La polémica sobre el Estatuto está sacando a las ratas catalanas de las cloacas. Antiespañoles que han permanecido ocultos o agazapados durante años, porque convenía a su negocio o a sus privilegios, ahora salen impulsados por el odio. Ese parece ser el caso de Ramón Bagó, de 75 años, ex político y empresario, presidente del primer grupo turístico catalán, Serhs, y del Salón Internacional de Turismo de Cataluña, cuyas palabras, peligrosas y probablemente delictivas, dichas en público, hieren la armonía, la convivencia, la paz y la justicia:
«Tenemos al enemigo dentro de casa. Cómo podemos aguantar a estos del PP, cuando nos han pisoteado... habría que matarlos a todos».
Bagó, ex alcalde de Calella, ex director general de Turismo de la Generalitat con Jordi Pujol, y Cruz de Sant Jordi de la Generalitat, pronunció esas palabras la noche del jueves en una asamblea preparatoria de los referendos por la independencia que se celebrarán en 161 municipios a partir del próximo 13 de diciembre.
Nuestra opinión es que existen en Cataluña demasiadas ratas hipócritas que alimentan a diario su odio antiespañol y que, para alimentar el odio colectivo, fabrican y difunden argumentos falsos. tergiversan la historia y mienten. Gritan ante sus conciudadanos que Cataluña podría ser más rica si no tuviera que "mantener" a regiones de España que constituyen un lastre, argumento tan insolidario y arrogante como mendaz, que olvida que los productos catalanes son masivamente vendidos en España y adquiridos por esos españoles que ellos despreciam. Ignoran que hay en España otras regiones tan ricas o más que Cataluña que contribuyen a la solidaridad sin odio ni reproches, como Madrid y la Rioja, entre otras. Olvidan también que muchas de las plusvalías generadas por España fueron invertidas en Cataluña durante el pasado siglo y, especialmente, durante el Franquismo, lo que contribuyó, de manera sustancial, a la industrialización y riqueza de Cataluña. También ocultan que la pésima imagen que Cataluña tiene en el resto de España es la consecuencia de la insensatez y la ofensa permanente de las ratas antiespañolas, no, como ellos dicen, del odio antcatalán. La verdad cruda es que el noble pueblo catalán ha sido la pobre víctima de un nacionalismo radical, político y cultural, que les ha contagiado su vileza, su mentira y su odio antiespañol.
Ellos, los promotores de la mentira nacionalista y del odio, sí son el verdadero "enemigo dentro" de España, portadores del odio y contaminadores de la paz. Ellos, por la obra de odio y rencor que construyen y por su labor diaria, destructora de la unidad y contraria a la convivencia y la armonía, sí son auténticos merecedores de nuestro desprecio y reproche.
Cataluña, dominada por unnacionalismo que ha infectado también a partidos teóricamente universales como los de la izquierda socialista y comunista, se está convirtiendo en un territorio infectado de corrupción, mal gobierno y odio, sentimientos y rasgos que le condecen, inevitablemente, hacia el empobrecimiento, el aislamiento y, lo que es peor, hacia el envilecimiento.
Algunos políticos catalanes están contrayendo una durísima responsabilidad histórica porque, en lugar de impulsar en su pueblo valores positivos como la solidaridad, la cooperación y la convivencia, básicos para la paz y la armonía, promueven y alimentan el victimismo, la mentira, el odio, la desigualdad y el rencor, semillas de la desunion y la violencia. Ahora, al calor del Estatuto, atiborrados de nervios y de miedo a perder sus privilegios y ventajas, sin ni siquiera esperar que la Justicia se pronuncie, las ratas empiezan también a propagar el asesinato, como acaba de hacer Ramón Bagó, aunque todavía sea en tono jocoso.
Al apostar por la limpieza democrática y prometer intolerancia frente a los corruptos y un código ético de obligado cumplimiento para sus militantes y dirigentes, el Partido Popular ha emprendido la senda del éxito, pero su reacción se queda corta y es insuficiente porque los españoles, además de ética, exigen una profunda regeneración de la democracia, un asunto que al autoritario y centralista PP le da pánico.
Los ciudadano quieren no sólo que los políticos dejen de robar y que sean ejemplares, sino que España disfrute de un sistema político verdaderamente democrático, algo que la Transición no supo o no quiso crear.
Esa reforma del sistema, imposible para el PSOE, un partido contaminado de leninismo que no cree en la democracia, resulta también inasumible para un PP que ha adoptado los peores defectos y las más terribles carencias del PSOE como partido político, superándolas en algunos casos: autoritarismo, nula democracia interna, obsesión por el poder, arrogancia, clientelismo y corrupción.
Para convertirse en el partido que España necesita y que los demócratas exigen, el PP debe asumir, con todas sus consecuencias, que la llamada "democracia española" no existe en realidad porque ha sido sustituida con traición y nocturnidad por una sucia oligocracia de partidos, un sistema que, según los filósofos griegos, está mucho más alejado de la democracia que la misma tiranía.
Y, en consecuencia, deberá plantearse que:
El sufragio universal libre está trucado en España por causa de las listas cerradas y bloqueadas, que impiden elegir al ciudadano y otorgan ese derecho, sagrado en democracia, a los partidos políticos y a sus élites. La manipulación de la información, el incomplimiento de las promesas electorales, las coaliciones antinatura posteriores al sufragio y el engaño desde el poder contribiuyen también a deteriorar los comicios.
La separación e independencia de los poderes básicos del Estado, principio básico de la democracia, es violado en España, en parte gracias al Pacto por la Justicia, iniciativa del gobierno de José María Aznar.. La Justicia está intervenida por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, mientras que el Congreso y el Senado son pantomima antidemocráticas porque los diputados y senadores no representan a los ciudadanos sino a sus partidos, que han impuesto una disciplina esclavizante que elimina la libertad y la conciencia en el voto y en las intervenciones.
El imperio de la ley, igual para todos, es una farsa en un país cuyo ministro de defensa no se avergüenza de afirmar en público que la ley se aplica "según convenga a la jugada", en el que los grandes magistrados son nombrados por los partidfos políticos y en el que la experiencia demuestra que la ley se aplica con tigor al adversario, mientras que los poderosos y sus amigos gozan de una indecente y práctica impunidad.
El ciudadano, que es soberano del sistema, con derecho a vigilar y a controlar a los poderes políticos, ha sido completamente marginado en España, desposeido de todo poder de control y expulsado de los procesos de toma de decisiones.
La sociedad civil, que debe actuar en democracia libremente, como contrapeso del poder del Estado, está ocupada en España por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, que, con intervenciones directas o a través de subvenciones, alianzas y pactos inconfesables, se ha adueñado de los grandes santuarios de la sociedad civil, como son las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación, las religiones, las fundaciones, instituciones y asociaciones, los colegios profesionales, las cajas de ahorros y decenas de entidades y empresas cuyo funcionamiento libre es imprescindible para que exista democracia.
La prensa libre, cuya misión en democracia es controlar y ficalizar a los grandes poderes a través de la información veraz y la crítica, ha sido comprada y sometida por el poder político, que, utilizando ilícitamente el dinero público, ha convertido a muchos medios en sus propios altavoces y a muchos periodistas en sus "perros de presa".
La defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales desde el Estado es, por último, el otro gran principio democrático violado y pisoteado en una España donde la desigualdad se promueve desde el poder, donde la corrupción es tolerada y, a veces, amparada desde el poder político, donde el poder público se practican vicios tan degradantes y antidemocráticos como el amiguismo, el nepotismo, el enchufismo y otras lacras que se manifiestan en subvenciones trucadas, concursos públicos amañados, puestos de trabajo reservados para familiares y amigos del poder, privilegios casi ilimitados para la clase política, lujo, despilfarro y marginación y hasta persecución y acoso de los adversarios del poder dominante.
España ha cambiado y quizás no sea ya el país de las playas, del toro, de la paella o de la tortilla de patatas. Con su democracia corrupta y degradada, España es hoy, probablemente, "el país de la mordaza". Hay cientos de miles de españoles amordazados que deambulan cargados de pesados secretos por las ciudades y pueblos españoles. Son víctimas de una democracia degradada y corrupta, alérgica a la verdad, opaca y resentida.
¿Que le han dicho en la Moncloa a los familiares de los pescadores secuestrados del Alakrana para que se pongan la mordaza y, después de haber criticado con dureza la torpeza y pasividad del poder, guarden ahora un silencio mortal? ¿Le habrán dicho lo mismo que le dicen a miles de empresarios españoles, que guarden silencio si no quieren quedar marginados y sin recibir ayuda pública alguna y, por supuesto, ni un sólo euro? Por el momento no se sabe la respuesta, pero se sabrá y lo único seguro es que también a ellos le han colocado la "mordaza española".
Todos conocemos a numerosos amordazados. Siempre te dicen lo mismo: "¡Si yo contara lo que sé!". Cuando le preguntas por qué no lo hacen, entonces responden: "¿Crees que estoy loco? Tengo una familia que alimentar y una empresa con muchos trabajadores".
Algunos medios denuncian que las emisoras que retransmiten en Andalucía la señal de Es Radio, la emisora de Federico Jimenez Losantos, tendrán que cerrar porque la Junta las amenaza con una sanción administrativa de un millón de euros. Si eso fuera verdad, la mordaza empleada por la Junta sería burda, plenamente totalitaria y antidemocrática, pero en España las mordazas suelen ser más sutiles y maquiavélicas.
Además de una buena parte de los empresarios españoles, amordazados porque si hablaran se les cerrería el grifo del dinero de la administraciones, también llevan mordaza los funcionarios, políticos y cargos que han participado en algún acto corrupto, además de las legiones de trabajadores que conocen secretos inquietantes y los silencian por miedo a perder el trabajo. Especialmente densa es la mordaza de los periodistas comprados de este país, y la de los que conocen las cuentas de organizaciones e instituciones que tienen relaciones con el sector público. Hay inflación de mordazas en los sindicatos y en las organizaciones patronales, sobre todo de los que saben como se utiliza el dinero para la formación. Los ayuntamientos están llenos de mordazas porque hay en ellos centenares de secretos que ocultar.
Pero donde las mordazas son casi obligatorias y se llevan siempre en el bolsillo, porque son necesarias muchas veces cada día, es en los partidos políticos. Allí saben de presiones, de enchufes, de ventajas, de comisiones, de marginaciones, de listas negras, de acosos, de injusticias, de sometimientos indecentes, de peloteo y de miles de dramas.
Las mordazas son el uniforme de la España nueva, creada por la falsa democracia del PP y del PSOE. Las mordazas enturbian la Administración, pudren el tejido empresarial y esparcen por toda la sociedad un líquido corrosivo que refuerza la desconfianza, convierte en torvas las miradas y engorda a diario la España sumergida, la que cobra comisiones, la que oculta dinero al fisco, la que no paga el salario justo, la que otorga créditos a los que nunca los pagarán, la que delinque desde la sombra y la que, desde los medios de comunicación, sustituye la "verdad" por la "verdad del poder", que no es la misma.
Hay miles de amordazados con rango y con información de altos vuelos, gente que, si hablaran, derribarían muros tan sólidos como el propio gobierno, o que harían saltar por los aires el edificio de la Justicia, o que obligarían a cerrar los servicios secretos y a suprimir los fondos reservados, o a cambiar la Constitución y a sustituir las grandes instituciones del Estado por otras que funcionen con reglas más limpias y democráticas, pero esas mordazas son "seguras" porque participan plenamente del "festín" de España, y están tan cerradas y adheridas a la piel que ya forman parte del propio rostro.
Es razonable y justificado que los demócratas españoles sientan miedo y rechazo ante Rubalcaba, el ministro del Interior del gobierno de Zapatero, no tanto por su triste historia política, jalonada de hitos como la negación de la existencia de los GAL, cuando era portavoz en el gobierno de Felipe González, o cuando negaba la vergonzosa negociación del Estado español con la banda terrorista ETA, entre otros, sino porque el personaje ignora las reglas básicas de la democracia y necesita clases urgentes sobre las libertades y derechos del ciudadano y las obligaciones de un gobierno del pueblo.
Es grave que el ministro del interior de un país presuntamente democrático necesite clases urgentes e intensas de democracia teórica. Por su comportamiento y declaraciones, Rubalcaba no tiene ni idea de cómo funciona el sistema, ni de sus reglas básicas, lo que constituye un insoportable riesgo para una ciudadanía que quiere ser libre.
Lo acaba de demostrar una vez más en las Cortes, cuando recriminó a la oposición sus acusaciones de falta de ganrantías en el sistema de vigilancia electrónica SITEL, afirmando que "o van ustedes a los tribunales para denunciarlo o se callan en esta Cámara".
Rubalcaba parece ignorar que el papel principal de la oposición es controlar, acosar, criticar y acorralar al gobierno en el Parlamento, que es el templo del debate, de la palabra y el espacio donde debe buscarse la verdad para que florezca e ilumine a la sociedad y a los ciudadanos. El diputado popular Carlos Floriano cumplia con su deber parlamentario de pedir garantías al gobierno sobre el sistema SITEL cuando fue recriminado y presuntamente amenazado por Rubalcaba, que parece haber perdido el control, como lo demuestran sus exabruptos y el haber llamado "loca" a la número dos del PP, María Dolores de Cospedal.
