¿Por qué votan a los corruptos?

13.06.07 @ 19:31:47. Archivado en SOCIEDAD, POLÍTICA, ECONOMÍA

La primera reacción, ante el hecho de que muchos de los alcaldes y concejales condenados o procesados por corrupción hayan vuelto a obtener unos magníficos resultados en las elecciones del 27 de mayo, es de rabia y de condena moral. Pero esta sana reacción no puede obviar que la función de quién quiere transformar la realidad social no es realizar calificaciones morales, sino comprender racionalmente por qué ocurre lo que ocurre. Cuando la izquierda hace de la moral un refugio es porque ha abandonado la política y, de este modo, ha desistido también de la transformación social.
Ante los irritantes resultados del 27 de mayo, no debemos sucumbir a la lógica del escándalo que cual empresa de certificación moral califica sin comprender. Menos etiquetas morales y más compresión racional es lo que necesitamos. La gente que vota a los alcaldes corruptos ni son imbéciles, ni son corruptos (posición elitista farisea), ni son sabios que ven cosa que los otros no vemos (posición populista de mercado: “el cliente siempre tiene razón”): son sujetos racionales en un marco institucional determinado y con una percepción de satisfacción de unos intereses, acotado a este marco institucional.
Para comprender fenómenos como el del apoyo electoral a la corrupción debemos superar la disyuntiva que enfrenta a las razones con los intereses. La función trasformadora no puede ser tener que optar entre proclamar las razones universales o gestionar los intereses privados. Más bien se trata de construir las condiciones sociales (institucionales, intersubjetivas, culturales) para que emerjan razones interesantes e intereses razonables.
Pero el marco institucional en el que se han producido estas elecciones municipales ha sido más bien el contrario: muchos intereses poco razonables y unas razones muy poco interesantes. ¿Cuál es el contexto económico marco de la corrupción política municipal? Pues el de la expansión urbanística descontrolada y la especulación urbana. Más del 30% del PIB español depende, directa o indirectamente, de la construcción. En el año 2006 se han construido en España más de 800.000 viviendas. Esto ha hecho decir irónicamente al INE que en España el modelo de familia que más crece es “el piso vacío”.
Al mismo tiempo que todo esto ocurre, los ayuntamientos tiene un déficit económico crónico y un serio problema de financiación que sólo puede superar con los recursos económicos extraídos del juego inmobiliario. Si a estos datos sumamos que la expansión urbanística descontrolada se produce en muchas zonas rurales tradicionalmente deprimidas y con fuertes tasas de desempleo, tenemos el marco institucional específico de la corrupción política.

Así pues, se dan tres características institucionales estimuladoras de la corrupción política con apoyo y connivencia social:
1. Un falso mercado inmobiliario dependiente de decisiones políticas y administrativas. Los ayuntamientos tienen en su mano decisiones políticas que crean mercado y estructuras de oportunidades inmobiliarias fabulosas o las cierran. La estrategia más racional de un promotor urbanístico pasa por la compra de voluntades políticas municipales, más que por la mejora de la eficiencia, de la productividad, de los precios o de la calidad.
2. La financiación y la liquidez de los ayuntamientos depende de las rentas obtenidas con la expansión urbanística. Los alcaldes pueden, con esto fondos, avanzar y ofertar políticas visibles y tangibles, que con la financiación ordinaria seria mucho mas difícil. Obtener recursos financieros del la expansión inmobiliaria es la estrategia más racional para conseguir la mejor oferta y el mejor resultado electoral.
3. ¿Qué puede demandar un elector medio a un ayuntamiento medio? Más y mejores ofertas de servicios municipales que, a su vez, favorezcan un marco económico más favorable a sus intereses más inmediatos. Teniendo en cuenta el modelo de financiación municipal existente y el modelo económico basado en el ladrillo, está claro quién es que se acerca más a esta oferta. No debemos olvidar también que la financiación proveniente del ladrillo parece que aleja la tentación de aumentar la presión fiscal municipal (aunque esto es una ilusión que los datos demuestran como falsa, pues el 100% de los municipios españoles con más presión fiscal están sometidos también a una fuerte presión urbanística). Un elector racional maximizará sus preferencias e intereses (más servicios municipales, más renta y más empleo) votando a alcaldes del ladrillo, aunque este sea un corrupto.

