Un país a la deriva

¿A quién defiende este Gobierno okupa?

24.08.18 | 18:50. Archivado en Política Nacional

EL GOBIERNO NO DEFENDERÁ AL JUEZ PABLO LLARENA EN EL JUZGADO BELGA QUE HA ADMITIDO LA DEMANDA CIVIL DE LOS GOLPISTAS EXILIADOS.

El Gobierno de Pedro Sánchez, desoyendo lo que le solicitaba el CGPJ, ha rechazado defender al juez Instructor del Tribunal Supremo de la causa del golpe de Estado “por los actos privados que se le atribuyen” y que pensaría en contratar los servicios de un bufete de abogados belgas solo “si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos”. Y en ese caso sería para “para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

¿Y cuales han sido los argumentos dados por el juez belga para atreverse nada menos que a citar a un juez del Tribunal Supremo de España en su juzgado de primera instancia? Pues la verdad es que no ha trascendido nada de esa argumentación que sí que ha debido llegar al juez Decano de Madrid, Antonio Viejo, que se ha limitado a contestar al juez belga que no la tramita “en cumplimiento del artículo 1 del Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo”. En dicho artículo se indica que “No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, o a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad”. En este caso se trataría del último de los supuestos.

Pero el caso es que el juez belga cita al juez del TS Pablo Llarena admitiendo se supone que las declaraciones que los demandantes consideran como evidencias de falta de imparcialidad del juez, para el que piden una condena simbólica de 1 euro. Pero el objetivo no era otro que argumentar en España la recusación del juez Llarena por “tener una causa abierta contra ellos”, lo que se debe considerar como determinante para apartarle de la Instrucción. Un intento desesperado que usa a una más que proclive justicia belga como cómplice necesario para cometer lo que debe calificarse como fraude de ley. ¿Y cuáles son esas declaraciones tan lesivas para los encausados? Pues al parecer fueron unas declaraciones que Pablo Llarena hizo a la prensa tras una conferencia en Oviedo el pasado febrero y que son las siguientes:

Bueno, yo no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político es aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política esos comportamientos son perseguidos.
No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos - si es que eso ha sido así - pues tienen que ser investigados
".

"La voluntad de la instrucción ha sido y sigue siendo llevar la indagación con absoluta celeridad, es una cuestión de la que está pendiente toda España, la población de Catalunya, y en ese sentido cuanto antes se esclarezca creo que va a ser mucho mejor para todos. En todo caso tiene que ser en un respeto absoluto de las pretensiones de las partes y los derechos de aquellas personas que están sometidas al proceso”.

La argumentación de los demandantes es considerar que al referirse a ellos como “no son presos políticos” estaría prejuzgando, es decir emitiendo un juicio de valor antes de que se determine en sentencia en el juicio. Porque lo que defienden estos miserables y cobardes fugitivos es que los presos en España por la causa del golpe de Estado, lo son por sus ideas políticas y no por haber cometido los delitos que se les imputan. En resumen, se trata de considerar lo que es simplemente una defensa del Estado de Derecho y de la imparcialidad judicial, que hace el juez Llarena al decir que en España no existen presos políticos, en una prueba irrefutable de parcialidad por prejuicio. Y lo peor del caso es que un juez de instrucción de primera instancia de un país miembro de la UE se haya prestado a ser un títere en manos de estos facinerosos golpistas y cobardes fugitivos.