Es evidente que ignora el pepel que la democracia destina al gobierno, al Parlamento y a la oposición, pero ojalá no ignnore también otros principios básicos del sistrema, como el derecho sagrado del ciudadano a la privacidad, la necesaria independencia de los jueces y magistrados y los límites del funcionamiento policial en un Estado de Derecho, entre otros muchos.
Ningún país se merece un ministro del Interior dominado por los nervios, que pierde el control en público. Es un peligro intolerable en democracia, sobre todo cuando el asunto que le saca de quicio, la crítica y el control de la oposición al gobierno, es perfectamente legal, saludable y habitual en democracia.
Nadie entiende por qué razón Rubalcaba se pone nervioso cuando se habla del SITEL y por qué se niega a que ese sistema de espionaje electrónico sea claramente sometido a control judicial. Él afirma que la oposición ataca el SITEL para devaluar las pesquisas y pruebas del caso Gürtel, que demuestran que el PP está inmerso en tramas corruptas, y asegura también que el sistema siempre funciona con el permiso de los jueces, pero se niega a que ese control judicial sea obligatorio y explícito.
Pero lo grave es que Rubalcaba ignore que son los ciudadanos españoles, no solo los políticos de oposición, los que quieren en masa que la policía, para utilizar el SITEL, esté obligada a pedir permiso al juez y que si no lo hace cometa un delito grave, como es preceptivo en democracia.
Esa garantía que el ministro obstaculiza es preceptiva en cualquier democracia avanzada, donde serían intolerables las que ofrece un Rubalcaba alterado, que empieza a exhibir el viejo rostro crispado y nervioso que ofrecía a los españoles en los tiempos de Felipe González, cuando el gobierno amparaba y ocultaba el terrorismo de Estado, encarnado en el GAL.
La única explicación razonable y creible de los nervios y de la histerias que exhibe el gobierno cada día con más intensidad y descaro es que le están saliendo las cosas mal, que cada día hay más españoles dispuestos a castigar al gobierno de Zapatero en las urnas y que el ambiente continuado de derrota y fracaso siempre termina por desquiciar a un equipo gubernamental.
También existe otra explicación más perversa: el ministro necesita mantener como sea el control libre del SITEL, sobre todo durante el próximo proceso electoral de 2012.
En las portadas de 12 periódicos catalanes se publica hoy un editorial titulado "La dignidad de Catalunya", en el que se insta al Tribunal Constitucional a respetar el Estatut, por ser --dicen-- una ley orgánica aprobada con el visto bueno del Parlament catalán y las Cortes Generales, además de haber sido respaldada en referéndum por los ciudadanos y de contar con la sanción del Rey.
Sin embargo, a pesar de su altisonancia y de su prosa, teóricamente legal, la prensa olvida que el papel del Tribunal Constitucional es precisamente ese, frenar, cuando es necesario, una legislación que, aunque haya cumplido los trámites legales, no es acorde con la Constitución ni con el alma del Estado.
La prensa también ignora, porque no le conviene reconocerlo, que ese estatuto catalán tiene pecados de origen inconfesables y vicios que lo convierten en una pesadilla para España y, lo que es más grave, para los propios catalanes, cuya sociedad es, en muchos aspectos, rehén de una casta política lamentable.
El editorial colectivo es el más fiel reflejo escrito de lo que muchos pensadores políticos y analistas llaman ya "la locura política catalana", un "mal" que tiene el Estatut por estandarte, nacido del nacionalismo más descerebrado, impulsado por una casta de políticos minada por la corrupción y poco respetuosa con el ordenamiento constitucional, atizado imprudentemente por José Luis Rodríguez Zapatero, el peor gobernante de la España moderna, y que, para colmo de males, tiene importantes carencias de origen, como su naturaleza insolidaria, su violación instrínseca del concepto de "igualdad" y el hecho incuestionable de haber sido sancionado en referendum solamente por uno de cada tres catalanes.
Hasta los estudiantes de derecho político saben que en cualquier democracia seria, las leyes fundamentales y aquellas que tienen gran influencia sobre la sociedad deben ser aprobadas con mayorías muy cualificadas, para que no queden dudas legales, algo que no ocurrió con el Estatuto catalán, el cual, a pesar de contar con el impulso masivo de los políticos, nunca llegó a interesar a los ciudadanos, que dieron la espalda a la nueva ley en un referendum que solamente logró el "si" de uno de cada tres catalanes con derecho a voto.
Es más que evidente que el Estatuto de Autonomía catalán rompe la Constitución y crea un marco nuevo, que ahora se ha convertido en modelo para nuevos acuerdos constitucionales desastrosos con las otras regiones de España. El Tribunal Constitucional, a pesar de su polítización y de su triste sometimiento a los partidos políticos, lo ve tan claramente contrario a la Constitución que lleva tres años retrasando una sentencia que, si Dios existe y el mundo es mundo, tiene que desmontar "la locura catalana" y descontaminar el Estado español ahora, cuando todavía es posible.
La Historia será implacable con el Tribunal Constitucional y con José Luis Rodríguez Zapatero si la "locura política catalana" no es frenada a tiempo.
Muchos males ha causado Zapatero a España y el daño producido por ese mal gobernante lo padecerán el país y las futuras generaciones durante décadas, pero ninguno comparable al nuevo estatuto catalán, una pieza insolidaria, disgregadora, inconveniente, rupturista, arrogante y antiespañola, surgida no de las entrañas o deseos del pueblo sino de la obsesión de poder de la "casta política", que no sólo rompe la unidad sino que también dinamita la armonía de la sociedad española.
El "Estatuto catalán" ocupa el primer puesto en la larga lista de desatinos de Zapatero, conviviendo con la vergonzosa negociación con los terroristas de ETA, con la presentación y recomendación de Batasuna en el Parlamento europeo, con sus desaciertos como gobernante, con sus mentiras ostentosas, con su nefasta gestión de la crisis y con otros muchos errores que nos han llevado a perder la prosperidad, el empuje como pueblo, la decencia como sociedad y prestigio y peso internacional como nación.
La realidad del mal gobierno de Zapatero es tan visible y palpable que sólo dejan de percibirla los fanáticos de su partido y los cientos de miles de paniaguados que han recibido del gobierno español el sucio privilegio de vivir generosamente de los presupuestos, sin que su trabajo tenga utilidad alguna para España.
Zapatero y su gobierno quieren ahora "compensar" a los descendientes de los moriscos, que hace siglos fueron expulsados de España y se establecieron en ciudades africanas, pero ignoran que quien de verdad merece compensaciones del Estado son los actuales ciudadanos españoles, expulsados de la prosperidad, la estima y la decencia por su propio gobierno.
Muchos españoles, ante la noticia de que la compensación a los moriscos será debatida hoy en las Cortes, no saben a qué atenerse, si es un chiste, una locura gubernamental, una estupidez, o uno de los trucos clásicos de Zapatero, ideado para que los ciudadanos dejen de pensar que cada día son más pobres y tienen menos futuro.
Si se hiciera un balance riguroso del deterioro sufrido por España y por sus ciudadanos durante los seis años de mandato de Zapatero, el pueblo que ha padecido ese nefasto gobierno aparecería claramente como el verdadero merecedor de cuantiosas compensaciones públicas.
Los españoles, bajo Zapatero, hemos perdido la prosperidad; hemos visto como una sociedad que creíamos decente, se precipitaba en la corrupción y la pillería; hemos sido engañados y acribillados a mentiras desde el poder gubernamental; muchos de los nuestros han perdido el trabajo y otros muchos han ingresado en las filas de la pobreza; la sociedad entera ha perdido la democracia, suplantada por una oligocracia de partidos que ni siquiera merece respeto; nos han arrebatado el prestigio internacional; hemos dejado de ser respetados en el mundo y hemos alcanzado el triste mérito de ser líderes europeos y, en muchos casos mundiales, en prostitución, alcoholismo, drogas, violencia de género, fracaso escolar, incremento de la inseguridad ciudadana, aumento de la población carcelaria, mentiras oficiales, crecimiento del Estado y una largo elenco de desatinos que nos cubre de infamia y devalúa la ciudadanía española.
Zapatero también debería compensarnos por el daño que nos ha causado al estimular la desunión entre las ciudades y pueblos de España, al alimentar la hoguera del nacionalismo, al impulsar algo tan insolidario y arrogante como el Estatuto de Cataluña y al convertir a muchos mequetrefes del nacionalismo, auténticos enemigos de España, en socios del socialismo en el poder, en gente influyente y poderosa y en líderes apreciados y votados por sus respectivos pueblos.
¿No merecemos nosotros una compensación del gobierno Zapatero, mucho más cuantiosa y razonable que la que pretende dar a los descendientes de los moriscos, la mayoría de los cuales, después de cuatro siglos de ausencia, han enterrado su ancestral cultura española bajo el odio, el rencor o la indiferencia? ¿Acaso no merecemos ser compensados aquellos ciudadanos españoles que hemos soportado las mentiras y engaños del poder, a los que se nos dijo que no subirían los impuestos, que no se negociaría con ETA y que la crisis económica no afectaría a España? ¿No merecemos recompensa los que tenemos que soportar, impotentes, el mal gobierno y mentiras tan lacerantes como la repetición desvergonzada, desde hace siete meses, de que la crisis ya ha tocado fondo?
¿No merecemos ser compensados por los que, sin respeto alguno por la austeridad y la salud económica, han inflado el Estado hasta lo irracional, contratando a miles de asesores innecesarios, enchufados, familiares y amigos, los que han endeudado el país hasta límites inconfesables y extenuedo las arcas públicas, convirtiendo a España en un país sin méritos ni sitio entre los países avanzados?
Queremos la compensación del dinero público para paliar nuestro dolor por la pérdida de la decencia, por la decadencia de España, pilotada con mano firme desde la Moncloa, por el deterioro de la convivencia y también para incrementar nuestras riqueza y patrimonio personal, como están haciendo esos miles de políticos y cargos públicos, que, olvidando su deber de ser ejemplares, han convertido a España en un barco a la deriva que se adentra, cada día más, en las tormentas de la corrupción, la arrogancia y el descaro.
Ayer, paseando por el centro de Sevilla, me encontré con un conocido, que es alto cargo de la Junta, el cual me dijo: "utilizas demasiado el concepto 'corrupto' aplicado a los políticos. No todos robamos". Le respondí que no sólo son corruptos los que roban, sino que hay mil formas de corrupción que se utilizan profusamente en la política y en las administraciones públicas. Le emplacé para que leyera el artículo de hoy en "Voto en Blanco" y que, después de leerlo, me dijera si es cierto o no que buena parte del sector público español está infectado de corrupción hasta la médula.
A los políticos y miembros de las administraciones públicas que niegan ser corruptos habría que recordarles que corrupto no es sólo el que roba e incrementa su patrimonio, sino todo aquel que utiliza su cargo para beneficiarse o para beneficiar a sus familiares y amigos, incluso los que violan los derechos humanos o alteran las reglas de la democracia, aunque se lo permita una ley injusta. En España es tan deficiente la legislación que se puede cumplir la ley y, al mismo tiempo, comportarse como un corrupto podrido.
Corrupto es el que, amparrándose en su poder político, no paga los préstamos que les concedió una caja de ahorros, aunque el destinatario del dinero fuera su partido. Lo es también el que paga dos veces una factura con fondos públicos para beneficiar a un amigo o a una empresa. No es menos corrupto el que no se abstiene o inhibe cuando trata o juzga un asunto relacionado con un familiar o amigo. También es corrupto el que utiliza su cargo público para hacer favores a los familiares, amigos o compañeros de partido porque con esa actitud violan el sagrado principio de igualdad, garantizado por la Constitución. Corrupto es el que encarga informes que no son necesarios y los paga con dinero público, como lo es también el que utiliza la publicidad para lograr influencia en los medios, para incrementar su propio poder o para silenciar la voz libre de un periodista crítico o disidente. Corrupto es el que pide dinero para el partido y el que cobra comisiones a cambio de subvenciones, concesiones o contratos públicos. Lo es también el que se labra un futuro en el sector privado, a cambio de favores, para aterrizar cuando termine su etapa como político o funcionario. Es corrupto hasta la médula el que altera la igualdad de oportunidades en los concursos públicos, el que otorga subvenciones, becas y ayudas a sus amigos o conocidos y el que facilita información privilegiada, útil para acceder con ventaja a fondos, concursos o servicios administrativos. Es corrupto el poderoso que indulta a alguien sin merecerlo y el que aprovecha su alto cargo para incrementar su patrimonio, aunque sea indirectamente. También es corrupto el que aplica la ley "según convenga a la jugada", como confesó un antiguo ministro de Justicia de Zapatero. Es un maldito corrupto el que miente desde lo público, el que incumple sus promesas electorales y el que engaña a los administrados. También es corrupto el que se atreve a nombrar jueces y magistrados, aunque una ley injusta y antidemocrática se lo permita. Corrupto es también el que utiliza los fondos reservados para incrementar su poder o para favorecer sus intereses. Uno de los peores corruptos es el que envía inspecciones de Hacienda a sus adversarios políticos o a disidentes, para intimidarlos. Es asquerosamente corrupto el que presiona a las empresas editoriales para que defiendan la verdad del poder o para que silencien a periodistas críticos. Corrupto de baja estofa es el que presiona a las empresas concesionarias para obtener favores suplementarios y el que obliga a las empresas a realizar tareas no previstas en un contrato público o en el pliego de un concurso. También lo es el que confecciona listas negras de empresas, margina, veta a empresas y empresarios en concursos y concesiones. No lo es menos el que redacta un pliego de condiciones "a medida" para que determinada empresa gane un concurso o sea seleccionada. Corrupto es el que otorga un trato preferente a los amigos del poder en el sistema sanitario o el que "perdona" una multa a un amigo o el que coloca un expediente en la cabeza de la fila, el que paga antes a determinados proveedores porque son amigos o el que utiliza el teléfono para colocar a hijos de amigos en empresas, aunque no sean públicas. Corrupto es el que te manda a la policía, aunque sólo sea para intimidarte, y el que te espía para adquirir ventajas. Corrupto sucio es también el que aprovecha su cargo para "ligar" y el que obliga a muchos y a muchas a "pasar por la piedra" a cambio de trabajo. Lo es también el que acosa, margina, humilla y hace sufrir, utilizando su poder.
