El Partido Popular afirma que el trasvase de poderes entre los socialistas y los ganadores de las elecciones del 20 de noviembre ha sido ejemplar, pero mienten. La última "fechoría" del gobierno saliente ha sido ocultar que el déficit alcanzaría el 8 por ciento, dos puntos más de lo comprometido, una cifra terroible que obligará a adoptar medidas extraordinarias y muy dolorosas.
La mentira de tachar de ejemplar una despedida socialista que ha sido mezquina y tramposa tiene dos únicas explicaciones: o los populares están acomplejados ante la izquierda y destilan ante ella toda su cobardía o quizás mienten porque quieren ganarse la adhesión del PSOE para cambiar algunas leyes y normas fundamentales que requieren algo más que una mayoría absoluta.
De cualquier manera, la mentira del trasvase de poderes ejemplar no aguanta ni siquiera un análisis ligero. Los gobiernos en funciones que han sido derrotados por la voluntad popular, según las tradiciones democráticas, están obligados a adoptar únicamente medidas imprescindibles y excepcionales, pero los socialistas han vaciado las arcas públicas concediendo subvenciones a sus amigos y patrocinados. La última publicada por el BOE, hecha tan sólo unos días antes del 20 de noviembre, es la concesión de 600.000 euros de subvención al cine totalitario de los hermanos Castro, en la Cuba oprimida por el comunismo.
Pero los socialistas, a pesar de las palabras amables y hasta amigables del propio Rajoy y de sus ministros, ha hecho otras muchas fechorías en el periodo de gobierno en funciones, entre ellas nombrar a muchos altos cargos y asesores en ministerios y empresas públicas, conscientes de que serán destituidos, pero también indemnizados, por el nuevo gobierno.
Ese derroche de reparto de poder y de dinero en un país como España, al que los socialistas han conducido hasta la pobreza y el desempleo masivo, es especialmente inmoral e indecente, aunque Rajoy y los suyos, inexplicablemente, digan que el traspaso de poderes ha sido "ejemplar".
El nuevo gobierno, además de las arcas vacías, se encuentra con la herencia de muchos compromisos asumidos por el anterior gobierno en la etapa final de su mandato, con muchos amigos colocados de urgencia en ministerios y en empresas y organismos públicos, con las cúpulas policiales proclives al PSOE promocionadas y, lo que es peor, con muchos organismos del Estado, que deberían ser independientes, incluyendo a órganos reguladores, que han sido puestos bajo en control de socialistas destacados.
Si todo eso es ejemplar, que venga Dios y lo vea.
hay una tercera explicación del sometimiento de los populares ante los abusos socialistas en el traspaso de poderes, pero es demasiado perversa para que pueda ser cierta. Sin embargo, como ha sido esgrimida en diversos foros y debates de Internet y en algunos medios de comunicación tradicionales, la exponemos: los populares guardan silencio ante los abusos socialistas para que, llegado el momento, en el futuro, cuando ellos tengan que abandonar el poder tras su correspondiente derrota en las urnas, los socialistas también guarden silencio y permitan sus propios abusos y desmanes.
Los españoles tendrán la oportunidad de comprobar pronto si es verdad o mentira que "La Justicia es igual para todos", como ha afirmado el rey Juan Carlos en su reciente discurso de Navidad. Hasta ahora, todo indica que esa frase es pura propaganda, pero tal vez las cosas cambien y los miles de políticos y poderosos que han desvalijado las cajas de ahorro, han corrompido las instituciones y se han enriquecido ilícitamente dejen de ser impunes y sean juzgados, como los ciudadanos exigen.
La gran diferencia entre España y otros países corruptos es que en España la corrupción no es una enfermedad contraída por la sociedad, sino un mal que ha nacido en la clase política y que ha sido propagado por los políticos y los poderosos. Han sido los políticos españoles los que se han abandonado la ética y la decencia, han dejado de ser ejemplares, se han podrido, han deteriorado profundamente el país, han traicionado la democracia y han prostituido la confianza que los ciudadanos habían depositado en ellos como conductores de la nación. Ni siquiera han podido contaminar plenamente la sociedad española, que es mucho menos corrupta e indecente que sus clases dirigentes.
Esta España del presente, internacionalmente desprestigiada, económicamente hundida, políticamente corrompida y éticamente desnuda, es una obra exclusiva de la clase política y de algunos poderosos, sin que el pueblo haya tenido culpa alguna. El deterioro de la España del caso "Campeón", de los EREs trucados en Andalucía, del Instituto Noos del yerno del rey, de la SGAE depredadora y de las cajas de ahorros esquilmadas, también por políticos, es tan espantoso que es mas urgente recuperar la decencia que reactivar la economía. Es más, sin limpiar España de canallas y sinvergüenzas, nunca será posible la resurrección.
Los escándalos de corrupción están arrasando España y provocando una insoportable lluvia de vergüenza y desconcierto en sus ciudadanos, que no comprenden cómo y por qué sus dirigentes han caído tan bajo. Los últimos casos que ocupan las portadas de los medios de comunicación son la Operación Campeón y el del Instituto Nóos, mientras se van conociendo detalles espeluznantes de la auditoría externa de la SGAE, que confirman la corrupción de esa institución, aliada y protegida del poder socialista, hasta convertirse en el lucrativo negocio de sus dirigentes, con la complicidad de los poderes públicos.
La corrupción desciende de las alturas e impregna a la sociedad española con su infección viscosa, lo que agrava la crisis económica salvaje y estrecha las puertas que conducen a la regeneración. La corrupción, obra casi exclusiva de la clase política, especialmente de los que, desde el gobierno, han sido cómplices o han avivado su fuego destructor, sin que ni uno sólo de los miembros del poder pueda reclamar su limpieza ante el pueblo porque el que no ha participado ha sido cómplice y coparticipe con su silencio y cobardía, por no haber nunca denunciado la podredumbre que le rodeaba y en la que participaban muchos de sus correligionarios y compañeros de partido.
