Un país a la deriva

Injerencia inadmisible.

11.07.18 | 17:28. Archivado en Política Nacional

EL FINAL DE LA INSTRUCCIÓN LLEGA Y PABLO LLARENA CULMINA SU TRABAJO CON AUTOS DEMOLEDORES DE ENJUICIAMIENTO E INHABILITACIÓN TEMPORAL. / LOS GOLPISTAS CALIFICAN LA DECISIÓN DEL JUEZ DE INADMISIBLE.

EL juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha llegado al final de su labor como responsable de la Instrucción en el llamado “proceso del golpe de Estado”. Esta ha durado unos nueve meses desde que el asumió las causas unificándolas en una solo Instrucción. Una especie de largo parto donde uno de los escollos principales ha sido la negativa de los fugitivos huidos a diferentes países de la UE de aceptar la extradición que el juez ha ido suspendiendo y poniendo en vigor según surgían las oportunidades logísticas, ante la tozuda resistencia de las Justicias de algunos de esos países, como Bélgica, Escocia, Suiza e incluso Alemania, a dar curso a las euroórdenes emitidas. Una situación que al día del cierre de la Instrucción persiste y que le ha llevado a hacer un aparte declarando a los fugitivos en rebeldía y emitir para todos los que siguen ostentando Actas de Diputados tras las ultimas elecciones autonómicas, un auto de inhabilitación para el desempeño de cargo público, aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este hecho que se esperaba para mediados de mayo significa que el Auto de enjuiciamiento ya es firme y que se da inicio al siguiente paso judicial que es la realización del propio juicio contra los acusados. En primer lugar, la responsabilidad recaerá en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que deberá ser constituida y será la que “conocerá” de aquí en delante de todo lo relativo al proceso judicial. Esto incluye decidir sobre la situación de prisión provisional decretada por el juez Instructor Pablo Llarena, que ha venido denegando de forma reiterada las diferentes peticiones de excarcelación solicitadas por los presos. En este caso, conviene añadir que, con el cambio de Gobierno tras la moción de censura, se han nombrado diferentes responsables en los ministerios de Justicia, Interior y en la Fiscalía General. Un cambio que puede condicionar los criterios a la hora de plantear asuntos como este de la excarcelación. La primera medida adoptada ha sido la de acercar a los presos a cárceles ubicadas en la comunidad autónoma de Cataluña y que dependen directamente de la Generalidad.

Pero no podemos olvidar que deberán ser los jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que resulten designados para el juicio los que en último término deban decidir sobre la situación de los presos, con independencia de si el criterio de la Fiscalía se muestra ahora más favorable y coincidente con las peticiones de las defensas. Porque en ultimo término, lo que hay que evaluar es si persisten los riesgos que argumentaba el juez Pablo Llarena, como el de fuga (nada improbables vistos los antecedentes) o el de reiteración delictiva (mucho más problemático al menos desde el punto de vista formal). EL caso es que este Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ya con hechos estar dispuesto al chalaneo político como pago del apoyo bastardo de los golpistas catalanes a su moción de censura que le aupó al poder.

En cuanto a los diferentes Autos emitidos por el juez Pablo Llarena como cierra de su actuación instructora, nada que objetar y sí resaltar el que gracias a su entereza y valía profesional, ha mantenido la llama de la esperanza de todos los españoles en una Justicia desprestigiada por sentencias y actuaciones tan vergonzosas como las del caso Noós. Un juez que ha sabido mantenerse firme en sus decisiones y no permitir que otros países se burlen de nuestro sistema judicial dando cobijo a prófugos de la Justicia despreciando dar curso a las euroórdenes emitidas.

Pero claro, esta actitud ha sido duramente criticada por los golpistas y sus Asociaciones civiles que han llegado a señalarle como diana incluyendo a su familia al mas puro estilo de matonismo sicario que recuerda los tiempos del terrorismo de Terra Lliure. Una actitud de extrema vileza de los que se califican de “demócratas”, cuando solo son somatenes con esos Comités de Defensa de la República usados como grupos de asalto y de disturbios públicos en escraches y acosos a cuantos de oponen a la ideología única del separatismo. Una actitud defendida por esos partidos golpistas que además difaman e injurian al juez Pablo Llarena diciendo que “solamente actúa movido por la crueldad, el deseo de venganza y la voluntad de escarmentar”. O que se “está tratando como delincuentes a unas buenas personas”.

Unas injurias que solo pueden expresarse bajo el cobarde paraguas de la inmunidad parlamentaria y del aforamiento, pero que retrata la vileza de aquellos que así se manifiestan. Esto los lleva a manifestar que el contenido de los Autos del juez Llarena que “Nos parece inadmisible la decisión del juez Llarena de suspender de sus derechos a los diputados en el Parlament que están encarcelados. Al margen de las defensas el Parlamento tomará sus decisiones, nos parece que en un momento de diálogo político esta decisión no toca”. Una clara amenaza de desobediencia y de incitación a una intromisión del poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial al creer que el primero debe prevalecer sobre el segundo. O eso es lo que pretenden en su nueva Arcadia de la República de Cataluña con unos jueces dependientes y sumisos al poder del Gobierno y de los partidos políticos.

Hablan de diálogo político, pero claramente intentando supeditarlo y condicionarlo al tratamiento judicial de los que consideran “presos políticos” y “buenas personas”, queriendo obviar que son delincuentes responsables de algo tan grave como haber dado un golpe de Estado aprovechándose de su cargo de representación pública y con absoluto desprecio a la legalidad vigente, Constitución de España y Estatuto de Autonomía. Pero lo malo es que este Gobierno de Pedro Sánchez, en su intento de pagar deudas contraídas, ha transmitido una sensación de que esa injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial era perfectamente posible en nuestro Estado de Derecho. Una imagen absolutamente falsa que debe ser inmediatamente rebatida por los responsables gubernamentales de Justicia, Interior y por el propio Presidente del Gobierno ante el Parlamento de España.

Aquí no caben ni especulaciones ni dudas sobre la independencia judicial, algo que el juez Instructor Pablo Llarena ha dejado meridiana y rotundamente claro desde que asumió la Instrucción. No podemos ahora que ésta ha finalizado dejar que esa imagen quede distorsionada por malentendidos o ambigüedades que solo persiguen un redito político.

¡Que pasen si pueden un buen día!


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