El ciudadano español tiene derecho a sospechar que algo le quieren ocultar cuando comprueba que el gobierno está retrasando una y otra vez, sin una explicación convincente, la publicación del patrimonio y de los intereses de los altos cargos gubernamentales, una promesa de Zapatero en su campaña electoral de 2004 que todavía no se ha cumplido.
El 30 de abril de 2006 entró en vigor la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado que, por primera vez en la historia de España, obliga a hacer públicos esos patrimonios. Sin embargo, aunque la norma preveia que en el plazo de cuatro meses debían aprobarse las normas de desarrollo que permitieran esa publicación, el Consejo de Ministros sigue sin aprobar el decreto correspondiente, a pesar de que está terminado y hasta ha pasado el trámite de consulta al Consejo de Estado.
En la Moncloa dicen que la norma se aprobará antes del mes de junio, pero muchos periodistas políticos y observadores sospechan que algunos problemas debe haber en los patrimonios que han aconsejado retrasar la publicación al menos hasta después de las elecciones municipales de mayo.
Esta exigencia de "transparencia" figuraba en el program electoral del PSOE, que prometía la publicación en el BOE de los patrimonios y bines de los altos cargos.
A pesar de que el registro de los patrimonios y bienes ha sido concebido para inyectar transparencia en el sistema y evitar enriquecimientos ilícitos en el ejercicio del poder político, será reservado, con la excepción de los de los miembros del gobierno y los secretarios de estado, que serán publicados en el BOE con ocasión de la toma de posesión y cese.
Imagen cedida por la kodorniz
Domingo, 3 de junio
José Pómez
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