Esa corrupción política deslegitima a los gobernantes y les resta la fuerza moral y el liderazgo que España necesita para salir de la crisis. Cuando los canallas que han emponzoñado España imponen restricciones y recortes, algunos de los cuales afectarán dramáticamente a las pensiones, sueldos, sanidad, educación y otros servicios sociales básicos, no tienen fuerza ética para lograr que los ciudadanos les sigan. Para colmo de males, los que imponen los recortes siguen disfrutando de privilegios y de una riqueza que no merecen y que el pueblo considera ya un robo. Los corruptos, desprestigiados y odiados, no pueden exigirle al pueblo sacrificios voluntarios y tendrán que imponerlos por la fuerza. Los ciudadanos tendrán siempre el derecho a despreciarlos y a recriminarles que las desgracias actuales han sido provocadas por ellos mismos.
Los escándalos se reproducen por todas partes, desde la administración local a las más altas instituciones del Estado. El ex ministro de Fomento y ex portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco está siendo investigado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho en la Operación Campeón. La Fiscalía ha pedido al Supremo que se abra procedimiento contra quien fue durante todos estos años el ‘número dos’ y verdadero factotum del PSOE, el partido en el Gobierno.
Paralelamente, otro escándalo golpea de lleno a la Casa Real. Las corruptelas y presuntos delitos del Instituto Nóos que presidía el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, El duque de Palma obtenía esos contratos de interlocutores políticos de un partido y de otro, sin que importara el color político de los interlocutores, una evidencia de que la corrupción no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, sino de una clase política que merece ser expulsada del poder en masa.
La corrupción en España no es, como algunos afirman, una concatenación de casos aislados, sino toda una epidemia nacional alimentada desde los cuarteles del poder y los sectores más poderosos, como si hubieran querido esquilmar la sociedad y exprimirla hasta destruirla.
La corrupción en España ha sido y es una conspiración de los poderosos contra el pueblo y el bien común, un ataque sistemático al interés general y a la decencia con focos y metástasis en las administraciones públicas, los partidos políticos, Cataluña, Andalucía, Valencia, la Casa Real y otros muchos espacios de la vida española. Es así como debe ser enfocada y juzgada con todo rigor por la Justicia, la única instancia del Estado que tiene poder y recursos para emplear la escoba, el látigo y los barrotes que España necesita para resurgir.
Carme Chacón, los muchos firmantes del documento titulado "Mucho PSOE por hacer" y muchos otros miles de socialistas que pasean su desmoralización y confusión por todo el mapa de España saben que una gran parte de los socialistas españoles, empezando por Zapatero y muchos de sus secuaces, están muertos, sin que ellos lo sepan. Hace mucho tiempo que olían a cadáver, pero continuaron comportándose como si estuvieran vivos. Acostumbrados a la podredumbre, los cadáveres no pueden ni oler el hedor que despiden después de haber destruido su país, su partido y buena parte de la esperanza de todo su pueblo.
El documento "Mucho PSOE por hacer" es crítico y despliega un análisis bastante certero de la actual situación de su partido y de las causas que le han conducido a ella, proponiendo una serie de medidas para enderezar su rumbo y evitar el negro futuro que se le presenta, plagado de amenazas y de derrotas, la primera de las cuales, claramente anticipada por las encuestas, se producirá en Andalucía, donde en marzo aplastante mayoría del Partido Popular. Sin embargo, el documento no se atreve a reconocer abiertamente la existencia de una legión de muertos vivientes, cadáveres y momias inservibles dentro del socialismo español, ni es capaz de alcanzar la conclusión valiente y correcta de que nadie que haya estado vinculado a los gobiernos de Felipe González y Zapatero puede ser útil para el futuro.
El fracaso del "zapaterismo" ha sido de tal envergadura que nadie que haya participado en esa orgía de despropósitos y estrados tiene ya futuro en la política española. Zapatero, Rubalcaba, Barreda, Pepiños, Pajín, Chaves y todos los demás están muertos, pero se pasean por el escenario como cadáveres estúìdos, desconocedores de que han perecido.
Muchos en el PSOE lo han percibido y están tomando medidas. Las rebeliones en las agrupaciones son cada día más numerosas. Los jóvenes socialistas no se conforman con la tesis oficial de que el fracaso se debe a la crisis y exigen un examen minucioso de lo sucedido, un análisis exaustivo que señale todo lo que se ha hecho mal en los últimos ocho años, la verdadera causa del inmenso castigo que los ciudadanos han dado al PSOE en las urnas.
Pero el partido socialista, en teoría sometido a procesos internos democráticos, se ha hecho vertical y autoritario, hasta el punto de que en su seno ya no es posible el verdadero debate y el uso de la verdad. Hay miles de socialistas en Andalucía que saben que Griñan es un cadáver y que si se presenta en las próximas elecciones como candidato, será barrido, pero no es posible cuestionar al líder, que ha terminado siendo elegido candidato "por aclamación".
El espectáculo de los cadáveres que ignoran su naturaleza muerta es terrible y esperpéntico. De los muertos sólo pueden surgir ideas y propuestas necrosadas. Rubalcaba ha decidido combatir el desánimo interno tocando el tambor en el Parlamento con iniciativas rescatadas del baúl de los recuerdos del Gobierno de Zapatero tales como la ley de muerte digna o la de Igualdad. Son propuestas necrófilas, marcadas por el "rigor mortis", desconectadas de la vida. Los que todavía no están lo bastante contaminados para ignorar la muerte y perciben el baile de los cadáveres en el socialismo español se desesperan y braman desde la impotencia, incapaces de transmitir a la cúpula que ya han muertos y que deben ser enterrados.
Es irónico, pero el jefe de los espectros es Felipe González, el más muerto de todos, una reliquia del pasado que sigue paseándose, como fantasma insatisfecho, por los escenarios y los pasillos del partido, añorando sus tiempos de gloria. La legión de cadáveres que domina hoy el PSOE vuelven a aclamarlo, como si su tiempo no hubiera pasado, como si él no fuera ya una momia desvencijada.
La realidad es esperpéntica y triste. Los cadáveres quieren renovar, pero no pueden hacerlo. Las ideas que nacen de ellos son todas de ultratumba, propuestas e iniciativas envueltas en polvo y telarañas.
