Un país a la deriva

Esquizofrenia contagiosa.

09.05.18 | 10:58. Archivado en Política Nacional

ESQUIZOFRENIA PROCEDIMENTAL: EL GOBIERNO DE ESPAÑA IMPUGNA LA REFORMA DE LA LEY DE PRESIDENCIA QUE ÉL MISMO HA SANCIONADO AL PUBLICARLA EN EL DIARIO DE LA GENERALIDAD.

A veces no hay quien entienda los entresijos legales que van contra el sentido común, que como algunos dicen es el menos común de lo sentidos. El caso es que personalmente aprecio una esquizofrenia procedimental en cómo el Gobierno de España ha acometido este nuevo desafío a la legalidad por parte de los partidos golpistas que pasan el rodillo de su mayoría parlamentaria para aprobar leyes reformadas “ad hoc” para investir a un prófugo de la justicia y además, facilitar la existencia de Órganos colegiados de la Generalidad fuera del territorio nacional que puedan actuar de forma telemática. La esquizofrenia viene desde el mismo momento elegido para reaccionar ante este nuevo desafío. Y es que resulta incomprensible no haber impugnado desde el mismo momento en que esa mayoría parlamentaria aprueba la reforma de la ley, tras haber sido igualmente admitida a trámite para debate e incluida en el orden del día del pleno por parte de la Mesa del Parlamento con mayoría golpista presidida por Roger Torrent, en clara desobediencia al Tribunal Constitucional.

El hecho es que la impugnación se ha retrasado al acto legal de su publicación en el DOGC (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña). Una publicación que comienza con esta frase “El presidente del Gobierno (Art. 3 RD 944/2017, de 27 de octubre). Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente LEY 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno” .Un acto que, aunque obligatorio para su entrada en vigor, tiene unos tiempos establecidos y ahora depende en exclusiva del Gobierno de España como responsable máximo de la Generalidad mientras duren las medidas de intervención del artículo 155. Hoy se ha publicado y, por consiguiente, entrará en vigor mañana 10 de mayo. En ese momento y sin necesidad de realizar rondas de consulta, ya que la candidatura de Carles Puigdemont estaba avalada por todos los grupos independentistas, incluida la CUP, nada impediría a Roger Torrent reunir de urgencia a la Mesa del Parlamento de Cataluña y anunciar la convocatoria del pleno de investidura para el fin de semana, cumpliendo la promesa de JxCAT de que habría "Presidente" para antes del 14 de mayo.

Otra cosa es que el Tribunal Constitucional reunido en pleno, si recibe a tiempo el recurso que dice el Gobierno de España que presentará hoy mismo tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado por Mariano Rajoy, decida hoy o mañana admitirlo a trámite. Y ya se sabe que, de hacerlo, conlleva de forma automática la suspensión de las reformas incluidas en la ley de Presidencia y de Gobierno. Pero lo que estaría por ver es si Roger Torrent y los miembros de la Mesa independentistas estarían por la labor de desobedecer y mantener el pleno. u optan por convocar otro pleno con el candidato que proponga Carles Puigdemont. Total, solo sería una nueva desobediencia más que añadir a las que ya han incurrido y que no parecen tener consecuencias. Lo malo es que también Mariano Rajoy podría desobedecer al permitir su publicación en el DOGC, ya que es consciente de que esa reforma nunca debió ser tramitada, ni debatida, ni aprobada por expresa prohibición del Tribunal Constitucional.

Pero esta no es la única perversión de una situación donde el Gobierno de España y Mariano Rajoy demostraron un comportamiento caótico y esquizofrénico en su ineludible cumplimiento del deber de defender la legalidad vigente y el Estado de Derecho ante el desafío soberanista de los golpistas catalanes. Ya empezó con el intento desesperado de lograr un pacto para evitar la consumación del golpe de Estado que finalmente se produjo. Su propuesta de nuevas elecciones autonómicas como puerta de escape a un independentismo teóricamente moderado pero que de hecho estaba tan radicalizado como aquellos que le exigían, como ahora lo hacen, desafiar al Estado y proclamar la República independiente de Cataluña. Eso que se llama como “tirarse al monte” en plan guerrillero o bandolero. Porque no otra cosa que vulgares ladrones han sido los que han estado durante décadas robando con esa especie de “impuesto revolucionario” del 3% o más y chantajeando a España reclamando una financiación absolutamente discrecional, abusiva y privilegiada respecto al resto de autonomías si fueros especiales.