Hay otras mil formas y maneras de ser corrupto, pero todas ellas tienen el mismo denominador común: un cóctel siniestro, sin ética y antidemocrático, compuesto de desprecio a la democracia como base, unas gotas de amiguismo, otras de nepotismo, otras de clientelismo y un chorreón de indignidad e indecencia, aderezado con un toque seco de egoísmo, otro de soberbia y un último de arrogancia.
La mayoría de los miembros de la política y de la Administración cometen el grave error de equiparar la corrupción pública con la privada, ignorando que, en democracia, la corrupción pública es mil veces peor que la privada porque afecta al dinero público y al poder delegado por la ciudadanía. Cuando un político, para otorgar una subvención o un contrato, exige comisión y un empresario se la paga, el delito del primero es cien veces peor y más sucio que el del segundo. Colocar al hijo de un amigo no es corrupción cuando lo hace un empresario, pero lo es cuando lo hace un funcionario o político. Claro que para entender esas diferencias y sutilezas hay que ser demócrata, un rango muy escaso en España.
Postdata:
Sr. alto cargo de la Junta de Andalucía: Estoy dispuesto a retractarme, a pedir perdón en público e, incluso, a dejar de escribir una línea más en Internet si después de leer este artículo sigue usted pensando, honradamente, que la mayor parte de los políticos y administradores públicos españoles están libres de corrupción.
El nuevo sistema de financiación autonómica, una ley de gran trascendencia para la sociedad y el Estado, acaba de ser aprobado (el jueves 12 de noviembre) en el Congreso español sin el "consenso amplio" debido, con los justos 176 votos necesarios, utilizando chapuzas y trucos, con votos "comprados", incluyendo el apoyo de dos diputados navarros --de Nafarroa Bai y de UPN-- a los que la LOFCA ni siquiera les afecta porque disponen de un sistema foral propio.
Aunque el Partido Popular anuncia que piensa plantar cara en los tribunales al nuevo sistema de financiación autonómica, que el pasado jueves pasó el trámite de la votación en el Congreso de los Diputados y el presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, presentará un recurso contra la reforma de la ley por considerar que "desprecia" e "ignora" a los murcianos, esos movimientos no limpian al partido gobernante ni al sistema en pleno de vergüenza y de responsabilidad antidemocrática.
Sacar adelante una ley de esa envergadura comprando voluntades y mediante chapuzas parlamentarias revela la baja ética democrática del PSOE y el estado de grave detorioro de la democracia en España.
Tanto el 12 de noviembre como el 15 de julio de 2009 pasarán a la historia como dos de los días más aciagos de la democracia española desde la muerte del dictador Franco porque el nuevo sistema de financiación autonómica diseñado por el gobierno de Zapatero quedó aprobado, primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después en las Cortes, todo un atentado contra la democracia de tal calado y alcance que compite con el nuevo Estatuto de Cataluña y con los GAL por el primer puesto en el ranking español de las salvajadas contra la limpieza democrática.
Es nuevo sistema es tan anticonstitucional como el GAL y el Estatuto catalán, pero supera a ambos en alcance antidemocrático y corrupto porque consagra, a escala nacional, la insolidaridad, la desigualdad y otras lacras políticas como la utilización del dinero público para comprar poder y corromper.
Después de lo ocurrido el 15 de julio, cuando el gobierno, pública e institucionalmente, destrozó principios tan vitales para la drmocracia y la convivencia como la justicia, la equidad y la solidaridad, es difícil encontrar en el mundo entero una democracia que pueda superar a la española en baja calidad.
La democracia española está tan degradada que ha violado todos los grandes principios que los filósofos y pensadores políticos identifican como básicos e imprescindibles del sistema:
--El sufragio universal libre está trucado en España por causa de las listas cerradas y bloqueadas, que impiden elegir al ciudadano y otorgan ese derecho, sagrado en democracia, a los partidos políticos y a sus élites. La manipulación de la información, el incomplimiento de las promesas electorales, las coaliciones antinatura posteriores al dufragio y el engaño desde el poder contribiuyen también a deteriorar los comicios.
--La separación e independencia de los poderes básicos del Estado es otro principio básico de la democracia violado en España. La Justicia está intervenida por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, mientras que el Congreso y el Senado son pantomima antidemocráticas porque los diputados y senadores no representan a los ciudadanos sino a sus partidos, que han impuesto una disciplina esclavizante que elimina la libertad y la conciencia en el voto y en las intervenciones.
--El imperio de la ley, igual para todos, es una farsa en un país cuyo ministro de defensa no se avergüenza de afirmar en público que la ley se aplica "según convenga a la jugada", en el que los grandes magistrados son nombrados por los partidfos políticos y en el que la experiencia demuestra que la ley se aplica con tigor al adversario, mientras que los poderosos y sus amigos gozan de una indecente y práctica impunidad.
--El ciudadano, que es soberano del sistema, con derecho a vigilar y a controlar a los poderes políticos, ha sido completamente marginado en España, desposeido de todo poder de control y expulsado de los procesos de toma de decisiones.
--La sociedad civil, que debe actuar en democracia libremente, como contrapeso del poder del Estado, está ocupada en España por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, que, con intervenciones directas o a través de subvenciones, alianzas y pactos inconfesables, se ha adueñado de los grandes santuarios de la sociedad civil, como son las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación, las religiones, las fundaciones, instituciones y asociaciones, los colegios profesionales, las cajas de ahorros y decenas de entidades y empresas cuyo funcionamiento libre es imprescindible para que exista democracia.
--La prensa libre, cuya misión en democracia es controlar y ficalizar a los grandes poderes a través de la información veraz y la crítica, ha sido comprada y sometida por el poder político, que, utilizando ilícitamente el dinero público, ha convertido a muchos medios en sus propios altavoces y a muchos periodistas en sus "perros de presa".
--La defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales desde el Estado es, por último, el otro gran principio democrático violado y pisoteado en una España donde la desigualdad se promueve desde el poder, donde la corrupción es tolerada y, a veces, amparada desde el poder político, donde el poder público se practican vicios tan degradantes y antidemocráticos como el amiguismo, el nepotismo, el enchufismo y otras lacras que se manifiestan en subvenciones trucadas, concursos públicos amañados, puestos de trabajo reservados para familiares y amigos del poder, privilegios casi ilimitados para la clase política, lujo, despilfarro y marginación y hasta persecución y acoso de los adversarios del poder dominante.
La llamada "democracia española" no existe en realidad porque ha sido sustituida con traición y nocturnidad por una sucia oligocracia de partidos, un sistema que, según los filósofos griegos, está mucho más alejado de la democracia que la misma tiranía.
El eco de la protesta de los jóvenes iraníes contra el fanatismo totalitario de los ayatollás se ha apagado y el fanático Ahmadinejad se ha consolidado, a pesar del fraude electoral, sobre todo en los países donde la izquierda, subyagada por la figura del tirano iraní, tiene poder sobre los medios de comunicación y la opinión pública. El sucio fraude electoral perpetrado por el régimen contra la esperanza del pueblo se silencia y se da por bueno. Parece imposible que la izquierda mundial, antaño defensora, al menos en teoría, de los derechos humanos y las libertades, se sienta fascinada hoy y casi enamorada de un fanático peligroso y asesino como el presidente iraní.
La izquierda mundial ha debido caer muy bajo para tratar al fanático presidente iraní Ahmadinejad como uno de sus iconos predilectos. La prensa mundial de izquierdas y sus intelectuales y periodistas lo alaban y lo cuidan como un valor mundial, olvidando sus crímenes, mentiras y su reconocido y reciente fraude electoral frente a su adversario Mir Hossein Mussavi.
La locura de convertir en héroe a un peligroso antidemócrata solo puede explicarse si se admite que la izquierda, antaño defensora de los derechos humanos y las libertades, se ha deteriorado tanto que se ha olvidado de la democracia y adora a cualquier asesino con tal de que sea antiyanki, anticapitalista y antidemócrata.
La izquierda se lo perdona todo: el que mutile a los ladrones, ahorque a las mujeres infieles, ejecute a los gays y extermine a sus adversarios con métodos que superan en crueldad y saña a los empleados por el KGB y la Gestapo. Lo verdaderamente importante para radicales camuflados de izquierda, como Zapatero, es que el loco Ahmadinejad sea antijudío y antiamericano.
Ahmadinejad ha conseguido fascinar a la izquierda mundial con sus mentiras atrevidas: ha dicho que está a punto de llegar un nuevo mesias que pondrá las cosas en su sitio y que liquidará el Estado sionista de Israel de la faz de la tierra. Ha dicho también que el Holocausto es un mito y una estafa porque nunca ocurrió. Ha asegurado que en Irán no existen los gays, pero ha ocultado que su régimen los ahorca en masa. Por último, ha asegurado que su país no quiere poseer la bomba atómica, mientras la fabrica a todo gas para emplearla contra sus adversarios.
El fraude electoral en las últimas elecciones de Irán ha sido minimizado en los países donde domina la izquierda, donde ni siquiera ha sido valorado el hecho de que millones de iraníes se hayan lanzado a las calles para protestar por el totalitarismo del régimen de los ayatollas. En esos mismos países se acosa a Honduras por haberse sacudido a un presidente como Zelaya, anticonstitucional y arbitrario, aunque aliado del izquierdismo mafioso y sanguinario que encabezan los hermanos Castro, amparados por el dinero del venezolano Hugo Chávez.
El radicalismo antidemocrático del fanático Ahmadinejad sigue fascinando a cierta descerebrada izquierda mundial, cuyo desprecio por las libertades individuales y la sociedad civil ya es indisimulable. En esa izquierda "amiga" del radical iraní milita, para vergüenza de los demócratas españoles, el español Zapatero, que mantine con Ahmadinejad una especie de idilio que incluye una colaboración estrecha en torno a la Alainza de las Civilizaciones.
El espectáculo de la torpeza gubernamental al gestionar el secuestro del pesquero Alakrana ha sido inquietante, como no lo es menos la necedad e impotencia de Zapatero y su gobierno frente a la crisis económica. Mientras el país nada en la decadencia y el fracaso, la prensa informa que mafias bulgaras y marroquies roban en España 100.000 coches de lujo al año, que salen con destino a África y el Este de Europa, y que otras bandas internacionales se apropian de decenas de kilos de oro y de millones de euros en los indefensos hogares que asaltan.
A juzgar por los datos de recuperación y de detención de esos ladrones, el gobierno español es lamentablemente ineficiente y no consigue evitar el expolio. Lo mismo ocurre con la violencia en general, con los robos en los hogares, los asaltos y otros tipos de violencias protagonizadas por mafias extranjeras que viajan a España, una especie de paraiso inerme donde es fácil delinquir con impunidad.
Mientras tanto, los ciudadanos españoles, que son rehenes de la inseguridad y víctimas de esas mafias, no pueden hacer nada para acabar con la desesperante ineficiencia del gobierno. Los políticos, a los que pagamos el sueldo con nuestros impuestos, son, en teoría, nuestros empleados, pero ni siquiera podemos expulsarlos por ineptos. Han conseguido blindarse y ni siquiera admiten que les exijamos que cumplan con su deber.
En la España del presente los padres no se sienten tranquilos cuandos sus hijos juegan libremente en las calles. Tienen que ser vigilados para que no les ocurra como a la niña Mari Luz, asesinada por un pederasta al que la Justicia dejó en libertad sin informar al vecindario de que un asesino nauseabundo andaba suelto.
Los hogares de los españoles permanecían abiertos en tiempos del dictador Franco, pero ahora hay que cerrarlos a cal y canto. Los hogares de la "democracia" son hoy como cárceles donde se encierran y se refugian ciudadanos asustados. Las verdaderas cárceles españolas están repletas y el número de reclusos se ha multiplicado por ocho desde la muerte del dictador. Ahora, después de que la Italia de Berlusconi ha decidido cerrar el país a los delincuentes y canallas, nos tememos que la escoria que rechazan Italia y otros países se instale entre nosotros.
Nuestros políticos son insensibles ante el drama de la inseguridad ciudadana, tal vez porque lo desconocen al sentirse a salvo en sus coches con escolta y en sus residencias vigiladas. Miles de policías son sacados de las calles y obligados a cuidar a los políticos y a sus propiedades. Ellos tienen escoltas personales, viajan en coches blindados, con chofer, y sólo conocen la miseria si algún día ven el telediario. Son una lujosa y superflua "casta" de nuevos amos con muchos inútiles e ineptos en sus filas.