La candidatura de Carme Chacón, la más novedosa que es capaz de ofrecer ese partido envejecido y descuartizado, tampoco es válida, pues la política catalana y casi todos sus seguidores han sido cómplices de los estragos del "zapaterismo" y culpables de la casi destrucción de España llevada a cabo por el socialismo en los últimos años. La única candidatura viable para sacar al PSOE de su cementerio será una de gente nueva, joven, alejada del oficialismo y dispuesta a realizar cambios profundos que conduzcan hacia la democracia y la ética, dos valores perdidos por el socialismo español durante su largo periplo por el poder público.
Los vivos lo sabemos, pero los muertos lo ignoran. La única forma que tiene el PSOE de regresar a la vida es enterrando a sus muertos bajo losas de hormigón para que no se escapen más del subsuelo y dejen a los vivos refundar un partido que en las últimas décadas ha acumulado demasiada indecencia y vergüenza en sus depósitos: corrupción, terrorismo de estado, desempleo masivo, despilfarro insultante, privilegios indefendibles, riqueza injustificable, financiación inconfesable, endeudamiento enloquecido, mentiras, trampas, trucos, engaños y un largo etcétera de enfermedades antidemocráticas que han llevado la desgracia a muchos españoles y a muchos "compañeros" hasta la tumba política.
La composición del nuevo gobierno y las palabras pronunciadas por Rajoy en su discurso de investidura permiten afirmar que el Partido Popular va a revolucionar la economía y que realizará una fuerte apuesta por la áusteridad y el cambio económico, pero que abandona todo intento de regeneración democrática y ética. La España de Rajoy intntará ocupar un puesto en la Europa próspera, pero es más que probable que siga siendo una de las democracias más deficientes y miserables de Occidente, incapaz de castigar a los depredadores y corruptos que se han afincado en el poder, realizando desde lo público numerosas fechorías y desmanes.
El discurso de investidura de Rajoy, acertado en lo económico y solvente en el tono, ha causado, sin embargo, gran frustración a cientos de miles de demócratas españoles, que descubrieron, por las palabras del nuevo presidente del gobierno, que el PP no está dispuesto a regenerar la democracia ni a afrontar el imprescindible rearme ético de España, especialmente el de sus corruptas e indecentes administraciones públicas. Todo indica que la apuesta del nuevo gobierno será reforzar la actual partitocracia férrea y mantener a España lejos de la verdadera democracia.
Su posterior reconocimiento público a Zapatero, uno de los peores gobernantes de la Historia moderna de España, junto con Fernando VII y Largo Caballero, unido a la promesa de que no pedirá responsabilidades a los ineptos, ladrones, sinvergüenzas y corruptos que han arruinado a España, engañado a los españoles, mentido desde el poder y despilfarrado hasta la locura, han decepcionado profundamente a los que, convencidos de que España tiene ahora la mejor oportunidad de reformar su degradada democracia, esperaban que el nuevo gobierno asumiera ese desafío y devolviera independencia al poder judicial, reformara la injusta ley electoral, incrementara el control sobre los todopoderosos partidos políticos, eliminara la impunidad de la casta política y estableciera penas duras y ejemplares para los que abusen del poder y mentan sus manos en las arcas públicas.
La frase concreta que ha decepcionado a los demócratas es la siguiente: "No voy a pedir responsabilidades, pues ya han sido dirimidas en las urnas". El castigo de la derrota, siempre dulce en un país que financia también a la oposición generosamente, con cargos y dibnero público, no es suficiente porque las urnas no han proporcionado el castigo que merecen en democracia aquellos que son culpables de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de poder, ni han logrado que el dinero sustrido sea devuelto a los ciudadanos, que son sus únicos dueños, ni han proporcionado la compensación que merecen las víctimas de la arbitrariedad y del abuso.
Nadie duda de la solidez y solvencia del nuevo gobierno, pero sí de sus intenciones. La apuesta de Rajoy parece centrada exclusivamente en la economía. Si logra reconducirla y devolver a España la prosperidad perdida durante el nefasto mandato de Zapatero, su éxito será reconocido, pero tal vez no sea suficiente por dos razones importantes: la primera es que la sociedad española tiene deseos de regenerarse y de castigar a los delincuentes que se han refugiado en el poder político, y la segunda es que el desprestigio actual de la clase política española, reflejado con creciente crudeza en las encuestas, no se debe al fracaso del gobierno en la gestión de la crisis, sino al espantoso crecimiento de una corrupción en la que el PP, actualmente en el gobierno, tiene una importante cuota de protagonismo, aunque notablemente inferior a la del socialismo derrotado.
Rajoy no debería perder de vista lo que le ocurrió a él mismo en las elecciones de 2004, que el pueblo le derrotó y prefirió al inepto Zapatero, precisamente cuando la economía, conducida por Aznar, estaba en su momento más brillante, creciendo más que toda Europa y generando empleo de manera casi imparable.
Delitos políticos no tipificados en España, pero delitos siempre en democracia, como la mentira reiterada al pueblo desde el poder, el uso del dinero público para comprar votos y voluntades, anteponer el interés del partido al bien común, el enriquercimiento injustificado de miles de políticos y cargos públicos, las apuestas por la desigualdad, la arbitrariedad en la concesión de subvenciones y ayudas, la utilización de la Justicia para castigar al adversario, la permisividad ante la corrupción masiva y otras muchas fechorías perpetradas desde lo público en los últimos años deben ser castigadas si el PP quiere ser reconocido como gobierno.
Casos como los de Urdangarín, yerno del rey, los EREs mafiosos de la Andalucía socialista y las múltiples sospechas de corrupción que pesan sobre miles de políticos, algunos de ellos encaramados en las altas instancias del Estado, como son los casos de Pepiño Blanco y José Bono, entre otros muchos, tienen que ser juzgados por una Justicia que sea independiente y que no esté manipulada y controlada, como lo está en la actualidad, por unos partidos políticos que no muestran interés alguno por la verdadera democracia y que se sienten a gusto en esta oligocracia o sucia dictadura camuflada de partidos que es España.
