Al otorgar poderes especiales al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAT) para decidir qué es verdad y que no lo es y para sancionar a los medios de comunicación, Cataluña se transforma en una anomalía en Europa y su gobierno en un verdadero “divieso” en el ámbito de las democracias avanzadas del mundo.
La decisión de sancionar a los medios que mientan no es democráticamente criticable, siempre que lo hiciera un tribunal de justicia. Lo que es intolerable es otorgar ese poder a una institución cuyos miembros son nombrados por partidos políticos, que deben su lealtad, obediencia y sueldo a los partidos que les designan. Es como que un empreado del Real Madrid arbitrase un encuentro entre ese equipo y el Barcelona.
La experiencia histórica demuestra que decisiones como la catalana son más propias de regímenes totalitarios, como el de la actual China, habiatuados a colocar mordazas a la libertad, que de democracias verdaderas.
Mientras el CAT esté influido por partidos políticos, sus decisiones serán tan fiables y justas como las de las muchas comisiones de investigación parlamentarias constituidas por la democracia española, cuyos miembros se han ocupado más de defender los intereses de sus respectivos partidos que de buscar la verdad y el bien común.
La aberración antidemocrática catalana contrasta con un mundo donde las democracias, presionadas por sus ciudadanos, se hacen menos intervencionistas, ganan cada día derechos y libertades y donde la libertad de expresión es considerada como uno de los más sagrados e inamovibles derechos. De hecho, organismos como el CAT ya no existen en el océano democrático. En Estados Unidos existía uno similar, pero fue abolido por el presidente Ronald Reagam, que lo consideró como un residuo superviviente del “totalitarismo macartista”.
La creación en Cataluña de una policía mediática, cuya misión es colocar bajo vigilancia a la libertad de expresión, es, probablemente, la reacción soberbia y desmesurada de su gobierno ante el daño que esa libertad ha causado al poder político catalán gobernante, tras denunciar escándalos como el hundimiento del barrio del Carmel, el 3 por ciento cobrado durante muchos años por el gobierno como comisión corrupta, el crédito condonado a los socialistas catalanes y las debilidades y contradicciones de la OPA lanzada contra ENDESA, hechos vergonzosos que la Generalitat habría deseado mantener en secreto.
La única forma en democracia de entender la libertad de expresión es la que establece el artículo 20 de la Constitución española, que consagra el derecho de los ciudadanos (no sólo de los periodistas y de los medios) a dar y a recibir información, sin otras limitaciones que las establecidas en el Código Penal.
Todo lo demás no es democracia.
Domingo, 23 de noviembre
Rafa Esteve-Casanova
Manuel Molares do Val
Antonio Javier Vicente Gil
Emilio Castellote Madrid.
JUAN JULIO ALFAYA
Juan Fernandez Krohn
Vicente Torres
David Millán
Francisco Rubiales
ADIÓS AYER
Francisco Rubiales
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