Un país a la deriva

Sin público ni observadores.

31.01.19 | 13:22. Archivado en Política Nacional

LA INSOLENCIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CATALUÑA PIDIENDO ASISTIR COMO OBSERVADORES PARA VIGILAR LA TRANSPARENCIA DEL JUICIO DEL GOLPE DE ESTADO / JOAQUIM TORRA Y UNA PARTE NUTRIDA DEL GOBIERNO DE LA GENERALIDAD DESPEDIRÁN A LOS PRESOS ANTES DE SU TRASLADO A MADRID DESDE LA PRISIÓN DE ENLACE BRIANS 2.

Resulta indignante y ofensivo el que el Colegio de Abogados de la C.A. de Cataluña pida al Tribunal Supremo personarse con 12 abogados (4 fijos y 8 suplentes) en las sesiones del juicio sobre el golpe de Estado en calidad de observadores. Para ello aluden lo siguiente: “Lo que queremos asegurar es la máxima transparencia de este juicio, y para asegurar esta máxima transparencia entendemos que la abogacía catalana ha de estar presente, porque las personas acusadas son catalanes, y que los abogados que intervienen en defensa de estas personas son catalanes”. Y aunque dicen no cuestionar la independencia de la Justicia de España afirman sin embargo que: “no es una decisión política de la abogacía catalana, es una decisión de defensa del Estado de derecho y de defensa de la defensa”. El Presidente del Colegio de Abogados, Ignasi Puig agregó que el Tribunal Supremo: “ha de dar transparencia a todo el juicio porque no haya ninguna mancha, ninguna sombra, de la independencia judicial que ha de tener el alto tribunal”. Para añadir que “la presencia física en un lugar es determinante per ver y observar que esta transparencia se da”.

O sea que piensan que puede haber vulneración de derechos de los acusados y de los abogados que les defienden, es decir que la Sala va a prevaricar y violar el Estado de Derecho. Y no les basta el que las sesiones sean retransmitidas en directo por televisión, como ya se hizo cuando el macro juicio del 11M, sino que piden estar presentes para vigilar todo en directo, gestos, actitudes y detalles que la televisión no ofrece. Entiendo que estos profesionales de la abogacía catalana quieran alinearse con las posturas de los golpistas, que siempre han esgrimido que no deberían ser juzgados. Porque argumentan que ellos no cometieron delito alguno, y además dudan de la independencia de los Tribunales españoles, por lo que apelan a los extranjeros, y sobre todo al Tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo. Una campaña orquestada de desprestigio de España y de su sistema judicial, liderada por los fugitivos de la Justicia como Carles Puigdemont.

La Abogacía catalana quiere convertirse en los “super cicutas” (aquellos del programa de TVE Un Dos Tres de Chicho Ibáñez Serrador) en el juicio del golpe de Estado, realizando informes diarios de todo lo que observen. Creo que aún no se ha producido la petición formal ante el Tribunal Supremo, pero de llevarse a efecto, en mi humilde opinión se debería denegar porque no se puede esgrimir como hecho distintivo y excepcional el que se trata de ciudadanos catalanes y que sus abogados también lo son. La razón es simple, esos abogados defensores catalanes ya representan a esa abogacía que, por otro lado , no se diferencia de cualquier otra autonómica murciana, asturiana o madrileña y se supone que, si sienten sus derechos conculcados por la Sala, lo harán constar en Acta y supongo que lo difundirán ante los medios de comunicación. No debe admitirse ni observadores nacionales, en este caso nacionalistas independentistas, ni observadores internacionales, porque eso sería denigrar y dudar de la democracia y de la Justicia de España, algo que no puede ni debe ser consentido.

Me gustaría saber qué hubieran opinado los jueces del Estado de Schleswig Holstein en Alemania que decidieron no conceder la extradición de Carles Puigdemont, si hubiera habido observadores en sus sesiones de deliberación para impugnar su intromisión en asuntos que no le competían y denunciarles ante la UE por incumplir con un tratado internacional. Algo que no sé por qué no se produjo a pesar de la injerencia manifiesta de un Tribunal no competente para ese asunto

Otra noticia que anuncia el inicio de la campaña de publicidad de los golpistas para mantener la presión antes, durante y tras el juicio, trata del aviso del xenófobo radical Presidente del Gobierno de la Generalidad, Joaquim Torra, de que él, junto a una nutrida representación de su Gobierno, despedirán a los presos acusados antes de su traslado a Madrid desde la prisión de Brians 2, que normalmente se usa como prisión de enlace entre los Servicios penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalidad e Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior. El traslado interno desde sus prisiones actuales a la de enlace se hará mañana viernes, fecha en la que también el Gobierno de la Generalidad prevé realizar un Consejo monográfico sobre los presos. Porque según el consejero de Políticas digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, “los presos merecen que su Gobierno les acompañe en todo lo que sea posible y también celebrando un Consejo de Gobierno extraordinario para evidenciar este hecho”. Torra afirma que también piensa asistir como público a la primera sesión de juicio.

Habrá que estar atentos a cuál será la nota y los acuerdos de ese Consejo de Gobierno extraordinario cuyo tema único es precisamente el de los presos preventivos que van a ser enjuiciados junto al resto que está en libertad por decisión del Tribunal Supremo. Esos acuerdos que son oficiales y no una simple nota política, pueden ser objeto de denuncia si se extralimitan en sus aseveraciones, pudiendo en su caso ser anulada. Porque es evidente que este Gobierno de la Generalidad empieza a dar pasos hacia la desobediencia, llevando meses el Presidente Joaquim Torra, con declaraciones que por sí mismas ya son constitutivas de posible delito. Queda en manos de la Fiscalía del Estado estar vigilante con los siguientes pasos que dé este Gobierno de Joaquim Torra que parece estar dispuesto a dar una batalla de propaganda abandonando sus funciones y dedicándose a filtrar insinuaciones que pongan en duda la legitimidad de este juicio contra los golpistas.

Sin duda, de cumplirse los plazos y se inicie el juicio para la próxima semana, vamos a entrar en una situación inédita en esta democracia donde se han de vigilar todos los aspectos que rodean a este juicio que estará siendo mirado con lupa para, a la mínima, cuestionar la imparcialidad y exigir la anulación. Por eso quieren tener observadores fijos en las sesiones y que sea público, para poder infiltrar elementos que pueden alterar en un primer momento el normal desarrollo del juicio y que deben ser cortados por la Sala de forma radical cerrando el acceso a todos menos a familiares acreditados. Los CDR y la ANC ya han anunciado movilizaciones y escraches en ciudades y en el exterior de la Sala donde se celebra el juicio. Y eso con una amplia difusión mediática siempre dispuesta a ser el altavoz de esta chusma.

Solo espero que el Gobierno de España, el Delegado del Gobierno y el Ministerio de Interior cumplan con su deber de garantizar el desarrollo normal del juicio y se neutralice con la contundencia que se requiera cualquier intento de alteración del orden público y de interferencia con el juicio. Y eso empieza con las medidas de prevención de seguridad antes, durante y hasta el traslado seguro de los presos a las cárceles en Madrid y sus traslados a la Sala del juicio.

Pedro Sánchez sigue dando muestras de su incapacitación para seguir siendo Presidente del Gobierno de España. No solo por mantenerse en el poder apoyado por proetarras y golpistas, sino por su inaceptable posicionamiento sobre la dictadura en Venezuela de Nicolás Maduro por el miedo a perder el apoyo de su socio PODEMOS.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

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