Un país a la deriva

Los violadores de la legalidad apelan a la inviolabilidad.

08.05.18 | 11:58. Archivado en Política Nacional

LOS MIEMBROS DE LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA PROCESADOS ALEGAN INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA.

Ayer se produjo la comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de cinco de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña procesados por haber desobedecido al Tribunal Constitucional al aprobar la tramitación de las leyes llamadas de “desconexión” que se debatieron en el pleno del 6 y 7 de septiembre del pasado año. Los citados fueron: Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís María Corominas, Lluís Guinó y Joan Josep Nuet. Barrufet no acudió aludiendo causas médicas, quedando su comparecencia retrasada hasta el día 21 y permitiéndose que sea por videoconferencia. Todos fueron acompañados de sus respectivos abogados y su línea de defensa fundamental la basan en la inviolabilidad parlamentaria que, a su parecer, impide que puedan ser juzgados por “desobediencia”.

Al parecer, Simó, Guinó y Corominas se negaron a declarar y solo lo hizo Nuet para afirmar que nunca tuvo conciencia de estar desobedeciendo y cuando fue consciente de ello votó en contra de otras admisiones a trámite. Una vez más se aduce ignorancia cuando todos los componentes de la Mesa fueron advertidos personalmente por el tribunal Constitucional de las consecuencias penales de desobedecer, como así se produjo. Por otro lado, es verdad que el Reglamento de Cataluña contempla el derecho de los parlamentarios a la “inviolabilidad” en el ejercicio de su cargo. Sobre este aspecto se indica lo siguiente:

Artículo 21. Inviolabilidad
Los diputados gozan de inviolabilidad, incluso después de haber finalizado su mandato, por las opiniones y los votos emi¬tidos durante el ejercicio de sus funciones.
Artículo 22. Inmunidad
En cuanto a la inmunidad de los miembros del Parlamento, es preciso atenerse a lo dispuesto por el Estatuto de autonomía de Cataluña y, si procede, por las leyes que lo desarrollan.

Estos artículos tienen su fundamento en el artículo 71 de la Constitución de España de 1978 que recoge lo siguiente:

“1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de
inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

En este sentido existen sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la libertad de opinión como la STC 243/1988 que dice:” La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario, siendo, finalidad específica del privilegio asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan”.

Sin embargo, la Constitución solo recoge la opinión, no así el acto de la votación. No obstante, el Tribunal Constitucional considera este “lapsus” cuando en el mismo Reglamento del Senado lo considera al incluirlo en su artículo 21 que dice:

Artículo 21.
Los Senadores gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.

Queda claro que no está en cuestión lo que ampara la “inviolabilidad” sino la comisión de un delito de desobediencia cuando el Tribunal Constitucional les advirtió expresamente de que no se podía modificar el Reglamento del Parlamento de Cataluña para incluir la tramitación exprés de las leyes de desconexión. En este sentido, el propio Nuet reconoció en un tweet haber recibido personalmente la notificación del Tribunal Constitucional y publicando la carta : “Avui el @tsj_cat m'ha notificat personalment la resolució del Tribunal Constitucional contra la Reforma del Reglament del @parlament_cat” Creo innecesario traducirlo. En cuanto a la notificación, fue remitida y entregada el 16 de agosto del 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el texto en catalán y español en el que se decía expresamente:

Constituido/a yo,
en la sede del Parlamento de Catalunya, tengo delante mío al Ilustre Señor Joan Josep Nuet i Pujals, Secretario tercero del Parlamento de Cataluña y le notifico personalmente la resolución dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 31 de julio de 2017, dictada en el recurso de inconstitucionalidad (número de asunto 4062-2017), promovido por el Presidente del Gobierno contra el apartado segundo del artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña en la redacción dada por la reforma parcial aprobada por el Pleno de dicha Institución el 26 de julio de 2017, y le advierto del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstenga de iniciar, calificar, introducir en el orden del día de cualquier órgano del Parlamento de Cataluña, y, en general, de dictar acuerdo alguno que implique la tramitación de una proposición de Ley por el procedimiento de lectura única en aplicación del impugnado apartado segundo del artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, advirtiéndole de las eventuales responsabilidades en que pueda incurrir, incluida la penal en caso de incumplimiento de lo que ha ordenado aquel Tribunal. Firma conmigo.

Resulta sorprendente el que Nuet niegue lo que a todas luces resulta evidente. Pero eso lo dejaremos a que lo decida el Tribunal que le juzgue. Lo malo es que desobedecer las sentencias de los Tribunales de España resulta barato y hasta a veces, gratuito. Una especie de impunidad que ya ha tenido antecedentes como las resoluciones sobre materia de enseñanza en español y que se respete el que sea lengua cooficial en la autonomía de Cataluña. Iba siendo hora de que este tipo de delitos sean penalizados y las sentencias contemplen el máximo que la ley estipula. Porque esa desobediencia no es inocua, sino que conlleva unas consecuencias de violación de derechos fundamentales, o como en el caso de la admisión a trámite de leyes inconstitucionales la comisión de un delito de sedición.

Solo espero que al fin se haga justicia y que definitivamente se establezca que ser parlamentario no es una patente de corso donde se pueda actuar con total impunidad, inmunidad e inviolabilidad, por el hecho de ser un cargo electo. Siempre hay un orden superior y un bien supremo que defender y estos son el de la Constitución de España y los derechos fundamentales de los españoles, empezando por la Soberanía Nacional que reside en el conjunto del pueblo español y la indisoluble unidad de la Nación.

¡Que pasen un buen día!


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