Un país a la deriva

El TC en una encrucijada diabólica.

18.01.19 | 13:22. Archivado en Política Nacional

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL APLAZA DECIDIR SOBRE EL RECURSO DE AMPARO DE ORIOL JUNQUERAS BASADO EN UNA RESOLUCIÓN DEL TEDH SOBRE UN DIPUTADO GRIEGO ENCARCELADO PROVISIONALMENTE CASI DOS AÑOS.

Como se suele decir “la pelota está en el tejado del TC”. A escasos días de que el Ministerio de Interior cumpla con la petición del Tribunal Supremo del traslado antes de febrero a cárceles de la Comunidad de Madrid de los presos que van a ser juzgados por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos, el Tribunal Constitucional tiene en su mesa resolver los recursos de amparo presentados por Oriol Junqueras y Raúl Romeva pidiendo su excarcelación. La enésima petición de excarcelación viene esta vez apoyada en una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) sobre el caso de un diputado griego que lleva encarcelado provisionalmente casi dos años. La sentencia insta al Gobierno Griego a excarcelarlo por considerar que se han vulnerado sus derechos al imponerle unas medidas cautelares que impiden el libre ejercicio de sus funciones como diputado electo. El Gobierno griego ha decidido no aceptar esta sentencia y el diputado permanecerá en prisión.

En el caso de los presos golpistas, desde el primer instante han intentado obtener su libertad apelando reiteradamente al Tribunal Supremo alegando toda clase de argumentos como la cantinela de que consideran que no han cometido delito alguno y que no existe riesgo de fuga ni, en otros casos, de reincidencia. Pero la realidad es que estos recurrentes Oriol Junqueras y Raúl Romeva en ningún momento han renunciado a sus objetivos secesionistas, ni han mostrado arrepentimiento de sus actos de rebelión al haber facilitado y promovido el referéndum inconstitucional del 1 de octubre del 2017 y posteriormente haber declarado de modo unilateral la independencia de Cataluña el 28 de octubre en sesión parlamentaria presidida por la también juzgada Carme Forcadell, que además alega que se atuvo al Reglamento de la Cámara. Todo ello ha hecho que el Tribunal Supremo haya ido denegando los recursos a lo largo de estos 15 meses manteniendo como justificación el evidente riesgo de fuga y la reincidencia.

Otra cosa es que durante este tiempo se han respetado escrupulosamente los derechos de los encarcelados en cuanto a poder optar al sufragio universal, es decir a presentarse a las elecciones como candidatos a diputados, cosa que algunos, presos y fugados, efectivamente hicieron y salieron electos siéndoles concedidas las Actas como tales diputados. Lo que sí se les denegó fue la excarcelación para asistir a las sesiones plenarias del Parlamento y la de formar parte de las comisiones que se creasen que requerían presencia física. Una actitud coherente con el hecho de que no se podía eludir el riesgo de fuga ni el de reincidencia en los delitos, ya que no había ninguna voluntad de modificar su actitud ni empeño en conseguir sus fines secesionistas. En ningún momento se les coartó su derecho a ejercer su voto por delegación. Otra cosa bien distinta fue la que se le aplicó a los que se fugaron y no se presentaron ante el juez y han estado eludiendo la extradición con la complicidad de las justicias de los países que les acogen.En ese caso se les negó como a Puigdemont, ser investido por vía presencial telemática.

El hecho de presentarse en puestos de relevancia era una forma de asegurarse la inmunidad parlamentaria y presentar como represión de la Justicia de España la violación de sus derechos a ejercer sus cargos de diputados e incluso optar a la presidencia de la Generalidad. Una interpretación muy laxa de quienes, si están en prisión preventiva hasta que se emita sentencia en el juicio que se iniciará a primeros de febrero es por la comisión de delitos de extrema gravedad y el más que evidente riesgo de fuga avalado por la huida del expresidente, Carles Puigdemont y de varios de los exconsejeros del Gobierno de la Generalidad, cesados por las medidas de intervención aprobadas en el Senado de España por una amplia mayoría en base al artículo 155 de la Constitución.

