Un país a la deriva

Rinconete y Cortadillo al alimón.

06.10.18 | 10:36. Archivado en Política Nacional

JOAQUIM TORRA Y PERE ARAGONÉS SE PLANTAN EN LA DESOBEDIENCIA Y EN LA AMENAZA.

Ayer de produjo una comparecencia al alimón del Presidente del Gobierno de la Generalidad, Joaquim Torra y del Vicepresidente del Gobierno de la Generalidad, Pere Aragonés, de JxCAT y ERC respectivamente. El motivo no era otro que tratar de dar una imagen de unidad tras el fiasco vergonzoso dado en el Parlamento autonómico de Cataluña que motivó la suspensión del pleno y su reinicio “sine die” hasta ayer en que se acordó retomarlo el próximo martes. El primero en iniciar el discurso fue el Vicepresidente que reconoció que era posible una mejora de las labores de coordinación en el Gobierno de la Generalidad, para a renglón seguido echar balones fuera diciendo que “La excepcionalidad de la situación y la presión de la justicia española han hecho evidentes las dificultades de avanzar”. A lo que yo añadiría la nula voluntad de ERC de volver a ser el chivo expiatorio de las desobediencias a los Tribunales y cargar con las consecuencias legales y penales, mientras los de JxCAT de fugan y se van “de rositas”. La dificultad de avanzar es que el camino elegido es inconstitucional y cometiendo un claro desacato sobre un Auto judicial en el que se solicita la suspensión de los Diputados procesados y los fugitivos que mantienen el Acta.

Pere Aragonés continuó su discurso queriendo dar una imagen que lleva años siendo falsa y cínica diciendo que “Tenemos un plan de gobierno pensado para gobernar para todo el mundo”. Desde luego que ni ha sido así, ni sus intenciones van en ese sentido, porque los hechos demuestran que este Gobierno de la Generalidad, apoyado en esa mayoría parlamentaria separatista, lleva imponiendo a toda la Cámara y a todos los catalanes, sean o no independentistas el camino a la independencia, cuando son conscientes de que en votos reales no alcanzan esa mayoría social hoy por hoy. Pero es que los secesionistas viven en su realidad paralela alienados por esa droga euforizante e incapacitante que no les permite gobernar para solucionar aquello que realmente preocupa a la sociedad catalana que ve cómo su Estado de Bienestar ha entrado en barrena y en decadencia con la fuga de empresas, la falta de inversiones y el estancamiento de la economía.

Pere Aragonés insiste en señalar como culpable al Tribunal Supremo diciendo que “La causa de origen de lo sucedido ayer en el Parlament recae en las decisiones de la justicia española, especialmente del Tribunal Supremo”. Evidentemente, es que nada menos que se trata de que unos golpistas que van a ser juzgados en breve acusados en firme de graves delitos como el de rebelión, aprovechándose del cargo de representación que ostentaban para cometer sus fechorías, fueron cautelarmente suspendidos para ejercer ese cargo de representación en virtud de lo que contempla la Ley de enjuiciamiento respecto a las limitaciones del derecho de representación y de sufragio pasivo. Lo que resulta aberrante es que un Parlamento autonómico se erija como órgano máximo e intérprete por encima del poder Judicial y de la ley, y como en este caso se niegue a cumplir con el Auto de un juez del Tribunal Supremo, convirtiéndose, de hecho, en una instancia judicial por encima del Tribunal Supremo e incluso del Tribunal Constitucional, al que ese mismo Parlamento no dudó en desobedecer e incumplir sus sentencias.

A continuación comienza la intervención del Presidente Joaquim Torra que se pone en plan victimista diciendo que “Cada paso que hace este gobierno es observada con lupa”. Y la verdad es que no sé de qué se extraña. Ese Gobierno, con él como cabeza visible, ha demostrado todo menos lealtad institucional. Su clara dependencia de la voluntad de un fugitivo de la Justicia de España, Carles Puigdemont, y su servil pleitesía a cuantas exigencias y órdenes emite desde su seguro refugio en Bélgica, no son precisamente avales para mantener confianza en que se comportarán de acuerdo con la ley. Al contrario, todas sus manifestaciones incluyen nítidas amenazas de desobediencia, de incumplimientos y no reconocimiento de la legalidad vigente, basando su legitimidad en un referéndum ilegal y un ilegítimo “mandato” del no reconocido "pueblo de Cataluña" para implantar la independencia en forma de República.

