Un país a la deriva

El Tribunal Supremo cierra flecos.

29.01.19 | 17:38. Archivado en Política Nacional

EL TRIBUNAL SUPREMO DENIEGA LA LIBERTAD DE LOS PRESOS ENJUICIADOS POR EL GOLPE DE ESTADO EN CATALUÑA. RECHAZA CAMBIAR LA SEDE DEL JUICIO A CATALUÑA Y LA ASISTENCIA DE LOS PRESOS A LA COMISIÓN DEL 155.

A pocos días de que se inicie el juicio por el golpe de Estado en Cataluña el 27 de octubre del 2017, y a escasas horas de que se produzca el traslado de los presos enjuiciados por los delitos de rebelión y otros, el Tribunal Supremo ha emitido un Auto rechazando por enésima vez la libertad de estos presos. El Auto vuelve a incidir en los argumentos dados en anteriores ocasiones, haciendo especial relevancia a la existencia de una estructura independentista en el extranjero que podría dar cobertura en caso de huida de los solicitantes. Es decir, se asegura que existe ahora un mayor riesgo de fuga. Por otro lado, se ha respondido a la petición de los abogados de la defensa de celebrar el juicio en Cataluña y usar el catalán como lengua materna de los enjuiciados.

En relación con esa estructura el Auto indica que: “Es un hecho notorio la existencia fuera del territorio español de estructuras de poder organizadas, puestas al servicio de aquellos procesados que han tomado la determinación de sustraerse al llamamiento de esta Sala. De hecho, algunas autoridades y miembros actuales del Gobierno y el Parlamento de Cataluña -como han publicitado ampliamente los medios de comunicación- se han desplazado para mantener reuniones con las personas integrantes de tales estructuras, algunas de ellas también procesadas en esta causa y declaradas en rebeldía. Esta realidad intensifica claramente el riesgo de fuga, pues pone de manifiesto la existencia de cierta infraestructura en el extranjero -con presencia, insistimos, de procesados en esta causa ya huidos de la justicia- que podría facilitar la fuga de los procesados”. Creo que no se puede decir más claro señalando sin citar a casos como el del actual Presidente Joaquim Torra que además de visitar asiduamente al fugitivo Carles Puigdemont, le prometió lealtad y se ha marcado como prioridad su investidura como Presidente legítimo de la Generalidad en el discurso de constitución del nuevo partido parido por aquél, la "Crida per la República".

En cuanto al empeño de los abogados de los presos de equiparar la situación de estos con la de un diputado turco encarcelado, sobre el que el TEDH de Estrasburgo se pronunció instando al Gobierno turco a excarcelarlo, -cosa por cierto que no ha llevado a efecto-, el Tribunal Supremo indica que: “conviene destacar, por otra parte, un dato que singulariza y distingue las dos situaciones que las defensas, en su legítimo discurso impugnativo, pretenden igualar. El Sr. Demirtas era un líder opositor cuyo encarcelamiento -sin entrar en otro orden de consideraciones acerca de las notas definitorias del sistema jurisdiccional turco y de la pervivencia de preceptos penales difícilmente conciliables con el Convenio de Roma- podía llegar a implicar una ruptura de la legitimidad democrática”. Y añade que: “los hechos que delimitan el objeto de la presente causa especial no se atribuyen por el Fiscal, el Abogado del Estado y la acusación popular a líderes de la oposición. Antes al contrario, la mayor parte de los procesados eran líderes políticos integrados en el Gobierno de una comunidad autónoma en la que asumían la máxima representación del Estado en ese ámbito territorial. No expresaban, por tanto, la silenciada voz discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos. Los políticos cautelarmente privados de libertad, cuya situación las defensas identifican con el cautiverio del Sr. Demirtas, se hallaban plenamente integrados en las estructuras de ejercicio del poder autonómico”.

Como conclusión afirma con rotundidad que: “No existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes, sostiene ahora al mismo gobierno autonómico y está presente en las instituciones de las que la mayoría de los procesados formaban parte. No está en cuestión una forma de pensar, una concepción rupturista de las relaciones entre los poderes del Estado. El día a día de la actividad política enseña la libertad con la que esas ideas son defendidas en las instituciones y en los foros nacionales e internacionales de debate político”.