Aunque existen algunas excepciones, los dirigentes políticos españoles, a juzgar por los frutos y resultados de su gestión, merecen ser expulsados de sus puestos de trabajo por quienes les pagamos el sueldo. Cada vez que se enfrentan a un problema, son incapaces de resolverlo y, a veces, con su torpeza, hasta obstaculizan la solución, como está ocurriendo con el caso del pesquero vasco Alakrana, secuestrado por piratas somalíes.
Si trabajaran en una empresa privada, ya habrían sido despedidos de manera procedente, sin gratificación, pero en el Estado han conseguido blindar sus privilegios y han logrado que su ineptitud sea recompensada con subidas salariales, pensiones de lujo, exenciones fiscales y otras distinciones tan inmerecidas como injustas..
Cuando nuestra Constitución fue redactada, la sociedad española creía en la bondad de los partidos políticos y asumió un documento que depositaba en esos partidos demasiado poder, más del que era prudente, según ha demostrado la Historia.
Cuando la actual Constitución fue redactada y aprobada, la democracia española daba sus primeros pasos y, después de cuatro décadas de Franquismo, confiaba plenamente en la bondad de los partidos políticos. En consecuencia, España asumió una Constitución que entregaba a los partidos políticos demasiado poder y representación, más del que era prudente, según ha demostrado la historia.
Hoy, aquellos partidos políticos a los que la Constitución otrogó tanto poder y representatividad, incluso el derecho a intervenir en la Justicia y a mediatizar los grandes tribunales, ya no son de fiar, tras haberse convertido en maquinarias implacables de poder y de clientelismo, más fieles a sus propios intereses que al bien común y a los intereses de la nación.
Amaparados en las ventajas y poderes que les otorgaron los incautos españoles, los partidos han reforzado su poder, se han acorazado de inmunidad e impunidad y han invadido demasiados espacios de la sociedad, incluso aquellos que les están vedados en democracia: universidades, sindicatos, religiones, empresas, instituciones, asociaciones, cajas de ahorro, medios de comunicación, etc., acabando así con la independencia y colocando en coma profundo una sociedad civil española que, en democracia, debe ejercer como firme contrapeso independiente del poder político y como fuerza controladora del poder del Estado.
En consecuencia, la Constitución debe ser reformada si se quiere limpiar España de escoria corrupta e instaurar en serio una verdadera democracia.
Se habla desde hace meses de un cambio en la orientación del poder y en posibles pactos entre el PSOE y el PP para consensuar políticas como la Justicia y la lucha contra el terrorismo. Desgraciadamente, esos pactos no van a solucionar el problema porque el problema son los partidos políticos, que, sin controles ciudadanos y dueños absolutos del Estado, se han transformado en el peor enemigo de la democracia y en el mayor obstáculo para que se termine la degradación de la política española.
Un ejemplo claro del descontrol antridemocrático reinante en España es las reformas que propone la Fiscalía General del Estado, orientadas a convertir a los fiscales en una especie de custodios de los jueces, una medida que encadena todavía más el poder Judicial a la política de partidos y que se orienta justo en el sentido contrario del que establece la verdadera democracia.
Encomendar a los partidos políticos españoles la regeneración de la democracia española es como pedir a la zorra que cuide de las gallinas. ¿Quien puede ser tan imbecil para creer que los partidos políticos, que son auténticas organizaciones autoritarias, verticales y antidemocráticas, siempre sometidas al poder y al capricho de las élites, en cuyo interior se imponen el sometimiento al lider y el miedo a debatir libremente, puedan democratizar este país?
La unica regeneración auténtica y saludable de la democracia española pasa, inevitablemente, por limitar el poder de los partidos políticos y por restaurar los controles ciudadanos al poder, controles que obliguen a los poderes a competir entre sí, a que los representantes rindan cuentas a los ciudadanos, no a los partidos, como ahora hacen, y a restaurar el protagonismo que el ciudadano y la sociedad civil deben tener en el sistema, el cual les ha sido ilegítimamente arrebatado por los insaciables y degenerados partidos políticos.
Cualquier reforma debe partir de cambios profundos en la injusta y antidemocrática Ley Electoral española, cambios que eliminen las listas cerradas y bloqueadas que confeccionan los partidos y ante las que los ciudadanos únicamente pueden decir "sí" o "no", sin poder elegir a sus preferidos. No menos urgente es garantizar el valor igual de los votos, evitando que unos partidos necesiten 50.000 votos para lograr un diputado y otros casi 400.000. Y sin olvidar la que quizás sea la reforma más urgente y necesaria, la de conseguir que los políticos electos respondan ante los ciudadanos que los eligen, no ante las élites de sus respectivos partidos, como ahora ocurre en esta democracia española sin entrañas, sin justicia y sin ciudadanos soberanos.
El ministro Rubalcaba acaba de perder los nervios al ser interpelado en las Cortes sobre la falta de garantías que rodea al SITEL. Sin embargo, como afirma Esteban González Pons, SITEL es un juguete demasiado peligroso para que no esté ferreamente controlado por los jueces. "Es un sistema capaz de escuchar y grabar el cien por cien de las vidas del cien por cien de los españoles. SITEL no te graba la conversación, te graba la vida", afirma con razón el portavoz del PP, confirmando así las sospechas y miedos de los demócratas españoles, que no queremos que ese riesgo totalitario controlado por un gobierno poco fiable.
Si estuviera controlado por los jueces en todas sus fases, un sistema de espionaje avanzado como el SITEL sería tolerable, pero en manos de un gobierno poco fiable como el de Zapatero, el SITEL es un instrumento cargado de riesgo, que amenaza seriamente al ciudadano y es capaz de destruir la democracia.
Rubalcaba, para defender esa capacidad pública de espiar a cada español en sus conversaciones telefónicas, movimientos y uso de la informática, afirma que todo se hace bajo control judicial y ha mencionado al terrorismo y al narcotráfico como los enemigos que justifican el sistema de espionaje, ignorando que los ciudadanos españoles, en las encuestas, consideran ya a los políticos un problema mayor que los terroristas y los narcotraficantes.
En la reciente Conferencia Internacional de Conservación de Datos, celebrada en Madrid, el fiscal Pedro Martínez señaló en su ponencia que esta normativa “nos convierte a todos los ciudadanos en sospechosos, no diferencia entre personas honestas y delincuentes; por consiguiente, su objetivo no es controlar al delincuente, sino al ciudadano. Es pues una norma de control social como han denunciado numerosas asociaciones de derechos civiles”.
SITEL es un poderosísimo software de interceptación de telecomunicaciones que desarrolló Ericsson a petición del gobierno de Aznar, el cual sin embargo no se atrevió a implementarlo por las serias dudas que su encaje legal y constitucional suscitaba. Al gobierno de Zapatero, sin embargo, le faltó tiempo para ponerlo en marcha con la excusa de aumentar la eficacia en la persecución de los delitos.
Su implantación y uso está plagado de irregularidades, reales y potenciales, la primera en su propia raíz, pues se puso en marcha por medio de un vulgar reglamento, cuando por la naturaleza de la materia (derechos fundamentales) debería haberse regulado por ley orgánica, tal como manda la Constitución.
SITEL es un poderoso instrumento de control en manos del gobierno de turno que sólo es admisible en democracia cuando está controlado ferreamente por un sistema judicial fiable e independiente. En España, donde falla la confianza ciudadana en los políticos y donde la Justicia está polítizada hasta el tuétano, el SITEL es un arma totalitaria que podría ponerse al servicio de una casta o de un partido político y empleada para aterrorizar al ciudadano, para aplastar al adversario o para que un grupo político descontrolado pueda mantenerse permanentemente en el poder.
El fiscal Pedro Martínez, alarmado ante lo que el sistema de espionaje puede hacer, asegura que mediante estos datos de tráfico «se pueden saber los lugares por donde nos hemos movido durante el último año, con quién hemos hablado, dónde estaba nuestro interlocutor, cuánto tiempo duró la conversación, quiénes son nuestros amigos, nuestros clientes, los SMS que enviamos, a quién, las páginas web que visitamos, lo que descargamos, las compras que efectuamos por Internet, las operaciones de banca electrónica; en definitiva, nuestros gustos y preferencias podrán ser conocidas y analizadas».
El SITEL, por fin, ha llegado al Congreso, pero Rubalcaba, principal "controlador" del sistema, se ha limitado a acusar al PP de haberlo instalado y ha dicho que quienes deberían tener miedo de SITEL son los terroristas y los narcotraficantes, cerrando así el caso, sin otras garantías, sin más informaciones, sin expresar su voluntad de someter ese sistema espía al necesario control de los jueces.
Sin ese imprescindible control judicial y en manos de un gobierno que ha reconocido que aplica la ley "según convenga a la jugada", que ha demostrado con creces su capacidad de engañar, de mentir, de manipular y de ser arbitrario, en el que más del 60 por ciento de los ciudadanos, según las encuestas, han perdido la confianza, es un instrumento liberticida, un peligro mortal para la democracia y una amenaza directa para el ciudadano.
La gestión del secuestro del Alakrana por parte del gobierno español ha puesto en evidencia la incompetencia de Zapatero, su afición a la chapuza y, sobre todo, su tendencia a la opacidad, un rasgo preocupante en un gobernante europeo e incompatible con la democracia.
Despreciando el derecho fundamental del ciudadano a ser informado con veracidad, Zapatero compareció ante las cámaras para apuntarse el "tanto" político de la liberación de los secuestrados del atunero Alakrana, pero sin informar sobre los múltiples detalles oscuros de la operación.
Desde el principio, la operación ha sido opaca, sin que esa opacidad tenga nada que ver con la prudencia y discreción que requiere una negociación. El gobierno español parece ignorar que la democracia, más que un sistema de votos y de elección de representantes, es un sistema basado en la confianza y la limpieza en el que el derecha a informar y ser informado es fundamental. Un sistema opaco, sin transparencia ni verdad, es tiranía en estado puro.
La operación no estará finalizada hasta que no se aclaren las numerosas incógnitas del caso: ¿Que bandera llevaba el barco cuando fue apresado? ¿Quién y por qué se detuvo a los dos piratas y se trajeron a España? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién pagó el rescate? ¿Se entregó dinero por error, como de ha dicho, a una facción pirata equivocada? ¿A que se debió el enfrentamiento entre la Audiencia Nacional y el gobierno? ¿Que significa lo que ha dicho el ministro de Justicia, de que el gobierno no paga "como tal" un rescate? ¿Qué le dijo Zapatero a los familiares de los secuestrados para que guardaran un silencio sepulcral? ¿Por qué se enfrentaron unos ministros con otros? ¿Qué se va a hacer con los dos piratas detenidos? ¿Existe el compromiso de liberarlos? ¿Vamos a tener que sufrir como pueblo la humillación de indultarlos? ¿Que hará el gobierno para que no vuelvan a secuestrar otra nave española? ¿Por qué no se embarcan militares españoles en los pesqueros, como ya han hecho otros países?
El propio Zapatero, exhibiendo un desprecio intolerable a la transparencia y a la verdad, parece que ha cerrado el caso afirmando eso de que "hemos hecho lo que debíamos", sin admitir error alguno, sin un atisbo de autocrítica.
Ni siquiera está claro el extraño incidente de los disparos realizados por la armada española a los piratas, ni se sabe si fue un montaje para salvar el honor ante la opinión pública o si simplemente se fue incompetente con el uso de las armas. No se sabe si tenían orden de no causar bajas. Tampoco se sabe que razones sustentan el malestar existente en el seno de las fuerzas armadas.
Quedan muchas más preguntas sin respuesta, además de flecos judiciales que sustanciar, responsabilidades políticas sin adjudicar y lecciones que aprender.
Aunque todavía falta distancia y demasiada información para realizar un análisis completo del asunto Alakrana, sí hay suficientes datos para afirmar que de todos los errores cometidos, el peor de todos no es la incompetencia del gobierno, ni la bisoñez de los ministros implicados, ni la preocupante mediocridad del liderazgo español, sino la opacidad demostrada, el miedo a la verdad y a la luz, una siniestra e inquietante afición a la oscuridad por parte de Zapatero y sus acólitos que nada tiene que ver con la democracia y que, desgraciadamente, apesta a raíces totalitarias, a tiranía camuflada.
El rescate ha sido pagado a los piratas y los secuestradores serán liberados. Muchos españoles están escandalizados ante la arbitrariedad y desigualdad en la Justicia. Los últimos tres meses, por la desmoralización y angustia política que han generado en la población, quizás han sido los peores de la democracia española, comparables a aquellos tiempos terribles de Felipe González, cuando FILESA, Roldán, los GAL y otros abusos inundaron España de hedor currupto.
Con su comportamiento en los últimos meses, el gobierno español ha convertido esta etapa en una de las peores de la moderna historia de España. pero el drama de España se convierte en tragedia si se analiza también el comportamiento de la oposición, que rivaliza con el del gobierno en antidemocracia, corrupción y suciedad moral.
