Un país a la deriva

El Estado de Derecho huye de Cataluña.

08.01.19 | 11:37. Archivado en Política Nacional

HUIDA EN CATALUÑA DEL ESTADO DE DERECHO EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE DESPACHOS A NUEVOS JUECES./ JxCAT PIDE LA COMPARECENCIA DE LOS GOLPISTAS PRESOS EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGA LA APLICACIÓN DEL 155.

Hoy se va a producir una vergonzosa y total retirada del Estado de Derecho en la comunidad autónoma separatista de Cataluña, para regocijo de los golpistas y frustración de esa mayoría de la sociedad catalana que se sentirá de nuevo abandonada por quienes tienen el deber de defenderles de la represión de sus gobernantes y asociaciones independentistas. La noticia es más relevante de lo que intentan hacernos creer. Se trata de que este año, por primera vez, no se va a celebrar en Barcelona la tradicional entrega por el Rey de los Despachos de los nuevos jueces, trasladándola a Madrid. La excusa es para evitar tener que blindar el recinto y tomar medidas de seguridad extremas ante los más que previsibles disturbios que provocarían los separatistas para hacer patente su rechazo a todo aquello que represente a España, en este caso el Rey como Jefe del Estado y representante de la "Monarquía borbónica opresora".

Una vez más, el Estado cede al chantaje de los golpistas perdiendo una oportunidad clara de demostrar firmeza en la defensa de las Instituciones del Estado y ante el desafío secesionista. En este caso, se trata de defender al Poder Judicial y a los jueces, que sufren el acoso de grupos separatistas perfectamente coordinados, con escraches a dependencias judiciales e incluso a viviendas particulares de jueces marcados por los golpistas como enemigos del “pueblo catalán”. Tal es el caso del juez Instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que a causa de esos acosos tuvo que pedir amparo al órgano de los jueces el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), que como solución ha optado por huir.

Barcelona siempre ha sido el lugar elegido para la entrega de los nuevos despachos a los jueces, ya que en esa ciudad es donde se ubica la Escuela Judicial desde hace 20 años. La única razón de su traslado este año a Madrid es porque así lo ha decidido el Gobierno de España de Pedro Sánchez y el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) para no incomodar a sus socios de moción de censura y de gobierno y evitar disturbios. Pedro Sánchez cede ante las exigencias de los golpistas de considerar al Rey como “persona non grata”. Es por consiguiente una decisión que intenta hacerse perdonar la celebración en Barcelona del último Consejo de Ministros del pasado año, que tuvo que blindarse para evitar el acoso de los separatistas, los famosos CDR. Y el Rey de España, que es “un bien mandao”, se deja manipular y consiente en ser cómplice de esta farsa. Y digo yo ¿no sería más apropiado el que el Rey se negase por una cuestión de principios?¿cómo se presentará ante los catalanes si accede a esta cobarde sumisión ante el golpismo?

Me siento avergonzado e indignado por esta cobarde concesión de un Gobierno débil dispuesto a todo con tal de garantizarse su permanencia en el poder de la única forma posible, logrando la aprobación de los Presupuestos aunque sea por el camino largo de su tramitación por capítulos. Lo más caro es querer comprar tiempo. Pero a Pedro Sánchez el coste no le importa, acostumbrado como está ya al “gratis total” y a disfrutar del lujo que le otorga su cargo. Solamente hay que comprobar el milagroso cambio de personalidad entre el Pedro de la oposición a Rajoy, con esa cara de estar siempre enfadado y peleado contra todos, con su actitud "presidencial" casi beatifica y angelical, evitando la crispación y las salidas de tono, y abrazando una social democracia de la que hace tiempo renegó escorándose a posiciones más radicales y coincidentes con su socio de Gobierno preferente, Pablo Iglesias y PODEMOS. Su osadía llega a declarar que aspira a convencer al sector liberal de esa izquierda que vota a Albert Rivera, al que acusa de asociarse con la extrema derecha, sin distinguir entre PP y VOX.