Torra se enorgullece de que el Parlamento de Cataluña ha vuelto a desobedecer rechazando la suspensión de los Diputados que exigía el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, diciendo que “Queremos poner de relieve el acuerdo del pleno del 2 de octubre de no aceptar la intromisión de un juez cuestionado en Europa a la soberanía del Parlament”. Califica al juez de estar cuestionado en Europa , cuando la realidad ha sido que un Tribunal de un Estado alemán ha cometido un acto de injerencia inadmisible al entrar en el fondo del contenido de una euroorden de extradición, convirtiéndose en tribunal juzgador, un papel que no le corresponde en absoluto de acuerdo con los pactos alcanzados en cuanto a la independencia judicial y la homologación democrática de los sistemas judiciales entre países de la UE. Una actitud que ha sido también adoptada por un juez belga con clara extralimitación de sus funciones y con la connivencia del Gobierno de Bélgica incapaz, a través de su Fiscalía o de la jerarquía judicial de ese país de hacer ver al juez lo inapropiado de su actuación.

Y llegamos al tema de acusar al juez del Tribunal Supremo de “intromisión a la soberanía del Parlament”. Lo primero es que la Soberanía no reside en los Parlamentos sino en el pueblo español y en sus representantes electos. Son los Diputados los que ejercen la delegación ciudadana de esa Soberanía pero limitada a sus atribuciones. Sus funciones están delimitadas a lo que es su exclusiva responsabilidad, actuar como cámara legislativa y de control del poder Ejecutivo, el Gobierno de España. Porque por otro lado está el tercer poder, el Judicial, que se encarga de velar que todas las actuaciones de los otros dos poderes sean de acuerdo con la legalidad vigente. Son, por tanto, las leyes las que delimitan las actuaciones y las que imponen responsabilidades por su incumplimiento y todos debemos estar sujetos a ellas, y los funcionarios o representantes públicos con mayor motivo. No son admisibles situaciones de excepción, como sucede ahora con el tema de los aforamientos y deberían ser limitadas al máximo o mejor suprimirlas.

Un parlamento no es soberano, sino que como dice la Constitución de España en su artículo 66:
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.

Y eso es el Parlamento español máxima institución legislativa. En cuanto a las Autonomías la Constitución recoge que serán los Estatutos de Autonomía los que definan la organización institucional autonómica según lo siguiente: “la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea”.

Es decir, el Parlamento autonómico de cada comunidad autónoma se convierte en el poder legislativo autonómico en aquellas competencias transferidas. En ningún caso ostentan soberanía sino representación y, en todo caso, del pueblo español que trabaja, reside y está censado con derecho al voto en esa comunidad autónoma en asuntos que son de su competencia. Miente Torra y pervierte la realidad y la legalidad atribuyendo a esas instituciones algo que no poseen ni pueden ejercer. Todos sin excepción estamos sometidos a la ley y los Diputados que han sido cautelarmente suspendidos de sus cargos de representación, también lo están, así como aquello que deben cumplir con los requerimientos judiciales, como es el caso de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña que nunca debió admitir a debate ni aprobación o rechazo esa petición del Tribunal Supremo de España perfectamente fundada en derecho.

Torra vuelve a desafiar y amenazar diciendo que “Nuestro compromiso de seguir hacia adelante es firme, de seguir avanzando desde la tenacidad y constancia para levantar la República del 1 de Octubre”. Solo falta ver si pasa de las palabras a los hechos, como hizo su antecesor Carles Puigdemont o los secesionistas de la Mesa del Parlament. Pero creo que en este caso se trata de una bufonada más de quien sabe a lo que se expone. Aquello de “perro ladrador, poco mordedor”. Tampoco es creíble su insistencia en el ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez poniendo noviembre como fecha límite para dejar de darle apoyo parlamentario en el Congreso.

En fin, una comparecencia más bien destinada al consumo interno independentista y a lo de “prietas las filas” ante el bochornoso espectáculo de bronca y fractura evidente en quienes, aunque comparten el objetico final, no así los modos ni el camino a seguir. Unos están escaldados de haber sufrido el desgaste mientras otros gozan de plena libertad.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISION!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!


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