andalucía.
Los pensadores del PP andaluz están buscando soluciones a toda prisa, ya que el tiempo es escaso porque las elecciones serán en el próximo mes de marzo. Los escándalos terribles protagonizados por el PSOE andaluz, en especial la implicación directa de altos cargos del gobierno andaluz en el sucio asunto de los EREs falsos, quizás no sea suficiente para neutralizar la inmensa indignación provocada por la subida de impuestos de Rajoy, que convierte a los españoles en los ciudadanos de Europa más explotados y esquilmados a impuestos por su gobierno.
El argumento que más indigna es la constancia demostrada de que si se suman las tasas municipales, los IBIs, el IRPF y otros tributos, cada andaluz debe trabajar para el Estado una media que supera ya los seis meses de cada año, un auténtico e injusto abuso que convierte en depredadora y confiscatoria la política fiscal española.
Lo curioso del debate es que los andaluces se muestran dispuestos a pagar más para ayudar a salir de la crisis, como lo demuestran algunos datos de generosidad constatados, entre ellos el incremento notable de las donaciones a Cáritas y a otras organizaciones éticamente fiables, pero pocos entienden que el gobierno haya optado por meter la mano en la cartera del ciudadano antes de eliminar gastos superfluos, impopulares y hasta nocivos, entre los que sobresalen las subvenciones cuantiosas a los partidos políticos, sindicatos y patronal, organizaciones que en la mayoría de las democracias avanzadas no se nutren de los impuestos ciudadanos sino de las cuotas de sus afiliados.
Al elegir a Rubalcaba como secretario general y no optar por un dirigente nuevo que esté libre de zapaterismo y no tenga responsabilidades contraídas con la corrupción y el mal gobierno, el PSOE ha cometido un gran error que deberá pagar caro. Rubalcaba, experto en manipulación y parte activa de todos los grandes dramas del socialismo español, desde el terrorismo de Estado y la corrupción generalizada en tiempos de Felipe González hasta la mentira, el empobrecimiento y el desprestigio, traídos de la mano de Zapatero, ha obtenido los votos de 487 de los 956 delegados, frente a los 465 conseguidos por su rival, la catalana Carme Chacón.
Ninguno de los dos candidatos representaba una verdadera renovación, pero Carme Chacón por lo menos se atrevió a cuestionar la etapa de Zapatero y pidió cambios profundos (Mucho PSOE por hacer), lo que la convertía en la menos continuista de los dos candidatos. Pero el congreso ha apostado por la continuidad, y apostar por la continuidad cuando la sociedad española te ha rechazado es un signo claro de arrogancia. Rubalcaba no puede ser la solución porque fue y es parte del problema.
El PSOE, que no ha hecho autocrítica y ha dejado de lado la renovación para elegir al cerebro gris, el conspirador, el Rasputin y el Maquiavelo, está seriamente quebrado y dividido en dos bandos de difícil integración. El de los perdedores sigue teniendo a Zapatero como referencia, mientras que el de los ganadores ha recuperado como referencia a Felipe González, un dinusaurio agonizante y caducado. El Congreso tardó casi dos horas en convencer a una Chacón indignada porque le habían hecho juego sucio, amenazándole con sacar a la luz los negocios de su marido, para que compareciera como pacífica y sumisa perdedora. El PSOE tardará mucho en limpiar la mucha sangre vertida por las navajas en Sevilla. Las heridas se curan con poder y reparto, pero el PSOE tiene poco poder y casi nada que repartirse.
El PSOE es ya un partido en el que imposible que triunfe la frescura, la osadía y el riesgo. Se ha convertido en una gran empresa que da de comer a mucha gente, en la que el cambio es contemplado como una temeridad y en la siempre ganan los profesionales de la supervivencia, del poder y del reparto de privilegios.
Con Rubalcaba y sin un rostro nuevo y limpio de culpas y complicidades, el PSOE tardará mucho tiempo en hacer olvidar a los españoles la ruina que han causado a España. Rubalcaba y los suyos ya saben lo que tienen que hacer para mitigar el desastre: convencer a los españoles, poco a poco, de que el culpable del drama no ha sido el socialismo, sino un inepto que se les coló en la secretaría general, llamado José Luis Rodríguez Zapatero.
Sin embargo, el cadáver de Zapatero lejos de haber sido sepultado, está muy vivo y la inmensa egolatría mendaz de ese tipo le hará actuar como un molesto y peligroso fantasma socialista derrotado y resentido, que seguirá influyendo en la vida de su partido durante muchos años.
