Un país a la deriva

Falsemiento de prueba de cargo.

28.08.18 | 18:50. Archivado en Política Nacional

CARLES PUIGDEMONT Y EL RESTO DE DENUNCIANTES FALSEARON EN LA TRADUCCIÓN LA PARTE CLAVE DE LAS “DECLARACIONES PRIVADAS” DEL JUEZ PABLO LLARENA CAMBIANDO DRÁSTICAMENTE SU SIGNIFICADO EN SU DENUNCIA EN FRANCÉS ENTREGADA AL JUEZ BELGA.

Ha sido el diario EL MUNDO el que ha tenido acceso al documento completo de la denuncia presentada el pasado junio por los golpistas fugitivos Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros contra el juez Pablo Llarena ante un juzgado de lo Civil de primera instancia en Bélgica. Por curioso que parezca, de todos los que han debido tener acceso legal al documento de forma oficial, ninguno ha sabido encontrar este error de bulto cuando lo que sí que se disponía era de las pruebas audiovisuales y transcritas del contenido de las declaraciones y su exacta literalidad. El caso es que el error de traducción detectado resulta determinante como para desmontar toda la argumentación de los demandantes que lo aportaron como prueba de cargo contra el juez, ya que expresa justo todo contrario de lo que el juez declaró públicamente. Y eso que ahora califican de "error de traducción involuntario" resulta tan increíble como el no haber visto desde el principio la intencionalidad de los golpistas de apartar de la Instrucción a quien finalmente los ha llevado a su encausamiento y enjuiciamiento por graves delitos como el de rebelión y el de malversación de fondos públicos, declarándoles en rebeldía por encontrarse prófugos de la Justicia al no presentarse a declarar ni acceder a ser extraditados.

Resulta sorprendente el que se considere un error cuando cualquier traductor profesional que merezca tal nombre y haya sido capacitado para ese trabajo nunca incurriría en la interpretación en la que sí incurrió el que los golpistas y sus abogados eligieron para “ayudar” al juez belga a comprender los argumentos de su demanda. Porque si de las declaraciones privadas aludidas del pasado febrero se desprende algo, es precisamente el respeto escrupuloso del juez Llarena a no emitir juicio previo, es decir a no manifestar opiniones sobre algo tan relevante como la causa que instruía y que estaba en su punto álgido con la fuga de esos golpistas y a espera en esas fechas de una posible extradición por Alemania del principal responsable, Carles Puigdemont.

La frase en cuestión que fundamenta la demanda es la que se refiere a laperte donde declaró que:

Bueno, yo no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político es aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política esos comportamientos son perseguidos.
No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos - si es que eso ha sido así - pues tienen que ser investigados
”.

En concreto ese “entrecomillado “ de “si es que ha sido así”. En la versión traducida entregada al juez lo que se indica es lo siguiente:

Les delites politiques sont les comportements qui normalement ne seralent pas sanctionnées par l’ordre juridique pénal et qui néanmoins, pour une considération politique, ces comportements sont poursuivis. Ce n’est pas le cas que Nous travaillons à la Cour Supreme, il s’agit de comportements que son inclus dans notre Code penal et que, peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a Conduit à des personnes à le commettre , et oui c’est ce qui s’est produit, il fau faire une enquête.” Es precisamente ese entrecomillado del “oui c’est ce qui s’est produit, que se traduce por un “sí, eso es lo que sucedió” el que cambia de forma radical un condicional en aseveración tajante de un hecho que nunca se produjo.

Y es ese supuesto “error” de traducción que alegan ahora el que evidencia la clara manipulación e intento de engaño, inverosímil dada la catadura de los implicados, como el etarra Boye y los mismos golpistas, lo que anula todo este intento de manchar el prestigio no solo del juez Pablo Llarena sino de todo el Sistema Judicial español y deja la demanda sin efecto alguno. Porque hubiera bastado el que el juez de primera instancia belga hubiese inadmitido esa traducción sin garantías y ordenado una con las necesarias garantías para ser usada como prueba. Sobre todo, por la existencia de documentación audiovisual que solo apoya la versión escrita en español. Ante esta nueva confirmación de la falsedad de la principal prueba aportada por los demandantes, se hace innecesario proseguir con la instrucción y debería declararse nula en todas sus actuaciones incluyendo la extemporánea citación al demandado juez Pablo Llarena.

Sería bueno el que la Abogacía del Estado iniciase los trámites para exigir esa nulidad de actuaciones y la inadmisión de esta demanda. Tampoco estaría de más el interponer una querella contra los demandantes por falseamiento de pruebas, y así desnudar a estos acogidos por esa judicatura belga tan comprensiva con los terroristas y delincuentes de otros países. Una vergüenza que en algún momento debería pasarle factura a un Estado que se comporta de forma tan mezquina, hipócrita y desleal con el resto de sus socios de la UE.

Solo espero que los golpistas dejen de sentirse protegidos en ese cómodo refugio, y sientan el acoso y la vigilancia de todos sus pasos y ver, al igual que ha pasado con un fugitivo criminal nazi, como finalmente va a ser juzgado y condenado por sus crímenes. EL juicio contra el golpe de Estado no se va a parar, incluso aunque el Gobierno de Pedro Sánchez intente interferir e influir en el tono de las acusaciones a través de la Fiscalía del Estado. La Justicia tiene sus tiempos, pero una vez en marcha ya no hay nada que la pare. Habrá juicio y habrá condenas acordes con la gravedad de los delitos imputados. Y para los fugitivos, declarados en rebeldía, serán igualmente juzgados y condenados, aunque no se pueda hacer efectiva si no deciden regresar y se mantienen fugados en países reacios a colaborar con la Justicia de España.

Lo verdaderamente miserable ha sido la actitud de vaivén del Gobierno de Pedro Sánchez que solo ha cedido de su miserable posición inicial transmitida por la Ministra de Justicia, Delgado, tras una clamorosa protesta y presión de casi la totalidad de las instancias judiciales, jueces, fiscales y partidos políticos que no forman parte del grupo de socios del PSOE en esta farsa de legislatura impostada tras una moción de censura con el apoyo de los enemigos de España.

NO ha sido una rectificación voluntaria sino forzada ante la amenaza de verse demandado por una injustificable posición favorable a los intereses de los golpistas, que son socios de legislatura de este hipotecado Gobierno. Ahora lo que tiene que hacer es cumplir con su deber y personalizarse en la demanda para aportar la prueba de cargo que la debe anular y no seguir con esta farsa de distracción de los golpistas fugitivos de la Justicia.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡ Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!


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