La imagen de la policía exhibiendo esposados, como delincuentes ya condenados, a los detenidos sospechosos de los casos “Palma Arena” y Pretoria fue tan obscena y sucia que permite afirmar que el Estado de Derecho está siendo demolido en España. Igualmente lo ha sido el trato engañoso a los parados de larga duración, la concesión a un grupo de "amigos" de Zapatero la TDT de pago, todo un "regalo" arbitrario del poder, y la nefasta gestión del secuestro del atunero vasco Alakrana, hecho que demuestra la torpeza operativa de un gobierno de tercera división, que engaña a la opinión pública al ocultar que los somalies, con su piratería, se defienden del expolio impune de las costas de Somalia perpetrado por cientos de barcos de muchos países, protegidos por navíos y aviones de guerra.
La negativa del gobierno a luchar con decisición contra la corrupción y sus intentos de manipular a los medios de comunicaciín, transforma la política española en un desierto desolado, sin ética ni esperanza.
Pero la peor gestión del gobierno y la que más daño causa a España sigue siendo la de la crisis. Incapaz de responder con coherencia al desafío de la economía que se hunde, Zapatero ha permanecido escondido y más centrado en viajes y actuaciones internacionales que en asuntos domésticos, decidido a no dar su brazo a torcer y a no adoptar las medidas que la comunidad internacional y los expertos le aconsejan, entre ellas una reforma laboral que es urgente para que España vuelva a ser competitiva y medidas de estímulo al consumo, justo lo contrario de lo que logrará con su errónea subida de impuestos.
Ante el lento pero constante deterioro de la imagen del gobierno y la subida del PP en intención de voto, el gobierno de Zapatero no se resigna a perder el poder y parece dispuesto a retenerlo, incluso recurriendo a métodos más propios de dictaduras bananeras que de democracias adscritas a la Unión Europea.
El trato vejatorio dado a los presuntos delincuentes políticos del PP es muy diferente al que el gobierno otorga a los muchos delincuentes de su propio partido o de formaciones aliadas. Hace un año, también en Mallorca, Gonzalo Aguiar, de Unión Mallorquina, por un delito similar no fue esposado ni humillado en público, ni obligado a desfilar esposado, como se ha hecho con los sospechosos de corrupción del PP balear. En otros muchos casos de corrupción denunciados en las Islas Baleares, como los de Ibiza Centre, Can Domenge, La Piñata o Soms Oms, ni siquiera se produjeron detenciones, porque los señalados eran miembros del partido en el poder o aliados,
La sospecha de que se utiliza sin las debidas garantías judiciales el sistema de escuchas telefónicas y de Internet SITEL ha creado en toda la sociedad un lamentable estado de inquietud que inclina a pensar que el Estado de Derecho está siendo laminado en España. La acusación de Maria Dolores de Cospedal de que el SITEL ha servido para intervenir teléfonos de miembros de la oposición sin orden judicial es gravísima y, de confirmarse, colocaría a Zapatero en niveles de corrupción política similares a los de los peores tiempos del gobierno de Felipe González, cuando se produjeron escuchas ilegales, terrorismo de Estado (GAL) y casos espeluznantes de corrupción, como los de FILESA, Juan Guerra y Roldán, entre otros muchos.
El PP, cuyo nivel de corrupción está sorprendiendo y asqueando a los españoles, no ha presentado pruebas sobre las escuchas ilegales, quizás porque no las tiene, y probablemente utiliza esa grave acusación como cortina de humo para ocultar su corrupción interna, pero lo dramático es que esas acusaciones son creíbles en una España cada día más decepcionada, desquiciada y destrozada por su miserable clase política.
Cuando la España de Zapatero, impregnada de derrota y de decadencia, se desmorona, cuando padecemos un terrible caso de piratería perpetrado contra un barco que, para colmo de males, navegaba probablemente con la ikurriña como bandera, cuando la sociedad exhibe su impúdica cobardía soportando, sin rebeldía ni dignidad, el dominio del mal gobierno, la injusticia, el abuso y el despilfarro, nos conviene recordar hechos nobles y heroícos del pasado, ocurridos cuando España era grande y cuando los vientres de las españolas, en lugar de esclavos, cobardes y mediocres, todavía parían a españoles de grandeza.
Recordamos en el artículo de hoy, enviado desde Pensamiento Hispánico, la proeza de Blas de Lezo, gran estratega, ingenioso y español grande, al que la España oficial le pagó con el olvido. Con apenas 3.000 hombres mal pertrechados y hambrientos, derrotó a los casi 30.000 combatientes movilizados por Inglaterra y a una flota de 186 navíos (60 más que la Armada Invencible de Felipe II), la mayor flota de la historia después de la que utilizaron los aliados para el Desembarco de Normandía, en la II Guerra Mundial.
Tres siglos después de la derrota más grande y menos conocida del Imperio Británico, un grupo de ingenieros españoles aterrizan en Cartagena de Indias, Colombia, para cumplir con la última voluntad del hombre que logró tal hazaña: el comandante Blas de Lezo, conocido como "Medio hombre" porque era manco, tuerto y tenía una pierna de palo.
En una de las murallas de la ciudad, pondrán una placa que reza: “Aquí España derrotó a Inglaterra y sus colonias”. “Con sólo 3.000 hombres y su ingenio, Lezo derrotó a una armada de unos 25.000 hombres, más 4.000 hombres traídos de Virginia por el medio hermano de George Washington.
Sin embargo, la historia se olvidó de él. En su testamento pedía que un grupo de españoles pusiera una placa para no olvidar aquella victoria. A eso hemos venido”, comenta a BBC Mundo Javier Rodríguez Zunzarren, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia y artífice de esta “misión histórica”.
El ataque inglés (14 de marzo de 1741) tenía como fin partir las colonias españolas y, de haberlo conseguido, seguramente hoy buena parte de Suramérica hablaría inglés y no español.
"El almirante Edward Verton reunió la flota más grande de la historia (186 navíos, 60 navíos más que la Armada Invencible de Felipe II), sólo superada por el desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial.
Los ingleses acuñaron monedas celebrando la victoria antes de la batalla", explica a BBC Mundo el historiador y periodista Fernando Díaz Villanueva.
Allí les esperaba Blas de Lezo, un marino cosido de cicatrices, una leyenda de los mares que atemorizaba a los ingleses.
Oriundo de un pequeño pueblo vasco, Pasajes, Medio hombre había dejado su propia carne en sendas batallas contra Inglaterra desde que tenía 12 años, en la Guerra de Sucesión, cuando él mismo se amputó la pierna después de que un cañonazo se la destrozara. Luego vendrían varias cuchilladas, el muñón de su mano derecha y una esquirla que le reventó un ojo.
"Era Medio hombre pero era muy buen estratega. A las balas de cañón les ataba una cadena para luego abordar los barcos", comenta a BBC Mundo, Federico Vidal, otro de los ingenieros que ha cruzado el charco para conocer el escenario de la batalla.
Entre el calor húmedo y los enjambres de vendedores ambulantes que les persiguen, el grupo español recorre una ciudad muy diferente a la de Blas de Lezo.
"Fue tan humillante la derrota inglesa que el rey Jorge II prohibió hablar de ella o que se escribieran crónicas alusivas al hecho, como si nunca hubiese ocurrido" (Fernando Díaz Villanueva, historiador y periodista).
Si fuera inteligente, el pirata Willy, por fin declarado mayor de edad por la Justicia española, no se iría de España, país donde tiene gran futuro como estrella de la televisión basura, como héroe de la prensa del corazón y como objeto sexual deseado por miles de jovencitas educadas en la Logse, hoy buscadoras de sensaciones nuevas y exóticas.
El pirata Willy, si fuera inteligente, se negaría a ser extraditado y pediría asilo en España, un país sorprendente donde muchos piratas se hacen ricos sin tener que arriesgar la vida secuestrando barcos y marineros en altamar.
Él podría seguir los pasos del famoso Dinio, héroe cubano que forjó aquella gran filosofía de "la noche me confunde", amor de folclóricas famosas, actor porno y objeto sexual deseado por miles de descerebradas "made in Spain".
¿Os lo imagináis en "La Noria" contando cómo se secuestra un barco o cómo se humilla a los rehenes? ¿Cuanto podría cobrar si llegara a revelar los oscuros secretos de la negociación del gobierno de España con la piratería somalí para rescatar el Alakrana? ¿Os imagináis a Willy contando sus vivencias carcelarias en "Sálvame" y afirmando que en las cárceles españolas se vive y se come mejor que en la postradas tierras somalíes? Miles de "progres" alcanzarían orgasmos ante esa afirmación, el "share" subiría hasta cuotas inéditas y la cadena de televisión subiría en bolsa como la espuma. Otras cadenas le harían ofertas irresistibles para sentarlo ante sus cámaras y Willy se haría rico sin tener que secuestrar barcos..
Con un poco de suerte, Zapatero podría adoptarlo como "icono" de su gobierno, para demostrar que la "democracia española" es tan libre y atractiva que hasta ha conseguido cautivar al pirata Willy. Con un poco de más suerte, Zapatero hasta podría exhibir ante la comunidad internacional el "logro" de haber terminado con la piratería en Somalia y podría mostrar, también, ante un mundo sorprendido, las colas de miles de piratas somalíes pidiendo el visado para poder emigrar a la "España de Willy".
La inepta torpeza del gobierno español, que vuelve a quedar demostrada en el asunto del pesquero vasco Alakrana, secuestrado por piratas somalíes, está generando más descontento en la sociedad, más rechazo a los políticos y una sensación general de fracaso que, unida a los demoledores efectos de una crisis económica, también mal gestionada, y a la corrupción generalizada, desquician y deprimen a la sociedad.
Vivimos tiempos de indecencia y de vergüenza ciudadana en España. La necesidad de regenerar la política se vuelve obsesiva y crece junto con nuestras ganas de erradicar la corrupción y la indecencia de muchos de nuesttros líderes políticos. Son horas de lucha en las que los demócratas deben distinguirse por su capacidad de combatir. Si la sociedad española quiere salir de la crisis, regerarse y recuperar la senda de la prosperidad, lo primero que debe hacer es sacudirse el dominio de la cultura "progre" dominante y propiciar una política en la que el protagonista sea el ciudadano, no el Estado, y una cultura donde el mérito sea tenido en cuenta, se ensalce el esfuerzo y los auténticos valores, arrasados en la España actual, se recuperen y ocupen la cúspide de la pirámide.
Quien consiga escapar de la propaganda y del narcótico que desde el Estado se esparce por la sociedad, principalmente a través de los medios de comunicación, advertirá fácilmente que la España que han creado los "progres" dominantes es un verdadero desastre: la democracia ha sido sustituida por una oligocracia de partidos; los valores han sido suplantados por privilegios y derechos, muchos de ellos falsos y bastardos; el esfuerzo ha sido erradicado y la sociedad está bajo el control de políticos mediocres, muchas veces corruptos, cuyo obra maestra es haber eliminado al ciudadano libre para sustituirlo por semiesclavos fanatizados, incultos y capaces hasta de defender a los suyos hagan lo que hagan.
Esta España, obra de la "progresía" dominante es un país en declive que ocupa la cabeza del ranking europeo en los capítulos más vergonzosos y dramáticos: desempleo, pobreza, prostitución, alcoholismo, consumo y tráfico de drogas, baja calidad de la enseñanza, fracaso escolar, destrucción del tejido empresarial, deterioro de la democracia, desencanto con el fucionamiento de la Justicia, corrupción política, privilegios para los políticos, coches oficiales, tamaño desproporcionado del Estado, despilfarro, televisión basura y vertiginoso crecimiento de la inseguridad ciudadana, la desconfianza, la división, el odio y la desesperación.
Mientras los ciudadanos toleren que el dinero público sea despilfarrado por los políticos y se emplee injustamente en colocar y subvencionar a los amigos del poder, la España "progre" será una cloaca.
Los ciudadanos deben ser conscientes de que el primer deber de un demócrata español es sustituir la cultura del falso progresismo por un progreso verdadero, en el que la sociedad pueda crecer en valores, respeto, prosperidad y decencia, sin tener que someterse al sucio dominio de los que han minado las entrañas del Estado de corrupción y fracaso.
Por eso, además de expulsarlos del poder, utilizando para ello la fuerza de las urnas, que es el único poder que le queda al ciudadano en esta democracia degenerada, los demócratas deben despreciar y avergonzar a los que, con su actuación corrupta e inepta, nos han arrebatado los valores y el futuro.
El primer deber de un ciudadano libre es utilizar el voto para regenerar el sistema y crear una sociedad mejor. Pero no hay que esperar a que se abran las urnas para regenerar la sociedad. Al ciudadano, además del voto, le quedan otras muchas armas y recursos.
En la hora de las urnas, el demócrata debe apoyar a las formaciones políticas decentes y democráticas, aunque sean pequeñas y poco conocidas. Seguir votando a la derecha para castigar a la izquierda o votar a la izquierda para que no gobierne la derecha es perpetuar la partitocracia y arrojar más basura sobre el suelo de España. Si no se encuentran partidos dignos y merecedores de confianza, entonces se debe votar en blanco o depositar en la urna una papeleta que contengan una leyenda de reproche, algo así como "Delincuentes" o "Chirizos", para que la repulsa masiva inunde las urnas y los sinvergüenzas sientan en su pellejo todo el desprecio del pueblo.
Pero, además de utilizar el voto para regenerar la democracia, el ciudadano puede practicar erl boicot; puede manifestarse; puede reunirse para debatir, puede actuar como promotor del cambio político, social y cultural, puede practicar y difundir los valores y puede hacer sentir todo su desprecio y asco ante los que hoy, desde el poder político, nos conducen hacia el fracaso, la pobreza y la vergüenza.