Esta argumentación es la que claramente va a usar el Tribunal Constitucional en el pleno del próximo 12 febrero para abordar en profundidad el recurso presentado por Oriol Junqueras y Joaquim Forn de violación de sus derechos constitucionales. Un planteamiento impecable basado en los hechos acaecidos desde del 6 de septiembre hasta el 27 de octubre del 2017 con la declaración unilateral de independencia. Todo el Gobierno de la Generalidad cesado como una de las medidas de intervención basadas en el artículo 155 y aprobadas por el Senado de España fue parte activa y decisiva tanto en la aprobación de leyes inconstitucionales y que además violaban el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como en llevar a efecto el igualmente inconstitucional referéndum del 1 de octubre del 2017, manifestaciones posteriores del 3 de octubre y la declaración final de independencia en una sesión vergonzosa del Parlamento de la C.A. de Cataluña con la única presencia de partidos independentistas y afines como los Comunes, bajo la cobarde modalidad del voto secreto para eludir responsabilidades penales individuales.

Por otra parte, también el Tribunal Supremo se pronunció sobre la petición del Parlamento autonómico de Cataluña de que los exconsejeros presos provisionales acudiesen como testigos a declarar ante la Comisión de Control integrada exclusivamente por los partidos golpistas para analizar lo relativo a las medidas de intervención del 155. En este caso ha hecho suyas las argumentaciones de la Fiscalía en cuanto a la interferencia con el juicio que está a punto de iniciarse, dejando la posibilidad de que la Mesa del Parlamento vuelva a solicitar esa citación para otro momento procesal. El Auto argumenta que: “La inminencia del inicio de las sesiones del juicio oral y el hecho evidente de que muchos de los aspectos sobre los que versaría la comparecencia ante la comisión parlamentaria están íntimamente ligados con los hechos objeto de acusación, introducen un elemento que ha de ser necesariamente valorado en el momento de resolver la solicitud”.

Todo lo anterior se suma al intento desesperado de llevar el juicio a Cataluña, para que sea el TSJC el que se encargase del juicio y así posibilitar, entre otras cosas, que en las sesiones se usase el catalán y no el español, con la excusa de que es la lengua materna de los enjuiciados. Una débil excusa en un país cuya Constitución contempla el uso de las lenguas autóctonas reconocidas como oficiales en los territorios donde se habla, pero en igualdad con el uso del español que es la lengua oficial del Estado. En concreto la Constitución dice en su artículo 3 lo siguiente:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

Que se sepa, todos los procesados son españoles, aunque ellos no se consideren como tales. Así que tienen el deber de conocer, que es sinónimo de entender y expresarse sin ninguna dificultad, en castellano, conocido mundialmente como lengua española o español. Aunque es verdad que, gracias a una política excluyente independentista se ha logrado que las nuevas generaciones de españoles nacidos en Cataluña hayan recibido una enseñanza dirigida, tergiversada y sectaria en catalán casi de forma exclusiva, relegando al español a una lengiua extranjera, por la que muchos de esos jóvenes son incapaces de expresarse y escribir en español de manera correcta, debido a la nula práctica del idioma oficial de España. Una lamentable realidad donde los diferentes Gobiernos de España han sido cómplices necesarios por la dejación de funciones y falta de control en algo tan esencial como la enseñanza de las nuevas generaciones de españoles. Algo que demuestra el error de haber delegado competencias estatales tan esenciales como la Sanida, la Seguridad ciudadana y la Enseñanza.

El próximo viernes 1 de febrero es la fecha prevista para el traslado de los presos a cárceles de Madrid para estar a disposición de la Sala del Tribunal Supremo durante las sesiones del jucio que comenzaría previsiblemente la siguiente semana, tras haber resuelto todos los recursos presentados por las defensas en un intento de dilatar el inicio inundando a la Sala con multitud de argumentos reiterativos añadiendo, como en el caso del diputado griego, matices sin ninguna relación con los delitos imputados. Una actitud que bien podría ser sancionada como obstruccionista de la Justicia,

Lo mejor es que, aunque lenta y prudente, la Justicia una vez iniciado el paso no hay obstáculo que la pare hasta llegar a su meta. El juicio se iniciará, día arriba o día abajo, y finalmente se emitirá sentencia. Lo que bien haría la delegacin del Gobierno en Madrid es nodejar que los golpistas monten escraches y algaradas en las inmediaciones de la Sala. Y por supuesto ha de garantizarse el traslado de los presos nopermitiendo rodeos a las cárceles donde se hayan ahora, ni cortes de vías de comunicación por las que debe pasar el convoy. Espero que no dejn todo a la improvisación y no vuelvan a confiar en los Mossos que ya se ve como actúan con los CDR.

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día”


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