Al margen de una aclaración posterior poco convincente, las palabras textuales del ministro de Justicia no dejan lugar a dudas: la nueva ley del aborto no reconocerá el derecho a la objeción de conciencia ni para los médicos ni para el resto del personal sanitario.
La reacción de los colectivos afectados no se ha hecho esperar, manifestando que van a defender ese derecho por todos los medios a su alcance, ya sean recursos ante los Tribunales o incluso un paro general del sistema de salud. Francisco Caamaño utiliza el absurdo argumento de que reconocer la objeción de conciencia supondría dar paso a la desobediencia civil.
Afirma ABC en su editorial que es un planteamiento inaceptable porque la propia Constitución, en el artículo 30.2, lo reconoce en materia de servicio militar.
De hecho, el «progresismo» antimilitarista hizo bandera en su día de esta fórmula, y el propio Tribunal Constitucional -en su sentencia 15/1982- determinó que no hace falta la intervención del legislador para que ese derecho sea de aplicación inmediata.
El ministro confunde la desobediencia a las leyes con el legítimo ejercicio de los derechos individuales en una interpretación impropia de un jurista acreditado y de un político que -hasta hace poco- era conocido por sus posiciones moderadas y dialogantes.
El radicalismo ideológico que inspira muchas decisiones de Rodríguez Zapatero pretende generar conflictividad social para atraer hacia el PSOE los votos de una izquierda desencantada.
A estas alturas, la sociedad española no se deja engañar, sobre todo cuando está en juego un valor ético del máximo rango como es la vida de los seres más indefensos. Ya sea por las declaraciones disparatadas de Bibiana Aído o por las consideraciones de apariencia técnica y jurídica del titular de Justicia, lo cierto es que el Ejecutivo se ha lanzado en tromba sobre el tema del aborto.
Menos mal que la respuesta de los ciudadanos demuestra que la sociedad reacciona frente a estas actuaciones arbitrarias. El «nasciturus» es un ser humano según la ciencia médica, la valoración social y el propio derecho positivo.
Desconocer estas evidencias al servicio de una causa partidista conlleva una grave responsabilidad, pero el presidente del Gobierno sólo piensa en su interés inmediato para forzar un debate ideológico del que espera conseguir algún rédito electoral.
Por fortuna, los médicos y demás profesionales sanitarios han dejado muy claro que están dispuestos a movilizarse en favor de su derecho a la objeción y del propio derecho a la vida.