En la práctica, puede apagar las cadenas de televisión autonómicas, innecesarios juguetes creados por los políticos para su propia gloria, apagar también las emisoras que se distingan por su sumisión al poder, por el servicio a la mentira y por la propagación de basura televisiva y modelos sociales repugnantes. Puede dejar de ver películas españolas, injustamente subvencionadas, a pesar de su baja calidad, solo porque los actores son amigos del régimen. Puede dejar de comprar periódicos sometidos. Puede escribir un blog, participar en blogs críticos solventes y aprovechar la fuerza de Internet para propagar la decencia y la democracia. Puede dejar de comprar productos de regiones españolas que se empeñan en ser superiores y en acumular ventajas insolidarias. Puede dejar de acudir a los actos públicos, donde muchos políticos ineptos e indecentes se exhiben ante las masas, apareciendo como héroes y logrando así ocultar su fracaso e incapacidad. Puede, también, realizar campañas regeneradoras, como colocar sobre las ventanas y balcones de sus hogares pancartas y carteles con leyendas de reproche o regeneración, como "Queremos políticos decentes" o "Que dimitan los chorizos" o "Desprecio para el poder político inepto"...
Algunas cosas cambiaron en México cuando, en los tiempos donde el PRI era la fuerza corrupta dominante, miles de mexicanos se manifestaron en el DF, por la gran avenida de Insurgentes, exhibiendo una gigantesca pancarta que decía "Que nos gobiernen las putas porque sus hijos han fracasado".
Para un ciudadano demócrata, lo importante es luchar por la demnocracia, con independencia de que esa meta se alcance o no. La democracia exige una lucha permanente por mantenerla limpia de sinvergüenzas y en España el ciudadano ha dormido durante tres décadas, permitiendo que el poder sea acaparado por demasiados mediocres, torpes y corruptos.
La feroz crisis multipolar que padece España tiene algunas facetas positivas: está convenciendo a los españoles de que no tienen una democracia sino una dictadura de partidos; esta abriendo los ojos de los ciudadanos para que vean la baja calidad de muchos de sus dirigentes, ineptos y poco solventes; está generando reacciones positivas en la sociedad, entre individuos libres y conscientes, decididos a luchar contra la corrupción del poder y por la regeneración de la política, la economía y la ética.
Ya lo dijo Honorato de Balzac: "En las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte". En España, país donde grandes masas de ciudadanos tienen el corazón podrido por la propaganda política y por la división, fanatismo y odio que se estimula desde los partidos, la crisis está curtiendo a otros muchos ciudadanos y fortaleciendo el deseo de una patria mejor, que recupere el esfuerzo, el servicio y el sentido del bien común, tras erradicar la plaga de sinvergüenzas y parásitos que infectan el Estado.
Con una izquierda que no es demócrata porque nunca abandonó el leninismo y con una derecha que tampoco lo es porque se averguenza del liberalismo, España es un país sin ilusión ni horizonte político, una sociedad enferma de dos tipos de cáncer mortales: el mal gobierno y la desconfianza.
España se hunde cada día más, pero también aumenta a diario el número de ciudadanos conscientes de que están mal gobernados, que sus dirigentes no son de fiar y que es necesario refundar la democracia para hacerla auténtica y dotarla de los imprescindibles controles y cautelas que los políticos han dinamitado.
Conscientes de su pobreza de ideas y de su escasa fe en la democracia, los partidos se han dedicado a fabricar fanáticos y zombies, en lugar de propiciar la ciudadanía. Los políticos, especialmente los mediocres, saben que es más facil gobernar a un rebaño de esclavos engañados y sometidos que a una sociedad de hombres y mujeres libres.
El miedo al ciudadano libre, ese que participa en la política y toma decisiones, el que es incapaz de delegar la voluntad política, algo que es indelegable para un ser humano, es el gran pecado de los políticos españoles y de sus partidos. Porque prefieren una sociedad esclava y narcotizada que una sociedad libre, la enseñanza no tiene calidad en España y desde el poder no se hace nada por combatir nuestros peores males: el fracaso escolar, la droga, el alcohol, la prostitución, la corrupción, la delincuencia y otras lacras que envilecen al hombre y facilitan el dominio de los políticos.
La ciudadanía española es cada día más consciente de que son tan ineptos que es necesario erradicarlos.
Todo el mundo sabe que la crisis destruye empleo, comprime la demanda, empobrece a muchos y dinamita el tejido productivo de un país, pero lo que pocos saben es que posee otros muchos "efectos secundarios", no todos negativos, capaces de transformar la sociedad y de alterar la economía, la cultura y las costumbres.
La crisis estimula el ahorro, vuelve a convertir al norte en más importante que el sur, alarga las faldas de las mujeres (la abundancia tiende a acortarlas), baja los precios de casi todos los productos del mercado, estimula la práctica religiosa, incrementa la solidaridad y las donaciones para ayudar a los más necesitados, fortalece a la familia y hace que la gente valore más el estudio y la preparación profesional e intelectual para la vida. Especialmente importante es el auge que produce de la ética, que se convierte en una exigencia, de las prácticas religiosas y de la trascendencia porque el ser humano, ante la adversidad, suele buscar consuelo y explicación en el más allá.
El ejercito crece porque miles de desempleados se enrolan en sus filas. Al consumir menos, la gente permanece más en sus hogares, lee más y está más tiempo delante del televisor, lo que facilita el adoctrinamiento y dispara la capacidad de influencia del Estado y de otros poderes sobre los individuos, que generalmente ven como sus libertades y derechos retroceden.
La crisis es fatal para las relaciones humanas y para la democracia porque aisla a las personas, que, sin dinero para gastar, tienden a encerrarse en sus hogares y dejan de conversar, de debatir y de intercambiar ideas y opiniones, ejercicios de gran valor para las libertades y el civismo.
La brecha que separa a ricos y pobres se ensancha con la crisis porque hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. La sociedad se hace más injusta. Las clases medias son diezmadas. Los trabajadores fijos se convierten en una especie de "élite laboral" que es defendida por los sindicatos y desprecia a los trabajadores eventuales y autónomos. Los sindicatos pierden afiliados y suelen convertirse en odiosos ante la opinión pública mayoritaria porque solo protegen a sus afiliados y chantajean a las empresas y al Estado para consolidar abusos y privilegios.
La crisis fortalece el poder del Estado y resta poder al individuo y a la sociedad. Cuando millones de ciudadanos ven como sus ingresos disminuyen, el Estado sigue teniendo dinero porque aumenta los impuestos y ordena a sus inspectores y agentes recaudar sin piedad. El ciudadano se convierte, para el Estado, en una presa a la que hay que sacarle el dinero del bolsillo y, si es necesario, esquilmar mediante sanciones, denuncias, multas y expedientes. En la España actual, hay agentes de la policía de tráfico que, obligados a recaudar mediante denuncias, ya sancionan por "conducir distraído" o "por hablar con el copiloto", una forma abusiva de interpretar la ley por parte de la autoridad.
El foso que separa la sociedad del Estado se agranda, hasta el punto de que la mayoría de los ciudadanos, dentro de una crisis grave, suelen contemplar al Estado como un enemigo. El Estado en crisis se hace implacable y peligroso, deja de pagar sus deudas y facturas y tiende a ser más corrupto porque el escaso dinero existente tienta a los administradores públicos y gobernantes. Solo los más desposeídos contemplan al Estado con esperanza, porque reciben de él subsidios y pagas de subsistencia.
Esta es la primera gran crisis mundial con Internet convertida en un poderosos medio de comunicación al alcance de muchos. Los expertos creen que el consumo de Internet crecerá y que los gobiernos, durante la crisis, contemplarán a la "red" como un enemigo a batir porque les resta control y dominio sobre el ciudadano.
Pero quizás el efecto más beneficioso de la crisis sea que los ojos y la mente de los ciudadanos se abren y les permiten ver el drama que representan sus gobernantes, generalmente ineptos, ociosos, corruptos e incapaces de cumplir con la misión que el ciudadano les ha encomendado: la de utilizar la fuerza del Estado y los recursos comunes para solucionar los problemas de la ciudadanía y hacer que el mundo sea mejor.
Al conmemorarse el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, conviene saber que muchos déspotas, muy parecidos a los comunistas derrotados, están gobernando nuestras democracias, tras haberse camuflado y travestido con trajes de demócratas.
La política mundial está empezando a ser dominada por un espécimen nuevo y letal, el de los nuevos déspotas travestidos de demócratas. Tienen una clara vocación autoritaria, pero les gusta vestir su liderazgo con la legitimidad que confiere el voto popular. Han asimilado la lección histórica de que las masas no toleran la tiranía, pero saben que, debidamente camuflada, esa tiranía puede avasallar y pervivir. Se declaran demócratas y, aparentemente, aceptan la democracia como terreno de juego, pero la manipulan, la pervierten y la utilizan en beneficio propio. En realidad son depredadores totalitarios, pero bien disfrazados de demócratas fervientes, actúan como prestidigitadores y son expertos en demagogia y otros trucos que le sirven para ocultar su verdadera naturaleza ante el ciudadano. Están floreciendo por doquier, en África, en Asia, en América y hasta en la vieja Europa que inventó la democracia, y amenazan con convertirse en la peor pesadilla política del siglo XXI.
Odian a los ciudadanos libres porque reflexionan, son exigentes, tienen criterio y resultan peligrosos. Por eso los exterminan poco a poco y los sustituyen por masas incultas y por grupos fanatizados y sometidos, entrenados para defender sus colores políticos con pasión y sin lógica. Han descubierto que la educación, bien manipulada y desprovista de eficacia, predispone para la esclavitud y, en consecuencia, están convirtiendo las escuelas públicas en fábricas de corderos. Así consiguen que su poder se sostenga, no sólo sobre la legalidad manipulada, sino también sobre el miedo y sobre pandillas peligrosas de ciudadanos descerebrados que les defienden y votan fielmente.
No creen en la división de poderes y, desde el poder Ejecutivo, manipulan y controlan el Parlamento y la Justicia, pero los muy hipócritas afirman en público que los poderes tienen que ser independientes y libres.
Obsesionados por el control del poder a toda costa, utilizan la mentira y el engaño sin límites. Su estrategia de poder les lleva a utilizar demasiadas veces la palabra "democracia" en sus discursos, para sólo lo hacen para esconder su alma autoritaria y su cinismo.
Son perfectamente capaces de aplastar al enemigo sin ni siquiera sentir remordimiento, pero prefieren comprar con dinero público al adversario porque han aprendido que crear mártires, a la larga, es peligroso.
Utilizan el dinero público como si fuera propio y siempre terminan endeudando a sus países hasta límites insoportables y ruinosos. Reparten el dinero entre los amigos y premian con monedas el sometimiento y el servilismo. Son hábiles creadores de clientelismo y dependencia, exterminadores de la libertad y del libre albedrío. El erario público les sirve para afianzar su poder, comprar voluntades y corromper, políticas que siempre se traducen en debilitamiento de la sociedad, hundimiento de los valores, pérdida de competitividad y retroceso económico. Los fondos públicos son también utilizados para ganar votos, pero encubren esa nefasta política con palabras engañosas y programas falsos: igualdad, ampliación de derechos, lucha contra la crisis, defensa del Estado... y, sobre todo, "progreso", la palabra mágica de la nueva especie política depredadora.
Algunos de ellos se sienten tan seguros que se atreven, incluso, a modificar los padrones electorales y a conceder el derecho al voto a los ciudadanos extranjeros partidarios de su proyecto. Los más salvajes y gorilas están dispuestos, incluso, a alterar los resultados electorales, pero esa "fechoría", por el momento, sólo es posible en países tercermundistas, muy dominados y degradados.
Conscientes de que el control del poder Judicial es vital para que sus desmanes estén dentro del marco legal, intervienen la Justicia en nombre del pueblo, violando así la esencia de la democracia, y procuran realizar ese atentado en coalición con otros partidos políticos, para demostrar a la ciudadanía que el sometimiento de jueces, magistrados y tribunales es una práctica legal.
El dominio de las fuerzas armadas es vital y lo consiguen eliminando en la milicia el sentido del honor y del deber, sustituyéndolo por el sometimiento a lo que llaman "la voluntad popular", que no es otra cosa que la voluntad y los intereses de ellos mismos y de sus aliados.
La sociedad civil es corrompida primero y después ocupada, maniatada y castrada, hasta dejarla casi en estado de coma. Los santuarios vitales de esa sociedad civil que, en democracia, debe ser independientes y servir de contrapeso al poder del Estado, son sistemáticamente controlados: colegios profesionales, sindicatos, organizaciones patronales, universidades, asociaciones, religiones, medios de comunicación, fundaciones, cajas de ahorros y hasta empresas.
Se sienten tan seguros y dominadores que hasta renuncian a la austeridad que caracterizaba a sus predecesores del "socialismo real". No tienen miedo de exhibir ante sus pueblos, generalmente empobrecidos y asustados, lujos, confort y privilegios que consideran con descaro atributos del poder.
Una de sus obras maestras es haber creado una clase empresarial parásita y dependiente del Estado, cuyos dirigentes les votan y se hacen millonarios al servicio del poder político.
