Un país a la deriva

Fugado y escoltado a costa del contribuyente.

07.08.18 | 18:39. Archivado en Política Nacional

PRIMER ACTO DE DESOBEDIENCIA DE LOS GOLPISTAS: PONER ESCOLTAS OFICIALES A PUIGDEMONT ¿QUÉ HARÁ ESTE GOBIERNO?

Cualquier excusa es buena para que los golpistas mantengan su pulso de legalidades con el Gobierno de España y el del Parlamento de Cataluña sobre el de España. La última se refiere a la diferencia de criterio a la hora de asignar escolta oficial al cesado y fugitivo expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, que ha encontrado refugio en un país de la UE, Bélgica, y en un Estado de Alemania, Schleswig- Holstein, cuyos jueces se oponen a su entrega a la justicia de España cuestionando los delitos imputados por el Tribunal Supremo de España. La perversidad en este caso reside en que el Gobierno de la Generalidad quiere hacer abstracción total de la situación procesal del fugado y solo contempla el derecho adquirido y reconocido en la normativa autonómica de Cataluña en cuanto a las prebendas que acompañan a las figuras de los expresidentes de la Generalidad. Y para ello usa sus propios servicios jurídicos como intérpretes del derecho normativo, que nunca, por pura lógica de jerarquización del Derecho puede estar en un plano superior al del Estado.

De hecho, de no haber dudado sobre la legalidad de lo que intentan hacer, no hubieran consultado ni al Ministerio de Interior, como responsable máximo de las FFyCCSE, incluidas las autonómicas como los Mossos de Escuadra.ni al Ministerio de Exteriores, responsable de las relaciones a nivel internacional de España, que engloba y representa a todas y cada una de sus autonomías, incluida Cataluña, por supuesto, por muchas "embajadas" que abran que no dejan de ser mera delegaciones comerciales territoriales. La respuesta del Ministerio de Interior ha sido la de denegar la asignación de escoltas oficiales con Mossos de Escuadra desplazados, entre otros por el simple hecho de que se trata de un fugitivo e la Justicia con una orden de detención en todo el territorio nacional, y una de extradición, suspendida en dos ocasiones a causa de la resistencia desleal de unos jueces extranjeros, que enmiendan el criterio del Tribunal Supremo de España en un acto de deslealtad manifiesta y de injerencia inadmisible en lo que es competencia exclusiva de un Estado democrático socio de la UE e integrante del espacio Schengen de libre circulación de personas.

Es curioso el que los golpistas que ahora están al mando de la Generalidad usen solo aquellos informes de sus servicios jurídicos que no les llevan la contraria en sus pretensiones. De hecho han sido ya varias veces en las que la Mesa del Parlamento autonómico ha hecho caso omiso de esos informes negativos y ha dado curso a debates de leyes o admitir puntos conflictivos en las agendas del día, etc. En el caso dela petición de asignación de escoltas oficiales para Carles Puigdemont, el argumento es que la ley solo recoge el derecho y no distingue ni de situaciones procesales, ni siquiera la de poder ir a prisión si el escolta en cuestión regresa con el susodicho escoltado de visita furtiva a España, momento en que estaría obligado a detenerle y ponerle a disposición del Tribunal Supremo. Un argumento que no solo va contra la lógica, sino que pretende forzar una situación de conflicto en la incongruencia misma de estar libremente fugado y sin poder ser detenido por la mezquina y cómplice protección de los jueces belgas y alemanes y disponer de escoltas oficiales, posiblemente armados, para defender su integridad física.

Hay una máxima en la interpretación de la ley cuando ésta se muestra tan ambigua porque el legislador no ha considerado, por absurdo, entrar a clarificar y contemplar situaciones tan estrambóticas como las que rodean a los fugados de la Justicia acogidos como exiliados políticos cuando son en realidad delincuentes golpistas responsables de unas asonadas con violencia y el intento de secesión unilateral de una parte del territorio de España. Se trata de la “interpretación extensiva” que trata de comprender el significado natural de los vocablos empleados en la disposición, en un sentido amplio, así como también la “interpretación lógica” que trata de averiguar lo que quiso decir el legislador, y para lograrlo, se reconstruye el pensamiento del mismo, acudiendo a fuentes como: la exposición de motivos, las circunstancias existentes en la época, entre otras. El caso es que haber dado un golpe de Estado unilateral, provocado que el Estado reaccionase con unas medidas de intervención de la autonomía, con el cese del Gobierno de la Generalidad en pleno, su posterior denuncia y decreto de detención y prisión provisional para algunos, la fuga de otros, etc.,no se pueden considerar supuestos normales que el legislador tuviese en mente a la hora de reconocer derechos a excargos como los expresidentes del gobierno autonómico. Como bien dice el Ministro de Exteriores Josep Borrell: habría que preguntarles a esos jueces que deniegan la extradición de estos delincuentes lo que hubieran hecho e interpretado esos jueces tan “estupendos” en el caso de que se tratase de una parte de su país donde hubieran ocurrido los hechos. Y añadiría, y vieran cómo jueces de un país socio de la UE amparan y protegen a los autores de ser juzgados por sus crímenes en el país que les reclama.

Lo que intenta el Gobierno de la Generalidad es un acto más dentro del desafío secesionista y provocar una situación ilógica y absurda en la que un fugitivo obtiene la protección de la policía del país que le quiere detener por prófugo de la Justicia. Es como si un fugitivo nazi refugiado en Argentina reclamado por Israel como criminal de guerra tuviese escolta de agentes del Mossad. Esta aberración ha de ser impedida por todos los medios y obligar a la Generalidad a cumplir con la cadena de mando y dejarse de debates jurídicos que solo intentan pervertir y burlar una norma que solo tiene sentido en situaciones consideradas normales, cuando la situación del fugitivo y procesado Carles Puigdemont pendiente de su detención para ser enjuiciado, dista mucho de ser normal. En cuanto a considerar la extensión del derecho si el cargo se desplaza fuera de la autonomía, considerando además que eso incluye fuera de España, es otra falsa interpretación que no contempla el carácter limitativo de ese derecho en determinados supuestos, ya que el costo de los servicios sería injustificable e inadmisible en casos de desplazamientos de larga duración en el extranjero. Por otro lado, no se puede conceder un trato privilegiado a quien no ostenta ninguna representación del Estado.

Creo necesario y urgente el que el Gobierno de España deniegue esta petición del Gobierno de la Generalidad y advierta de que cualquier desobediencia será denunciada y deberán responder los responsables de esta. No se trataría solo de una mera falta administrativa sino de un acto de prevaricación y malversación de fondos públicos por uso indebido de medios públicos como es el caso de los Mossos que integrasen la escolta asignada. Queda por ver que Pedro Sánchez no ceda a lo que sería otra vergüenza más que añadir al esperpento de la libertad de la que gozan los fugitivos de la Justicia de España, cuyo Gobierno es incapaz de hacerla respetar entre sus socios de la UE y de que se burlen con total impunidad.

Mientras tanto, Pedro Sánchez descansa en Doñana tras sus dos meses de intenso trabajo como Presidente, promocionado via moción de censura por medio, del Gobierno de España y su primera vista al palacio de Marivent con comida al más puro estilo Yanqui. Espero que pueda atender los asuntos de Estado en quien, como se decia de Francisco Franco, ese dictador que le obsesiona, está siempre vigía en la defensa de la Patria. Pues eso, a defender a la Patria de los ataques de sus enemigos y no mirar para otro lado.

¡Que pasen si pueden un buen día!


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