La composición del nuevo gobierno explica el duro enfrentamiento reciente de Rajoy con Rosa Díez, que reivindicó desde la tribuna del Congreso la urgencia de una mejora de la calidad de la democracia y el castigo de la corrupción y el abuso, y permite pensar que el nuevo gobierno renuncia a la escoba de barrer inmundicias y no desea más cambios que los que afectarán al ámbito económico.
Ahora que despierta esperanza, disfruta de la adhesión masiva de los españoles y cuando todavía está a tiempo, Rajoy debería asumir una verdad fácilmente constatable: que los españoles no sólo quieren salir de la pobreza que les amenaza, sino también de la podredumbre que les envuelve y degrada. La oportunidad presente es única y quizás irrepetible, pues los vientos soplan a favor y nadie, ni siquiera los incontrolados y arrogantes partidos políticos, podrían oponerse a una regeneración política y a un rearme moral de España, que sería apoyado, eufórica y masivamente, por la inmensa mayoría de la sociedad.
Montilla tiene razón cuando afirma que no acepta que "los males de Catalunya sean culpa del anterior Govern". La verdad es que el "Tripartito" no hizo otra cosa que seguir las huellas de otros gobiernos anteriores de CIU, agregando su propio ladrillo a la gruesa y sólida pared de la corrupción catalana, dueña, durante 32 años, de la región y del destino de sus ciudadanos.
Entre los asistentes al Congreso estaba Narcís Serra, padre de la corrupción, catalana a gran escala, junto con un Jordi Pujol que también debería haberse sentado en el Congreso como invitado de honor y maestro del expolio victimista. Ellos dos son los principales tutores y conductores de una casta político financiera catalana que se ha enriquecido de manera estruendosa, por medio de la especulación inmobiliaria y financiera, logrando que Cataluña haya sido, durante décadas, el territorio de Europa con más billetes de 500 euros por metro cuadrado. Ellos han mostrado el camino a sus seguidores y discípulos, políticos, financieros y empresarios de la prosperidad catalana. Les han enseñado a recalificar, a repartir, a apalancarse, a triplicar sueldos y dietas, a colocar a costa del Estado a miles de familiares, amigos y clientes, a engañar y a vender lo barato a precio de lujo. Todavía se ofrecen áticos nuevos, a 3 millones de euros, en la zona de Diagonal Mar, uno de los focos del expolio.
Han creado una Cataluña endeudada e insostenible, con cajas de ahorro arruinadas y con el presupuesto público agotado, con 260.000 funcionarios y 47.000 millones de euros de deuda, pero poblada de millonarios corruptos y privilegiados,que han sabido ordeñar al Estado y a la sociedad con maestría inigualable, a los que llaman "emprendedores" y distinguen como próceres del catalanismo, rodeados de los mejores puticlubs de Europa, de paraísos del narcotráfico y el blanqueo, de venta masiva de cocaína sudamericana y de hachís marroquí, de cientos de miles de inmigrantes ilegales y de masas crecientes de ciudadanos catalanes desamparados, desconcertados y empobrecidos.
Han sido artistas de la política y del arte de mandar, capaces de realizar un tránsito modélico, sin que cambie nada sustancial, entre el franquismo y una democracia que siempre estuvo adulterada y convertida en una oligocracia de partidos y clanes. La Cataluña que han creado al unísono, los socialistas y los convergentes, con la ayuda de otros grupos menores y sedientos de mojar también en la riqueza, se parece demasiado a la España del XIX, organizada por tribus y clanes y dominada por señoritos a los que todos rinden pleitesía y obediencia para recibir privilegios y ventajas.
El 64% de los delegados socialistas aprueban la gestión de Montilla, el 22% se opone y el 13% se abstiene. Una verdadera tragedia que indica que no han aprendido nada del desastre que les rodea, ni tienen propósito de enmienda. Montilla, casi con tanta culpa en las desgracias de España como Zapatero, tiene su asiento en el Senado y su lujosa oficina de ex presidente, el premio que le dan los catalanes por conducirles hacia la ruina y la injusticia. El Congreso afirma que han tocado fondo y que, a partir de ahora, sólo pueden crecer. Ya está en marcha la esperanza de mojar de nuevo en el futuro, de esperar a que los catalanes de cansen de CIU y les llamen de nuevo.
Si tuviésemos que elegir una imagen elocuente del esperpento de la Cataluña corrompida e injusta, quizás la mejor sería la de los actuales Mossos, que continúan sin chalecos antibalas ni dinero para la ITV mientras sus dirigentes políticos e niegan a clausurar las embajadas catalanas en el extranjero y nadan en abundante dinero blanco y negro.
Pobre Cataluña, tan lejos de Dios y tan cerca de su particular y admirada manada de canallas. Tal vez tengan razón los pesimistas y sea verdad que esa hermosa tierra no tiene remedio y que desmontar 32 años de opresión, robos y engaños es imposible. Los mismos que la arruinaron se preparan para gobernar de nuevo. Los que la expoliaron son los que ahora, para volver a llenar las arcas, practican recortes que pagan los menos ricos. Más injusticia y salvajismo político es casi imposible. Nada de lo que hoy existe en Cataluña se parece, ni siquiera tangencialmente, a una democracia. Aquello es una dictadura de expoliadores sagazmente travestida e inteligentemente hipócrita.
¡Visca Catalunya!
La prensa publica hoy que el Rey conocía los enjuagues e irregularidades de su yerno Urdangarín desde antes de 2006, cuando le obligó a salir del instituto Nóos y, posteriormente, a trabajar fuera de España. Muchos españoles se preguntan hoy si el rey hizo bien o debió, como manda la ley, denunciar los delitos que entonces descubrió y hoy están siendo juzgados. En términos generales, creemos que, por su extraño comportamiento ante el caso Urdangarín, la Casa Real merece al menos un suspenso en democracia.
El Rey aparta a Urdangarin de los actos oficiales por su comportamiento 'no ejemplar'. Han tenido que sentirse avergonzados y agobiados con el escándalo del "yerno" real para decidir que rendirán cuentas del dinero que reciben del Estado, una decisión que la familia del rey Juan Carlos debió adoptar desde el principio de la democracia y que adopta ahora, tarde y forzada, todo un ejemplo de la escasa sensibilidad democrática y ética de la Jefatura del Estado de esta España invadida por virus corruptos e ineptos.