El PSOE, más parecido a una jaula de locos que a un partido político solvente, se reune hoy en Sevilla, en su 38 Congreso Federal, para apuntalar su decadencia y poner las bases a su inestable e inquietante futuro. Sin embargo, el partido parece desconocer que no puede haber renovación apostando por el pasado, con dos candidatos a secretario general implicados directamente en el "zapaterismo", una de las etapas más sucias, indecentes y dañinas del socialismo español, causante de estragos en la sociedad y promotor del desempleo, la pobreza, la tristeza, el fracaso y la actual angustia de España.
El PSOE tiene que elegir a partir de hoy, en Sevilla, al nuevo líder que sustituya al fracasado Zapatero en el timón del partido, pero, inexplicablemente, ha decidido elegirlo entre Rubalcaba y Chacón, dos cómplices de Zapatero, ministros del peor gobierno que ha tenido España en muchos años.
El que el PSOE inaugura hoy es el congreso de la mentira y de la frustración, un cónclave marcado por lo absurdo y por el surrealismo porque quiere afrontar el futuro apostando por el pasado; pretende recuperar el favor de los españoles sin antes pedirles perdón por los daños causados; quiere regenerarse utilizando piezas caducadas y tiene que optar entre dos modelos antiguos y agotados, el representado por Carme Chacón, que es una reedición del zapaterismo, pero con faldas, y el que representa Rubalcaba, que representa la promoción del mundo oscuro de las cloacas y los secretos del Estado, que incluye una traición táctica a un Zapatero con el que colaboró estrechamente en el gobierno, como vicepresidente y heredero oficial.
Salvo que elijan a un dirigente nuevo y limpio de responsabilidades con el nefasto zapaterismo, el PSOE aparecerá en el congreso como un partido desnortado y perdido que quiere sacar futuro del pasado y limpieza de donde no la hay.
El Congreso socialista, salvo sorpresas, parece un aquelarre enloquecido y preñado de contradicciones y apuestas tan imposibles como inconsistentes ¿Cómo puede buscar la regeneración un congreso presidido por Griñán, dirigente máximo de una comunidad, la andaluza, que se ha ganado el terrible "mérito" de ser la región española más corrupta y políticamente degradada? ¿Cómo pueden plantearse opciones de futuro limpias y decentes cuando se debate en un escenario marcado por escándalos de robo y rapiña tan terribles como los falsos EREs y el uso mafioso del dinero público por parte de la propia Junta de Andalucía, donde los jueces están ya investigando si la implicación en la orgía ha afectado sólo a directores generales o al gobierno en pleno, con dos presidente (Chaves y Griñan) potencial y presuntamente implicados? ¿Cómo puede un partido regenerarse sin haber reconocido antes que está degradado y postrado, sin ni siquiera haber admitido que el pueblo español le ha dado la espalda por sus errores, corrupciones y fechorías?
El congreso socialista de Sevilla es un auténtico fraude a España, que, a pesar de que los partidos políticos son su gran problema, necesita un partido fuerte para que le sirva de contrapeso a una derecha que, con un PSOE débil y hundido, carecerá de contrapesos y podría tornarse demasiado poderosa y arrogante.
El congreso socialista podría haber albergado la esperanza, en lugar de la inquietud, si hubiera emprendido el camino de la regeneración, una ruta que comienza reconociendo los muchos errores cometidos por Zapatero y su gobierno, la mala gestión de la crisis económica, la responsabilidad ante el desempleo masivo, el avance de la pobreza y el desprestigio mundial de España, y una alta dosis de culpa en la actual fortaleza del nacionalismo, el uso de la mentira desde el poder, el despilfarro económico y el amparo de la corrupción, entre otros muchos dramas, para, después, pedir perdón y, finalmente, haber optado por un congreso de verdadera renovación, con candidatos limpios de culpa y portadores de futuro.
Pero la opción ha sido otra, tal vez porque el socialismo, bajo Zapatero, se ha deteriorado al menos tanto como la misma España, y ha decidido elegir entre una catalana con profundos rasgos nacionalistas, que, en la España actual, es prácticamente imposible que sea admitida como líder, y un genuino representante de las cloacas del Estado, un tipo caducado por la edad y por sus implicaciones en los peores y más negativos fracasos políticos del socialismo español, desde el terrorismo de Estado y la corrupción galopante de Felipe González hasta la mentira, la corrupción, la alocada ingeniería social, el despilfarro, el endeudamiento masivo y la corrupción renovada "made in Zapatero".
A la vista de sus muchos errores, déficits, carencias y ceguera política, más bien parece que el PSOE se reune en Sevilla para cavar su fosa.
Domingo, 3 de junio
José Pómez
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Francisco Rubiales
Rufino Soriano Tena
Pedro Fernández Barbadillo
Paco Sande
Julio César Izquierdo
Raúl González Zorrilla
Carlos Ruiz Miguel
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