Pero su verdadera obra de arte ha sido el control de los medios de comunicación, a los que necesitan para vestir de legitimidad sus dictaduras camufladas y obscenas. Con el dinero del Estado prefieren comprar medios de comunicación que periodistas porque saben que los periodistas suelen someterse y autocensurarse voluntariamente. Con los grandes medios de su parte, sobre todo con la televisión, el medio que más influye en los imbéciles, utilizan abiertamente las nuevas tecnologías, la psicología, el marketing y la sociología política para engañar, sojuzgar y envilecer.
Francisco Rubiales
Hace 20 años que cayó el Muro de Berlín, pero esa caída solamente significó el fin del Imperio Soviético, no el fin de los déspotas ni de la peor secta de la Historia de la Humanidad, la de los adoradores del Estado.
Hace 20 años, cuando cayó el Muro de Berlín, muchos demócratas y defensores de los derechos humanos se dejaron llevar por la euforia y creyeron como idiotas que los déspotas y la peor de las sectas de la Humanidad, la de los adoradores del Estado, habían sido derrotados, cuando lo único que ocurrió es que desapareció el Imperio Soviético. Lo peor de la especie humana, aquellos que anteponen el Estado al indivíduo y sus intereses personales al bien común, los derrotados en la URSS, los que se sienten a gusto practicando la opresión y el dominio, siguen más vivos que nunca y continúan practicando sus dos deportes favoritos: la caza de la libertad y del ciudadano libre.
En 1989, ante la imposibilidad de seguir manteniendo el control de unos estados injustos, opresores, que tenían en contra a sus propios pueblos y que eran económicamente inviables, los déspotas y sátrapas que se habían refugiado en el comunismo deidieron emigrar hacia la democracia, infiltrarse en los estados democráticos y dinamitarlos desde dentro.
La democracia, en manos de estúpidos y mediocres engreídos, solo celebró la fiesta de la "Caída del Muro" y ni siquiera advirtió ese movimiento de infiltración que, en apenas dos décadas, iba casi a destruirla.
Veinte años después, vemos los frutos de aquel enorme descuido y contemplamos cómo nuestras democracias se han pervertido y cómo el espíritu totalitario que anidaba en la URSS y en sus satélites se ha transformado en la "nueva izquierda" y se ha apoderado de muchos partidos políticos y democracias de occidente, convirtiéndo la política en otro estercolero, quizás peor del que construyeron en el indecente "Bloque Soviético".
La gran victoria de los déspotas y de los adoradores del Estado no ha sido travestirse de demócratas y, desde la izquierda, pudrir el sistema, sino infectar también a la derecha con su estatalismo y desprecio al ciudadano, hasta lograr que la única esperanza de los demócratas hoy no sea ya la alternancia, logrando que un partido de derecha sustituya al frente del Estado a la izquierda despota travestida, sino que sea el propio pueblo, con su rebelión, el que limpie la política infectada, corrupta y degradada.
Muchos ciudadanos, frustrados ante el dominio que ejercen los peores, saben ya que la división correcta en política no es entre derechas e izquierdas porque, lamentablemente, unos y otros han abrazado el despotismo, son corruptos y se parecen demasiado, sino entre demócratas y totalitarios. Los primeros creen en el individuo, dueño y soberano de la verdadera democracia, y en sus deberes y derechos, mientras que los totalitarios adoran al Estado y se refugian en él porque lo han transformado en el instrumento útil para dominar y perpetrar sus abusos y crímenes.
Pero el ciudadano consciente también sabe ya que el Estado es un monstruo frío, siempre inclinado a ejercer el poder absoluto y con recursos suficientes para imponer un dominio aplastante. En nuestros tiempos, con la ayuda de los totalitarios enrolados en su servicio, el Estado ha reforzado su arsenal con armas de especial eficiencia, capaces ya de controlar las mentes y corromper las almas a través de la desinformación y la propaganda. Hitler confesó que sus mejores armas para controlar al pueblo alemán habían sido “la confusión mental, los sentimientos contradictorios, la indecisión y el pánico”.
Frente a ese monstruo no existe más defensa que la democracia, pero la democracia, gestionada por canallas, mediocres, cobardes y sinvergüenzas, se ha vuelto abstracta y débil, desarmada de valores e incapaz de ejercer la influencia necesaria en el mundo. Los dirigentes políticos ya no están capacitados para plantarle cara al mal que encierra el Estado porque están incrustados en él y borrachos del boato y de los privilegios que emanan del mismo Estado. Ellos han encontrado justificación para todo, incluso para lo injustificable, y han permitido el florecimiento de la mentira por todas partes.
Ante la cultura de la desesperación a la que nos ha llevado el poder desmoralizado e ineficiente, sólo nos queda la sociedad civil como defensa y esperanza y el ciudadano libre e indomable como único recurso para la victoria.
Paseaba en su lujoso coche oficial un político español, cuando vio a dos hombres comiendo cesped en un parque. Preocupado, ordena ha su chofer detenerse y baja a investigar.
Pregunta a uno de ellos:
¿Por qué estas comiendo cesped, muchacho?
"La crisis es muy dura -responde- y no tenemos dinero para comida.
Bueno, entonces venga usted a mi casa y yo le alimentaré, dijo el político.
Gracias, señor, pero tengo esposa y dos hijos. Están allí, debajo de aquel árbol.
Que vengan ellos también, dijo el político.
Miró al otro hombre que comía cesped y le dijo:
Ud. también puede venirse, mi amigo.
Pero el hombre, con una voz lastimosa, respondió:
Pero señor, yo también tengo esposa y seis hijos conmigo.
Que se vengan ellos también, dijo el generoso político
Todos subieron sin problemas al enorme y lujoso coche público.
Cuando iban en camino, uno de los hombres miró al político y le dijo:
Señor, Ud. es muy bueno y generoso. Gracias por llevarnos a todos con Ud.
El político le contestó:
No hombre, no se ptreocupe. Soy feliz al hacerlo. Les va a encantar mi casa... El cesped en mi jardín está como de metro y medio de alto.
Moraleja:
Cuando creas que un político te está ayudando, piensalo dos veces...
Ante el drama de la España corrupta y decadente, la Historia otorga el protagonismo a periodistas y jueces y los coloca en la primera fila, como vanguardia de la regeneración.
El sistema ha fracasado en España. El hedor que expelen los partidos y el sector público lo inunda todo. La corrupción es el fracaso de la democracia y la corrupción, inoculada desde el poder político, ha infectado a la sociedad española hasta el tuétano. Pero la corrupción no es el único drama de la mal llamada "democracia española". También han fracasado sus dos pilares principales: la confianza y el respeto. Cuando todos están envueltos en la danza corrupta, de nada vale la alternancia. La única esperanza y la única salida del demencial laberinto español es que jueces y periodistas den un paso al frente y empleen su enorme poder en regenerar la democracia.
De los partidos políticos, principales causantes del daño y la parte más infectada de todo el sistema, no puede esperarse ningún impulso regenerador. Los partidos son el problema, no la solución. Esas formaciones, nacidas para estimular la participación ciudadana, se han apoderado del Estado y se han transformado en grupos más o menos mafiosos que anteponen el poder y los propios intereses al bien común, lo que ha degradado lo público y contaminado la sociedad, hasta convertirla en una cloaca donde germinan la corrupción, el clientelismo, la arbitrariedad, el abuso de poder y el despilfarro. En consecuencia, los partidos políticos son lo primero que hay que eliminar y refundar para que España vuelva a tener sentido como proyecto común.
Los jueces españoles deben utilizar el bisturí como lo hicieron sus colegas italianos con la "Tangentópolis", al principio de la década de los noventa, extirpando aquel planeta político degenerado y corrupto, dominado por la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, con los socialistas de Bettino Craxi como acólitos especialmente corrompidos.
Como ocurrió en Italia, los jueces españoles deben actuar cuando contemplan el desamparo del pueblo y descubren que el sistema únicamente puede regenerarse si centenares de corruptos entran en la cárcel y si miles de políticos fracasados son obligados a jubilarse y dejar espacio a una nueva hornada de dirigentes honrados que permitan ser controlados y tutelados por el verdadero poder en democracia: los ciudadanos.
La prensa debe volver a ser libre y crítica y recordar que su primer deber es propagar la verdad, aunque esa verdad implique retirarle el apoyo y el sostén a los que, desde el poder público, alimentan a las empresas periodísticas con dinero y privilegios. Privado del apoyo popular, del respeto ciudadano, al poder político sólo le queda el apoyo de los medios de comunicación para mantenerse en pié. Sin el sostén artificial e interesado de los medios de comunicación, el actual sistema político español, corrompido y degenerado, se derrumbaría como una torre de barro.
Al ocultar sus lacras y miserias, al silenciar el protagonismo de los políticos en el fracaso y destrucción de la sociedad y al exhibir a los actuales dirigentes como si fueran héroes, en lugar de desvelar sus fracasos, torpezas, errores y culpas, los periodistas y los medios de comunicación se han hecho cómplices del desastre y merecedores del desprecio ciudadano.
Ha llegado la hora de la rectificación y de que jueces y periodistas cumplan sus deberes para con la democracia.
La propaganda dice que España es un paraíso y que sus ciudadanos disfrutan de una envidiable calidad de vida. Todo es mentira, excepto el clima, que es una bendición. Los políticos han hecho de España un mal sitio para vivir y los españoles son, probablemente, los ciudadanos más esquilmados por el Estado en toda Europa. Los españoles pagan impuestos como en Suecia y reciben del Estado servicios como en Nigeria, trabajan cuatro meses para pagar impuestos y dedican casi la mitad de su sueldo anual para pagar un sector público monstruoso, enfermo de obesidad mórbida, que se niega a adelgazar y que impide al país salir de la crisis.
La España de Zapatero es una estafa, un producto falseado por la propaganda, que la presenta como un oasis donde merece la pena vivir y donde los ciudadanos disfrutan de una envidiable calidad de vida, cuando en realidad es un país infectado por la corrupción y la injusticia, donde los ciudadanos son esquilmados por un Estado monstruoso, enfermo de obesidad mórbida, que se niega a adelgazar y que constituye hoy todo un drama para la ciudadanía y el mayor obstáculo para salir de la crisis.
Los últimos estudios y estadísticas revelan que los españoles trabajan casi cuatro meses (desde enero hasta la tercera semana de abril) sólo para pagar sus impuestos a un Estado que le cuesta a cada español uno 10.000 euros al año. Teniendo en cuenta que el sueldo medio es de unos 20.00 euros, los españoles dedican la mitad de sus ingresos para financiar unas administraciones públicas enfermas de obesidad, que se niegan a adelgazar, que despilfarran el dinero y tan ineptas que no saben como sacar a España de la crisis.
La realidad es que los españoles son un pueblo desgraciado, no esos ciudadanos felices que pinta la propaganda oficial. Tienen, probablemente, la democracia más degradada de la Unión Europea y sus políticos son los más poderosos, incontrolados, inmunes e impunes del continente. El liderazgo no funciona y el sistema político se deteriora cada día más. Los ciudadanos creen cada día menos en una democracia que ha sido asesinada en secreto y transformada por los políticos en una oligocracia de partidos que no merece respeto alguno.
A cambio de los impuestos desmedidos que el Estado cobra y que, para colmo de males, ha decidido subir de nuevo en plena crisis, los españoles apenas reciben servicios valiosos y eficientes. La Justicia funciona con tanto retraso e irregularidad que deja de ser justa; la educación está considerada como una de las peores del planeta. Los ciudadanos son asesinados y asaltados por unos delincuentes cada día más armados y mejor organizados en bandas, sin que la policía pueda hacer mucho por defender a los que el Estado está obligado a proteger en democracia. La sanidad pública, orgullo del sistema, no tiene dinero, debe cientos de millones a sus proveedores y ya está por detrás de muchos servicios sanitarios públicos europeos. Las ciudades están sucias, las carreteras mal mantenidas, la riqueza mal distribuida, el país mal gobernado y la economía está siendo aplastada por un gobierno cuya politica está causando la destrucción masiva del tejido productivo, con cientos de miles de empresas desaparecidas y cientos de miles de pequeños empresarios y autónomos expulsados de la producción y los servicios. El gobierno, incapaz de generar puestos de trabajo, se dedica a dar limosnas a los desempleados y pobres, generando inseguridad y desconsuelo en la ciudadanía.
La verdad estadística de España es muy diferente a la que pinta la propaganda oficial: España ostenta un vergonzante liderazgo europeo en capítulos como el desempleo, el avance de la pobreza, la prostitución, el fracaso escolar, el tráfico y consumo de drogas, el alcoholismo, población encarcelada y avance del crimen y de la delincuencia. España es líder en coches oficiales, en privilegios para sus políticos y también en crecimiento desproporcionado del Estado, que hoy cuenta con casi tres millones y medio de servidores, si a los tres millones de funcionarios existentes se agrega la "casta" privilegiada de los políticos, sus asesores, familiares, amigos y enchufados que viven del erario público.
Voto en Blanco (pulsa para visitar el blog Voto en Blanco original)
Que te espíen y que violen tu intimidad es grave, pero que lo haga sin el preceptivo permiso de un juez y sin necesidad alguna un gobierno como el que preside Zapatero, habituado a mentir, poco fiable, escasamente democrático y sin la necesaria cobertura legal, eso ya es indignante para la ciudadanía española.
El Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones Electrónicas (Sitel), que en estos momentos opera bajo el paraguas de una dudosa regulación, es otro signo que demuestra que la democracia en España es una quimera y que el sistema actual es un simple heredero directo del franquismo.
