Un país a la deriva

El activista Torra obligado a retratarse.

19.03.19 | 11:20. Archivado en Política Nacional

JOAQUIM TORRA DECIDIRÁ HOY SI PIENSA OBEDECER A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL SOBRE LA RETIRADA DE LOS SÍMBOLOS POLÍTICOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA GENERALIDAD.

Resulta sorprendente el “casus belli” en que se ha convertido el ya cansino tema de los símbolos políticos de los golpistas catalanes, como son, entre otros, los lazos amarillos usados como protesta por el encarcelamiento y enjuiciamiento de los máximos responsables del golpe de Estado perpetrado en el otoño del 2017 por el Gobierno y el Parlamento de la Generalidad en Cataluña con participación activa de Asociaciones civiles independentistas. Porque la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se ha esperado hasta ahora para afrontar esta vuelta a la normalidad en el respeto a las Instituciones que representan a todos los ciudadanos? ¿Por qué no actuó desde el primer momento de oficio la Fiscalía? En su lugar ha tenido que ser previa denuncia de CIUDADANOS ante la Junta Electoral Central (JEC) para que este asunto, que lleva enquistado desde las detenciones y fuga de los golpistas, se trate como lo que es: una reivindicación política por parte de los partidos nacionalistas independentistas catalanes. La diferencia ahora es que caso de incumplir la orden de retirada de los símbolos y eso incluye a los ubicados en los sillones vacíos del Parlamento en las bancadas nacionalistas, la JEC deberá denunciar el hecho ante la Fiscalía y esta a su vez ante los juzgados por un delito de desobediencia.

Un delito que casi produce risa por la levedad de la condena que es lo que recoge el artículo 410 del Código penal que contempla lo siguiente:
1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general
”.

Y es precisamente en el punto 2 donde Joaquim Torra se atrinchera y se niega a obedecer la orden, al considerar que los lazos amarillos no constituyen ningún símbolo partidista y están justificados por la libertad de expresión y por su propia legislación. Estamos pues en un debate jurídico de si esa simbología debe o no usarse en recintos e Instituciones Públicas u ocupar sin limitación alguna lugares públicos. Desde luego que hasta ahora la Justicia se ha inclinado más por dejarlo estar y asumirlo como una forma más de ejercer la libertad de expresión, con independencia de que se esté en precampaña o campaña electoral y contenga alegatos claros contra lo que consideran una injusticia. Tampoco ayuda el que otros símbolos nacionales como la bandera de España hayan sido profanados y quemados sin que la Justicia actuase contra los autores de esos actos de protesta por considerarlos también dentro de la sacrosanta libertad de expresión.

Personalmente siempre he defendido el que la libertad de expresión no es ilimitada. Está perfectamente definida con una frontera infranqueable que es el respeto a los derechos de los demás. Y ese es el principal argumento para obligar a que, en el ejercicio de la libertad de expresión, no se violen derechos fundamentales como el del Honor, el de las creencias religiosas, el de pertenencia a una determinada raza, religión o sexo, etc. Es decir que no se vulneren los derechos fundamentales amparados por la Constitución de España y por la legislación de los Derechos Humanos para todas las personas del mundo. También opino que las Instituciones públicas representan a todos los ciudadanos y deben mantener una exquisita neutralidad, una asepsia total respecto a ideologías políticas y un respeto escrupuloso de la ley. No es admisible ningún tipo de manifestación ideológica como, por ejemplo, la pancarta que Manuela Carmena colgó hace años en la fachada del Ayuntamiento de Madrid con el texto de “Refugees welcome!”, que es sin duda un posicionamiento político respecto al drama de los refugiados de naciones en conflicto armado. O la más explicita que cuelga del Palacio de San Jaume, sede del Gobierno de la Generalidad en Barcelona, con ese eslogan en catalán e ingles que dice “Llibertat presos politics i exiliats” y un gran lazo amarillo.

Claramente esta pancarta solo representa a aquellos ciudadanos cuya ideología es independentista y acusan a España de tener presos políticos, considerando que no tienen ninguna responsabilidad por haber dado el golpe de Estado del que se les acusa. Una opinión respetable pero totalmente falsa y equivocada de acuerdo con la legislación de España y no la que los independentistas querían imponer a todos los españoles, no solo a los ciudadanos en Cataluña. Pero es que, además, Joaquim Torra y su antecesor Carles Puigdemont llevan años sin ubicar la bandera de España en la fachada en un lugar preeminente junto a la bandera de la Comunidad autónoma, en este caso la “senyera”. Una obligación recogida también en la Constitución de España en su artículo 4. Y lo vergonzoso es que esta desobediencia reiterada no ha sido denunciada por la Fiscalía, a sabiendas de que este hecho no es aislado y se reproduce en la práctica totalidad de los ayuntamientos en Cataluña y otros organismos oficiales de esa comunidad autónoma.

No tengo ninguna esperanza en que esta desobediencia tenga algún tipo de consecuencias, como parece deducirse de las amenazas de la JEC. No veo a la Fiscalía dispuesta a cumplir con su deber de hacer respetar la ley, en este caso la Constitución de España, que parece cada vez más un papel mojado del que todos parecen renegar. Una vergüenza más de la que hay que culpar a nuestra casta política que antepone sus intereses partidistas y personales sobre cualquier otra consideración o deber con los ciudadanos. Desde luego que dan ganas de mandarles a todos al guano y que les voten sus santas madres que nunca verán a sus hijos como lo que son en realidad.

Y recuerden que existe un inmenso mundo de colores y no la negritud a la que estos miserables demagogos nos quieren llevar. La verdad es que estoy de los lazos más que harto. Menos lazos y menos sablazos en impuestos. Si quieren un lazo les recomiendo el del ahorcado para que lo usen.

¡¡¡VOTAR PSOE ES VOTAR A LOS GOLPISTAS Y ENEMIGOS DE ESPAÑA!!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!


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