El rey, ante la gravedad de las irregularidades de su yerno Urdangarín, sujeto a una investigación judicial que podría llevarlo a la cárcel, ha decidido apartarlo del protocolo familiar y ha decidido también "rendir cuentas" a los ciudadanos, a partir de ahora, del dinero que recibe del Estado (8.4 millones de euros anuales), una decisión tardía y nerviosa que demuestra que los peores virus que están degradando la democracia española han alcanzado también a la Zarzuela y a la Corona.
Hablar ahora de rendir cuentas, de austeridad y de transparencia, justo cuando la opinión pública española está indignada por el comportamiento de Iñaki Urdangarín, que utilizó su parentesco con el monarca para lucrarse en negocios que no fueron, precisamente, limpios, resulta sorprendente, sospechoso y democráticamente inaceptable.
La Casa Real está demostrando, en los últimos años, que ha perdido sensibilidad, músculo y reflejos, colocándose tristemente por detrás de los acontecimientos y renunciando a la ejemplaridad que en democracia es exigible a las altas instituciones del Estado, sobre todo al monarca. Muchos observadores piensan que la Casa Real no ha sido todo lo ejemplar que se esperaba de ella y que cometió errores de bulto estratégicos muy graves en los últimos años, entre ellos haber exhibido públicamente la estrecha amistad del monarca con Zapatero y haber guardado un silencio extraño e incomprensible ante la corrupción y el mal gobierno que han hecho estragos en España.
Muchos pensadores creemos que en la España actual el poder ha dejado de ser la expresión de una democracia pluralista para convertirse en el dominio de una élite. Si eso es así, el poder que ejerce el gobierno, aunque haya surgido de las urnas, sería ilegítimo.
Esta conclusión de que el poder en la España del presente no es una emanación de la democracia sino el dominio de una casta que controla la sociedad más allá de lo que es permisible en democracia, es radical porque surge de las raíces del sistema y de la hipótesis comprobada de que en España no existe ya un régimen democrático sino una oligocracia de partidos y de políticos profesionales, justo lo que los atenienses de tiempos de Pericles consideraban como el lado opuesto y oscuro de la democracia y la libertad.
La oligocracia es el dominio ejercido por una élite que controla los resortes y recursos del sistema y que, en la práctica, impide que otras personas ajenas a esa élite accedan al poder. En términos amplios, se trata de una dictadura camuflada, en este caso con apariencia democrática, porque emana de las urnas y de unas elecciones que se presentan como "libres", sin serlo realmente.
Para alcanzar esta conclusión desarrollé una investigación amplia sobre la naturaleza del poder democrático, de la que surgieron tres libros: Democracia Secuestrada (Almuzara, 2005), Políticos, los nuevos amos (Almuzara, 2007) y Periodistas sometidos, los perros del poder (Almuzara, 2009). En el primero descubríamos el terrible déficit de democracia existente en la sociedad y la transformación de ese sistema en una oligocracia, cambio realizado por las castas dominantes con nocturnidad y alevosía, sin otro fin que reforzar sus privilegios y ventajas, en contra de los intereses ciudadanos y del bien común. En el segundo identificábamos a los políticos como los grandes culpables de esa traición a la democracia y analizábamos el enorme poder que la casta política ha llegado a acumular en nuestro tiempo, superior, incluso, al detentado por otras élites en el pasado, en apariencia más absolutistas y opresoras. En el tercero, identificábamos a los periodistas como los grandes cómplices de los políticos en la sucia tarea de cambiar la democracia por una oligocracia y se sostiene la tesis de que sin la traición de los periodistas y los medios de comunicación al ciudadano y a la democracia, ese cambio de sistema y esa nueva dominación ilícita no hubieran sido posible.
El tiempo transcurrido desde 2005 no ha hecho otra cosa que reforzar esas tesis. En 2005 era arriesgado y sonaba "fuerte" hablar de democracia secuestrada y traicionada, pero hoy esa gran traición es una evidencia constatable y constatada por gran parte de los ciudadanos, que también asumen el análisis de que los políticos se han convertido, como grupo, en los nuevos amos del mundo y en una casta imposible de controlar por los ciudadanos, que en teoría son los soberanos del sistema. La complicidad de la mayoría de los periodistas y de los grandes medios con el poder es hoy, igualmente, una realidad tan constatada como repugnante para los verdaderos demócratas.
Por si alguien lo duda, las encuestas ya señalan a los políticos como el tercer gran problema de España, por delante del terrorismo y sólo detrás del desempleo y la situación económica, y los periodistas figuran como una de las profesiones más desprestigiadas y rechazadas.
Esta investigación exige a gritos un colofón, que es el que se plantea en el lead de este artículo: "Si la democracia ha sido traicionada y los políticos han ocupado el poder, transformando y desvirtuando el sistema, el poder actual que emana de esa "conspiración" es ilícito.
La tesis es fácil de sustentar si se analiza el incumplimiento de todos y cada uno de las reglas básicas de la democracia: elecciones libres (imposibles con las listas cerradas, con el distinto valor del voto en cada provincia, con el incumplimiento de las promesas electorales, con la propaganda coercitiva de las campañas, etc.); imperio de la ley (que en España no es igual para todos, ni está libremente asumida por los ciudadanos); separación de poder (dominados y sometidos en España al poder ejecutivo y al poder de los partidos políticos), etc.
Pero cuando la tesis de que el poder actual es ilícito surge fuerte y clara es cuando se analizan las partes menos observables del poder, que son, precisamente, las más eficaces. En rigor, los ciudadanos españoles padecen una impotencia brutal ante el poder político, que carece de controles y hace prácticamente lo que quiere, incluyendo la utilización de la mentira, la manipulación del debate y el lanzamiento de decretos leyes en contra de los criterios de la mayoría de los ciudadanos y de los intereses colectivos (negociación con ETA, Estatuto de Cataluña, pasividad frente a la crisis, subida de impuestos, ampliación de la ley del aborto.. y muchos otros errores y abusos del poder).