SITEL es el sistema que permite al Estado escuchar, sin autorización judicial, como es preceptivo en democracia, las conversaciones telefónicas de los ciudadanos a través del móvil y leer todos los mensajes intercambiados entre teléfonos.
Que el gobierno espíe a los ciudadanos siempre fue un abuso y un rasgo totalitario que provoca nauseas a los demócratas, pero quizás tuviera algún sentido en tiempos de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba cuajado de espías y quintacolumnistas, dividido en dos bandos, el capitalismo y el comunismo, ambos armados hasta los dientes con misiles de múltiples cabezas atómicas. Sin embargo, ahora, cuando el enemigo mortal ya no existe, el espionaje de sus ciudadanos sólo demuestra que los gobiernos quieren controlar y oprimir a sus pueblos para mantener su poder. Sin otro objetivo que justificar sus abusos, privilegios y poderes especiales, los gobiernos inventan terroristas, pandemias y enemigos, cuando lo único que pretenden es desviar la atención del ciudadano, para que no centre su mirada en las injusticias y el avance de las desigualdades, el desempleo y la pobreza, espiándolos para mantenerlos bajo control y evitar que un día decidan rebelarse ante las corrupciones y la escasa democracia del sistema.
Para saber si existe o no democracia en una sociedad hay una ecuación infalible: si el gobierno teme a los ciudadanos, entonces existe democrcia, pero si son los ciudadanos los que temen al gobierno, entonces existe tiranía. En España, el gobierno no le tiene temor alguno al ciudadano y, en consecuencia, se permite todo tipo de abusos de poder y de invasión de la intimidad, como ocurre con SITEL, pero los ciudadanos cada día temen más a un gobierno cuyos miembros carecen de controles democráticos y se sienten prácticamente impunes e inmunes.
La última invasión de la intimidad y de la libertad de los ciudadanos en España está representada por la Ley 25/2007 de 18 de octubre, que establece que los operadores de servicios de telefonía móvil prepago deberán llevar un libro que registre la identidad de los clientes. Estos datos, según el Ministerio del Interior, pueden ser requeridos por orden de un juez con la finalidad de investigar delitos graves.
Casi la mitad de la población española utilizaba este sistema para comunicarse. Hasta el año pasado, tan sólo cinco millones se identificaron en el ministerio. Los que antes del 8 de noviembre no lo hagan, perderán inmediatamente la línea, con el coste que eso supone también para las operadoras.
SITEL tendrá capacidad para controlar el cien por cien de los teléfonos móviles españoles. El gobierno afirma que el sistema —implantado en Guardia Civil, Policía y Centro Nacional de Inteligencia— es utilizado únicamente por agentes facultados, pero lo cierto es que el gobierno, al eliminar el permiso judicial para espiar, ha burlado otra de las garantías democráticas que controlaban el poder del Estado y que proporcionaban respeto y seguridad al ciudadano.
SITEL es la penúltima violación de los derechos individuales en esta España donde cada día es más difícil encontrar un resquicio de democracia.
La Ley 25/2007 de Conservación de Datos, asegura que en la citada fecha tope (8 de noviembre) "los operadores vendrán obligados a anular o a desactivar aquellas tarjetas de prepago" no identificadas. La misma norma obliga a las compañías telefónicas a conservar durante un año todos los datos de tráfico (incluida la localización geográfica) tanto de los terminales fijos y móviles como de las IP de Internet o la telefonía por Internet.
A nuestros desprestigiados políticos se les acusa de corruptos, ineptos, despilfarradores, arbitrarios y de anteponer sus propios intereses a los del pueblo, pero pocos conocen la faceta más siniestra de la política, que la lista de los mil peores asesinos de la Historia de la Humanidad está completamente acaparada por políticos y servidores directos de los grandes poderes, sobre todo del poder estatal.
El ranking mundial del crimen está encabezado por el chino Mao Tse tung, seguido del soviético Stalin y del alemán Adolf Hitler, pero lo más notable e inquietante de esa lista mundial de criminales sanguinarios es que los mil primeros puestos están ocupados por políticos y servidores del Estado, sin excepción alguna.
¿Qué fuerza desconocida convierte en criminales inmisericordes a algunos servidores públicos que, según las normas, deberían haberse sacrificado por el bien de sus pueblos? ¿Qué extraño y maligno virus hace que los grandes asesinos en serie y exterminadores del género humano sean siempre políticos o servidores del Estado.
En la lista hay emperadores, reyes, presidentes, ministros, gobernadores, generales, jueces, jefes de policía, señores feudales, nobles, jerarcas religiosos y otros muchos cargos que, en teoría, deberían haber sido líderes ejemplares y cuidadores de sus pueblos, pero que, en la práctica, sustituyeron el servicio y la entrega por la depredación y el asesinato.
Los campeones universales del crimen, los comunistas Mao Zedong y José Stalin, los emperadores romanos Nerón y Calígula; Adolfo Hitler, Pol Pot, el príncipe Vlad Tepes Drácula de Valaquia, conocido como el empalador, que llegó a torturar hasta la muerte a más de 100.000 personas; la condesa Elizabeth de Bathery, que desangró a casi un millar de niñas para bañarse en su sangre, creyendo que así obtendría dosis de juventud, Ivan el Terrible, Robespierre, Idi Amín Dadá, el doctor Mengele y otros muchos seres de crueldad desproporcionada tienen como denominador común su condición de estadistas o de servidores del Estado. Comparados con estos criminales "estatales", cualquier otro famoso asesino civil de la historia, como Jack el Destripador o el Carnicero de Rostow, ofrecen balances de víctimas tan reducidos que parecen aficionados de tercera categoría.
Si se quiere ampliar la lista de los grandes asesinos de la humanidad siguen apareciendo representantes de Estados o jefes de naciones, como Lenin, Troski, algunos faraones del antiguo Egipto, emperadores hititas y persas, Atila, rey de los hunos, Filipo de Macedonia, Alejandro Borgia, Benito Musolini, Enver Hoxha, Francisco Franco, Nicolai Ceaucescu y Fidel Castro. Una tercera ampliación permite incorporar a nuevos servidores del Estado, como Gengis Kan, Kublai Kan, Mobutu Sese Seko, Robert Mugabe, el dictador portugués Oliveira Salazar y otros muchos, todos ellos vinculados al poder público en sus respectivas naciones.
Pero caben nuevas ampliaciones de la lista, incorporando a sicarios y ejecutores al servicio de grandes criminales, como Beria, Goebbels, Martín Borman y otros muchos, hasta superar el millar de grandes criminales de la historia sin que aparezca un solo caso de alguien que no haya tenido estrechos vínculos con el poder político o con el servicio al Estado.
Dicen los expertos que la principal causa de que muchos políticos y gobernantes se transformen en asesinos radica en el error de creer que el Estado está por encima del individuo. Un estudio realizado en Norteamérica defiende la tesis de que líderes políticos y criminales comparten el mismo perfil psicológico: seguridad, incapacidad para el arrepentimiento, anteponer el fin a los medios, ausencia de remordimiento, osadía, arrogancia y una capacidad de decisión que no admite la duda ni la reflexión.
El principio nefasto de que "el fin justifica los medios" encierra la esencia del crimen y del abuso de poder porque se transforma fácilmente en otro similar: "todo vale con tal de servir al Estado" o en el no menos peligroso "lo importante es transformar la sociedad; todo lo demás es secundario". Ahí está el origen de la patología asesina política. Desgraciadamente, muchos de nuestros políticos siguen afirmando que lo importante es transformar la sociedad, sin que tengan importancia los métodos, y creen en algo que no es identico, aunque posee la misma raiz macabra: "En política vale todo". ¿Quien no ha oído alguna vez esa burrada pronunciada por políticos y dirigentes aparentemente democráticos?
Nosotros, sin rechazar esa tesis, creemos que el poder, además de corromper, envilece y que detrás del crimen de los estadistas está siempre el deseo de dominar, la mayor de las pasiones humanas, que convierte el liderazgo en el mayor problema de la especie, un problema nunca resuelto cuyo principal resultado ha sido muchos gobernantes indecentes, muchos mediocres al frente de naciones y demasiados depredadores pastoreando el rebaño humano.
Otros conocidos asesinos de la gran lista de la sangre fueron:
Leopoldo II de Bélgica: genocidio en Congo (8.000.000 de muertos)
Enver Pacha: responsable del genocidio turco contra el pueblo armenio(1.500.000. muertos)
El Círculo de Economía, poderoso lobby español, económico y empresarial, culpó hace días a los políticos de la actual parálisis del país en su último informe de opinión de actualidad, titulado "Horizonte 2012. Cambio económico y responsabilidad política", y pide también reformas urgentes, no sólo económicas sino, sobre todo, políticas.
Tras afirmar que "España se enfrenta a una grave crisis económica e institucional que pone en serio riesgo los grandes avances alcanzados durante la democracia", en Círculo señala a los partidos políticos como los grandes culpables del drama español y sostiene que España "sufre una crisis institucional" derivada de determinadas prácticas de los partidos que desprestigian la política y de la parálisis en instituciones del poder judicial o la "aparente falta de misión" del Senado. Por ello, exige una reforma "en profundidad" de la ley electoral y de la financiación de partidos.
La opinión del Círculo coincide con la de los ciudadanos, que en las encuestas señalan ya a los políticos como su cuarta gran preocupación, por delante del terrorismo, y con la de miles de comentaristas políticos, intelectuales y analistas, que miran a los partidos y a los políticos profesionales como el más grave problema de España y como el principal obstáculo para el resurgimiento y la regeneración.
Ciertamente, aunque no todos los políticos son corruptos e indeseables, la densidad de los malos es tan alta que contamina al colectivo por completo, hasta el punto de que muchos ciudadanos piensa que los políticos y sus partidos son hoy el mayor drama de España, su mayor lastre y la peor amenaza ante el futuro.
Lo han invadido todo y han acumulado un poder casi ilimitado, antidemocrático y generador de desigualdades, desequilibrios y abusos; han destruido la democracia y la han sustituido por una sucia oligocracia que no merece respeto alguno; han aplastado a la sociedad civil, colocándola en estado de coma; han abierto las puertas de la democracia a la corrupción y han nutrido sus filas de corruptos e indecentes; han expulsado al ciudadano de la política, que han acaparado como monopolio; con su mal ejemplo, han degradado el sistema y debilitado los valores y principios que regían la convivencia; se han apoderado de todo lo que generaba poder y dinero, penetrando en todos los rincones de la sociedad, incluso en santuarios donde su presencia es nociva e indeseable. Son los partidos políticos, concebidos en un principio como piezas claves de la democracia, pero transformados hoy, después de un lamentable proceso de degradación, en los principales culpables del drama español y en los mayores obstáculos para la regeneración económica, social, cultural y política de España.
Ya es hora de reconocer la verdad. Los partidos políticos fueron admitidos en democracia con grandes cautelas porque no eran fiables. En la Revolución Francesa estaban proscritos y en el nacimiento de los Estados Unidos fueron rechazados como agrupaciones que tendían al dominio y al comportamiento mafioso. Se les permitió entrar en el sistema siempre que sirvieran para incrementar la participación de los ciudadanos en la vida política y para llevar la voz del pueblo hasta el poder, pero los partidos han abandonado sus espacios intermedios de puente para apoderarse del Estado y de la sociedad, convirtiéndose en los grandes dramas de la sociedad moderna y en los peores enemigos de la ciudadanía.
Se han apoderado de las universidades, de las cajas de ahorros y de multitud de asociaciones ciudadanas culturales y sociales. En la enseñanza, sector clave por su influencia en niños y jóvenes, han doblegado la independencia y subyugado la libertad, imponiendo asignaturas doctrinarias, colocando a sus "enviados" para que dirijan los centros y doblegando a los privados a través de subvenciones y conciertos. Donde todavía no se atreven a penetrar, compran voluntades y maniatan la independencia a través del dinero, pactos, concesiones y privilegios, muchas veces opacos y generalmente inconfesables. En la sociedad civil, un reducto que la democracia exige que sea independiente y libre para que sirva de contrapeso al poder, ya lo dominan casi todo y pugnan por doblegar a los que resisten: medios de comunicación, iglesias, fundaciones, asociaciones, colegios profesionales y hasta asociaciones de consumidores y de vecinos.
Los partidos políticos se han convertido en "el problema" de España. Se reparten el poder, lo politizan todo y se ponen de acuerdo entre ellos para incrementar constantemente su poder. Nombran presidentes en las cajas de ahorros y en decenas de instituciones que deberían ser libres y profesionales, mientras ellos se dotan de sueldos de lujo y de pensiones que cuadruplican en ventajas a las de los profesionales más destacados.
Son un cáncer y España no podrá salir del foso al que está siendo conducida por sus políticos hasta que la democracia no sea instaurada realmente y los déspotas, corruptos y sinvergüenzas, muy abundantes en las filas de los partidos, no sean expulsados, encarcelados o arrojados al basurero del desprestigio y del desprecio cívico.
Sábado, 2 de junio
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Francisco Rubiales
Rufino Soriano Tena
Pedro Fernández Barbadillo
Paco Sande
Julio César Izquierdo
Raúl González Zorrilla
José Pómez
Carlos Ruiz Miguel
Francisco Rubiales
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