Estas tres características dibujan el entramado de intereses que gobiernan las decisiones municipales. Los intereses convergentes de los promotores urbanísticos (ganar dinero), de los políticos municipales (ganar las elecciones) y de los electores (más servicios, menos impuestos, más expectativa de renta y trabajo) se ven ampliamente satisfechos en este modelo de especulación y expansión urbanística que implica, en muchas ocasiones, corrupción política. En lo inmediato, cada uno de estos tres actores gana, aunque al final todos perdamos.

¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué los políticos son corruptos? ¿Por qué los promotores son especuladores?¿Por qué los electores son tontos y/o egoístas? Ninguna de estas respuestas es por supuesto satisfactoria, por mucho que sea cierto que hay políticos corruptos, promotores especuladores y electores imbéciles. La respuesta está, como siempre, en las condiciones institucionales que hemos descrito con anterioridad: un diseño institucional que no sólo permite la corrupción, sino que la estimula. Al igual que ya explicábamos en otro artículo (“La expansión urbanística descontrolada y la Ley del Suelo”), referido al impacto ecológico de la expansión urbanística, el objetivo debe ser cambiar las condiciones institucionales.
¿Cuáles?
(i) La dependencia del mercado inmobiliario de las decisiones políticas municipales.
Son muchos los neoliberales que platean que si se eliminase la regulación administrativa del suelo desaparecería la corrupción. Y están en lo cierto. Tan en lo cierto como estaría quien afirmara que si eliminamos la policía desaparecería la corrupción policial. ¿Pero qué ocurriría, entonces, con el Esado de Derecho y la seguridad pública? Esta solución es tan inválida como la de cortarse la cabeza para eliminar la migraña. Pero que ésta no sea la solución no implica que no haya soluciones. Por ejemplo, es clave reducir la capacidad de decisión urbanística de los ayuntamientos y complicar y elevar (a CCA y Estado central) las competencias. Establecer mecanismos de participación ciudadana cualitativos, como son los Núcleos de Intervención Participativa (jurados ciudadanos). Por último, la desmercantilización y desprivatización de la vivienda, despojándolo de su carácter de bien de consumo, en favor de su naturaleza de derecho fundamental, por medio de una fuerte entrada del sector público (VPO, alquileres, etc).

(ii) Desvincular la financiación municipal de las rentas públicas del suelo.
Las rentas públicas del suelo deben ser recaudadas y distribuidas por las CCAA, sin participación de los ayuntamientos. El objetivo es evitar que exista una asociación directa o indirecta entre la renta inmobiliaria obtenida en un término municipal y los presupuestos y liquidez del ayuntamiento. En paralelo a esta medida, hay que aumentar la participación de los ayuntamientos en los gastos del Estado (el 40%).

(iii) Con estas medidas desaparecerían parte de los incentivos que el elector tiene para votar al ladrillo y suspender los juicios morales:
La oferta de servicios municipales ya no estaría en base al crecimiento inmobiliario, y la construcción dejaría de ser el motor y el horizonte económico casi único.

El problema, pues, no es que se vote a los corruptos por ser corruptos, sino que los votantes han admitido la corrupción como un coste inevitable e indiferente (todos están en el consenso mafioso del ladrillo). La corrupción va asociada a las opciones políticas, que en este marco institucional son las más eficientes para la maximización de los intereses de actores sociales que, hoy por hoy, son hegemónicos en muchos pueblos y ciudades españolas. Quien quiera cambiar esto tendrá que cambiar este marco institucional, más allá de jeremiadas, monsergas morales o conversiones cínicas.
Desde esta explicación, está claro por quá hay mucha gente que no ha votado, ni va a votar a Los Verdes, que no estamos en el consenso mafioso del ladrillo. Pero explicar el fracaso de las candidaturas verdes es falsear la realidad. Pues implica suponer que no hay nadie fuera de ese consenso del ladrillo, y eso no es cierto. Hay una fracción importante de la población y de la opinión pública que se ha rebelado contra ese consenso: plataforma ciudadanas, grupos ecologistas, medios de comunicación, la “mano izquierda del Estado (sanidad, educación, ciencia). ¿Por qué no nos han votado todos esos sectores? ¿Por qué muchos de ellos ni siquiera han votado? Estas preguntas deben formar parte de otro artículo y de otra reflexión.

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