Un país a la deriva

Una traición con graves consecuencias.

26.08.18 | 18:47. Archivado en Política Nacional

CARLES PUIGDEMONT Y EL RESTO DE LOS PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA POR EL GOLPE DE ESTADO SIGUEN SIENDO IMAGEN Y PARTE ACTIVA DEL DESPRESTIGIO DE ESPAÑA EN TODOS LOS FOROS.

Todo tiene que ver con la causa del proceso secesionista a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera poner límites a lo que debe o no defender de los ataques constantes de los prófugos de la Justicia Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros en su refugio seguro en países como Bélgica o Escocia. Y desde luego que la culpa de esta situación se debe sin duda a la torpeza (si pensamos bien) del Gobierno de Mariano Rajoy cuando, en un alarde de ingenuidad, se atrevió a anunciar un viernes que el lunes siguiente presentaría denuncias contra todos los responsables del Gobierno de la Generalidad, recientemente cesados por las medidas de intervención del articulo 155 de la Constitución aprobadas en el Senado con el apoyo condicionado y pacato del PSOE y de CIUDADANOS, entre otros. No les faltó tiempo a los aludidos para prepararse, reunirse y ante los futuros acontecimientos emprender una huida programada y hasta con tintes rocambolescos hacia Bélgica, país que consideraban el refugio más adecuado a sus intereses. No se preparó ni se previo ningún operativo de seguimiento, ni de impedimento de salida del territorio nacional, entre otras cosas porque aún no existía citación judicial ni orden de búsqueda y detención hasta bastantes días más tarde por incomparecencia, ya huidos.

Así que el discurso de los fugados es que la citación les viene cuando “casualmente” se encontraban pasando unos días en Bélgica y es en ese momento cuando deciden permanecer allí a la espera de acontecimientos como fue el que la juez Carmen Lamela decretase prisión provisional para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros exconsejeros. Desde entonces su estrategia fue la de rechazar cualquier intento de extradición que se cursase contra ellos alegando persecución política y ahondando en el discurso de la violación de derechos fundamentales, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Un discurso que fue aceptado por el juez belga encargado de dar curso a la euroorden de extradición que interpuso la jueza Carmen Lamela, que luego perdería la mayor parte de la causa a favor del Tribunal Supremo y del juez Pablo Llarena.

Desde la fuga del fin de semana del 28 de octubre del 2017 ya han pasado 10 meses en los que ha habido acontecimientos relevantes que afectan a este proceso. El primero fue la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas con la cúpula golpista encabezando candidaturas independentistas de nuevo cuño como el partido creado por Carles Puigdemont, Junts Per Catalunya en la que él fugitivo confeccionó la lista donde representantes de su antiguo partido PDeCAT fueron relegados hasta la posición 32 y donde el la encabezaba y se incluían a destacados dirigentes golpistas como Jordi Sánchez de la ANC y Jordi Cuixart de Omnium Cultural, presos por decisión de la jueza Carmen Lamela y confirmados en esa situación por el juez Pablo Llarena. El resultado fue un refrendo en escaños, que no en votos, por parte de los partidos golpistas relegando a CIUDADANOS, el partido más votado, a la oposición.

Fueron estériles los constantes intentos de los golpistas de restituir al Gobierno de la Generalidad cesado, chocando con las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional al negar la presencia de los presos y de los exiliados para su investidura, incluso la telemática vía video conferencia. Una dilación que fue mediáticamente usada por Carles Puigdemont designando a los sucesivos aspirantes a Presidente del Gobierno de la Generalidad en un bloqueo institucional sin precedente, hasta que se optó por un candidato que en el momento de su designación estaba a la espera de una decisión judicial sobre su implicación en el golpe de Estado. De hecho, llegó a celebrarse la primera sesión de investidura, que hubo de ser suspendida tras la entrada en prisión provisional del candidato por orden judicial. Es en ese momento cuando Carles Puigdemont acelera los pasos políticos y decide crear lo que llamó “el espacio libre de la República” fijándolo en su nueva residencia en la ciudad belga de Waterloo en un chalé de lujo. En paralelo crea el que llama "Consejo de la República y la Presidencia" en el exilio, de la que se auto nombra Presidente, y la estructura paralela al Parlamento autonómico con la "Asamblea de cargos electos". Toda una parafernalia que le procura un chiringuito ante la imposibilidad manifiesta de poder ser restituido como Presidente en el exilio. Una sede que se ha convertido en lugar común de exaltación de los golpistas y homenajes a los fugitivos. Una especie de lugar de peregrinación vergonzante.

Y ya solo quedaba designar a un candidato títere de demostrada lealtad por el proceso independentista y se decidió por un xenófobo editorialista fuertemente radicalizado, Joaquim Torra, que ha sabido mantener su papel de “chico de los recados” o el de fiel mayordomo que guarda con esmero las dependencias del Señor hasta su vuelta para que encuentre todo como estaba antes de su forzado exilio. Así que, por fin, la Generalidad tiene a un perfecto transmisor y altavoz de las ordenes que emanan desde Bélgica y que está sabiendo llevar la desobediencia a límites de la ilegalidad, pero sin traspasarla por ahora. Mucha palabrería y pocos hechos, salvo el intento de restituir las famosas embajadas clausuradas por Mariano Rajoy o el fútil intento de restablecer las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional. Ya han pasado cien días desde que Torra fue nombrado y su labor institucional puede calificarse de inédita.