El libro The power elite (La élite del poder), de C. Wright Mills, comienza diciendo que "Los poderes de los que disponen las personas corrientes se circunscriben al mundo cotidiano en el que éstas viven, Pero, incluso en medio de las rutinas del trabajo, la familia y la vecindad, parecen muchas veces estar empujadas por fuerzas que no pueden entender ni gobernar".
Sobre la naturaleza y mecanismos de ese poder oculto y casi invisible, que limita la libertad cotidiana y que doblega la voluntad sin que el que lo padece lo perciba, versa mi actual investigación. En términos amplios, estoy analizando las causas y métodos utilizados por el poder para aborregar y narcotizar a la actual sociedad española, los recursos y mecanismos utilizados por el poder para lograr que los ciudadanos se degraden y se conviertan en fanálicos narcotizados y descerebrados, capaces de defender con su voto a élites perversas y a apoyar a malos gobernantes que les conducen hacia la ruína, la derrota y la infelicidad.
Tal vez, dentro de un par de años, si esa investigación llega a buen fin, surja un nuevo libro, colofón de la trilogía y cuya conclusión principal, tras estudiar los mecanismos esclavizadores del poder político, sea que el poder, cuando desvirtúa la democracia y se corrompe, es ilícito y debe ser rechazado por el ciudadano con todas sus fuerzas.
Cayetano de Alba ha dicho que existe poca disposición a trabajar y a esforzarse en el campo andaluz, pero lo que realmente ha dicho, exasperando a los políticos, es una verdad profunda y cargada de razón: las subvenciones han castrado a Andalucía y restado potencial a los andaluces. Soy andaluz y, básicamente, estoy de acuerdo con lo que ha afirmado Cayetano de Alba, aunque el personaje no me resulte simpático ni ejemplar. Pero las verdades lo son, las diga Agamenón o su porquero.
Los políticos han saltado indignados y reaccionado como fieras heridas ante las palabras de Cayetano de Alba, que ha denunciado que en Andalucía existe escaso interés por el trabajo y el esfuerzo. Algunos han pedido que se le declare "persona no grata" y otros abogan por retirar a su madre, la duquesa de Alba, la condición de hija predilecta de Andalucía. La reacción parece indignada y, desde la pasión, justificada, pero desde la frialdad y el análisis se descubre que se debe únicamente a que las verdades duelen.
La reacción de los partidos políticos ha sido casi unánime y se ha basado, como suele ser habitual, en el victimismo nacionalista. ¡Han ofendido a los andaluces! gritan, pero la realidad es que el "señorito" Cayetano ha dicho verdades como puños y a quien únicamente acusa es a la cultura implantada en Andalucía por la izquierda, empeñada en subsidiarlo todo, en que toda la sociedad dependa de los fondos públicos, una política impulsada en Andalucía por el PSOE durante casi cuatro décadas, sin que haya logrado sacar a la región del subdesarrollo y de la cola de España y de Europa.
Cualquiera que conozca el mundo rural andaluz tiene que estar de acuerdo con Cayetano de Alba. Pero lo grave es que la cultura del subsidio y de las subvenciones ha minado la moral no sólo del campo andaluz, donde la aspiración no es ya producir, ni ser rentable, sino recibir subvenciones y ayudas suficientes para seguir tirando, sino también de la escasa industria existente y hasta el más vigoroso mundo de los servicios.
La cultura de la subvención y el predominio absoluto de lo público sobre lo privado son los fenómenos que explican incógnitas difíciles de responder: ¿Cómo es posible que siendo Ándalucía la región que más ayudas al desarrollo estatales y europeas recibe no haya avanzado casi nada en 30 años? ¿Cómo es posible que, después de haber recibido tantos miles de millones de euros, sigamos en la cola de la pobreza, del atraso, del desempleo, del fracaso escolar y de otras muchas lacras? ¿Por qué no dar ayudas al desarrollo, pero en forma de disminución de impuestos y de cotizaciones sociales, en lugar de dinero en efectivo? ¿No está archidemostrado que las subvenciones quitan las ganas de trabajar y de emprender, narcotizando el tejido productivo y restando musculatura a la sociedad y a las empresas?.
Cientos de miles de andaluces, como consecuencia de la sociedad subvencionada instaurada por el socialismo andaluz en el poder, piensan que no tiene sentido trabajar cuando se reciben ayudas que permiten vivir bien.
Con su política radical de subsidios los jerifaltes de la Junta de Andalucía se han convertido en casi dioses, al ejercer como dueños del dinero y en seres que deciden quien lo recibe y quien permanece al margen de la riqueza, pero con esa política han condenado a Andalucía a ser una tierra cada día más condenada a la limosna.
No existen estadísticas públicas en las que apoyarse, pero el anarquismo, que vivió en España momentos de gran fuerza durante el siglo XIX y primera mitad del XX, está renaciendo en la España del siglo XXI, ahora empujado por un Zapatero cuyo gobierno está convirtiendose en el adversario odiado de millones de ciudadanos.
El auge del anarquismo se detecta, sin embargo, en dos ámbitos convincentes: en las encuestas, que reflejan ese sentimiento en muchos de los ciudadanos que son interrogados, y en Internet, donde las páginas, blogs y portales de inspiración anarquista han crecido exponencialmente en los últimos años.
Nadie habla de ese tema porque es tabú, un secreto incómodo para los políticos y las clases dominantes, pero en la España de Zapatero vuelve a fortalecerse el pensamiento anarquista, como en los tiempos ignominiosos de Fernando VII, como ha ocurrido siempre que el país se sintió oprimido o presa del abuso de poder, la corrupción y el mal gobierno.
La agonizante monarquía borbónica, baluarte de una España injusta de caciques y señores feudales, conoció en el siglo XIX y principios del XX un poderoso incremento del anarquismo que marcó la convivencia española con rebeliones, atentados, desacatos a la autoridad y miles de boicots y actos de rebeldía. El anarquismo fue protagonista destacado en la guerra civil de 1936 y disputó el poder en el bando republicano a una alianza entre socialistas y comunistas que sólo se impuso gracias a la ayuda de Stalin.