El Gobierno de España deberá explicar por qué ha demorado su respuesta y ha esperado a que otra vez sean hechos, más bien delitos, consumados. Nada impedía haber actuado con anterioridad y evitar ahora que vuelva a ser una carrera de velocidad entre legalidades. Porque la aberración nace de que sean los mismos golpistas los que hayan tenido la oportunidad de volver a adueñarse de la representación en el Parlamento de Cataluña. Unos partidos que han demostrado no respetar las reglas de la democracia ni el Estado de Derecho, razón suficiente para haber sido ilegalizados. Y es que otra aberración es que se permita la existencia de partidos o asociaciones civiles cuyo objetivo es lograr la independencia de su territorio por cualquier medio a su alcance sea o no legal.

Lo que contribuye a esta especie de esquizofrenia contagiosa es la actitud del Tribunal Constitucional, más preocupado en transmitir una imagen de “unidad de criterio” y dajra de lado los temas espinosos donde pueda haber discrepancias de fondo en la interpretación de ciertos derechos fundamentales. Y sin duda el que ahora está sobre la mesa es el derecho fundamental del sufragio universal. Eso que permite a cualquier ciudadano presentarse a unas elecciones ya sean locales, autonómicas o generales. Y es que la ley es muy clara en relación a esos derechos que solo pueden ser suspendidos en muy determinadas circunstancias y por tiempo limitado por sentencia firme judicial. Y hasta ahora ese derecho se ha respetado en el caso de todos los encausados y ahora procesados por el golpe de Estado.

No obstante, el dilema surge a la hora de limitar esos derechos cuando finalmente se accede a los cargos de representación. Y este problema aplica tanto a los que actualmente están en prisión provisional, como a los que se encuentran fugados de la justicia en otros países. El primero que se limita es el de acceso normal al escaño físico en el Parlamento, aduciendo motivos de seguridad y el general del proteger un bien superior. Sin embargo, no se constriñe la delegación de voto, aunque sí otros como el de poder formar parte de comisiones parlamentarias, grupos de debate, etc. propias de la actividad normal de los Diputados. Pero el caso es que para los fugados el Tribunal Constitucional puso limitaciones prohibiéndoles la delegación del voto. Y ha sido precisamente esta prohibición la que no ha tomado en consideración la Mesa del Parlamento y ha permitido que se produzca esa delegación en el caso de los diputados electos prófugos de la justicia, Carles Puigdemont y Toni Comín.

Solo CIUDADANOS ha sido quien ha interpuesto un recurso ante el TC sobre esta clara desobediencia. El Gobierno de España no lo ha considerado oportuno y no hace falta ser un lince para saber el porqué. El caso es que por primera vez el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre un asunto donde existe disparidad de criterios y la mayoría son contrarios a limitar el derecho de la delegación de voto, con independencia de la situación de estar o no en prisión provisional sea en España o fugado en el extranjero. Porque sería muy difícil argumentarlo por muy “bien superior” que se defienda, el que un ciudadano no pueda ejercer todos sus derechos constitucionales de sufragio y representación mientras no exista condena en firme que lo suspenda mediante inhabilitación temporal.

La esquizofrenia jurídica es lo último que podemos desear en una situación donde todos miran con lupa cada paso que se da y que puede ser usado para fortalecer el victimismo y la acusación de represión del Estado y actuar por venganza. No metamos a los jueces y magistrados en más problemas de los que pueden resolver con esa legislación tan ambigua e interpretable. Un bien superior siempre es el que los totalitarismo y dictaduras aducen para justificar la violación de la democracia y de los derechos fundamentales. Y si no preguntenle a Maduro en Venezuela.

¡Que pasen un buen día!


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