Un país a la deriva

Navegación a ciegas.

22.05.18 | 08:55. Archivado en Política Nacional

CUANDO LO SENSATO CHOCA FRONTALMENTE CON LO LEGALMENTE ESTABLECIDO SE PUEDE CAER FÁCILMENTE EN LA PREVARICACIÓN.

Mariano Rajoy se ha metido en un pequeño agujero negro legal negando la publicación de los designados como Consejeros del nuevo Gobierno de la Generalidad. Por desgracia, desde hace tiempo que se sabe que los golpistas tanto presos como fugados mantienen intactos sus derechos constitucionales, sobre todo el que concierne al libre sufragio y acceder como electos a Actas de Diputado y poder formar parte del Gobierno autonómico si así lo decide el recién designado Presidente de la Generalidad. Y eso se mantendrá así hasta que se produzca la inhabilitación, bien provisional a consecuencia de que el Auto de Procesamiento sea declarado firme, o de forma definitiva al disponerse de sentencia firme que así lo estipule una vez juzgados. El caso es que aún no se ha producido la primera condición de que el Auto de procesamiento sea firme, ni declarada la inhabilitación provisional. Por consiguiente, no existen hoy por hoy impedimentos para que puedan ejercer como Consejeros del Gobierno de la Generalidad.

No parece tener justificación impedir su designación, en este caso dilatando la publicación de sus nombres en el DOGC (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña). Aunque sí que cabe impedir acceder a su petición de libertad para tomar posesión de su cargo, porque se refuerza el argumento dado hasta ahora por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de reincidencia en el delito de rebelión y de desobediencia si vuelven a acceder al mismo cargo o similar que el que desempeñaban en el momento de perpetrar el golpe de Estado. El hecho jurídico válido es la publicación oficial de su designación en el DOGC, mientras que la toma de posesión es simplemente una formalidad sin mayor trascendencia que la mediática. Y eso lo hemos podido comprobar en el esperpento de la toma de posesión de Joaquim Torra como Presidente de la Generalidad, usando una fórmula totalmente inaceptable e inconstitucional prometiendo lealtad solo al pueblo y al Parlamento de Cataluña.

Joaquim Torra mantiene el pulso golpista contra el Estado y en su periplo carcelario dice haber obtenido la aceptación de los presos que el mismo ha designado para restituirles en sus cargos de Consejeros, pasando de modo inmediato estos a pedir su libertad al juez Pablo Llarena, que debe pronunciarse a lo largo de hoy, ya que mañana está previsto el acto de posesión. Un acto que podría producirse incluso a pesar de que los nombres de los Consejeros no han aparecido publicados aunque han sido difundidos públicamente por el mismo Torra. Estamos en una especie de limbo judicial donde podría escenificarse una toma de posesión burlesca con aquellos Consejeros presentes y otros que actuasen como “testaferros” para sustituir a los que físicamente no pudieran asistir. Y todos ellos sin que sus nombres hayan aparecido en el Diario de la Generalidad.

Y es que, puestos a aventurar el futuro, todo puede ser posible en esta especie de densa niebla que impide ver el camino a seguir. Estamos en una navegación a ciegas por aguas jurídicas desconocidas. Se actúa con improvisación y sin garantías de contar con bases jurídicas sólidas que avalen las medidas que se adoptan, lo cual podría considerarse como prevaricación. Y eso son palabras mayores. El Gobierno de España debe atenerse a lo que marca la ley. Y eso pasa por no impedir lo que solo es un acto administrativo ineludible, salvo que exista un impedimento legal previo como el de la inhabilitación. Y ese, hoy por hoy no es el caso. Los nuevos Consejeros designados por el Presidente de la Generalidad cumplen con todos los requisitos legales para ejercer sus cargos y tomar posesión de ellos para constituir el nuevo Gobierno de la Generalidad.

Ya dije hace semanas que estábamos en una especie de carrera de legalidades en las que los golpistas parten con la ventaja de una legislación mutilada que deja grandes lagunas y no contempla las circunstancias tan inusuales que se han venido produciendo. Y una de ellas es que los mismos partidos que han protagonizado el golpe de Estado y los mismos máximos responsables hayan podido presentarse a unas nuevas elecciones y, gracias a los resultados, optar para recuperar de nuevo el poder. Y eso incluso en el caso de aquellos que ya estaban siendo encausados y puestos bajo prisión provisional y de aquellos otros que habían conseguido huir de la justicia a otros países donde se ha llegado a cuestionar el sistema jurídico español y su democracia.

Así que estamos viendo cómo el Gobierno de España intenta dilatar lo inevitable a la espera de un milagro que no parece que vaya a poder darse a corto plazo. Y es que los tiempos jurídicos son mucho más rígidos que los tiempos políticos. El Gobierno no puede dar armas a aquellos que le acusan de prevaricar, ni tampoco esperar a que sea la justicia, maniatada por la legislación, la que le resuelva la papeleta. Hoy debe darse respuesta al nuevo reto separatista protagonizado por el xenófobo radical nuevo Presidente de la Generalidad. El juez Pablo Llarena podría acceder a que la toma de posesión fuese similar a la que se produjo en el acceso al Acta de diputado, incluso aunque la fórmula usada fuese tan inaceptable como la de no prometer expresamente acatar la Constitución. Su nombramiento oficial en el Diario de la Generalidad lleva implícitos los requisitos de desempeñar un cargo público solo avalado por la Constitución de España y por el Estatuto de Autonomía, y no por ninguna otra legitimidad inventada.

Al gobierno de España no le queda otra alternativa que publicar los nombres designados para los cargos de Consejeros y que la toma de posesión se celebre como estaba previsto, con los mismos condicionantes que los aceptados para la entrega de las Actas de diputados y la delegación de voto tanto de los presos en España como de los fugados. En el caso de estos últimos, el Gobierno no quiso impugnar la delegación de voto, como tampoco lo hizo cuando se permitió que figurasen en las listas electorales. Bloquear la publicación en el DOGC es simplemente absurdo y pueril.

En cuanto a las medidas de intervención del 155, tampoco parece lógico querer mantenerlas a toda costa cuando existe una limitación contemplada en la aprobación dada por el Senado, donde se especifica que se acabarán en el momento en que se constituya el nuevo Gobierno de la Generalidad salido de las elecciones autonómicas. Y eso, si todo sigue lo establecido, se cumplirá mañana formalmente con la toma de posesión de los Consejeros presentes y ausentes por delegación. No es lo deseable, pero es lo que marca la ley, siempre que no existan impedimentos legales que lo impidan, como sería si algunos de los designados se encuentran inhabilitados para el desempeño de cargo público. Pero una cosa es lo que debería ser y otra lo que realmente es.

Esforcémonos en cambiar las leyes y que se impida que este tipo de desafíos a la legalidad gocen de una impunidad aunque sea temporal.

¡Que pasen un buen día!


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