Hoy, cuando el poder en España vuelve a ser injusto, corrupto, clasista, arrogante y ajeno a los intereses del pueblo y al bien común, el anarquismo surge de nuevo como emanación pura de la indignación popular y del deseo de acabar con los abusos de una casta que, además de injusta y arbitraria, es torpe e inepta.
El sentimiento dominante del anarquista es el odio al Estado y al gobierno, algo que no ha parado de crecer desde que Zapatero ganó las elecciones de 2008 y quedó claro que conduciría a España hacia el fracaso, como finalmente ha ocurrido.
Sentimientos derivados y subsidiarios de ese odio básico al Estado son el desprestigio de la clase política, el rechazo al sistema, el avance de la abstención y de los votos blancos y nulos, el castigo al gobierno en las urnas y un rechazo a programas de recaudación fiscal que son considerados como abusivos e injustos.
Los nuevos anarquistas españoles no son terroristas dispuestos a poner bombas y a morir con tal de llevarse por delante a algún político odiado, sino gente pacífica, que ha creído en la democracia, que se siente engañada y estafada por el poder político y que, por culpa de la ineficacia y del comportamiento predador del sector público, cada día siente más rechazo y hasta odio a sus gobernantes.
Otras consecuencias típicas del auge anarquista son el rechazo a lo público, la creciente organización de los ciudadanos en foros e instancias ajenas al poder político y el rechazo absoluto a los partidos políticos.
Creo mi deber amargar el día a mis lectores con un pésimo vaticinio y os advirto que los de Voto en Blanco no suelen fallar: la España actual, como está, es una carroña ingobernable que no podrá nunca salir del pozo al que ha sido arrojada por Zapatero y su gobierno socialista. Existen muchas probabilidades de que los socialistas derrotados, los sindicalistas y los que hayan perdido el acceso a la teta del Estado se alíen para impedir que Rajoy pueda imponer los duros sacrificios que España necesita por culpa del despilfarro y la ineptitud socialista. Es probable que Rajoy no pueda sulucionar el drama de España y que tenga que dimitir para ser sustituido por un gobierno de técnicos impuesto por Alemania y Francia, paso que indica, a escala mundial, que los partidos políticos se han vuelto inservibles y que hoy son ya el mayor obstáculo para el progreso de los pueblos. Si no cambia el sistema y si no refunda la vida política, Rajoy fracasará. La espiral de podredumbre que domina la España actual es indetenible, salvo que el país de un giro de 180 grados e instaure una democracia real, basada en la limpieza, el esfuerzo, la cooperación, la igualdad de oportunidades y el mérito, un cambio que nunca podrá ser protagonizado por el PP, un partido que cree en el actual sistema, que está más cerca de la partitocracia que de la democracia y que, por desgracia, se parece demasiado al PSOE, culpable principal de nuestros desastres y dramas presentes.
La España actual, la que nos ha construido la falsa democracia, es una auténtica porquería, plagada de políticos ineptos y corruptos en el poder, cuyo legado, en cifras, es espeluznante: más de 5 millones de parados, casi 10 millones de nuevos pobres, 10.4 millones de mileuristas, 1.5 millones que no reciben subsidio alguno, 8 millones de pensionistas con pensiones insuficientes, que van de 384 a 884 euros al mes, y 25 millones de españoles viviendo ya por debajo del umbral de la pobreza.
Si esas cifras se contrastan con las de las élites, sobre todo políticas y financieras, el vómito brota raudo: decenas de miles de millones de euros desaparecidos del sistema de cajas de ahorros, esquilmados por sus responsables políticos y sindicalistas; el plan de pensiones de cuatro directivos de Caixa Penedès supera los 20 millones de euros; en Sevilla hay jubilados de la antigua caja de ahorros "El Monte" que cobrarán más de 300.000 euros anuales, mientras vivan; Zapatero, verdugo de España y principal culpable de los actuales estragos, cobrará casi 200.000 euros anuales hasta el fin de sus días y, además, disfrutará de una oficina permanente dotada de presupuesto, secretaria, coche oficial, escoltas y hasta un director general a su servicio; las pensiones de los políticos no solo son astronómicas, sino que se obtienen por la vía rápida, con pocos años de trabajo, tienen ventajas fiscales especiales y son compatibles con cualquier otro trabajo, etc., etc..
Ante esa situación, los políticos españoles, constructores del injusto y sucio mundo donde vivimos, cargan sobre los hombros populares todo el peso de sus desatinos y errores, subiendo los impuestos, limitando pagas extras, congelando pensiones, reduciendo sueldos de funcionarios, subiendo los precios de los transportes, matrículas universitarias, agua y estableciendo un injusto "copago" en una sanidad por la que cada ciudadano ya paga sus impuestos. La casta política española, una de las más arrogantes y deleznables del mundo, no está dispuesta a adelgazar brutalmente el Estado que ellos han engordado para colocar a familiares y amigos, ni renuncian a sus costosos privilegios, ni cierran televisiones públicas que sólo sirven para reforzar la propaganda política de los partidos y la manipulación de la verdad ante los ciudadanos.
El contraste entre cómo viven las élites y cómo los ciudadanos comunes es brutal y escandaloso en España, un país donde el 60% de los asalariados ya cobra menos de 1.000 euros al mes y donde el rítmo de desahucios se acerca a los 300.000 por año, todos ellos violaciones claras de una Constitución que garantiza el derecho ciudadano a una vivienda digna.
La asquerosa España construida por nuestros políticos queda incompleta si no se agregan otros rasgos igualmente nauseabundos: España ocupa puestos de cabeza en los rankings mundiales de casi todas las lacras y vicios: prostitución, tráfico y consumo de droga, trata de blancas, desempleo, avance de la pobreza, blanqueo de dinero sucio, baja calidad de la enseñanza, fracaso escolar, inflación de coches oficiales, número abultado de funcionarios, lentitud de la justicia, politización del sistema judicial, poder abusivo de los nacionalismos radicales y excluyentes internos, actividad criminal de extranjeros, incremento de la población carcelaria, debilidad de la sociedad civil, desprestigio de la política, decepción de los ciudadanos ante sus dirigentes políticos, descrédito de la democracia, falta de confianza en el futuro y avance de la desolación, la tristeza y la caída de los grandes valores y principios.