Pero aún peor es que el Gobierno de España considere que solo se trata de una demanda civil por unas declaraciones realizadas en una comparecencia privada, como si las preguntas que se hicieron no tuviesen total relación con la causa y que pese a su escrupulosa veracidad, haya sido usada como justificante de una persecución política. Una demanda que ha sido presentada en Bélgica a sabiendas de la vergonzosa receptividad de la mayoría de los jueces de ese país en admitir causas que no les competen. Esa demanda en España nunca habría sido admitida a trámite. Así que la respuesta del Gobierno es totalmente inaceptable. No se trata de asumir los gastos privados de defensa del juez Pablo Llarena, al menos para representarle en la mezquina citación del 4 de septiembre, - que no se ha formalizado al no dársele trámite-, en ese juzgado belga ante un desconocido juez que se ha prestado a este vergonzoso juego. Se trata de defender a la Justicia de España, gravemente vilipendiada por la Justicia de Bélgica y también por la de Escocia, la de Suiza y de un Estado del norte de Alemania, y poner en duda la cooperación en el área de la Justicia en la UE y la nula reciprocidad demostrada al cuestionar a la justicia de un Estado democrático miembro.

Se trata de defender a la Justicia, a los Tribunales de España y a sus jueces de unos facinerosos delincuentes fugados y acogidos por esos países en una clara complicidad y connivencia con los fines secesionistas que estos persiguen y que se atrevieron a proclamar en forma de declaración unilateral de independencia, nada menos que de una parte del territorio de un Estado como España. Se trata de defender el honor y el prestigio de una democracia que no encierra a la disidencia en las cárceles por sus ideas. Se trata de reafirmar con contundencia que en España, desde la transición de la dictadura a la democracia hace ya más de 40 años, “no existen presos políticos” sino personas de determinados partidos políticos con altos cargos de responsabilidad en Instituciones públicas, como era el Parlamento y el Gobierno de la Generalidad, que aprovecharon aquellos para cometer sus fechorías: violando leyes, prevaricando, malversando fondos públicos, despreciando el Estatuto de Autonomía y la Constitución de España en un acto de rebelión con el resultado de declarar e instaurar una República independiente en Cataluña basada en un referéndum declarado ilegal e inconstitucional.

El Gobierno no puede escudarse en una simple alusión a lo que son los “Autos de la Instrucción” que emite el juez Pablo Llarena y su Instrucción del caso del golpe de Estado, sin incluir también esas declaraciones que son perfectamente correctas y escrupulosamente verídicas que, en ningún momento, representan un prejuicio ni motivo por el que el juez deba ser recusado y mucho menos cuestionado por un juzgado de primera instancia de otro país extranjero. Es deber del Gobierno de España hacer una defensa de lo que es la independencia judicial de España y elevar una protesta oficial y advertencias a los Gobiernos de esos países y en el Parlamento de la UE de que de seguir así en esos determinados países de la UE en la actitud hostil contra las demandas de extradición del Tribunal Supremo, España se planteará seriamente seguir colaborando y contribuyendo a ese espacio de seguridad Schengen que se demuestra ineficaz por las reticencias de las justicias de esos países cuestionando las peticiones de extradición y la acogida de prófugos, e incluso la admisión de demandas contra los jueces instructores de las causas penales existentes contra ellos. Una actitud colaboracionista con los delincuentes inaceptable y claramente hostil con la Justicia de un país socio.

No se trata de defender un asunto de litigio privado, ni de estar atentos a si se inmiscuye o no el juez belga en la Instrucción del golpe de Estado. Se trata de que se inste y sea la propia Fiscalía de Bélgica la que le haga ver al juez de instrucción metomentodo, que ha aceptado la demanda, lo erróneo de su admisión y citación del juez español, y a reconsiderar su posición e inadmitirla por un burdo intento de fraude de ley. Se trata de defender al Estado de Derecho y el prestigio de España. Y ya sé que eso a Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno le pone nervioso, le produce urticaria y le resulta incómodo, pero es que se trata de cumplir por una vez con su deber, al menos mientras no abandonen su okupación monclovita y convoquen elecciones generales.

Desde aquí mi apoyo personal al juez Pablo Llarena al que le digo que no está solo y que somos mayoría los españoles que le agradecemos su sacrificio profesional y personal, en el que incluyo a su familia y la vergonzosa persecución y acoso que está recibiendo por parte de los golpistas que siguen actuando con absoluta impunidad através de us hordas de CDR's y grupos de presión netamente fascistas.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!


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