Otra noticia relevante es la petición por parte de JxCAT de la comparecencia de los golpistas presos como testigos en la comisión del Parlamento de Cataluña que investiga la aplicación del 155. Lo llamativo es que no hayan citado a los fugitivos que huyeron de la Justicia de España precisamente a consecuencia de las medidas de intervención del artículo 155 de la Constitución. Los citados a declarar para el próximo 22 de enero son: Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa. Quedan fuera, por tanto, la exPresidenta de la Mesa, Carme Forcadell y componentes del Gobierno cesado y que decidieron salir de España incluso antes de ser denunciados por la Fiscalía y presentarse ante el juez instructor, en este caso la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. Los fugados y encausados por diversos delitos son: Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. A estos hay que sumar las huidas a Suiza de la representante de ERC Marta Rovira y la representante de la CUP Anna Gabriel.

Dada la situación de prisión de los citados, hay que pedir la autorización al Tribunal Supremo y dado que el riesgo de fuga permanece invariable, e incluso acentuado al tratarse de un entorno hostil como es el Parlamento de Cataluña, parece improbable que se conceda el permiso para una excarcelación vigilada que tendría serías trabas para poder ser efectiva. La asistencia, si se aprobase solo podría ser virtual a través de videoconferencia. Una alternativa a la que ese Parlamento está acostumbrado al comunicarse por esa vía de forma reiterada con el fugitivo Carles Puigdemont. Y por otro lado, parece clara la intencionalidad política de presentar a los presos como víctimas en unas fechas coincidentes con el posible inicio del juicio, evitando así el traslado de los presos a dependencias cercanas a la Sala donde se celebre en cárceles de la comunidad de Madrid.

La misma creación de esta comisión parlamentaria aprovechando la mayoría que disponen los partidos golpistas, intenta exclusivamente hacer un juicio paralelo contra las medidas de intervención y consolidar la idea de que no se cometió ningún tipo de delito ya que el Parlamento y el Gobierno de la Generalidad cumplían con la voluntad popular expresada en el referéndum inconstitucional del 1 de octubre del 2017, que culminó con la declaración de la República en una sesión parlamentaria del 27 de octubre, mientras se celebraba otra en el Senado donde finalmente se aprobaron las medidas de intervención de la autonomía de Cataluña con el cese inmediato del Gobierno de la Generalidad y la disolución del parlamento autonómico, convocando nuevas elecciones y el control administrativo por parte del Gobierno de España. Una comisión que ya tiene redactadas sus conclusiones que en forma de declaración política exigirá la libertad inmediata de los presos y la vuelta sin cargos de los fugitivos, así como el rechazo a una nueva intervención vía artículo 155.

Creo que el Tribunal Supremo no debe dejarse influenciar por lo que no es sino una burda maniobra de distracción y de intento de dilatar el inicio del juicio contra los responsables del golpe de Estado por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos. La prisión provisional decretada se ve reforzada por estos intentos de hacer visibles a los presos y quien sabe si intentar una operación de fuga masiva hacia esos paraísos judiciales que acogen ya a los fugitivos de la Justicia española relacionados con el golpe de Estado. Desde luego, lo que esta claro es que, de acceder el Tribunal Supremo a una presencia física, nadie podrá garantizar ni la vigilancia ni el retorno de los presos a la cárcel de Lledoners. Porque ya sabemos de la capacidad de movilización y determinación de los CDR y de las asociaciones ANC y OMNIUM, además de contar con la colaboración incondicional de gran parte de los agentes de los Mossos, que como en el caso de los fugitivos, pondrían en marcha la operación de fuga como ya hicieron con Carles Puigdemont y el resto de los exconsejeros fugados a Bélgica.

Solo espero que el juicio no se retrase más y comience a mediados de este mes con el traslado previo de los presos a Madrid y prever el blindaje de seguridad necesario ante la amenaza de los golpistas de aprovechar este juicio para denunciar internacionalmente la represión de España y la falta de democracia por los métodos habituales de escraches, concentraciones y manifestaciones generalizadas tanto en Madrid como en Cataluña. Se trata de proteger al Estado de Derecho contra quienes quieren una vez más violarlo. Es deber del Gobierno de España no ser cómplice por muy socios de gobierno que sean los golpistas y por muy necesitado de sus votos en el Congreso que esté Pedro Sánchez para permanecer un par de años más en el poder.Si cede una vez más, podrá ser acusado de traición a España y deberá responder de sus actos.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!


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