Un país a la deriva

Toma de posesión fraudulenta.

17.05.18 | 09:30. Archivado en Política Nacional

SE VA A PERMITIR UNA CEREMONIA DE TOMA DE POSESIÓN SIN VALOR JURÍDICO ALGUNO/ LA JUSTICIA BELGA COLABORACIONISTA CON LOS GOLPISTAS DESDE EL PRIMER MOMENTO.


Hoy, tras la publicación en todos los documentos oficiales BOE y DOGC, del nombramiento del 131 Presidente de la Generalidad, el radical xenófobo Joaquim Torra i Pla, se va a producir el acto protocolario de la toma de posesión del cargo. Un acto al que la Generalidad le ha dado desde siempre una gran relevancia y boato, pero que ha estado marcado por algo que sería impensable en el resto del Estado, que la fórmula empleada para la toma de posesión no cumple con los requisitos legales de prometer o jurar acatamiento a la Constitución de España y lealtad al Rey. Tal es así, que la que emplearon los predecesores Artur Mas y Carles Puigdemont, solo contemplaba lo siguiente: “¿Promete cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalidad con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña, representado por el Parlamento?

Una fórmula que en otras tomas de posesión como la empleada en El País Vasco para el Lehendakari que contempla lo siguiente: “Tomo posesión y asumo el cargo de lehendakari del gobierno del país vasco, así como de la condición de representante ordinario del estado en su territorio y prometo cumplir las obligaciones de mi cargo con lealtad a la corona, al estatuto de autonomía de Guernica y demás leyes vigentes”. Eso sí con toda la parafernalia de hacerlo ante el famoso árbol de Gernika y bailes de Aurresku incluidos. La fórmula más o menos estándar recogida en Real Decreto Ley 707/1979 que en su artículo 1 dice: “En el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración, quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta: ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo... con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?

En el caso de la fórmula empleada por los últimos presidentes de la Generalidad, que no incluye ninguna mención al acatamiento de la Constitución, el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) sentenció que los que la usaron (Puigdemont y sus consejeros), “no tenían obligación legal de hacerlo por no figurar en ningún reglamento ni en el Estatuto de Autonomía”. Una aseveración que obvia la existencia del RDL citado anteriormente. El TSJC dio por no admitida la denuncia y ni la Fiscalía del Estado, ni el propio Gobierno de España hicieron absolutamente nada por denunciar esta burla de la ley. Una actitud permisiva y remisa de hacer cumplir algo tan esencial como es el acatamiento de la Constitución y lealtad al sistema de Gobierno democrático que nos hemos dado. Porque si se permite que un alto cargo del Estado, como es el caso de los Presidentes autonómicos y Consejeros, solo prometan o juren acatar la voluntad de sus respectivos “pueblos” y Parlamentos autonómicos, ¿Con qué justificación legal podrán alegar la comisión de delitos de rebelión o sedición?

Alguien que públicamente dice no acatar, ya sea de propia voz o por escrito, ni someterse a la Constitución de España ni al Estatuto de la Autonomía que va a presidir o representar, cuya existencia la legitima solo esa Constitución, no puede acceder oficialmente a su cargo. Es inadmisible la desidia del Gobierno de España y de la Fiscalía General del Estado, así como la perversa interpretación del TSJC al no admitir a trámite la denuncia de Unión Cívica Española ante la toma de posesión de Carles Puigdemont y de sus consejeros. Así que ahora lo incongruente es exigir lealtad a quien expresamente no quiso asumirla, dejando abierta la puerta a la comisión de toda clase de tropelías, como fue la de impulsar el proceso independentista y culminarlo con una declaración unilateral parlamentaria de independencia.

Hoy sigue el pulso de los golpistas intentando escenificar la excepcionalidad de la intervención de la autonomía, para ellos “País Catalán”, a través del artículo 155 de la Constitución de España, que nunca han acatado. Su intención es darle un carácter excepcional y reducirlo a la mínima expresión, sin presencia de público invitado, ni de medios de comunicación salvo los públicos, por supuesto de la Generalidad TV3, RAC 1, no nacionales. Otra manipulación para acrecentar el victimismo, con la justificación de que oficialmente la intervención seguirá hasta que se forme el Gobierno de la Generalidad y para ello, lo primero es la toma de posesión del Presidente Joaquim Torra. Y esta nunca se debería permitir hasta que cumpliese con la legalidad, la de prometer o jurar acatar la Constitución y su Estatuto de Autonomía refrendado por el Parlamento autonómico y sancionado por el Parlamento español. Es decir, reconocer la jerarquía de las leyes de España y la dependencia de las legitimidades.

