Un país a la deriva

Ni ética ni vergüenza.

23.05.18 | 09:15. Archivado en Política Nacional

IGLESIAS Y MONTERO REHENES DE SU NIVEL DE EXIGENCIA ÉTICO INTENTAN ESCABULLIRSE CONSULTANDO A LAS BASES / LA JUSTICIA ESPAÑOLA CUSTIONADA POR UN TRIBUNAL REGIONAL ALEMÁN

Lo malo de poner un nivel de exigencia ético muy alto es que puedes hacer imposible franquearlo. Y eso es lo que le ha pasado a la pareja dirigente podemita Iglesias – Montero, que han intentado saltarse sus propias reglas éticas y doctrinales cayendo en la tentación burguesa que más criticaban. Y es lo que tiene creerse el tener impunidad absoluta por ser el líder supremo incuestionable y que las reglas impuestas solo aplican a los demás. Pero con lo que no contaba esta prepotente pareja era con los imponderables, las incontrolables filtraciones. Siempre hay alguien dispuesto a sacar nuestros trapos sucios y exponerlos ante la opinión pública. Y normalmente, ese enemigo se encuentra dentro de casa y muy cerca en nuestro círculo de confianza. Una operación inmobiliaria llevada en secreto y que nunca hubiera llegado a la luz si no es por esa filtración. Pero como se suele decir, en el pecado lleva la penitencia o mejor aplicar este otro de “quien a hierro mata, a hierro muere”.

El caso es que todo lo que rodea a la compra de la que será la nueva residencia de la familia Iglesias – Montero tiene un tufo de irregularidad por las extrañas circunstancias de la operación inmobiliaria. Y es que surgen muchas preguntas precisamente por ese velo de opacidad, de secretismo y de desinformación, empezando por no saber ni quien era el vendedor concreto, ni la cantidad exacta del precio de la venta del inmueble. La información ha ido conociéndose a cuentagotas y, conforme se avanzaba en los detalles, las incógnitas aumentaban. De hecho, en redes sociales se ha abierto una verdadera caza y publicación de datos que señalan una operación con demasiadas singularidades que pudieran indicar un posible trato de favor y unas condiciones económicas muy beneficiosas para el comprador.

Lo primero es que la propiedad en sí, desde su construcción, parece haber ido de mano en mano, siendo los propietarios originarios una familia ligada al municipio donde se ubica la finca, con una empresa dedicada a la fabricación y venta al por mayor de ropa de seguridad industrial y complementos. Y es que como suele ser habitual, el domicilio social de empresas suele coincidir con el lugar de residencia del propietario, socio o administrador único. Y eso es lo que también ha sucedido con el que parece ser el último propietario vendedor de la finca a la pareja. Se trata de un joven emprendedor experto en informática, cuya empresa tiene como domicilio social precisamente ese chalé. Sobre éste ya se han publicado suficientes detalles y fotos, donde además de una más que segura vulneración de la ley con la difusión de datos personales privados, dan una idea de las características de lujo de la vivienda y de su parcela ajardinada. Una construcción cuidada al detalle en estética rural pero con todas las comodidades y tecnologías modernas. Una vivienda de ensueño en un entorno discreto con un alto grado de privacidad que todos hubiéramos deseado para nuestro "proyecto de vida familiar".

Y ha sido tal el impacto mediático creado por la noticia de la compra del chalé, que los compradores, pillados por sorpresa, tuvieron que salir a justificarse precipitadamente ante los medios, pero sobre todo ante la avalancha de críticas de su propio partido. Se habló de “incoherencia”, de “incongruencia” y de practicar la “ley del embudo”. Su respuesta fue emitir un extenso comunicado plagado de alusiones a un supuesto “proyecto de vida” en el desarrollo de su familia que iba a verse aumentada por el nacimiento de dos mellizos, a los que querían darles un entorno adecuado para su óptimo desarrollo. Imposible no ver lo endeble de la argumentación cuando con anterioridad habían hecho bandera de la austeridad, de compartir con la clase obrera su modo de vida y de criticar a los que llamaban “casta política” que se aislaba de la gente en lujosos chalés. Ellos, con esa compra quedaban retratados como la misma casta.