El otro acontecimiento de relevancia extrema ha sido sin duda el asalto al poder por parte de Pedro Sánchez y su PSOE, que esta vez no ha dudado en contar con el apoyo de los enemigos de España: nacionalistas y separatistas vascos del PNV y BILDU, y el de los partidos golpistas catalanes de ERC y PDeCAT (ahora mandados por JxCAT de Puigdemont) y los ultraizquierdistas bolivarianos de UNIDOS PODEMOS. Un cambio radical que apenas llevamos tres meses y que ya pone en duda la firmeza de un Gobierno de España que está incurriendo en concesiones inaceptables como pago a ese mercenario apoyo. Una de ellas ha sido la de abrir "una mesa de diálogo” con los golpistas y el xenófobo radical Joaquim Torra sin excluir ningún tema, ni siquiera el del Referéndum pactado; o la del acercamiento de los presos etarras a cárceles de El País Vasco; o lo propio con los presos del golpe de Estado acercándoles a cárceles en Cataluña. Y ahora, la falta de amparo ante los ataques contra la Justicia de España por parte de los fugitivos Carles Puigdemont y exconsejeros, en la que pretenden anular la instrucción y por tanto el auto de encausamiento y el juicio alegando falta de imparcialidad del juez Instructor Pablo Llarena.

La última decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, solo apoyada por la Asociación de jueces para la democracia, de clara tendencia izquierdista, que no progresista, deja en total indefensión al juez Llarena y, lo que es peor, pone en manos de un juez metomentodo belga nada menos que el futuro de la Instrucción y del posible juicio a los golpistas. Una clara, inexplicable e inaceptable dejación de funciones que ya critiqué profusamente en otro escrito esta semana. Porque España, su Justicia y su democracia se juega mucho en ese envite de los que no son más que delincuentes acogidos por la justicia de un país miembro de la UE que se ha pasado las euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo de España por “el arco del triunfo” y se ha burlado de la democracia y de la Justicia de España. Y ahora, este juez de primera instancia de un juzgado de lo civil belga puede hacer lo mismo si el Gobierno de España decide abstenerse por consideraciones tan inverosímiles como el que se trata de “declaraciones personales” emitidas por el juez. ¡Hace falta desfachatez y nulo sentido de la responsabilidad y de valorar lo que está en juego para el Estado de Derecho!

Porque los prófugos y los golpistas lo tienen suficientemente claro y no dejan oportunidad, como la que ha tenido Carles Puigdemont en su foro de debate este fin de semana en Edimburgo (Escocia). En su comparecencia ha repetido sus falaces argumentaciones y apelaciones al Derecho de los pueblos a decidir, sin que nadie de los asistentes pudiese rebatirle que mentía con toda la desfachatez del mundo. Entre las “perlas” de este miserable delincuente está cuando dice que “Nunca suspendería la declaración de independencia del 1 de octubre” y que “el caso catalán puede ayudar a otros a resolver su problema de autodeterminación”. Y eso además de decir que en España se producen violaciones de derechos fundamentales y demás verborrea victimista y envenenada.

Pedro Sánchez y su Ejecutivo van a llevar a un camino sin salida todo el trabajo de instrucción y de enjuiciamiento, porque que nadie dude que Carles Puigdemont hará un uso torticero de la demanda presentada contra el juez Pablo Llarena, en caso de producirse una condena (que de simbólica no tiene nada a pesar de solicitar 1 euro por demandante) y que justificará que el conjunto de la Instrucción y actos posteriores quedarían anulados por haber existido falta de parcialidad avalada por la condena de un juez belga en primera instancia. Así que es imprescindible el que sea la Abogacía del Estado por un lado la que tome las riendas de este lacerante caso de fraude de ley aprovechando otras instancias internacionales no precisamente proclives a admitir las razones de la Justicia de España, con claros prejuicios. De no hacerlo, Pedro Sánchez y su Gobierno estarán siendo cómplices de este fraude de ley. por otro lado, sería conveniente comenzar de inmediato una campaña de desprestigio de los fugados, así como exponer a la UE una posición de fuerza frente a estos comportamientos inaceptables de otros países miembros respecto a la clara injerencia de sus Justicias.

Quedan pocos días para que el juez belga siga adelante con la resolución de su demanda civil con y sin la presencia del juez o de sus representantes legales y dicte sentencia. Así que urge tomarse este asunto sin adoptar posiciones equidistantes totalmente inapropiadas e inaceptables en un asunto de esta gravedad para el prestigio de España, de su Justicia y de la democracia. EL PSOE debe abandonar posiciones sectarias y personalistas y asumir la defensa del Estado de Derecho, en el que el juez Pablo Llarena es ahora una pieza fundamental. Si cae él, caerá toda la credibilidad del Sistema judicial.

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!


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