¿Para qué necesitamos un sistema como el actual, al que llaman "democracia" sin merecerlo, que sólo produce basura y detritus? España necesita una refundación de su sistema político y una instauración de la democracia verdadera, con asociaciones de ciudadanos libres que sustituyan a los actuales partidos políticos, bajo control y supervisión de las leyes, de los ciudadanos y de la prensa, con poderes básicos del Estado funcionando en libertad e independencia, con ciudadanos que cuenten y decidan, con políticos que no sean impunes, sometidos a una ley que de verdad sea igual para todos, con castigos disuasivos y duros para los corruptos y con la obligación de devolver el dinero robado y con reglas y normas éticas y exigentes que impidan que los chorizos, los ineptos y los canallas nutran las filas del poder y gobiernen.
No es cierto que la llegada al poder del PP traerá consigo una explosión de protestas y una oposición fuerte en las calles a los muchos recortes y ajustes que el país necesita, telecomandada por el PSOE y los sindicatos. Por el contrario, España dejará al PP libertad para actuar y tomar las medidas que crea oportunas. El PP podrá gobernar con tranquilidad durante un tiempo razonable y sólo después, si las medidas no surten efecto, está prevista la revuelta de la izquierda y sus secuaces, especialmente sindicalistas, paniaguados, asociaciones dominadas por la izquierda, como feministas, gays, lesbianas y artistas, junto con las numerosas víctimas de la purga de cargos públicos que impondrá el nuevo gobierno.
La inmensa mayoría de los españoles están convencidos de que hay que cambiar muchas cosas y ha elegido al PP para que realice esos cambios, incluso si conllevan grandes sacrificios. La predisposición de los españoles al cambio, detectada por todas las investigaciones sociológicas, ha frenado las intenciones del PSOE, de los sindicatos y de otros colectivos rabiosamente anti PP de desgastar rápidamente al nuevo gobierno con manifestaciones y revueltas callejeras.
Cuando el PP llegue poder, España tendrá una oportunidad, probablemente la última, para enderezar su rumbo y evitar el desastre. Los socialistas derrotados, los sindicatos, los lobbyes radicales y los cientos de miles de paniaguados y corruptos que habrán perdido el acceso a la teta del Estado no se atreverán a salir a las calles para desgastar a la derecha porque saben que los ciudadanos quieren un cambio de rumbo y una política que signifique el principio de la regeneración.
La situación española está tan mal que el gobierno del PP tendrá no sólo 100 días, sino todo un año, por lo menos, para demostrar que sabe reconducir el país. Transcurrido ese tiempo, si no hay cambios visibles, si la economía no empieza a recobrar el pulso, si queda demostrado que los de derechas son tan corruptos e ineptos como los de izquierdas, se abrirá la veda y el sociedad se echará a la calle para provocar el caos y la revolución, producto de la desesperación y de la angustia.
Ojalá la derecha comprenda la situación y asuma que tiene una oportunidad histórica en sus manos. Si hace lo que hizo Aznar, que demostró pronto que la derecha era casi idéntica a la izquierda en todo, incluyendo la fácil convivencia con la corrupción, el distanciamiento del ciudadano, la violación de las reglas de la democracia y la afición a la manipulación y la mentira, entonces la oportunidad de España se habrá volatilizado y el país entrará de lleno en la ruta del caos.
El PP tiene poco tiempo para demostrar muchas cosas, entre ellas que quiere regenerar el sistema, podrido y envilecido, que heredan de los socialistas. Tendrán que inyectar independencia en la Justicia, devolver protagonismo al ciudadano, establecer controles y frenos al poder de los partidos, reformar la educación, recuperando la abandonada cultura del esfuerzo, apostar por las empresas, únicas creadoras de empleo y riqueza, adelgazar al Estado, adaptándolo a la nueva realidad de una España que se empobrece y que necesita ser austera, apelar al esfuerzo colectivo, a la unidad y a la decencia, para que, juntos y éticamente rearmados, salgamos de una crisis que más que económica es política y de valores.
No es fácil, pero es posible. Hay mucha gente esperando la oportunidad de sumar su esfuerzo al del resto de los españoles para, justos, salir del pozo al que nos han arrojado Zapatero y sus socialistas degradados. Pero sólo lo haremos si el PP demuestra con realidades tangibles, su vocación de cambiar la sociedad, de acabar con la corrupción, de imponer la austeridad, de encarcelar a los canallas, de erradicar la injusticia institucionalizada, de perseguir y desenmascarar a los muchos que se han hecho ricos de manera ilícita, de restablecer la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y el carácter impecable de la administración pública, de sus concursos, ayudas, subvenciones y contrataciones.
Si el PP únicamente se dedica a gobernar mejor, fracasará. España ya no necesita remedios paliativos, sino una cirugía profunda y agresiva que extirpe las enormes dosis de vileza que los malos políticos han inyectado en la sociedad.
Un PP que, una vez más, apueste por la partitocracia y relegue la democracia, que olvide que el ciudadano es el soberano del sistema y que se parezca demasiado al socialismo en el poder, abrirá las puertas a los millones de derrotados de la izquierda, a los sindicalistas resentidos y a los muchos que han dejado de ser mantenidos del Estado para que se lancen a las calles y emprendan una reconquista del poder que nos conducirá, directamente, hacia África y el Tercer Mundo. El país quedará, entonces, sembrado y arrasado por huelgas, manifestaciones y movimientos callejeros desestabilizadores, que traerán consigo el hundimiento definitivo de la economía, un desempleo todavía más masivo, el fracaso de la esperanza, la frustración generalizada y tal vez una revuelta ciudadana que quizás ya no pueda ser pacífica y que se parezca a las vividas recientemente por Egipto, Túnez y Siria.
Domingo, 3 de junio
José Pómez
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Francisco Rubiales
Rufino Soriano Tena
Pedro Fernández Barbadillo
Paco Sande
Julio César Izquierdo
Raúl González Zorrilla
Carlos Ruiz Miguel
Francisco Rubiales
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