Pero las singularidades siguen con el precio de venta, que tras especulaciones varias finalmente parece haberse fijado en 615.000 euros, según dicen rebajado del precio inicial de 660.000, con una hipoteca concedida por la Caja de Ingenieros del 88%, cuando lo normal es hasta del 80%, del precio de venta. Lo curioso es la relación directa entre esa Caja de Ingenieros con el partido PODEMOS. Las justificaciones de por qué se ha elegido a esa entidad son, cuanto menos, sorprendentes, basadas en su solvencia, en su comportamiento ético sin desahucios, y demás palabrería demagógica socialistoide que intenta obviar el importante depósito de fondos realizado por PODEMOS en la entidad. Pero lo que más sorprende es el intento de victimismo plañidero que exhiben al decir si es que los militantes prefieren que vivan en chabolas. Hace falta desfachatez y no tener ninguna vergüenza para expresarse así y querer condicionar una encuesta de la que ya se presupone el resultado. Nadie hace encuestas para perderlas.

El problema real de Iglesias -Montero vendría en el caso improbable de que la encuesta les resultase negativa y ello les obligase a renunciar a sus cargos y sus enormes ingresos como parlamentarios. De hecho, su problema sería hacer frente a unos gastos acordes con los actuales emolumentos que reciben, que por cierto superan con mucho el límite de hasta tres salarios mínimos interprofesionales fijado por el código ético de PODEMOS y que son los que les han permitido acceder a una vivienda de verdadero lujo. Pero ya se sabe que las reglas y la ética no son palabras a las que Iglesias y Montero den el mínimo valor. Dicen estar dispuestos a irse, pero no lo hacen y dejan en manos de su amigo Pablo Echenique el control de la encuesta. Solo se rirán si las bases se lo piden, que es lo mismo que decir, o el partido o yo, como ya ha hecho en Vistalegre II con la candidatura de Íñigo Errejón. Y es que este dictadorzuelo sabe muy bien manejar el cotarro que fundó.

En otro orden de cosas no puedo dejar de aludir al bochorno al que está siendo sometido el poder judicial de España, y en particular el Tribunal Supremo y el juez Pablo Llarena por el desplante de un tribunal regional alemán, que debía haber tramitado sin más la petición de extradición, pero que sin embargo decidió entrar en el fondo del asunto y erigirse en juez instructor cuestionando las argumentaciones dadas por el tribunal español. Una felonía inadmisible entre justicias de países socios de la UE y sobre todo del llamado espacio Schengen, donde la cooperación judicial es esencial para que, como en este caso, los delincuentes no se escabullan de sus responsabilidades. Y es que el Tribunal alemán, ni tiene competencia para entrar en el fondo, ni dispone de toda la información y particularidades de los delitos que se están imputando, entre otros al máximo responsable del golpe de Estado y de rebelión contra el Estado de Derecho. Existen matices y apreciciones imposibles de plasmar en el papel.

El Tribunal Supremo no puede consentir esta grave injerencia en asuntos internos de España y debería, de forma discreta pero firme, forzar un encuentro con los jueces responsables de ese Tribunal Alemán para informarles de primera mano de la gravedad de emitir una sentencia negando la extradición de ese fugitivo o limitando sensiblemente los delitos imputados. Ya se ha evidenciado que existe un claro prejuicio en los tres componentes de ese Tribunal regional, que desoyen las peticiones no solo de la Justicia de España sino de su propio Ministerio Fiscal, favorable sin matices a la extradición por los delitos que se reclaman. Un encuentro que se antoja imprescindible y en paralelo con la labor diplomática sobre el Gobierno Federal alemán de la Sra. Merkel, avisando de que, en caso de no cumplirse con la petición de la justicia de España y negar la euroorden de extradición, este país se planteará seguir adherido al sistema de la euroorden y a restablecer los controles fronterizos que estime oportunos para salvaguardar la seguridad nacional. Porque es evidente que si el caso fuese el de una sublevación de un Estado alemán como por ejemplo Baviera y su Gobierno federal, no habría tantos remilgos a la hora de aplicar la ley como la que ponen estos jueces a la hora de proteger al fugitivo Carles Puigdemont y el resto de secuaces prófugos de la justicia de España. Apoyar a Puigdemont es apoyar el separatismo y la disgregación de la UE.

España no puede permitir un revés judicial que cuestione las garantías de nuestro sistema democrático. Urge actuar antes de que tres jueces se erijan en ultra defensores del golpe de Estado y se burlen de nuestra justicia. Ellos son los que están cometiendo un fraude de ley al incumplir con los acuerdos internacionales en el ámbito judicial de la UE.

¡Que pasen un buen día!


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