No reconocer esto es lo que nos ha llevado a que se planteen legitimidades que no tienen cabida en la Constitución vigente, como es el querer establecer que España es una nación de naciones en una especie de federación de territorios, en los que algunos aspiran a ser independientes. No reconocer lo básico y dejar que aquellos que aspiran a esa independencia sean libres jurídica y personalmente de no acatar la ley, en este caso la Constitución y el propio Estatuto, es poner las condiciones para que se produzcan hechos como los que han sucedido en la autonomía de Cataluña y que pueden extenderse a otras autonomías. La rebelión, la sedición, la desobediencia, la malversación de fondos públicos, la violación de derechos fundamentales de aquellos que no comparten los objetivos independentistas, son solo una consecuencia lógica fruto de la permisividad, de la inacción y de la dejación en el cumplimiento del deber de la defensa de la Constitución y de la legalidad vigente.

El Gobierno de España ha permitido que se vulnere la legalidad, a pesar de las múltiples sentencias de los Altos Tribunales de España, Supremo y Constitucional, Y solo ha actuado cuando era muy real el peligro de desmembramiento de España por la actuación decidida de los sediciosos golpistas. Y ha sido esa actitud remisa y casi cómplice la que ha permitido la huida de varios de los máximos responsables del golpe de Estado y que ahora estemos sufriendo el bochorno y el oprobio de ver cómo nuestro poder judicial es objeto de desdén y de burla por parte de sistemas judiciales extranjeros, de los teóricos “socios” solidarios de una UE que está abocada irremisiblemente al fracaso con este tipo de actitudes.

La noticia de ayer saltó como una bofetada más por parte de la Justicia de Bélgica, que se suma a la de Suiza, Escocia y Alemania, donde el Tribunal Superior del Estado de Schleswig-Holstein, cuestiona los delitos reflejados en la euroorden tramitada por el Tribunal Supremo de España contra el principal golpista y prófugo Carles Puigdemont. En el caso belga, la justificación para la denegación de la extradición a España de los exconsejeros se basa en un supuesto “defecto de forma” de la euroorden al no coincidir los delitos entre esta y la orden de detención emitida a nivel nacional. Una justificación que el juez Pablo Llarena ha rechazado y acusado a esos tribunales de desconocimiento de los procedimientos jurídicos españoles y de la prevalencia del Auto de Procesamiento sobre la orden de detención emitida, cuyo principal objetivo solo consiste en poner al reclamado ante el tribunal que le reclama, sin entrar en el fondo de los delitos imputados, que sí que están ya perfectamente definidos en el Auto de procesamiento en el que se basa la euroorden.

Es realmente vergonzosa la actitud de los tribunales de esos países de la UE que ponen en seria duda la voluntad de ir a una integración que no sea exclusivamente económica. Porque si se legisla en lo fundamental, asumiendo la confianza y respeto por los poderes judiciales de cada país, que reconocen la homologación de los sistemas democráticos de los países que comparten espacios de libre circulación de personas y bienes, es incongruente poner toda serie de trabas, impedimentos y cuestionamientos improcedentes e incluso algo más, a cumplir con algo tan esencial como atender una euroorden de extradición emitida, como en este caso, por el más alto Tribunal de España en temas procesales, el Tribunal Supremo. La actitud de esos tribunales extranjeros es claramente negativa y radicalmente beligerante con el sistema judicial español al inmiscuirse en asuntos que solo competen a un Estado miembro de la UE y del espacio Schengen.

Esta sentencia, que además en el caso belga es ¡¡irrecurrible!!, solo sirve para dar alas a los golpistas fugados y para que puedan alegar persecución política y demás mentiras usadas en su discurso victimista. Cuando su huida ha sido solo eludir cobardemente a la justicia de España para no responder por sus graves delitos que el Tribunal designado del Tribunal Supremo deberá concretar en sentencia cuando se celebre el juicio. Impedir la extradición es colaboración con el golpe de Estado y pone en grave cuestión la voluntad de colaboración entre Estados de la UE y su propio futuro. Y esto el Gobierno de España tiene el deber de hacerlo de una vez patente actuando en consecuencia y amenazando con incumplir estas y otras disposiciones, e incluso plantear realizar referéndums sobre la conveniencia de seguir perteneciendo a este engendro de UE. Nada en la Constitución de España nos obliga a pertenecer a un club donde no solo se nos secuestra la Soberanía, sino que se pisotea y se cuestiona nuestra independencia judicial y nuestra democracia. Es inadmisible.

En este momento siento una profunda decepción y además una ira incontenible por el degradante trato recibido por parte de la justicia de esos países que solo contribuyen y se transforman en cómplices del separatismo. Solo me cabe desear a Bélgica y a esa Confederación Helvética el mismo destino de desmembración de sus respectivos países que ellos nos desean a los españoles y a España protegiendo y amparando a los golpistas catalanes fugados dándoles cobijo.

¡Que pasen un buen día!


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