Por otra parte, la actitud del Parlamento, que tras ls eleciones volvió a estar controlado por los mismos partidos golpistas, demuestra su reincidencia y voluntad de mantener el desafío secesionista, llegando al esperpento de querer investir como Presidente del Gobierno de la Generalidad al fugado Carles Puigdemont, y posteriormente a otros candidatos bien fugados o bien presos por decisión del Tribunal Supremo. Finalmente, tras mesese de bloqueo institucional, invistieron a un candidato propuesto por el fugitivo Puigdemont. Un desconocido, pero voluntarioso Joaquim Torra, que se ha revelado como “la voz de su amo” y como un radical independentista que ha incrementado el mensaje separatista y puesto condiciones inasumibles al débil Gobierno de Pedro Sánchez, hipotecado por el apoyo bastardo a la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy mandando al PP a la oposición.

La disquisición legal en el TC está en valorar si en este caso existe un bien superior a proteger que prevalezca sobre el derecho de representación de alguien que está inmerso en un juicio por graves delitos contra la integridad del Estado, es decir de España. Sobre todo, porque se está en cosa no juzgada ni sentenciada, algo muy normal dentro de los tiempos y procedimientos judiciales que se aplican en el Estado de Derecho. La duda sobre la idoneidad de haber decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para los máximos responsables de los graves delitos imputados , es porque se alude a la coerción de derechos fundamentales como es el de ejercer en libertad sus funciones como cargo electo. Pero aquí es donde el TC debe decidir si debe entrar en el fondo del asunto que no es otro que valorar si la prisión provisional está justificada por las razones que el Tribunal Supremo mantiene del riesgo de fuga y reincidencia en la comisión de los delitos. Alguno como Oriol Junqueras ha dicho que no se arrepiente de nada, y Raúl Tomeva que no se declarará inocente en el juicio porque considera que no ha cometido ningún delito.

Se rumorea que existe división de opiniones en el Tribunal Constitucional entre los “magistrados progres” y los que no se ponen etiquetas. Unas discrepancias evidentes pero quizás influenciadas por el diferente posicionamiento del Gobierno de Pedro Sánchez que sigue haciendo los “gestos” que le exigieron desde el Gobierno de la Generalidad para mantener su apoyo a la gobernabilidad, cosa que se logrará si se aprueban los Presupuestos del Estado, garantizando la permanencia de Pedro Sánchez hasta la primavera o el verano del próximo año 2020. Como siempre, el Presidente del TC intenta obtener la unanimidad a la hora de pronunciarse, cosa que parece harto difícil en este momento. Por ello, parece evidente que finalmente se imponga una mayoría simple que avale las sentencias del Tribunal Supremo, ya suficientemente argumentadas, en las que lo que se intenta defender es un bien mayor. Algo que por cierto el mismo Tribunal Constitucional ya ha esgrimido en algunas otras sentencias.

Es absolutamente evidente la intencionalidad de los golpistas recurrentes para eludir la prisión, ya de por sí bastante laxa en su nuevo destino en la cárcel de LLedoners en Barcelona. Una estrategia saducea que pretende agotar los recursos ante Tribunales españoles y presentar su caso en el TEDH y obtener una sentencia favorable como la del diputado griego, forzando al Tribunal Supremo a acatarla. Porque lo que parece claro es que, si esa resolución llega a manos del Gobierno de España de Pedro Sánchez, tendrá la excusa perfecta para hacer ese “gesto” definitivo con la excarcelación de los golpistas presos, que redundaría en la vuelta de los fugitivos a los que también les aplicaría y deberían ser puestos en libertad tras presentarse ante el juez.

La próxima semana se volverá a reunir el pleno del Tribunal Constitucional y veremos qué decisión adopta o si gana tiempo y espera al traslado de los presos y el comienzo del juicio pidiendo más información por parte del Tribunal Supremo que sostenga su argumentación en uno u otro sentido. Yo tengo claro qué debemos defender ese bien superior que es España.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!


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