Un país a la deriva

Robo de datos de la intranet del CGPJ.

20.09.18 | 12:58. Archivado en Política Nacional

EL PERIÓDICO INDEPENDENTISTA “EL MON” PUBLICA CONTENIDO DE UN CHAT USADO POR LOS JUECES DEL INTRANET DEL CGPJ Y SE PIDE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POR LOS PREJUICIOS E INSULTOS VERTIDOS.

En este caso no voy a caer en la tentación de culpar al mensajero, aunque resulta sorprendente el que un medio de comunicación haya podido acceder a una intranet del CGPJ donde los usuarios deben disponer de claves de acceso acreditadas, ya que se trata de zonas de intercambio de información entre los jueces. Así que la información ha tenido que ser forzosamente facilitada por uno de los miles de usuarios que ha incurrido directamente en un delito de violación de datos privados. Por eso se ha cuidado muy mucho el periódico que los ha publicado de ocultar la parte en la que aparecen los datos identificativos de quienes hacen los comentarios. El caso es que el artículo de El Mon parece solo centrarse en crear la sensación de absoluta animosidad por parte de determinados jueces sobre el proceso independentista en Cataluña y los sucesivos sucesos que se produjeron sobre todo en el último cuatrimestre del pasado año 2017. Pero ha sido a raíz de esta publicación y aprovechando la cercanía de los violentos sucesos acaecidos los días 26 y 27 de septiembre del 2017 cuando por orden judicial se procedió a la inspección de las Consejerías de Hacienda en busca de pruebas en relación con la compra de urnas, papeletas de votación, etc.

Es de sobra conocido el que en toda organización de tipo gremial, y los jueces de carrera lo son, existe una diversidad y pluralidad de sensibilidades que como en todo orden humano termina por redistribuirse en forma de grupos cohesionados por la similitud de ideas o actitudes. Así que al igual que podemos hablar de corrientes de diseño dentro del gremio de Arquitectos, se puede hablar de jueces “progresistas”, “conservadores”, no a lineados o independientes, etc. Y esa distinción no se hace porque existan diferencias de criterios insoslayables, sino de formas legales de aplicar e interpretar determinados aspectos de las leyes y de los comportamientos delictivos. La ley es la misma y el texto dice lo que dice en cada caso, pero dentro de la homogeneidad de criterios para su interpretación, se admiten sutiles diferencias que son las que hacen caer la balanza asimilándola indebidamente con cierta afinidad con posiciones políticas. Las asociaciones de jueces lo son en cuanto a colectivos diferenciados y distintas maneras de entender la profesión y sus relaciones con la estructura jerárquica. Pero eso no implica diferencias en la estricta aplicación de las leyes y los enjuiciamientos.

Pero precisamente le hecho de que determinados jueces opinen sobre situaciones donde las leyes se vulneran de forma flagrante, no puede ser tomado como justificante para repudiar a la totalidad del sistema judicial y cuestionar la imparcialidad en el momento de enjuiciar esos delitos. Tal es el caso de los acontecimientos previos, durante y posteriores a l referéndum ilegal e inconstitucional que desde el Gobierno y el Parlamento de la Generalidad se promocionó, se financio y finalmente se realizó apoyándose en leyes llamadas de desconexión, en uso de colegios oficiales electorales, un censo electoral ilegítimamente adquirido y publicitado, adquisición de urnas y su ocultación hasta su distribución en esos colegios electorales, el llamamiento a los afines para protegde la inerlos y enfrentarse a las FFyCCSE encargadas de impedir esta ilegalidad, etc. etc. Y ante esta avalancha de hechos de similar o peor gravedad, como los violentos sucesos de acoso a los funcionarios judiciales encargados de la inspección judicial de las Consejerías, lo normal fuera la preocupación de un colectivo que veías cómo se deterioraba de forma grave la convivencia en Cataluña y la Generalidad era la promotora principal de los graves sucesos con constantes violaciones de la leyes vigentes y desobediencia a las sentencias de los Tribunales.

Esta preocupación es la que algunos de esos jueces expresaron de forma publicitada dentro de su intranet gremial del CGPJ. Y es bajo esa perspectiva que se debe enfocar este asunto del que se quiere ahora hacer un uso torticero como forma de desprestigiar el sistema judicial español dentro de la estrategia de los golpistas para presentar a España como un país donde no se garantizan los derechos y se actúa con prejuicios. De hecho, estos golpistas ya lo han intentado falseando declaraciones del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y presentando una denuncia civil ante un juez de primera instancia en Bruselas, Bélgica, lo que ha obligado al Gobierno de España a reaccionar y asumir la defensa del juez español de esta iniquidad perpetrada por golpistas y fugitivos de la Justicia que se refugian de forma cobarde en ese país a sabiendas de que esa Justicia, como antes hiciera con los terroristas de la ETA, les va a dar cobijo y protección atendiendo a sus denuncias y despreciando los argumentos de la justicia de España.

Así que estas publicaciones, de lo que parece una serie por fascículos y mañana continuará en El Mon con otro “hilo” de chat robado, solo forma parte de esa estrategia de anular una causa judicial que sigue inexorablemente su curso y pronto comenzará el juicio oral que esperemos no se retrase en sus conclusiones y tengamos una sentencia justa que sancione los graves deltiso que cometieron los golpistas. Y es verdad que no están todos los que deberían, algunos por haberse fugado cobardemente como ratas y otros por no haber podido ser identificados, como los Diputados que votaron a favor de la proclamación de la República independiente, que recurrieron también como ratas asustadas al voto secreto. Eso les libró de sentarse en el banquillo junto a los principales promotores de lo que fue sin duda un golpe de Estado.

No sé si la libertad de expresión cubre la publicación de un chat robado, pero lo que no debe amparar es que basado en textos donde los autores no han sido identificados pueden darse esos documentos como válidos a la hora de aceptarlos como pruebas inculpatorias en una denuncia, tal y como pretende Joaquim Torra, para invalidar procesos judiciales en marcha.

Lo que sí sería deseable es que la intranet se use para aquello que está prevista y no para formar grupos de chat totalmente improcedentes. Y el que eso se cumpla es responsabilidad directa de equipo de dirección: Presidente y los 20 vocales. Ya saben aquello de “in vigilando”.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!


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